¿Es España una democracia? El caso de las pensiones

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 12 de junio de 2013

Este artículo denuncia la avalancha ideológica que se reproduce en los medios de mayor difusión a favor de la reducción de las pensiones en España. El artículo documenta la falta de diversidad en los cinco rotativos de mayor difusión de España en su cobertura de la sostenibilidad de las pensiones públicas, promoviendo puntos de vista catastrofistas presentados por las instituciones financieras que favorecen la privatización de las pensiones.

A  primera vista esta pregunta parece una provocación. Dudar de que España sea una democracia parece reflejar una ignorancia acerca de lo que es una dictadura. Y los que hemos vivido y sufrido una dictadura podemos atestiguar que España hoy no es una dictadura. Ahora bien, tampoco es una democracia homologable a la de la mayoría de países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) que tienen un desarrollo económico semejante al español. Y uno de los indicadores más significativos de lo que digo es lo limitadísimo que es el espectro ideológico en los medios de mayor difusión, sean estos públicos o privados. Veamos un ejemplo.

Hace unos días se publicó un informe de una Comisión llamada de Expertos, que fue nombrada por el gobierno del PP con el objetivo de hacer recomendaciones que, en teoría, pudieran garantizar la solvencia de las pensiones públicas en España. Esta Comisión estaba integrada en su mayoría por profesionales próximos a las Compañías de Seguros Privados y a la Banca (9 miembros de un total de 12), instituciones financieras que tienen un gran interés en privatizar las pensiones a base de reducir las pensiones públicas. En cualquier país con mayor cultura democrática, habría una protesta, expresada entre otros fórums, en los medios de mayor difusión, denunciando el claro conflicto de intereses entre dichos profesionales y el objetivo asignado a la Comisión, que era hacer un estudio objetivo de la situación, para mejorarla. Este objetivo estaba claramente en conflicto con los intereses de las Compañías de Seguros y de la Banca que aquellos miembros de la Comisión representaban. Ni que decir tiene que esta representatividad no era formal. Pero su dependencia de las instituciones que habían financiado sus trabajos les hacía vulnerables y sospechosos de una falta de neutralidad e imparcialidad. En realidad, todos ellos eran conocidos por sus posturas favorables a las tesis de las Compañías de Seguros y de la Banca, lo que explica que el informe pudiera haberlo escrito la propia asociación de Compañías de Seguros (de las cuales recibían dinero) o de la Banca (de la que también recibieron fondos). Todo era muy predecible.

En un país democrático esto hubiera sido objeto de denuncia en los medios de información. No ha sido así en nuestro país. Todos estos medios continuaron refiriéndose a la Comisión como “Comisión de Expertos”, ignorando que tales medios tienen entre sus objetivos (al menos en teoría) la vigilancia del Estado y crítica de sus comportamientos antidemocráticos. Referirse a tal Comisión como de Expertos, es darles una legitimidad que no se merecen.

El sesgo abusivo de los medios de información y persuasión

Pero la cosa es incluso peor. Si miramos los artículos de los cinco rotativos de mayor difusión del país (El País, La Vanguardia, El Periódico, el Mundo y ABC), podemos ver que todos ellos publicaron este último fin de semana (tanto en las páginas de opinión como en sus páginas económicas) artículos apoyando las tesis de que hay que recortar las pensiones, tal como promovía la mal llamada Comisión de Expertos. Un total de 23 artículos. Y ni uno (repito, ni uno) de esos artículos cuestionaba la tesis de que los recortes de las pensiones -que la “Comisión de Expertos” estaba recomendando- fueran necesarios. Es más, en todos ellos se afirmaba que había un consenso nacional e internacional entre todos los expertos en el tema de las pensiones sobre la necesidad de recortar las pensiones públicas. Un ejemplo, entre otros, es el de la profesora Concepció Patxot, de la Universidad de Barcelona, en su artículo “El Estado de Bienestar, más allá de las pensiones” (La Vanguardia, 09.06.13). Otro ejemplo era el artículo del Catedrático Josep Oliver titulado “Los inevitables recortes en pensiones” (El Periódico, 08.06.13), rotativo que también se ha distinguido por promover los recortes de pensiones públicas, escribiendo un editorial durante el fin de semana en apoyo de los recortes. Editoriales semejantes han aparecido en los otros rotativos. Ni uno ha escrito en contra de dichos recortes de las pensiones.

Además de esta campaña propagandística a favor de los recortes de las pensiones (que de seguirse la metodología de cálculo de las pensiones propuesta por la supuesta Comisión de Expertos serían los más acentuados en el país de la UE-15 que se gasta menos en pensiones), estos rotativos han invitado a dirigentes de la Banca y de las Compañías de Seguros para que expongan sus puntos de vista sobre la viabilidad de las pensiones. Así, El País, el mismo día que publicaba todos los artículos de apoyo a los recortes (07.06.13) invitó al aristócrata Henri de Castries, Conde de Castries, presidente y consejero delegado de la compañía de seguros AXA, para que opinara sobre el futuro de las pensiones públicas y, como era de esperar, auguró un futuro catastrófico para tales pensiones, aconsejando a la gente que fuera corriendo a la Banca y a las Compañías de Seguros para hacerse un plan de jubilación privado. El título de esta presentación era “¿Quiere una pensión decente? Ahorre. El Estado no se la dará”. El aristócrata indicó que no solo las pensiones, sino todos los servicios públicos, deberían privatizarse, porque la gente se ha malacostumbrado y exige más de lo que el Estado puede y debe ofrecerle. Y, por si no quedaba claro, enfatizó que el sistema sanitario público debe servir solo para emergencias (es decir, para casos muy costosos) pero no para ofrecer confort (y calidad de vida) al ciudadano. Y para acentuar todavía más su carácter reaccionario (y no hay otra manera de decirlo) indicó que los salarios estaban demasiado altos, añadiendo: “¿Dónde está escrito que los salarios solo puedan subir? (…) Los salarios deberían poder descender”. Y también, como era de esperar, repitió el mismo argumento de que la edad de jubilación obligatoria se hizo ya hace más de cincuenta años y que, por lo tanto, debería cambiarse. Es interesante notar que los que aducen estos argumentos nunca han dicho que el horario laboral diario de 8 horas se aprobó a finales del siglo XIX, hace ya más de un siglo, y en cambio no han recomendado cambiarlo.

Este artículo es la guinda que termina la avalancha ideológica. Ni que decir tiene que esta campaña carece de la más mínima sensibilidad democrática y refleja una prepotencia que caracteriza al establishment español. La arrogancia de este establishment es única en la UE-15. España tiene uno de los Estados del Bienestar más pobres de la UE-15, unos de los salarios y de las pensiones más bajos, y todavía quieren recortarlos más y más. Las clases populares deberían movilizarse y no estaría de más que se comenzaran a hacer escraches también a los medios de desinformación que existen en España. Es obvio que son parte del problema y debería denunciárseles. El enriquecimiento de la democracia exige en nuestro país un cambio profundo de sus escasamente democráticos medios de información. Éstos, en realidad, son más de persuasión que de información.

En contra de lo que se indica, la gran mayoría de expertos a nivel internacional en temas de Seguridad Social no consideran que las pensiones públicas sean inviables (véase el libro Social Security. The Phony Crisis, de Dean Baker y Mark Weisbrott, de la University of Chicago Press, y el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión de Vicenç Navarro y Juan Torres, de la Editorial Espasa). Todo lo contrario. Hoy España se gasta muy poco en pensiones. Y las pensiones, incluyendo las contributivas, son bajas. La evidencia de ello es abrumadora. Pero las voces que cuestionan la sabiduría convencional en España se han mantenido fuera del circuito, marginadas, pues los establishments financieros, políticos y mediáticos saben lo frágiles que son sus argumentos, muy vulnerables a desaparecer, si pudieran mostrarse los enormes fallos de su estructura ideológico-intelectual, que promueven los medios.