Manuel
Marrero Morales
Hace
escasas horas nos hemos enterado del nombramiento de un nuevo
Ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que sustituye al
denostado Wert, quien consiguió el inigualable récord del rechazo
unánime de toda la comunidad educativa de los distintos niveles de
la enseñanza y la novedosa convocatoria de varias huelgas
protagonizadas por los padres y madres.
En
toda la etapa democrática de este país, jamás la educación había
sido tan maltratada por el Gobierno de turno: recortes, reválidas y
retrocesos educativos que nos retrotraen a épocas anteriores a la
LGE del año 70, en plena dictadura.
Las
mareas verdes se han cohesionado en torno a plataformas
reivindicativas en defensa del servicio público de la educación.
El conjunto de sectores educativos nos hemos opuesto a este ataque
furibundo al sistema público.
No
estamos de acuerdo con la eliminación de todo vestigio de equidad e
igualdad de oportunidades. Rechazamos el elitismo, la exclusión y
las desigualdades. Nos oponemos a la exigencia de "puerta
estrecha y sinuosa" que se plantea a las familias sin medios,
que solicitan becas, y la manga ancha para las familias pudientes. No
podemos admitir la implantación de altísimos precios públicos
universitarios, contrarios a los de la mayoría de la UE, que impiden
el acceso y la continuidad en la universidad de una parte importante
del alumnado.
El
13 de junio de 2013 los grupos parlamentarios del PSOE, CiU, PNV, IU,
ERC, CC, Compromís y Geroaban, junto con la CEAPA y los Sindicatos
CC.OO, UGT y STEs firmaron un documento con "10 razones para
rechazar la Ley Wert", que terminaba pidiendo su retirada y la
"apertura de un proceso de negociación y diálogo real con el
ministerio de Educación". Posteriormente varios gobiernos
autonómicos plantearon recursos de inconstitucionalidad a dicha Ley.
Finalmente, el pasado 24 de mayo se ha iniciado el cambio del mapa
político autonómico y municipal. El voto ciudadano ha comenzado a
desalojar al PP de una buena parte de las instituciones.
El
nuevo Ministro, nombrado en el tiempo de prórroga de esta
legislatura, tendrá la oportunidad de frenar tamaño desatino, pero
mucho me temo que venga a darle la puntilla definitiva al sistema
educativo aplicando el principio de "sostenella y no enmendalla"
como ha venido siendo la voluntad del PP en el conjunto de sus
políticas de reformas y recortes, a lo largo de toda la legislatura.
Ante
esta situación, hay que tomar iniciativas por todos los sectores. Y
debieran estar encaminadas a paralizar la aplicación de la LOMCE.
Del gobierno del PP nada se puede esperar al respecto a estas alturas
del partido. El cambio ministerial en los minutos finales de la
legislatura es una vieja táctica para ganar tiempo y distraernos.
De
todas formas, por si sonara la flauta por casualidad, es urgente la
petición de todos los gobiernos autónomos contrarios a la LOMCE, de
la celebración de una Conferencia Sectorial de Consejerias de
Educación con el nuevo ministro y plantearle la exigencia de
paralización de la LOMCE. Las razones abundan y los Gobiernos
Autónomos se tienen que plantar con firmeza.
Por
tanto, la iniciativa la tienen que tomar los gobiernos autónomos (12
de 17), compuestos por muchos de los partidos que firmaron el citado
manifiesto. Ante la previsible negativa del nuevo ministro y del
Gobierno del PP, hay que demostrar que el compromiso adquirido lo
siguen defendiendo los partidos firmantes, reforzados además con la
entrada de PODEMOS en las instituciones. Todos ellos tienen capacidad
suficiente legal, y escaso tiempo previo al comienzo del próximo
curso, para aprobar legislación, con carácter urgente y por el
interés general.
"Paralicen
la LOMCE, por favor".
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