Miguel Luis Jiménez
Atencia
Frente Cívico Somos
Mayoría Málaga
Esta semana que termina, nos encontrábamos en los medios de
comunicación la información de que el consejo de ministros, en
boca del ministro de Justicia, Ruíz Gallardón, había otorgado un
indulto total a cuatro mossos d'esquadra. Habían sido condenados
por los hechos probados de torturas a un hombre, de nacionalidad
rumana, al que confundieron con otro en 2006 y al que llegaron a
meter una pistola en la boca para obligarlo a confesar.
Este hecho provocó un
manifiesto de rechazo por parte de 200 jueces en el que se
reprochaba al ejecutivo la adopción de una medida como esta para
evitar la entrada en prisión de los condenados por hechos tan
graves como la tortura.
El señor ministro de
Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, contestaba en unas
declaraciones públicas que el indulto es una prerrogativa exclusiva
del gobierno y que los jueces no debían inmiscuirse en la cuestión.
Este grupo de jueces
aseguran que: "La decisión del Gobierno es impropia de un
sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente
inasumible. Por ello no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo
a un uso tan desviado de la institución del indulto y advertir que
sus efectos, en términos comunicativos, son devastadores".
Personalmente, me
gustaría preguntarle al Sr. ministro, cómo engarza este indulto
con la obligación del estado de perseguir cualquier acto de
tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio.
Salvando las distancias, tan reprobables son las torturas que han
realizado estos mossos d'esquadra como las que los GAL cometieron
contra Lasa y Zabala, o no? La gran diferencia es que en el caso de
los mossos d'esquadra, esta actuación termina siendo "perdonada"
por el propio Estado.
Es evidente que en
política no existen las casualidades y que un gobierno no se
levanta un día y decide un indulto como éste, más aún, a
sabiendas de los rechazos que va a suscitar. Cabe entonces
preguntarse cual es la razón.
La razón de una
decisión como ésta hay que buscarla en el mensaje que se manda.
Actualmente la crispación social es muy elevada y no hay telediario
donde no se haga referencia a una manifestación o diversos actos de
protesta. Todo nos indica que esta crispación no puede sino seguir
creciendo, en función de las "reformas" anunciadas. En
este escenario, la dependencia que el gobierno tiene de las fuerzas
y cuerpos de seguridad no puede sino aumentar en la misma proporción
que la crispación social. De hecho, la estabilidad del gobierno
empieza a estar directamente relacionada con el apoyo/control que
tenga de los "medios" de represión del descontento
social.
Con actuaciones como la
que nos ocupa, el mensaje que se manda a los cuerpos y fuerzas de
seguridad es que tienen barra libre para actuar, aunque dichas
actuaciones estén fuera de la Constitución y atenten
flagrantemente contra la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. El mensaje es demoledor, para la democrácia y los derechos
humanos en nuestro país. Este mensaje tiene también unos segundos
receptores, que es la sociedad civil, la cual entiende que las
actuaciones policiales están blindadas por el propio ejecutivo.
Oído cocina!
Hace 35 años, poco más o menos, en este pais, culminó un proceso de luchas y protestas que, mediante la llamada “transición modélica”, dió paso a la actual realidad política.
ResponderEliminarEn aquellas manifestaciones y protestas, uno de los eslogans más repetidos fué el que decia:
¡¡ Libertad, Amnistia, Estatuto de Autonomia !!
La Libertad, parecia que se conseguia, aunque solo fuera por comparación con las espantosas condiciones de aquella obscena dictadura.
El Estatuto de Autonomia, tuvo que ser aquel “café para todos”, en un intento de enmascarar y diluir las singularidades de Cataluña, Pais Vasco y Galicia.
La Amnistia, sacó a la calle a todos los presos políticos que, ciertamente, no eran pocos.
Pero, muy pronto, se pudo ver con toda claridad que la Ley de Amnistia, a quien realmente sacó las castañas del fuego fué a todos los que, durante cerca de 40 años de dictadura, cometieron toda clase de crimenes, torturas y vejaciones, principalmente, contra la población trabajadora de este pais.
Entre ellos destacaron especialmente, los policias torturadores de las tristemente celebres Brigada Politico-Social y Brigadilla de la Guardia Civil, sin olvidar a los cargos del Estado que les daban ordenes y les marcaban directrices.
Para suavizar la superación de aquella montaña enorme de sufrimiento, un argumento muy utilizado en aquellos años, incluso desde los partidos llamados democráticos, decia:
¡¡ Hay que mirar al futuro. No hay que mirar al pasado !!
Así que, hubo que mirar solo al futuro. Nada de mirar al pasado. ... y hasta hoy.
Aquella impunidad lanzó un mensaje muy claro :
Las fuerzas represoras pueden cometer toda clase de excesos sin preocuparse de las consecuencias.
Si la acción represora logra contener el movimiento popular de protesta, !estupendo¡, no habrá de que preocuparse.
Si finalmente, las manifestaciones y protestas, a pesar de la represión, imponen cambios realmente democráticos, tampoco habrá que preocuparse porque no faltarán voces que recuerden aquello de que:
“Hay que mirar al futuro. No hay que mirar al pasado”.
Es verdad que hay que mirar al futuro, pero precisamente por eso, lo que se hizo hace 35 años no estuvo acertado. No se pueden dejar en la impunidad las brutalidades y los atropellos que cometen las llamadas fuerzas de orden público porque, como la practica actual está demostrando, si quedan en la impunidad, no hay ningún impedimento para que, tarde o temprano, se repitan.
Algunos movimientos y organizaciones democráticas actuales, están empezando a considerar la necesidad de incluir, en sus programas reivindicativos, un punto que más o menos plantea:
“ ... Exigencia de responsabilidades políticas y penales de todos aquellos funcionarios del Estado, que hayan cometido actos de brutalidad represora . Tanto de quienes hayan sido ejecutores materiales de dichos actos como de quienes, desde cualquier nivel , hayan sido sus mandos.
Cuando la lucha contra la brutalidad represora se generalice y se asuma como una revindicación democràtica más, el mensaje que se enviará, tanto al Estado como a las propias fuerzas de seguridad, será inequívoco:
“Pueden seguir cometiendo actos de injusticia y brutalidad porque hoy, tienen fuerza suficiente para ello pero, quizás un dia tengan que responder ante una justicia realmente democrática. Los desmanes no siempre quedan en la impunidad”.