Córdoba: La gestión de los cuidados, desde lo público.

Ana Botella y Florentino Pérez. Imagen de eldiario.es

Rafael Juan

Colectivo Prometeo

Responsable Organización FCSM 

   El delegado de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo, anunció el pasado fin de semana su intención, y la del grupo municipal de IU, de estudiar todas las vías posibles para remunicipalizar el servicio de ayuda a domicilio que actualmente presta, bajo un contrato, la empresa privada CLECE, una de las casi 300 empresas propiedad de Florentino Pérez.
      Ya en el pasado mes de julio, cuando tocó renovar el contrato, Rafael del Castillo declaró que no era la fórmula que a él le gustaba: que una empresa privada se hiciera cargo de la prestación de servicios básicos a la ciudadanía. Pero que, hasta ese momento, no había tenido otra opción y que buscaría alternativas a ello. Los escándalos en torno a esta empresa no son nuevos ni sólo en Córdoba. Valladolid, Cataluña, Cuenca, Coruña, Almería, Navarra, Las Palmas de Gran Canaria, Pontevedra,.. son sólo algunos territorios donde CLECE mantiene problemáticas laborales con sus empleadas y donde se denuncian incumplimientos de contrato.

 

     Desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, los distintos gobiernos, pero muy en particular los españoles, han ido elaborando una serie de leyes para el cumplimiento de los acuerdos que aquél amparaba, suponiendo un enorme catálogo de recortes en la prestación de servicios públicos. Todo bajo la idea alienante de que lo público era nefasto y lo privado fantástico, y que gracias a ello, con la competitividad que se generaba, los ciudadanos ganaríamos en calidad y en precio. Fruto de esta ideología económica, defendida por la derecha y la socialdemocracia europeas, fueron las privatizaciones de sectores básicos y estratégicos, previo saneamiento, eso sí, por parte del Estado. Telefónica, las eléctricas, Iberia, CAMPSA, Tabacalera, Renfe, Correos,… así como un gran número de empresas más pequeñas pero que prestaban sus servicios en base a la universalidad, al servicio público y con condiciones laborales decentes. Recordemos como se nos dijo, entre otras cosas, que los precios ofertados por las compañías, ya privadas, iban a ser bajísimos gracias a la competitividad entre ellas. Como no es el motivo de este escrito, sólo daré un dato: la factura de luz ha subido, en diez años, un 80%, siendo más caro el producto consumido y, sobre todo, la cuota, es decir, lo que vulgarmente llamamos el “gastes o no gastes”. También podríamos hablar del precio de la gasolina, del gas, de los acuerdos en las empresas aéreas o telefónicas a la hora de subir los precios todas por igual, etc., etc.

     Podríamos decir que, en ese camino trazado hacia la privatización total del Estado (salvo lo que es deficitario, que queda en sus manos) el mencionado con las grandes compañías fue un primer paso. Paralelamente se han ido dando los pasos pertinentes a la desmantelación total del sistema de protección pública, sobre todo en lo que a pensiones, cuidados y salud se refiere. Casos en los que la rentabilidad económica es más que lógica para quien lo gestione, pues siempre habrá personas mayores y enfermas. Es más, cada vez hay más mayores y más enfermas. Mínimo riesgo, máxima rentabilidad. Y ahí aparecen los “grandes de España”, bien relacionados, amigos del poder, influyentes,.. Ese tipo de personas que saben estar en el sitio preciso y en el momento preciso, bien acompañados en el palco. Las clínicas privadas crecen por doquier (en Córdoba hay dos más en construcción en estos momentos), los Hogares para personas jubiladas, los planes privados de pensiones, las mutuas de atención sanitaria,,, Todas ellas grandes negocios con futuro.

    La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Pública, de Diciembre de 2013 ha sido el último eslabón en esa cadena. Unida a la modificación del artículo 135 de la Constitución, son gran parte de la culpa de que las administraciones estén atadas de pies y manos para poder prestar los servicios desde lo publico, con el consiguiente riesgo de prevaricar para aquellas personas con cargos de responsabilidad que busquen cómo esquivarlas. Todos aquellos servicios que se prestaban desde la cercanía de los ayuntamientos por éstos, se prohíben, dejándolos en manos de las grandes empresas, quienes pujan por un caballo ganador siempre en ventaja con las pequeñas o las cooperativas de trabajadores.
    Es de pura lógica empresarial, sobre todo en nuestro país, la búsqueda de beneficios. Si una empresa privada tiene que atender a 1000 personas, intentará atenderlas con el mínimo personal posible, trabajando el mayor número de horas posible, teniendo los salarios más bajos posibles, recortando en gastos de material, o de cualquier forma. En otros países, las personas empresarias no tienen esta mentalidad. Pero en España, en su mayoría, sí. Ejemplos tenemos los que queramos. Sin embargo, las cantidades que se otorgan a los contratos sí que son jugosas. Por eso pugnan por ellas. Y, en algunos casos, como en el de las autopistas privadas, esos contratos, firmados por gobiernos e individuos cómplices, si no son rentables, son recompesados con grandes indemnizaciones. ¡Qué pena no hicierámos lo mismo con aquellas personas que por culpa del paro han perdido su casa!¡O con el cooperativista o el pequeño comerciante que no ingresa suficiente por la crisis y las trabas de los grandes distribuidores! La segunda oportunidad existe en España desde hace mucho, pero para las personas poderosas.
   ¿En qué quedamos entonces?¿Vale lo público o no?¿O vale sólo para que el dinero de nuestros impuestos vaya a manos privadas? Por supuesto que desde la gestión pública también se cometen arbitrariedades, pero son muchas menos, más difíciles de cometer y, al menos está en manos también públicas el corregirlas.
    La actitud de Rafael del Castillo es encomiable. Y valiente. Lo que ha hecho, y no es la primera vez, es ir contracorriente. Necesitamos que las personas que representan los llamados “partidos del cambio” tengan esas actitudes. Que luchen por lo público, que luchen por dedicar nuestros recursos a la mayoría de la población, a la gente que lo pasa peor, a ayudar a personas que sufren las leyes antes mencionadas a salir del agujero donde las han metido. Que demuestren que se pueden hacer las cosas de esa forma. Porque para eso se supone que nos dotamos de administraciones públicas. Y que si las leyes de otros se lo impiden, queden al descubierto. Tiene que cundir su ejemplo. Por desgracia, dentro del gobierno municipal de Córdoba no es el modus operandi habitual. Ya se sabe que los compañeros de viaje lastran mucho. Incongruencias de la política. Lo cual hace que tenga aún más mérito la actitud de Rafael.

Rafael del Castillo, delegado de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Córdoba

Por supuesto, ya está montada la campaña de descalificación y de ridiculización hacia Rafael. Ya están los medios cuyos dueños son los mismos que consiguen grandes contratos públicos, diciendo que es un loco. O un radical, como le dijo M.ª Jesús Botella y a la que Rafael contestó perfectamente. Aún no he oído que le llamen bolivariano, pero seguro que ha sido porque no lo he escuchado yo. El lunes, ante la sorpresa eso sí del presentador, oí a un tertuliano de la emisora de radio más escuchada de la ciudad, decir que “qué disparate era esto; que por este camino, hasta los bares iban a ser públicos”. Coincido en que eso sería un escándalo, aunque el ejemplo le quedó tan grotesco como imposible. Pero lo que sí es un escándalo es que la atención a las personas, la sanidad, la educación, la energía, el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, los transportes, estén en manos privadas. Eso sí es un escándalo. Todas estas personas suelen ser defensores a ultranza de la Constitución, la cual dice en su Art. 128 "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". ¡Cumplámosla en esto también!
    Por lo tanto, desde esta modesta tribuna, este modesto ciudadano, ante el planteamiento de Rafael del Castillo de remunicipalizar este servicio (o cualquier otro básico), dice que está de acuerdo, que ¡adelante en el intento!, que pone su hombro en el empeño y que, si no fuera legalmente posible, habrá que plantear desde la sociedad de qué forma se organiza la rebeldía y la desobediencia civiles a las que tenemos derecho todo ser humano, y que tan a menudo emplea la derecha cuando algo no le gusta. Esa es la respuesta que se debe de esperar de las personas afectadas, el no quedarse con las manos cruzadas, el no caer en mentiras y manipulaciones, el empujar a que nuestros y nuestras representantes hagan la parte que le corresponde. Pero, nosotros y nosotras, también la nuestra.