Colectivo Prometeo
FCSM
El Tratado de Maastricht (1992), concebido para fortalecer
los procesos democráticos, promover la cohesión y el desarrollo social y
llegar a una unión política de los países miembros de la Unión Europea
(UE), acabó como fin primordial imponiendo una unión monetaria (el euro)
y un mercado común para facilitar el intercambio de productos.
La implantación del euro en 2002 en países con una gran
desigualdad económica, sin llegar a una previa convergencia, ha
establecido grandes desequilibrios y la ampliación de la brecha
económica entre países ricos y pobres.
Junto a la moneda única, la Unión Económica y Monetaria que
Maastricht impuso, traería para los países miembros una pérdida de
autonomía política y económica. Será la Troika, mediante sus políticas
de austeridad, la que asuma el control e imponga sus dictámenes para el
desarrollo de un régimen salvaje (neoliberalismo) que potencie los
poderes económicos y financieros (mercados) en contra del desarrollo
social de los pueblos. Todas las competencias monetarias pasan al Banco
Central Europeo (BCE), institución autónoma, sin control democrático,
que fiscaliza todo el sistema financiero y bancario de la eurozona. Su
gran objetivo es controlar la inflación y el nivel de precios. Para
ello, impone multas a los países que incumplan, por lo que el refugio de
la derecha y socialdemocracia europea es aplicar recortes en derechos
sociales (sanidad, educación, dependencia, pensiones...), vender
empresas públicas, reformar el mercado laboral (abaratar despidos,
perder derechos, bajar salarios) y abandonar la inversión pública.
La moneda única ha supuesto para los países con economías
más débiles, como España, una subida generalizada de precios y una
carestía de la vida. Con la llegada de la crisis (2008) esta
armonización de los precios, junto a la pérdida de poder adquisitivo
(bajada de salarios), al aumento del paro (hasta el 25%), pérdida de
derechos laborales y sociales (subsidio por desempleo, bajada de días
por despido, contratos basura...), han supuesto un grave problema para
la gran mayoría de los trabajadores y clase media de todos los países,
pero en especial de los más débiles económicamente (Sur de Europa) cuya
población, en un porcentaje muy elevado, ha sufrido y está sufriendo
desahucios, desigualdad, pobreza y exclusión social.
Según Maastricht, el BCE no puede ofrecer dinero
directamente a los estados. Casi se lo regala a la banca privada y esta
se lo presta a los países a altos intereses. Negocio redondo, con fondos
públicos, la banca privada europea (sobre todo la alemana) obtiene
enormes beneficios. En los últimos ocho años, España ha tenido que pagar
más de 200.000 millones de euros en intereses. Si nuestro país
recibiera directamente préstamos del BCE o el Banco de España pudiera
emitir la moneda nos hubiéramos ahorrado esa deuda y se podría haber
utilizado para el mantenimiento y desarrollo de nuestro país sin tener
que recortar el estado del bienestar, ni servicios públicos, ni
pensiones.
En nuestro país, la suspensión, en un porcentaje elevado, de
los préstamos bancarios y la pérdida del poder adquisitivo de una gran
mayoría de población (incluidos clase trabajadora, clase media,
funcionarios y autónomos) ha llevado a una enorme bajada del consumo con
el consiguiente hundimiento de muchas pequeñas y medianas empresas que
se han visto abocadas al cierre.
Es indudable que la estructuración del régimen económico en
la UE está perjudicando seriamente el desarrollo político, social y
económico de España. Para mantener el estatus, con enormes beneficios
para la banca y grandes empresas, el sistema financiero dispone de
voceros y lacayos fieles que difunden las bondades del sistema. Son los
medios de comunicación que juegan un papel clave en ocultación y
manipulación de la verdad sobre lo que realmente ha significado de
negativo la implantación del euro para nuestro país y los partidos
políticos (en España PPSOE) que comulgan con el régimen y obedecen
ciegamente (modificación del art. 135).
Hay partidos y sindicatos, así como analistas políticos y
económicos que defienden la salida del euro, pero esta posibilidad solo
será posible si las naciones y los pueblos más perjudicados se organizan
y actúan conjuntamente. Mientras tanto, los partidos políticos,
sindicatos y colectivos sociales que están en contra de las políticas de
austeridad, deben exigir y poner en práctica medidas tendentes a
mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos. Es
necesario romper con las políticas de recortes que nos imponen desde los
poderes económicos europeos, lo que supone: promover la inversión
pública, restablecer los derechos sociales y laborales sustraídos,
aumentar el salario mínimo y garantizar un mínimo económico que acabe
con la precariedad alimentaria y energética, auditar la deuda pública,
recuperar los salarios, establecer un sistema fiscal progresivo, acabar
con el fraude fiscal y exigir a la banca préstamos a bajo interés que
beneficien a las familias, a los autónomos y que posibiliten el
desarrollo y creación de pymes.
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