De Madrid al Infierno

Quentin Massys (Metzys): " La duquesa fea"

Jorge Alcázar

     La Comunidad de Madrid, liderada por la señora Esperanza Aguirre, aprobó en el mes de diciembre del pasado año, rebajar el sueldo de los funcionarios un 40% en el caso de que éstos permanecieran más de 3 días de baja.

     La medida adoptada ha llenado de “orgullo y razón” a quienes se dedican, cual mamporreros, a alabar y airear las acciones de un gobierno cuyos fines y objetivos siempre han estado dirigidos a dañar y mancillar la cosa pública. Las declaraciones realizadas en distintos foros por unos y otros, donde se sacan como aval, entre otros argumentos que, desde la entrada en vigor de la medida, ya son más de dos mil los funcionarios que se han dado “milagrosamente” de alta, ponen de manifiesto la bajeza ética e intelectual de los susodichos voceros.

     En el imaginario colectivo, el concepto que de funcionario se tiene parece que dista mucho de la realidad que acontece. Por mucha carga mediática y mal intencionada que la función pública ha recibido, no deben obviarse realidades mucho más profundas y potentes que las que un simple y teledirigido análisis nos puede dar. Habría que preguntarse qué puede hacer una persona en la capital del reino de España con un salario neto de 1500 euros (aproximadamente el salario medio de un funcionario en España) que, después de verse menguado en un 40% se reduce a 900 euros. Habría que preguntarse de la misma manera, si toda la función pública está constituida por trabajadores deshonestos y corruptos que buscan la mínima oportunidad para darse de baja y defraudar al pueblo que le paga, y tampoco debiéramos dejar de lado la labor realizada por docentes, médicos, personal administrativo, etc., la calidad de la misma y su contribución al erario público (y ahí no hay trampa ni cartón).

     Eliminar de un plumazo un derecho laboral básico, como es el del cobro íntegro del salario en caso de baja, no sólo es un golpe frontal dirigido a las condiciones laborales del trabajador público, sino que tiene un alcance mucho más radical y una razón de ser que se desprende del ideario neoliberal que lo construye.

     Entender al colectivo de trabajadores públicos como un grupo de privilegiados, más allá de resultar injusto y demagógico se convierte en un arma letal para la clase trabajadora. Las condiciones laborales de éstos no se derivan de ninguna prebenda especial ni resultan dadas en forma de dádiva; todo lo contrario, son derechos laborales que se han adquirido por parte del trabajador/a a lo largo de muchos años de lucha obrera, sindical y social.   Devienen de una justicia laboral que elimina, en gran medida, las desigualdades generadas en la relación empleador – trabajador y que dotan a este último de un marco jurídico coherente. Esto es así porque, a diferencia de lo que ocurre con el resto de asalariados, el trabajador público cuenta con una serie de mecanismo protectores (sindicatos, administraciones públicas, convenios reguladores, etc.) que le permiten encontrarse en una situación de fuerza para con su empleador y que velan por el cumplimiento estricto de sus derechos; mientras, en el otro lado, nos encontramos con un asalariado expuesto a los albures y dictámenes de la clase empresarial que, en la relación de lucha impone su posición de poder para menguar, en bien de su particular beneficio, las condiciones laborales del empleado.

     En un mercado cada vez menos regulado y exhausto, esto se traduce en una pérdida muy importante de derechos y garantías y degenera en una situación de desprotección e indefensión propiciada por la desigualdad de fuerzas. El todos contra todos, la guerra entre hermanos, es propiciada y jaleada desde los púlpitos pertinentes (Gobierno, Patronal, medios de comunicación afines, etc.)

Pero debieran ser estos derechos, consolidados en el colectivo de funcionarios, los que se erigieran como faro y bandera de la reivindicación que debe guiar las condiciones laborales del resto de trabajadores de un país. La inteligencia dicta que no son las condiciones laborales del funcionariado las que se deben rebajar, sino más bien las condiciones del resto de asalariados las que deben equipararse, por arriba, con las de éstos.

     Exigir el cumplimiento estricto de la jornada, la estabilidad laboral, un salario digno o el derecho a baja por maternidad o enfermedad con una retribución íntegra es una acción que los trabajadores de una nación deben llevar por bandera. En el momento que se establece como campo de batalla al colectivo de funcionarios, en el momento en que se ve con buenos ojos la pérdida de estos derechos fundamentales, al trabajador/a asalariado no le queda otra que asirse al refranero español para decir eso de “cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar”.

     Que desde ideologías neoliberales se lleven a cabo acciones de este calado es comprensible, pero que sea asumido y hasta demandado por amplios sectores de la sociedad y de las clases trabajadoras es condenarnos, como pueblo, al suicidio.