¿POR QUÉ HA HECHO FALTA?

                                                                Manuel Delgado Millán. FCSM

     La utilización de los sentimientos primarios en la propaganda partidaria no es sólo un peligro, es una bomba de efectos incalculables. Si se alienta la apelación a la revancha por intereses partidarios, si quien está obligado a cumplir la ley, que garantiza la convivencia y el respeto a los derechos humanos, recurre al atajo para dar satisfacción a los apetito de venganza, la civilización se esfuma en la negrura de la caverna.

¿De qué estamos hablando? ¿De que ahora unos defiende a ETA y otros piden justicia? ¡¡¡¡NO!!!! Totalmente falso. Error cruel e imperdonable. Estamos hablando de la esencia de la ley. En un Estado de Derecho hay principios fundamentales que sin ellos la selva sería un lugar plácido. La ley se dicta para todos, busca el cumplimiento general y sanciona los incumplimientos individuales, sea quien sea el que la vulnere. Aquí se ha retorcido la ley para que unos, muy malos ya lo sabemos, tengan un trato diferente.

     Las leyes, normalmente, se aplican desde la fecha de su promulgación, pero pueden tener efectos retroactivos siempre que sean más beneficiosas al ciudadano. Cuando restringen derechos, imponen sanciones, son más desfavorables y, sobre todo, las normas penales, nunca se retrotraen sus efectos, es decir, no se aplican a hechos ocurridos antes de ser promulgadas. La aplicación de la ley penal vigente del momento en el que fue cometido el delito, salvo que una posterior sea más favorable, es un principio esencial y una conquista para los derechos humanos. Si se aumenta la pena a quien ya tiene una condena firme porque un nuevo código la endurece, ¿quién puede estar a salvo?. Pues eso es lo que hemos hecho cuando se han endurecido las normas sobre el cumplimiento de las penas, para así evitar que salgan los presos de ETA. Todo motivado porque, en un momento dado, algunos han pensado que moralmente era lo justo al calor de sus crímenes sanguinarios.


     Durante muchos años se han mantenido los beneficios penitenciarios y las normas sobre el cumplimiento de las condenas  del Código Penal de 1973, tanto en la aplicación a cualquier recluso, como los presos de ETA. Pero un buen día, quizá cuando políticamente interesaba porque ETA no cedía y la ciudadanía creía traspasado límite de lo tolerable, el Tribunal Supremo interpretó la ley de forma contraria a los principios recogidos en nuestra Constitución y en la declaración de los Derechos Humanos. Esa fue la derrota, ceder a esa tentación y no esta sentencia que los restaura.
Sin embargo, la paradoja está en que una ley franquista, la que, irremediablemente, se tenía que aplicar  era beneficiosa a ETA y que, desde 1973, ni Franco, ni UCD, ni PSOE, ni PP, la modificaron, para quie ahora los malos sean el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Alberto Garzón por creer que respetar esos derechos, siempre y con todo ser humano, es ineludible para distinguirnos moralmente de los delincuentes.
     Aunque sea repulsivo para la gente de bien ver en la calle a asesinos mucho antes de lo que quisiéramos, eso es lo que estaba establecido por las leyes vigentes. Lo que hemos hecho es cambiar judicialmente su interpretación para mantenerlos más tiempo encarcelados y eso (no era necesario que nadie nos lo dijera) es lo que no es conforme con los derechos humanos. Debemos saberlo todos para no herirnos entre nosotros estableciendo falsos niveles de repugnancia ante el delito.
    No me gusta tener que explicar lo que debiera ser evidente pero si alguien se vieran en la cárcel más tiempo, por el capricho del legislador de turno, lo entendería a la primera. Incluso ese militante del PP o Zapatero que ayer dijeron sandeces o amenazaron de muerte.

    No cedamos a los instintos primarios y asumamos como un patrimonio inembargable las conquistas del Derecho. Avancemos con él pues ¿qué diríamos de quien siguiera pidiendo mantener el delito de adulterio ante la herida despechada de la infidelidad? Los que navegamos en las aguas de la aplicación de la ley, a esta realidad tan cambiante, sabemos que para algunos ese delito sigue vigente.

    Como última reflexión, quiero mostrar mi preocupación porque están siendo los tribunales internacionales los que les están diciendo a los jueces internos que, unas veces nuestras leyes, y otras su interpretación, no son homologables. Hace unos días nos dijeron que dejar a menores en la calle, tras un desalojo, no puede ser consecuencia de ley alguna, digna de tal nombre. El 14 de marzo pasado, el Tribunal de Justicia de la unión Europea ha declarado ilegal que los ciudadanos que se han visto obligados por la estafa hipotecaria masiva, y nuestras leyes procesales, a quedarse sin techo, llevan veinte años sin la protección necesaria a su derecho a la defensa de sus intereses.
 Mi pregunta a los poderes del Estado es la siguiente: ¿Por qué ha hecho falta que nos lo digan jueces foráneos?