Cinco meses de dignidad

Rafael Juan Ruiz

Miembro del Colectivo Prometeo y miembro de la Acampada Dignidad

     ¡Vaya! Ahora resulta que al Sr. Alcalde de Córdoba no le preocupan los edificios que son de todos y todas las cordobesas. Cuando la Acampada Dignidad entró en el abandonado Colegio Rey Heredia, ahora hace justo cinco meses, para arreglarlo, para proporcionar comida a más de cien personas diarias, para, en fin, darle vida a un edificio que era de todos y todas, entonces sí que se preocupó y denunció ante el juzgado a las personas que están allí.

     La diferencia, según el Sr. Alcalde, es la legalidad. Esa legalidad que los gobiernos, sobre todo en mayoría absoluta, proporcionan a los colectivos o individuos que, por afinidad y compromiso con ellos, más le conviene. De esta forma, están cayendo cientos de leyes que son de todo punto “delictivas”, inconstitucionales, contrarias a los derechos humanos, contrarias al derecho internacional, etc. Y fíjense que todas estas instituciones a las que aquí aludo no son un “nido de rojos impenitentes”, precisamente. La ley hipotecaria, el céntimo sanitario, la privatización de la sanidad, la doctrina Parot, seguramente la nueva ley del aborto, y un larguísimo etc., son ejemplos de leyes que las aprueban los gobiernos, muchas veces sin que nos enteremos los ciudadanos, pero que, a sabiendas de que son contrarias a cualquier concepción del derecho, las promulgan para favorecer a los suyos. Si luego hay mala suerte y la echan para atrás, lo hecho, hecho queda.

    En el caso que nos ocupa, la iglesia católica tenía la intención de hacerse con una serie de edificios en todo el Estado. Entonces, el Gobierno, en este caso el de Aznar, le elaboró una ley “ad hoc” para que, por mil durillos de los de antes, 30€ ahora, se quedara con un edificio como la Mezquita de Córdoba, o como otros miles en toda España. Esa ley, por supuesto, no sale en los medios de comunicación. Se promulga pero se deja pasar tiempo hasta su aplicación, para no levantar la liebre. Llega el Gobierno del Sr. Zapatero y no solo no la revierte, sino que convierte su periodo como gobernante como aquel en el que más prebendas ha obtenido la iglesia católica por parte del Estado. Y, entonces, pasa lo que tenía que pasar. Legalmente, el obispado inmatricula la Mezquita. Y, aquello que es Patrimonio de la Humanidad, se lo queda una entidad privada. Entidad que, por cierto, poco tiene de altruista y de solidaria con la sociedad en la que vive: Cobra una entrada carísima que resulta que presenta a la administración del estado como una donación, para no tener que pagar impuestos. Eso sí, si alguien no quiere hacer una donación, no entra. ¡Caray! ¿no tiene esto un nombre en el marco jurídico-administrativo? Tampoco pagan IBI. ¿No tiene esto también un nombre? Eso sí, cada vez que hay que arreglar el monumento, ahí está la Junta de Andalucía, aportando miles de millones de euros de todos los contribuyentes para que, a la hora de que vengan los turistas, la Mezquita esté guapa y los obispos recauden donaciones “voluntarias”. Y el Sr. Alcalde dice que está muy tranquilo porque la Mezquita “no puede estar en mejores manos”.

     Mientras el Sr. Nieto sigue vendiendo, sobre todo en el medio de comunicación también propiedad de la iglesia católica, que en el colegio Rey Heredia hay un grupo de gamberros que le han robado a los cordobeses un edificio. Algo que solo pueden decirlo este tipo de personas, que han hecho del desahogo su modus vivendi.

     La Acampada Dignidad, en ningún momento, se quiere apropiar del edificio Rey Heredia. Ante el ninguneo de Ayuntamiento y Junta de Andalucía a los colectivos que lo solicitaban, lo ha restaurado, le ha dado un uso social (500 personas pasan a diario por él). Y todo con poco, muy poco dinero. Está haciendo lo que los políticos no quieren: que los ciudadanos y ciudadanas demostremos que podemos, mediante la autogestión, hacer cosas tan solidarias como que, con el apoyo de unos, otros y otras puedan comer. Que, con el esfuerzo de algunas, otros puedan estudiar. Que con la dedicación de muchos, las clases obreras puedan formarse en derechos, en conocimientos de salud, en entender cómo nos roban las eléctricas y las petroleras. Que, con la ilusión de alguna gente, otra pueda volver a sentirse persona en vez de creerse culpable por no poder llevar dinero a su casa. Estas experiencias, que se multiplican cada día por toda España, son una preocupación para los políticos, porque “salimos” de su sistema, que, aunque nos lo venden como democrático, es un sistema criminal, autoritario y mentiroso. Pruebas de ello las tenemos a diario. Así, frente a la dureza con que se nos trata a gentes como la Acampada Dignidad, a los poderosos y poderosas que delinquen se les cambia los jueces para que les vaya mejor. El fiscal general del estado, que debería ser el principal acusador, se convierte en el primer defensor de esos poderosos. Estamos viendo como jueces que “se salen del tiesto” son apartados de su trabajo. ¿Es eso democracia? Si yo fuera el Sr. Torrico, que afortunadamente no lo soy, diría que estas cosas solo pasan en Cuba.

     La próxima ley que el gobierno quiere hacer “ad hoc” es la llamada “Ley Mordaza”. Con ella, van a prohibir las reuniones, van a restringir el derecho de manifestación y huelga, va a haber penas durísimas contra quienes protesten contra los políticos. Será otra medida “legal y democrática” de los políticos. Es decir, legalmente nos matan de hambre, nos quitan las casas, nos dejan sin servicios públicos, y, si nos quejamos, al trullo.

    Algunos y algunas hemos dicho ya que, ante esto solo nos cabe la desobediencia civil pacífica pero firme y, además, nos acogemos al derecho que toda persona tiene a la rebeldía ante la actuación autoritaria de sus gobernantes (véase solemne Declaración de los Derechos Humanos: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”) Esa rebeldía y esa desobediencia civil debe extenderse a esa inmensa mayoría de la sociedad que sufre el robo a mano armada que nos aplican. Esa rebeldía y esa desobediencia civil no es ya un derecho que tenemos, es una obligación.

Las castas políticas del capitalismo lo tienen claro. Cuando lo que han de derrocar son gobiernos contrarios a sus intereses, no solo los llaman a esa rebelión, sino que los apoyan monetariamente. ¿Seguimos mirando para otro lado?