Los recortes con sangre entran

Juan García Ballesteros

     Es indignante. Siento auténtica vergüenza y rabia. Lo que está ocurriendo es propio de una dictadura. La brutal represión en Valencia de la Policía Nacional en los últimos días rebasa todos los límites democráticos y atenta contra los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. El derecho a la manifestación y a la huelga como forma pacífica que tienen los ciudadanos para protestar por la pérdida de bienestar social ha sido pisoteado.

      En esa Comunidad, donde los ciudadanos conocen el despilfarro de dinero público (aeropuerto sin aviones, proyectos mastodónticos sin construir, robo, prebendas a conocidos e influyentes personajes…) que ha colocado a la Comunidad al borde de la quiebra, sus ciudadanos no pueden entender que se recorte en educación y se atente contra el derecho a una enseñanza pública, gratuita y de calidad. Por ello, los estudiantes de centros públicos, sobre todo los del Instituto de Educación Secundaria Lluis Vives, decidieron salir a la calle. Es su derecho.

La represión policial ha sido, y lo sigue al día de hoy, totalmente desproporcionada y, como ya he recogido, vulnera los derechos constitucionales de los jóvenes, muchos menores de edad. Lo más grave de este duro abuso de autoridad es que ha ocasionado heridos y bastantes detenidos. Ante la gravedad de la situación, una gran manifestación de miles de personas, convocadas por una veintena de colectivos sociales y políticos, ha protestado por las calles de Valencia. A los estudiantes valencianos se han unido en solidaridad jóvenes de toda España. Pero, ante las continuas y pacíficas protestas, las cargas policiales injustificadas continúan y los heridos y los detenidos. Observar las imágenes con la saña que actúan esos pertrechados policías en sus equipos antidisturbios, contra jóvenes pacíficos e indefensos, ver a muchachos con las caras ensangrentadas y vapuleados, recuerda la época de la dictadura. Pero todo se entiende cuando su jefe, Antonio Moreno, ha calificado a los estudiantes como sus “enemigos”, por lo tanto en “la guerra” todo vale y la brutal represión ha sido justificada por la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, quién ha “declarado la guerra a los estudiantes”. En un estado auténticamente democrático, nuestro país no lo es, estos personajes y los represores policiales estarían apartados de sus cargos y puestos a disposición de la justicia. Pero eso con estos Gobiernos reaccionarios no va a ocurrir.

     Como estamos viviendo, el erre que erre de la política del PP será: recortes, reformas y represión. Este Gobierno está endureciendo el camino ya pedregoso del Gobierno anterior. En el primer consejo de ministros aprueba los recortes y ajuste más duros de la democracia. El PP no va a solucionar la crisis, ni, por supuesto el paro, no entra en sus prioridades. En cuanto a las reformas vendrán muchas hasta que el PP se acerque al abismo de una sociedad thatcheriana en la que se perderá el escaso estado de bienestar que nos queda. El ejemplo más rotundo lo tenemos en la nefasta, vergonzosa y proempresarial reforma laboral.

     Si sabemos, ciudadanos de a pie, que las medidas que está tomando este partido retrógrado han fracasado ya en otros países (Grecia, Portugal, Irlanda…), está muy claro que le importa muy poco el bienestar de los ciudadanos, le trae sin cuidado el paro, el hambre, la pobreza, los desahucios, los derechos laborales. Lo que realmente le quita el sueño, lo que resulta vital para este Gobierno reaccionario es mantener y potenciar la banca, genuflexionarse ante los mercados y favorecer las grandes empresas y las grandes fortunas.

     Las quejas continuas de todos los voceros del PP a la herencia recibida son la coartada perfecta, la tenebrosa pantalla en las que se escuda para convencer a los incautos (creyentes ciegos de sus falsas bondades) que las duras medidas de ajuste, los recortes en derechos sociales, la nefasta y despiadada reforma laboral son imprescindibles. Sumando a la situación recibida, está muy claro que este Gobierno con las medidas antisociales propuestas (y las que vendrán) va a condenar al paro, al hambre y a la miseria a muchos más ciudadanos, a muchas más familias que tendrán pocas opciones para sobrevivir dignamente, a muchos jóvenes que les dejará pocas posibilidades de un futuro esperanzador y que, por tanto, la desesperación arrancará a mucha gente de su letargo y que no tendrán más remedio que reaccionar. Cuando el señor Presidente del Gobierno anunció que “la reforma laboral le costaría una huelga general” estaba en los cierto, pero seguro que él ya tenía en mente que las manifestaciones y huelgas ciudadanas eran fácilmente asumibles y eficazmente controlables (la mayoría parlamentaria, las fuerzas de orden público y los medios de comunicación afines le harían el trabajo sucio). Quizás no calibró que los ciudadanos ya están llegando a una situación límite y que si se tensa la cuerda hasta ahogar a la inmensa mayoría de la población se va a volver en su contra, por muchos escaños escamoteados que tenga, por muchos aliados derechistas que pueda sumar a sus escaños, por mucha justicia que justifique sus fechorías, por mucha policía que lancen a la calle, se puede llegar y, ya lo estamos viendo, a una situación insostenible en la que los ciudadanos se vean en el derecho a defender su dignidad, a no resignarse a perderlo todo, a luchar por una justicia social que se les niega.

      Son los propios técnicos de hacienda y muchos economistas los que aportan las soluciones posibles y reales a la difícil situación de nuestra economía, que plantean que la solución de la crisis pasa por la inversión pública (educación, sanidad, dependencia, paro, infraestructuras, I+D…), el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, la creación de una banca pública, una reforma fiscal justa y progresiva y acabar con el fraude y los paraísos fiscales. Pero el PP no sólo hace oídos sordos a estas factibles medidas, sino que justo hace lo contrario.

     No nos que da más solución que la calle. La lucha en defensa de los derechos sociales que estamos pediendo acaba de empezar y será larga y dura, pero no queda más remedio que manifestar nuestras protestas, nuestra rabia, nuestra indignación. Pero ha de ser de forma pacífica y entre todos: los parados, los jóvenes, los jubilados, los ciudadanos afectados, las ONGs, los grupos sociales organizados, la izquierda real y el sindicalismo de clase. Sólo la unión de todos los perjudicados (somos la inmensa mayoría) puede cambiar la dura encrucijada en la que nos colocó el gobierno anterior y que endurecerá el actual.