El expolio de la iglesia al patrimonio colectivo que nunca nadie cuestionó

 Estefanía Torres 

 Fuente: Asturias 24

Miembros de los Colectivos  que en el Parlamento Europeo denunciaron la usurpación  de los bienes públicos realizada por  la Iglesia católica.Entre ellos, como representante de Europa Laica nuestro querido compañero del Colectivo Prometeo y del FCSM José Antonio Naz

      El pasado 14 de julio acudieron al Parlamento Europeo de Bruselas la Plataforma Mezquita Patrimonio de todos, Redes Cristianas, Europa Laica y la Plataforma por la Defensa del Patrimonio Navarro. Todos estos colectivos llevan mucho tiempo luchando contra las llamadas “inmatriculaciones” de bienes públicos que la Iglesia católica ha realizado en el Estado español. La Iglesia católica lleva usurpando bienes públicos que son de todos desde hace décadas, al amparo de la Ley Hipotecaria de 1998 y otras normas anteriores.

     Se trata de un asunto lo suficientemente sangrante como para ser portada de periódicos de tirada nacional y, sin embargo, pasa de puntillas en la mayoría de las ocasiones ante la opinión pública porque pondría colorado hasta el último diputado del PSOE o del PP.

     Esas “otras normas anteriores” a las que me refiero son, ni más ni menos, legislaciones franquistas, predemocráticas y anticonstitucionales. Se trata de la Ley Hipotecaria de 1946, cuyo artículo 206 equiparaba a la Iglesia católica con el Estado a la hora de inmatricular bienes que careciesen de título de dominio escrito, bastándole a la Iglesia la certificación del Obispo y siendo éste contemplado en dicha ley como cualquier funcionario de la Administración Pública.

    En 1998 se aprobó la Reforma de la Ley Hipotecaria bajo el gobierno de José María Aznar, que abrió la puerta de las inmatriculaciones a los “templos de culto”, permitiendo a la Iglesia católica total libertad a la hora de registrar bienes públicos a su nombre.

      La consecuencia ha sido que la Iglesia se ha apropiado de miles de catedrales, basílicas, iglesias, terrenos, arbolados, viñedos, cementerios, ermitas, solares, casas parroquiales, cocheras, frontones y plazas públicas sin que se conozca el número exacto, pues el Partido Popular se ha negado sistemáticamente a facilitar el número de los mismos. Que se sepa, sólo en Navarra se han inmatriculado 1.087 bienes entre 1998 y 2007.

     Uno de los casos más escandalosos es el sucedido con la Mezquita de Córdoba, enajenada por la Iglesia ya en el año 2006, y cuya inmatriculación no pasó a conocimiento de la ciudadanía hasta el año 2009. Lo cual vuelve a poner de manifiesto el enorme oscurantismo que hay alrededor de esta cuestión.

     Y hay más aún. La Mezquita de Córdoba factura alrededor de 13 millones de euros anuales por la cantidad de visitas que recibe. Una riqueza que le pertenece al pueblo y que, sin embargo, se supone que se lleva la Iglesia católica. Digo se supone porque aunque la sociedad civil organizada haya exigido en numerosas ocasiones conocer cuál está siendo la gestión de la Mezquita, siempre se le ha negado el acceso a dicha información.

      Por desgracia, la falta de transparencia propia de la conducta del Gobierno del Partido Popular es algo que no nos sorprende. Pero lo que es manifiestamente vergonzoso es que el PSOE tuvo en su mano modificar la Ley Hipotecaria en numerosas ocasiones y no lo hizo. Será que el acuerdo del Concordato con la Santa Sede le pesa demasiado en la conciencia como para ser lo suficientemente valiente y ponerse al lado de su pueblo.

     Vivimos en un Estado aconfesional. Por supuesto que se respetan las creencias que cada cual tenga y que las practique allá y como mejor convenga. Pero un Estado no puede permitir que ninguna entidad haga negocio con bienes públicos que pertenecen a toda la ciudadanía.

     Estas actitudes, la de complicidad del Partido Popular, y la de pasividad del PSOE, dejan a las instituciones españolas a la altura de un país de pandereta. ¿Cómo es posible que nos estemos enfrentando a la peor crisis de nuestra historia y sucedan estas cosas?

      Y luego dicen que no hay dinero… Que se lo pregunten a la jerarquía eclesiástica y al bipartidismo de nuestro Estado. Un Gobierno responsable es aquél que defiende el bien común y a la gente por encima de intereses particulares, sean de origen mundano o divino.