Las tres dimensiones del salario como reivindicación social

Jorge Alcázar González 

     A estas alturas, resulta innegable el gran apoyo que de la ciudadanía reciben las ideas y propuestas procedentes del ideario conservador. En poco más de un año, el mapa político español ha dado un vuelco y ha situado en la inmensa mayoría de ayuntamientos y comunidades -además de sentar en la presidencia del gobierno del país- a dirigentes populares; y en igual medida, la mayoría de gobiernos europeos son de signo conservador.

     Parece también evidente que el gran peso de la actual crisis económica y sus consecuencias lo soportan las clases bajas y medias, y que éstas resultan ser un porcentaje muy alto de la población. En España, la llegada de los gobiernos conservadores al poder, ha traído consigo la imposición de un modelo neoliberal en la economía de estado, lo cual ha conducido a duros recortes, sacrificios y reformas que, más allá de su validez, están golpeando y sacudiendo a una gran parte de la ciudadanía. Ésta, cuando ha emitido su juicio lo ha hecho sin dudar, inclinándose a una forma de ser gobernados que rema en contra de sus intereses y que pone en grave riesgo los avances y derechos sociales que durante más de un siglo han ido adquiriéndose por y para la ciudadanía.

     Hoy, ante el terrible problema del desempleo, la cuestión que se plantea de vital importancia es la de establecer políticas económicas, fiscales y laborales que reviertan la situación y pongan freno a una problema que, a corto o medio plazo, resultará insostenible. El drama golpea directamente ya a más de cinco millones de personas y el miedo y la desolación son moneda de cambio común. Este es el escenario que se muestra ante nuestros ojos. Por lo tanto, y debido a la envergadura del problema, más que nunca, la ciudadanía ha de tomar conciencia del mismo y participar en una lucha crítica que, a la luz de las ideas, nos alumbre y guíe en estos momentos de zozobra social.

     Y en estas, el salario, en sus tres dimensiones, ha de convertirse en una reivindicación inexpugnable por parte de la ciudadanía. En cada una de estas dimensiones se ha de concentrar la fuerza que permita construir un nuevo porvenir, edificado en torno a reivindicaciones de una inmensa mayoría y para una inmensa mayoría.

     En su primer sentido, el salario, entendido como salario directo, que mes a mes llega en forma de dinero a nuestro bolsillo, debe reivindicarse en su plenitud. La pérdida de poder salarial no es una concesión que se le deba hacer al empresariado. El problema del desempleo no está vinculado, ni de lejos, con los costes salariales que las empresas españolas deben afrontar. Más allá de esto, en un modelo productivo como el español, una pérdida de capacidad salarial lleva aparejado un menor consumo interno, y por ende, una mayor tasa de desempleo, como se lleva observando durante los últimos años.

     ¿Qué se esconde entonces tras estas reiteradas bajadas salariales pactadas por gobiernos y patronal y, en muchas ocasiones, en connivencia con los sindicatos mayoritarios? El afán empresarial radica en generar beneficios. Mientras éstos iban en aumento no ha existido problema. El conflicto llega cuando aparece una crisis a nivel internacional de modelo económico que crea un colapso productivo que, unida a la autóctona en la construcción han hecho que los beneficios empresariales mengüen. A corto plazo, las alternativas pasaban por aceptar una reducción de beneficios empresariales o bien, y entre otras medidas, reducir costes laborales. En la disyuntiva, la respuesta institucional, social y sindical ha sido guiada por esta última alternativa, en claro prejuicio de la ciudadanía y sin que tengamos visos de que esta solución sea válida. Y no sólo esto, si no que una desregulación salarial como la que ha introducido la reforma laboral llevada a cabo por el PP da carta blanca a las sucesivas disminuciones salariales. El freno que la regulación a este respecto suponía ha sido eliminado, dejando en manos del empresario y del “mercado” las nuevas condiciones salariales, lo que provocará un desplome de los salario directos teniendo en cuenta el actual contexto, donde cinco millones de desempleados aparecen dispuestos, bajo necesidades urgentes de supervivencia, a trabajar a cualquier precio, y esto último nunca mejor dicho.

     En la forma indirecta del salario aparece la segunda dimensión del mismo. Los derechos que se desprenden de las cotizaciones a la seguridad social, al desempleo, etc., son derechos que para el grueso de las personas de este país se constituyen en una estructura básica que ha permitido el desarrollo y la eliminación de desigualdades sociales derivadas de diferencias económicas. De ellos dependen instituciones hasta ahora sagradas como educación, sanidad o servicios sociales. Son estos derechos los que han posibilitado un mayor grado de integración social, desarrollo económico y acceso a la formación y al conocimiento. Ante cualquier ataque a estos derechos, la ciudadanía no puede dar ningún paso atrás. Para paliar la falta de liquidez del erario público este no es el camino. El camino a seguir empieza por reformas fiscales y tributarias que posibiliten un reparto más justo, solidario y eficaz de la riqueza, por la lucha contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos y por el control del fraude laboral. Es cierto que la Administración ha de ser más eficiente, sí, pero para ello no hay que adelgazarla. Bastará, para empezar, por acometer todo este tipo de reformas que de seguro darán mayores beneficios a la mayoría de españoles y españolas. Que no permitan tributaciones irrisorias de las grandes fortunas, como las que se producen bajo el amparo de las S.I.C.A.V., aumento de la fiscalidad para las rentas altas mediante un impuesto sobre las personas físicas progresivo y exigente en sus tramos más altos, incremento de las tasas impositivas a las grandes empresas –aunque para esto nuestros gobernantes tengan que ponerse a malas con sus dirigentes-, lucha a muerte contra el fraude fiscal y la evasión de capitales, al igual que contra fraude laboral, que posibilita que un porcentaje muy elevado del dinero circulante en España no sea declarado y, por lo tanto, no tributado. La ciudadanía debe reclamar y defender el salario en su forma indirecta, y las herramientas y argumentos para ello no son pocas.

     Y en la última de sus vertientes, defensa a ultranza del salario diferido. El derecho a una jubilación digna y decente no es una dádiva caritativa que se nos da como trabajadores. Ello proviene de una contribución progresiva y espaciada en el tiempo que, inspirada en los principios de solidaridad y justicia social, permite a millones de personas vivir dignamente después de su vida laboral. Dañar o eliminar este derecho supone un ataque frontal a la ciudadanía. Un golpe, cuyos aviesos intereses salen a relucir en forma de planes privados de pensiones o de improductividad de los trabajadores ya retirados. Sí, es posible sostener un sistema de pensiones público provechoso para la gran mayoría, pero para ello, las medidas anteriormente citadas son de urgente y obligada reivindicación.

     En sus tres dimensiones, el salario es el más claro exponente de reivindicación social. ¿Trabajo a cualquier precio? La respuesta debe ser rotunda: NO. La lucha y la defensa de estas tres formas de salario han de ser claras y tajantes, sin excusas, y en un contexto de convergencia y unión ciudadana. Existen motivos y argumentos para ello y la lógica y el número nos asisten, sólo hemos de exigirlos y lucharlos.