Jorge Alcázar
El problema del desempleo en España, unido a la actual situación de crisis del sistema, están haciendo aparecer múltiples voces que reclaman una reforma del mercado laboral con el objetivo de disminuir la tasa insostenible de desempleo (22’8% del total de población activa).
Aunque todavía no parece existir un proyecto de reforma sólido, las voluntades de unos (gobierno entrante) y otros (patronal), así como el goteo diario de declaraciones por parte de referentes de las tres partes implicadas –gobierno, patronal y sindicatos-, parece que apuntan en una dirección determinada.
Así, se apuesta por disminuir o eliminar la indemnización por despido, reducir o eliminar el salario mínimo interprofesional, suprimir o entorpecer en la medida de lo posible la negociación colectiva, generar nuevos modelos de contrato denominados “minicontratos”, cuya remuneración se traduce en “minisueldos”, potenciar aún más la eventualidad del contrato o extender la duración de los mal llamados contratos de formación en prácticas. De la misma forma, la patronal persigue la erradicación de la cuota a aportar a la Seguridad Social por parte del empresario o que el funcionario puede ser despedido para recortar las plantillas públicas, eliminando así el “privilegio del que disfrutaba” este colectivo.
Hasta aquí las demandas de la patronal y lo que se prevé acciones del futuro gobierno del señor Rajoy.
Sin embargo, por el camino se nos cuelan una serie de objeciones lógicas derivadas de la propia naturaleza de dichas demandas.
La forma del salario en el trabajo borra toda huella de la división de la jornada laboral en trabajo necesario y plustrabajo, esto es, en trabajo retribuido al trabajador y trabajo no retribuido, cuyos beneficios derivados pasan a manos del empresario y constituyen la fuente de su ganancia. En el trabajo asalariado aparece como retribuido hasta el plustrabajo o no retribuido.
Las luchas obreras, sindicales y sociales dieron a luz unas condiciones laborales en los países occidentales que salvaguardaban, en parte, al trabajador de la desigualdad palmaria con la que se enfrentaba ante la relación empleador-empleado. De ahí surgieron las asociaciones sindicales, la regulación del mercado laboral, derechos como los de prestación por desempleo, negociación colectiva o estabilidad laboral. Se establecieron mecanismo para disminuir la jornada laboral o fijar la remuneración mediante convenios y se dotó de legalidad a las relaciones laborales que se derivan del enfrentamiento empresario-trabajador.
Dichas luchas ejercieron de contrapeso y actuaron en pos del equilibrio inexistente que surgía de esta división de la jornada laboral en trabajo remunerado y plustrabajo, no remunerado.
Lo que ahora se plantea como necesario, no es más que una vuelta atrás que deje sin vigencia aquellos logros sociales. Todas las medidas se vuelven agresivas contra el trabajador.
En el nuevo panorama, la apropiación de trabajo no retribuido cobra más fuerza. La cuota de plusvalía aumenta ahora en las manos del capital.
¿Quiénes son los grandes beneficiarios de éstas medidas? A esta pregunta se responde que el común de la sociedad laboral, integrada por empresarios y trabajadores y por ende, todo el conjunto de la sociedad. Pero esto es falso, rotundamente falso, si se mira con un poco de detenimiento.
En España, las microempresas (empresas con entre 0 y 9 empleados) representan el 94’5 % del tejido empresarial. De éstas, el 85 % tienen en nómina dos, uno o ningún empleado, frente al 15 % restante con entre 3 y 9 empleados. Sin embargo, estas compañías sólo concentran el 26’5 % de los trabajadores de nuestro país. . Además, la mayoría de estas microempresas ejerce su actividad en el sector servicios o en el de comercio, con lo que, en un momento de recesión económica como el actual, donde el consumo interno se reduce a marchas forzadas, su mayor problema no es el de las condiciones de contratación de un trabajador, más bien al contrario, ya que muchas de éstas se ven abocadas a despedir personal debido a la reducción de ingresos, o bien a su desaparición.
Esto nos deja con la cifra del 73’5 % de trabajadores en España que lo hacen para la mediana y gran empresa, y más concretamente el 26’7 % de los trabajadores de nuestro país lo hace para empresas con más de 200 empleados, siendo éstas el 0’2 % del total. Sirva como indicador además que por cada 100 trabajadores sólo existen 17’4 PYMES.
Todos estos datos echan por tierra la falsa intención de crear empleo a través de unas condiciones flexibles y ventajosas para el pequeño y mediano empresario.
Lo que se pone de manifiesto es la verdadera vocación de la reforma, que no es otra que la de apropiarse de más cantidad de plustrabajo o trabajo no retribuido y como consecuencia minar y socavar las condiciones laborales de la clase trabajadora.
Ese déficit histórico existente entre capitalista y trabajador, que mediante la regulación, las prestaciones sociales y los derechos básicos como Sanidad o Educación públicas se controló durante décadas, posibilitando así un mayor reparto de la riqueza, se pretende agrandar. Se quiere generar un caldo de cultivo propicio para que la masa de plustrubajo aumente, con la consecuente ampliación de ganancia por parte del gran capitalista. Éste hace bueno el refrán de “a río revuelto, ganancia de pescadores”, y se aprovecha, mediante la falacia y el engaño, para poder usurpar aún más riqueza y productividad que no le es propia, sino que deviene de un trabajo no retribuido.
Esta es la verdadera naturaleza de la reforma laboral en ciernes y estas las intenciones de los voceros que se aprestan a proclamarla. De ahí que veamos al señor Rosell pasearse a pecho descubierto por los medios de comunicación al servicios de la causa. De ahí que se nos vaya preparando el cuerpo por parte de los acólitos del señor Rajoy (o en su defecto del señor Zapatero) hacia lo que viene.
En la coyuntura actual, el capital ha visto la oportunidad propicia para desprenderse de las ataduras que amordazaban su plusvalía, y que amortiguaban el impacto del saqueo producido a través de ese trabajo no remunerado presente en toda relación empresario-asalariado. Se desnuda por completo el real objetivo de la reforma: “el capitalista busca obtener la mayor cantidad posible de trabajo por la menor cantidad posible de dinero”, prácticamente sólo le interesa la diferencia entre el precio de la fuerza y el valor que crea su función.
Son estos grandes grupos y corporaciones empresariales quienes verán incrementadas sus ganancias a través de este nuevo hurto. Serán El Corte Inglés, Eulen, Inditex, Alcampo, Indra, etc., en representación de sus respectivos equipos directivos y accionistas, quienes se repartan el botín, pues nadie piense que estos miran el beneficio colectivo. Cuando ahora acudan es estas condiciones al mercado laboral, lo harán sin unas trabas económicas antes existentes y que retenían parte de la riqueza producida por el trabajador; en éstas, disminuciones salariales, ruptura de convenios, la presión social ejercida por el ejercito de desempleados y la ley de la oferta y la demanda laboral sometida a estas tensiones, posibilitarán que el flujo de riqueza fluya de la colectividad a la individualidad y el expolio se consume.
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