25 de julio de 2013
Resultado del gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, España ha continuado siendo uno de los países con mayores desigualdades de renta y de propiedad. Ni que decir tiene que han habido cambios desde que se estableció la democracia respondiendo en gran parte a intervenciones públicas que han tenido un impacto redistributivo. Pero estas intervenciones, siempre limitadas, no han conseguido que nuestro país deje de ser uno de los más desiguales de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países más ricos de la Unión Europea.
Esta desigualdad se ha caracterizado por una gran concentración de las rentas y de la propiedad en grupos de la población muy minoritarios que derivan sus ingresos de las rentas del capital, mientras que la mayoría de la población, que deriva sus rentas del trabajo, ha visto una disminución de sus rentas (en términos proporcionales) con descenso de su capacidad adquisitiva. Esta situación ha sido paliada debido a la relativa facilidad en conseguir crédito, lo cual ha enriquecido al capital financiero. En realidad, la extensión de este último se basa en la escasa capacidad adquisitiva de la población trabajadora, sea asalariada (que trabaja para otros), sea autónoma (que trabaja para sí mismo). Esta situación ha sido muy acentuada en los últimos años debido a la burbuja inmobiliaria, que se basó en un enorme endeudamiento y en una gran expansión del capital financiero. Así, la ratio 20/20 (que mide la relación existente entre los ingresos del 20% de la población con mayores ingresos y el 20% de menos ingresos), pasó del año 2005 al año 2010, de un 5,5 a un 6,9, mientras que se ha mantenido en el 5 en el resto de la Unión Europea.
Este endeudamiento ha permitido ocultar el grave problema de la enorme desigualdad en España entre aquellos que derivan sus rentas del capital (una minoría) y aquellos que la derivan de las rentas del trabajo (la gran mayoría), desigualdad que se ha ido acentuando. Así, mientras que en 1977 las rentas del trabajo (que incluyen mayoritariamente a la población asalariada) representaban el 67,3% de todas las rentas, en el año 2012 estas se redujeron al 53,4%. Y este año han pasado a ser el 48,6%, representando un porcentaje menor que el de las rentas derivadas del capital, una situación sin precedentes en el periodo democrático. A este descenso de las rentas del trabajo han contribuido las sucesivas reformas laborales, que han determinado un descenso de los salarios (un 6,2% este año), el debilitamiento de los convenios colectivos, y el aumento del paro y de los recortes salariales en el sector público.
Por otra parte, las rentas superiores se han beneficiado de las políticas fiscales regresivas. Así, desde los años ochenta, el 0,1% de los hogares más ricos registró un aumento de las rentas de un 40%, y el 0,01% de un 73%. El del 1% fue de un 21%, porcentaje mucho más elevado que el del resto de la población. El incremento de las rentas de la gran mayoría de la población fue solo de un 11% (datos todos ellos obtenidos del excelente informe Desigualdad y Estado Social en España. Fundación 1º de mayo. Junio de 2013).
De todo lo dicho se deriva que para disminuir las desigualdades se requiere un aumento de los puestos de trabajo y de la población empleada, junto a un incremento de los salarios así como una reducción de las rentas del capital, gravando intensamente dichas rentas dentro de una política fiscal progresiva y redistributiva, así como un aumento de las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar que beneficie especialmente a las clases populares. Todas ellas son medidas opuestas a las realizadas por los sucesivos gobiernos que han enfatizado todo lo contrario, con el beneplácito, cuando no imposición, de las autoridades que gobiernan la Unión Europea. Estamos así viendo políticas que destruyen empleo, que están bajando los salarios, que están recortando gasto público social y que están beneficiando todavía más a las rentas del capital, habiendo el Estado transferido al capital financiero en el rescate a la banca unas cantidades a todas luces exorbitantes (equivalentes a un 19% del PIB) que ha ido a enriquecer en su mayoría a una extraordinaria minoría que deriva sus rentas de ese capital.
Mientras, el Estado español continúa siendo de los menos redistributivos de la Unión Europea. Sin su intervención –a través de transferencias a la ciudadanía-, el 24% de los españoles serían pobres. Después de las transferencias, el 20% lo son, una reducción de cuatro puntos, mucho menos que en el promedio de la UE-15, ocho puntos, y mucho, mucho menos que en Suecia, que es más de tres veces más. Esta es la escasa capacidad redistributiva del Estado español. Todos estos datos muestran la enorme influencia que las fuerzas conservadoras (de distintas sensibilidades políticas) y liberales tienen sobre el Estado español, consecuencia de la limitadísima democracia existente en este país.
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