De camino al abismo.

                                          Leonardo Alenza: " Sátira del suicidio romántico" ( 1839)

Jorge Alcázar González.

 El camino que España ha comenzado no ha hecho sino dar sus primeros pasos. ¿Adónde nos llevará? 

      La senda marcada por el gobierno socialista antes, y popular ahora, fijan las tesis de las nuevas políticas y modelos sociales a imponer en la Europa del futuro. Que el actual gobierno del Sr. Mariano Rajoy ha engañado a parte de su electorado es una afirmación fácil y emitida al vuelo; este nuestro gobierno, no ha engañado sino a aquel o aquella que ha querido dejarse seducir por cantos de sirena, y estos, a tenor de los resultados electorales han sido muchos.

      La singladura señalada en la hoja de ruta del gobierno sigue las directrices y coordenadas marcadas por el BCE, la Comisión europea y el FMI - y queda enmarcada en una estrategia más profunda y ambiciosa de ámbito global-, y en su forma de proceder no hace más que llevar a cabo aquella tarea que se han propuesto. No cabe ninguna duda, en vista de las medidas adoptadas en estos escasos cinco meses de gobierno popular, de la férrea voluntad y del empeño vehemente con el que se han metido en faena; y, que no nos quepa duda, en la medida de lo posible seguirán adelante. 

      Dentro de sus inmediatos cometidos, el gobierno se ha marcado dos prioridades: la reducción del déficit público y la creación de empleo. En ellos ha volcado todas sus energías y capacidades, y en ellos, gran parte de la ciudadanía ha visto argumentos sólidos y suficientes para confiar su apoyo y su voto a este tipo de procederes y políticas.

 La cuestión, por tanto, no estriba en si el gobierno ha engañado o no a la ciudadanía, sino más bien en si la ciudadanía ha sido lo suficientemente madura como para no caer en su propia celada, la cual está conduciendo a la actual situación.

 El 22 de Agosto del 2011, socialistas y populares sorprendieron a propios y extraños aprobando la que se conoció como “Reforma exprés” de la Constitución española. En ella queda fijado por mandato constitucional el límite de gasto público mediante la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta modificación, de la hasta entonces sacrosanta Constitución, se hizo a espaldas de la ciudadanía, con nocturnidad y alevosía y en confabulación entre las dos grandes fuerzas políticas del parlamento. Su calado es mucho más amplio de lo que a priori pueda presuponerse, y es una de las piedras angulares sobre las que se sustentará el nuevo modelo de gobierno y sociedad a venir.

      Pero el fenómeno del déficit público, como nos recuerda el profesor Vicenç Navarro, no es el problema de la economía española, ya que éste supone sólo el 17% del total de la deuda del Estado español. 

      Por el contrario, la vehemencia con la que nuestros gobernantes han acometido el ajuste y reducción del déficit público tienen otras intenciones y consecuencias, que son las que ahora se empiezan a atisbar: menor inversión en Educación, Sanidad y Servicios Sociales; desmenbramiento de un estado social articulado en base a la protección social del Estado, que hasta ahora, ejercía como garante de los derechos ciudadanos. 

      Las nuevas medidas impulsadas por el gobierno popular no son más que la proyección de una ideología, la neoliberal, enfrentada con todo aquello que tenga que ver con lo público. Los recortes presupuestarios vienen atufados de ideología política, por mucho que se empeñen en negarlo; como muchos economistas y organizaciones apuntan ya, para afrontar esta crisis con garantías para el ciudadano, este camino no es el correcto. Y no lo es porque aparejados a los recortes presupuestarios va la merma o desaparición de los derechos fundamentales. En este camino, el Estado como prestador de servicios tales como educación, sanidad o prestaciones sociales no tiene cabida. Este espacio será ocupado por instituciones privadas, de caridad o empresas, de ahí que instituciones como Cáritas hayan visto duplicada la demanda de sus servicios en los últimos años, y empresas como Vodafone o Repsol cada vez acaparen mayor margen de decisión en el sector educativo, por no hablar del gran florecimiento de compañías de seguros médicos privados.

 La devaluación del sistema público educativo frente al fomento de los conciertos privados hará de la escuela pública guetos donde las condiciones para el aprendizaje y la docencia sean prácticamente nulas. ¿Quién ocupará este espacio?

      De la misma forma, un sistema público sanitario con cada vez menos recursos estará condenado al ostracismo y a ofrecer a duras penas un servicio de beneficencia. ¿Quién ofrecerá a partir de ahora un servicio sanitario de calidad? y, lo que es más importante: ¿quiénes se podrán beneficiar del mismo?

      La otra piedra angular sobre la que el gobierno está trabajando es el empleo. El problema del desempleo en España es muy grave y el panorama dantesco. Para ello el gobierno popular ha dado su receta: La Reforma Laboral. Pero, ¿a qué precio los trabajadores de este país estamos dispuestos a trabajar? La pérdida de derechos laborales y sindicales que lleva implícita dicha reforma aherroja al trabajador, condenándolo a las condiciones laborales que fijen el momento presente del mercado laboral y la patronal. ¿De qué nos servirá tener un trabajo, cuando no podamos disfrutar de los beneficios de éste ni de las prestaciones sociales que hasta ahora hacían digna nuestra existencia como personas? 

      En el panorama se otea un modelo yankee de sociedad, donde el Estado acude como mero espectador a la cita que, mercado y ciudadano contraen cada día. Donde el derecho al trabajo digno, a la educación y a la sanidad se convierten en un privilegio para unos pocos. Las cifras están ahí: en el año 2011, 46’2 millones de personas vivían por debajo del umbral de la pobreza en EEUU, de un total de 313 millones, elevándose de un 0’8% en 1993 a un 16% en 2011; y en este mismo país, 50 millones de personas carecen de seguro médico; y esto en un país que ha mejorado sus cifras macroeconómicas con respecto a años anteriores, pero ¿a costa de quiénes?

      Sí, existen otras alternativas para salir de la crisis contando con la ciudadanía. Las medidas debieran ir en un sentido totalmente opuesto a las iniciadas en España y Europa, y con un marcado signo político, contrario a todo lo que atufe a neoliberalismo:

 1.- Modificación del Artículo 123 del BCE, por el cual el este organismo bancario público no puede comprar deuda de los estados soberanos de la UE. Ello ha propiciado que la banca privada haya recibido del BCE la friolera de 2’5 billones de euros al 1% de interés desde el 2009 para que estos, entre otras acciones, compren deuda soberana al 4, el 5 ó el 6% (incluso el 7% en el caso de España, Grecia e Italia) en los mercados secundarios de deuda.

 2.- Reforma fiscal a nivel nacional y europeo, que tenga por objetivo una mayor equidad en el reparto de la riqueza y un mayor gravamen de las rentas procedentes del capital y de las rentas altas del trabajo. Vivimos bajo un sistema de reparto tributario totalmente injusto, donde las rentas más altas provenientes del trabajo, en la práctica tributan lo mismo o menos que las rentas medias y bajas, y donde las rentas del capital han sido sistemáticamente premiadas por los distintos gobiernos de turno con variados beneficios fiscales como son las SICAV, las amnistías fiscales u otro tipo de prebendas. 3.- Lucha y persecución sin tregua del fraude fiscal. Un informe de Attac al respecto estima que las cuotas no ingresadas por Hacienda cada año suponen en torno a 70.000 millones de euros. Como medida de referencia sirva que el recorte en Educación y Sanidad aprobado por el gobierno se cifra en 10.000 millones de euros.

 4.- Actuación conjunta de los estados europeos para la desaparición de los paraísos fiscales. Son múltiples y repartidos por toda la faz del planeta. Como ejemplos podemos citar el de las Islas Caiman, que con 350.000 habitantes (aproximadamente la población de Córdoba capital) cuenta con 584 bancos instalados y opera un total de 2200 fondos especulativos y fondos de pensiones, con 44.000 empresas domiciliadas y en activo y que manejan en total casi el doble del PIB de España; el de Luxemburgo, que cuenta con 320 establecimientos financieros, opera 1200 fondos entre fondos de pensiones, fondos soberanos, etc, cuenta con más de 10000 holdings y grupos de empresas y con 55 bancos propios, y todo ello dentro del euro, o el de Leichtenstein, que con una población de 36.000 habitantes (Écija cuenta con más población) tiene dadas de alta y operando casi 80.000 empresas de ámbito internacional (¡a más de dos empresas multinacionales por ciudadano!)

 5.- Eliminación de los privilegios de la Iglesia. 10.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, 200 euros por español, sea creyente o no, destina el Estado español de sus presupuesto a la Iglesia Católica española, y todo ello sin contar partidas extraordinarias. El mismo Mario Monti, que no es sospechoso, ha sugerido al parlamento italiano la eliminación de dichos privilegios. Sí, son cinco nada más, y a éstas habría que añadir otras muchas; pero, si lo que se quiere es salvar a todo el pasaje y no sólo a unas élites en este naufragio, estas son las luces que indican el camino. Y esta alternativa no es ajena a aquellos que nos gobiernan y que han sido elegidos en las urnas; pero no hay voluntad, compromiso ni conciencia por parte de los gobiernos para llevarlas a cabo, más bien todo lo contrario; es por ello que a la par que retrocedemos en derechos sociales y laborales, lo hacemos en calidad democrática y, de ahí, las detenciones improcedentes en manifestaciones, la creación de listas negras, la suspensión del espacio Shengen o el que cada vez reduzcan más nuestras libertades, haciendo aparecer los fantasmas del pasado. 

     Citando a Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”