Una cuestión de legitimidad y miedo, que no de legalidad

Jorge Alcázar
 FCSM y Colectivo Prometeo

La pasada semana, el Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a denunciar al Centro Social Rey Heredia. En esta ocasión, la denuncia ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía viene motivada por una cuestión de higiene y salud pública en el comedor social que lleva funcionando desde hace ya más de nueve meses.

     No es de extrañar, a la luz de la trayectoria seguida por el Consistorio, esta nueva acción del sr. José Antonio Nieto. Lo que si extraña más y hasta empieza a ser tedioso es el empecinamiento ideológico y argumental usado por los inquilinos del Ayuntamiento, pues de nuevo ponen encima de la mesa la cuestión legal para censurar e intentar impedir cualquier iniciativa que en la Acampada Dignidad se lleva a cabo, y que no tiene otro objeto que conducir a la expulsión de ésta del colegio.

     Ahora bien, ¿cómo es posible que estos señores y señoras del Partido Popular, instalados en las antípodas de las necesidades sociales y económicas de decenas de miles de cordobeses y cordobesas, puedan seguir amparándose en la cuestión legal para cercenar y criminalizar a las gentes del Rey Heredia? El currículo de su partido, plagado de casos de corrupción, malversación e ilegalidades entre otras lindezas, no es el mejor compañero para arrogarse la ley como bastión de mando y legitimidad e ir, cual acusica y chivato, a la administración competente denunciando la falta de higiene y salud pública en un comedor social que viene dando de comer, día tras día desde hace nueve meses, a más de cien personas. Familias enteras que comen gracias a la solidaridad, que no a la caridad, de comerciantes, vecinos y voluntarios que se afanan en paliar las miserias producidas por políticas como las desarrolladas por los inquilinos del Ayuntamiento y sus camaradas de partido y que comen una comida más apta para el consumo que las políticas y la ética de éstos.

     Si viviéramos en un mundo perfecto, el cumplimiento de la legalidad sería la consecución de un proyecto común, un acontecer necesario y exigible por todos y para todos por igual. Pero el mundo en el que vivimos arroja a las cloacas de la miseria y del abandono a más de 38.000 cordobeses y cordobesas. Para el sr. José Antonio Nieto, cumplir la legalidad significa que estas personas que hasta hoy comían en el Rey Heredia, dejen de hacerlo o lo hagan a la luz de la caridad tan bien administrada por la Iglesia Católica a través de Cáritas, Cruz Roja o iglesias varias, siempre y cuando esta llegue y estos den su bendición.

     La cuestión que aquí se establece es ¿a qué precio debemos los ciudadanos y ciudadanas cumplir con la legalidad vigente reclamada por el sr. Nieto? Cuando la forma de gobierno que nos contempla expulsa de la vida laboral y social a millones de seres humanos, cuando decenas de miles de familias son arrojadas de sus casas, cuando políticos y empresarios corruptos pueden delinquir teniendo la confianza de su total impunidad ante la justicia y la legalidad vigentes o cuando si las leyes no valen para unos pocos o una familia real, se reinventan y basta, ¿hasta qué punto debemos obedecer las normas? El planteamiento que desde la alcaldía de Córdoba se hace obedece a una interpretación maniquea y oportunista de la realidad. Ese cumplimiento de la ley que las instituciones municipales exigen no tiene su ejemplo para con los derechos de nosotros, la ciudadanía, y las obligaciones que ellos, el Consistorio, tiene para con ésta. Al Alcalde y a la señora Botella se les olvidó adjuntar en la denuncia que una de las causas del incumplimiento en la normativa higienico-sanitaria es la ausencia de agua potable; ausencia debida al corte de agua que el CS Rey Heredia lleva sufriendo desde hace más de 6 meses, y que obedece a los designios del presidente de Emacsa, el a la postre alcalde de Córdoba, D. José A. Nieto. De la misma forma, tampoco anexan que todas las bocas de riego próximas al colegio Rey Heredia han sido cegadas con cemento o que para que haya agua potable, las gentes que pueblan el Rey Heredia tienen que hacer cadenas humanas para transportarla en cubos desde las fuentes más cercanas hasta la cocina o los baños del colegio.

¿Es legal la actuación del sr. Alcalde y de su equipo de gobierno? Por supuesto que sí. Tan legal como la exigencia reiterada con presiones a las más altas instancias de Endesa para que se corte la luz en el colegio, el desatender el compromiso contraído con el Consejo de Distrito Sur y el CS Rey Heredia para su cesión al primero o el incumplimiento de promesas electorales como la de no presentarse a la reelección si en Córdoba había un solo desempleado más que cuando el ínclito, sr. José A. Nieto, llegó a la Alcaldía (actualmente hay 6.000 parados más en la capital cordobesa). ¿Es legal que en España cada vez los ricos sean más ricos y que el número de pobres y su pobreza se disparen alarmantemente, como estudios recientes señalan? Pues sí, es completamente legal. Pero de la misma forma, la legalidad más alta a la que un jefe de gobierno, Presidente Autonómico, Alcalde o simplemente político tiene que obedecer pasa por hacer cumplir, entre otras, la Constitución Española o los Derechos Humanos, ambos documentos máximos de nuestra normativa y vinculantes para todo gobierno y que hoy son papel mojado en materia de derechos sociales, laborales y humanos. Para nosotros, cuando la legalidad deja de cumplirse en aras de beneficios individuales o de clase, cuando la Justicia española y las instituciones no velan por el cumplimiento de ésta y se someten a los arbitrios y motivaciones de una minoría, la legalidad ya no es garante de nuestra integridad.

     Desde el Rey Heredia, desde la forma de entender el mundo de todos y todas los que allí participamos, la legalidad que ellos reclaman no se acompaña de la legitimidad que debe cortejarla. Ustedes, señores políticos del Partido Popular, no están legitimados para reclamarnos ningún tipo de legalidad, para exigirnos que cumplamos con unas normas que ustedes mismos nos impelen a incumplir. No es un acto de rebeldía sin causa lo que desde el Rey Heredia hacemos. Nuestras motivaciones hunden sus raíces en tierras más profundas, y esto precisamente es lo que genera el miedo que les embarga. Pues, ¿qué ocurrirá cuando el proceso legal que han emprendido contra la ocupación y contra los diez compañeros y compañeras hoy imputados se dilate en el tiempo? ¿Qué va a ocurrir con su “intachable” expediente político de cara a las próximas elecciones municipales? ¿Qué pasará cuando cada uno de nosotros y nosotras se convierta en un ciudadano consciente que lucha por sí y los de su clase?, y ¿qué con los que hoy vienen a comer o a recibir clases particulares, o acuden al huerto, o a lo que sea, y mañana empuñen la justicia y la razón de su clase contra todos aquellos que quieren hundirlos en la miseria y que ustedes y sus acólitos representan?

Estas son las preguntas y las motivaciones últimas de su proceder. Estos los miedos. No es el principio de legalidad, la normativa ni otras historias. Son éstas mismas razones las que propician su actuar y el de los suyos. Es por esto que en los plenos, junto con los demás miembros, sean de su partido o de otro, cuando las gentes del Rey Heredia les increpan a la cara, agachan las suyas para ocultar su vergüenza y su miedo ordenando, acto seguido, el desalojo de una sala presa todavía por las voces que reclaman y seguirán reclamando agua y luz para el Rey Heredia, justicia y ética para el país en que viven. Voces que cada vez serán más y más altas y que a coro cantarán aquellos versos del poeta: “A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar”, para mal de sus señorías y de sus agradecidos estómagos.