La deuda pública española: una soga que ahoga a los ciudadanos

Juan García Ballesteros

 Presidente del Colectivo Prometeo 

Miembro del Frente Cívico Somos Mayoría

Todas las definiciones sobre lo que se entiende, desde el derecho internacional por deuda odiosa o ilegítima, recogen tres argumentos importantes:

1º.- El gobierno de un país concede un préstamos sin conocimiento ni aprobación de sus ciudadanos.

2º.- El préstamo se destina a actividades no beneficiosas para los ciudadanos.

3º.- El gobierno prestatario actúa de mala fe al contraerla, ya que sabe perfectamente que no beneficia a sus ciudadanos, sino a intereses privados.

Estas condiciones se cumplen con la deuda pública española: no se ha consultado a los ciudadanos, ha perjudicado a la inmensa mayoría de la población que ha perdido derechos laborales y sociales y ha sido generada para cubrir deudas privadas (Banca), subvenciones a empresas (eléctricas o de armamento) o regalos a instituciones (Iglesia Católica). Poco de esa deuda ha sido para cubrir gastos corrientes para mantener el estado de bienestar o de inversión en la economía real y crear puestos de trabajo.

Veamos de dónde sale esta desorbitada deuda:

1º.- De la ayuda económica que han proporcionado los últimos Gobiernos a la banca y cajas de ahorro en crisis para evitar su quiebra, que desde el 2009 se cifra en 246.000 millones de euros (según el FMI).

Una parte importante de la subida de la bolsa española en los tres primeros trimestre de 2013 ha ido a engrosar los ingresos de la banca. La capitalización de los más beneficiados (CaixaBank, Popular, BBVA, Santander, Sabadell, Bankia y Bankinter ) ha superado (según Vicente Clavero “La banca engorda mientras nosotros pagamos su rescate”, Público, 23-10-13) “los 170.000 millones de euros, lo que supone una 34 % más que al inicio de año” . Pero las ganancias en lugar de servir para devolver el dinero público que han recibido para sacarlos de su catastrófica situación, lo dedicarán a repartirlas entre sus accionistas que son los que realmente tendrían que haber asumido las pérdidas. Así lo ha hecho el Santander que ha distribuido 1700 millones de euros en dividendos en 2013.

2º.- De los 40.000 millones de euros de anticipos que el Ministerio de Defensa concedió entre 1997 y 1998 a las industrias armamentísticas (EADS, Indra, Santa Bárbara y Navantia).

El periodista John Doe publicó en 19 de Junio de 2012 (centredelas.org) el artículo “Deuda militar, deuda odiosa, deuda ilegítima” en el que escribe: “Es ilegítima la deuda contraída con los Programas Especiales de Armamento (PEA) del Ministerio de Defensa que representan 40.000 millones de euros, cifra que sitúa a este Ministerio en la banca rota y que contribuye al enorme endeudamiento del Estado español”.

Como recoge J. Doe en su artículo, esta deuda es nula de pleno derecho y, por tanto, ilegítima y sostiene que las empresas privadas afectadas nunca devolverán el dinero público recibido. De esta estafa hay muchos culpables (entre ellos el actual ministro de Defensa Pedro Morenés con grandes intereses en empresas armamentísticas) por la sencilla razón que en torno a este asunto siempre ha habido un acuerdo de Estado en el que los dos grupos parlamentarios mayoritarios (PP y PSOE) han ido de la mano.

3º.- En nuestro país, gracias al Concordato, la Iglesia Católica recibe anualmente más de diez mil millones de euros del Estado (central y periférico) en subvenciones directas y exenciones de tributos (según el estudio realizado por Europa Laica). Carece de importancia, aunque también habría que contemplar lo que reciben (muy poco, por cierto) las demás confesiones religiosas.

4º.- De los 24.000 millones entregados a las grandes compañías eléctricas por el llamado déficit tarifario.

José Manuel Novoa en su blog “ataque al poder” (7 Enero de 2014 “Cómo nos roban las compañías eléctricas”) recoge que hasta la fecha el déficit tarifario nos ha costado a todos los españoles 24.000 millones de euros, dinero regalado del erario público ¿Cómo es posible que se subvencione a empresas eléctricas que doblan sus ganancias a su homónimas europeas? Además en su artículo demuestra que el déficit tarifario de las eléctricas es una estafa, no existe. Tan sólo sirve para aumentar los beneficios de las grandes compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa o Gas Natural).

La resultante de todo este despilfarro es que la deuda pública española a finales de 2013 rondaba el BILLÓN de euros, cifra cercana al 100 % del Producto Interior Bruto (PIB). Esta deuda es totalmente impagable. Aunque tuviéramos muchos años de un elevado crecimiento, los altos intereses que tenemos que abonar hacen imposible el pago de esta desorbitada cantidad.

El pasado año tuvimos que pagar más de 38.000 millones de intereses. Esto supone unos 105 millones de euros diarios.

Para hacernos una idea más exacta de esta deuda, cada ciudadano debe más de 21.000 euros, siendo un sujeto pasivo de la deuda, ya que se ha generado sin tenerlo en cuenta, sin participar en ella y sin que le beneficie.

¿Por qué pagamos tantos intereses?

Aunque ya recogido en un artículo anterior, voy a recordar de dónde sale el elevado pago de intereses. Es cierto, por las razones recogidas, que el capital público de deuda es muchísimo, pero nos están ahogando los altos intereses que tenemos que pagar por los préstamos que pedimos en el mercado financiero para cubrir los gastos del Estado. ¿Por qué ocurre? El BCE se financia con el dinero de los impuestos de los ciudadanos europeos (España aporta algo más del 8 %). Sin embargo, en lugar de prestar dinero a los estados, se lo presta a la banca privada al 0,50 ó 1%. Ésta compra deuda soberana de los estados al 3, 4, 5, 6, 7 o al 8 %, ganando miles de millones de euros que utilizan para tapar sus deudas por mala gestión, inversiones fraudulentas o sobresueldos de directivos. Esos créditos que reciben en ningún momento están llegando al consumidor final, a las familias y a las PYMES, sino que se está usando en apostar y especular contra los propios estados, en actividades mucho más lucrativas y sin riesgo.

Según el economista Juan Torres (¿Quién vive gratis en España? Público, 17-11-13) “casi el 70 % de lo que hoy debe el Estado español es por concepto de intereses y este concepto es lo que hace que hoy día deba 4,5 veces lo que debía en 1989. Mientras que si los déficits de gastos e ingresos corrientes generados desde 1989 se hubieran financiado por un banco central con los mismos tipos de interés con que el Banco Central Europeo financia a la banca privada, nuestra deuda ahora no llegaría ni al 15% del PIB”.

Para no hipotecar y dejar sin el futuro a varias generaciones y, demostrado que la deuda española es odiosa, ilegítima, tenemos que negarnos a su pago. Nos ampara el derecho internacional que recoge que la “Deuda odiosa, deuda execrable o deuda ilegítima es la teoría jurídica, puesta en práctica numerosas veces a lo largo de la historia, que sostiene que la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos —bonos o contratos comerciales— son nulos legalmente. En todo caso, tales deudas podrían considerarse personales debiendo responder quienes las hayan contraído a título personal —sea el monarca, el presidente, el director del banco central nacional o los ministros correspondientes— y no el Estado en su conjunto y por tanto los ciudadanos. En algunos aspectos, el concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo coacción”.