Pedro Montes
Economista.
Socialismo21
El
oscurantismo que domina todo el mundo financiero, y en particular en el
sistema bancario por la simple razón de que si se desata el pánico
sobre una institución su hundimiento puede ser casi inmediato
con la retirada masiva de depósitos, impide desentrañar en profundidad
lo ocurrido al banco Popular y la forma en que las autoridades
monetarias europeas (la Junta Única de Resolución del BCE, otro entrega
de soberanía) y españolas han resuelto este nuevo grave incidente.
Todo indica que el banco Popular estaba en quiebra, esto es, el valor de sus activos, unos 150,000 millones de euros, era insuficiente para hacer
frente al volumen de sus pasivos, constituidos fundamentalmente por los
depósitos, unos 115,000 millones de euros, deudas con otras entidades
de crédito, unos 15,000 millones, y los recursos
propios, unos 10,000 millones. Implicado excesivamente en la actividad
inmobiliaria, los créditos fallidos hipotecarios, el susodicho
“ladrillo”, e inversiones exageradas en el suelo, habían degradado de modo continuo su balance.
Nada
nuevo en lo que ha sido la crisis financiera desde que estalló la
crisis de las hipotecas “subprime” en Norteamérica, que arrastró a todo
el sistema financiero internacional y por extensión al sistema
financiero español a un período de enormes convulsiones, cuya superación dista de estar resuelta.
El
banco Popular estaba herido de muerte, su solvencia en entredicho, y de
ahí a desencadenarse una situación de falta de liquidez había un paso
en cuanto la desconfianza de los clientes en la recuperación de los
depósitos se hizo realidad. Un desenlace traumático pero nada novedoso
en lo que representa la cadencia de los acontecimientos de la quiebra de
un banco, en este caso relativamente importante en nuestro país, pues
se trataba de la quinta institución bancaria por su balance.
El
llamado “agujero” resulta de muy difícil precisión, y cabe estimarlo en
unos 17,000 millones de euros si se acepta la solución dada que elimina
de un golpe todo el capital propio de la entidad, que podrían ser unos
10,000 millones el 6 de junio, y exigirá al banco de Santander una
emisión de acciones por unos 7.000 millones de euros para afrontar la
adquisición que ha llevado a cabo.
Datos no desdeñables
y relevantes, pero desde luego nada equiparable a lo que han sido otras
graves crisis de otros bancos desde 2008, cuando la quiebra del banco
de inversiones Lehman Brothers supuso 700.000 millones de dólares. Por
las cantidades implicadas, todo permite pensar que
cabían otras posibilidades de solución, como hubiera sido inyectar
liquidez al banco -recuérdense los 25.000 millones que costó Bankia o el
tratamiento que se pretende dar a otros bancos en dificultades en
Italia-, o distribuir los costes de la quiebra de un modo distinto, como
podría haber sido valorar las acciones del banco Popular por un precio
distinto de cero y matizarlo por tramos de propiedad.
Caben
todas las especulaciones sobre lo que se ha pretendido hacer con el
banco Popular y los intereses que han entrado en juego a la hora de
liquidarlo, que han debido ser muchos por la jugosa depredación. En todo
caso, además, siempre quedaba abierta la oportunidad de que el propio Estado con una intervención decidida se hubiera hecho cargo, con un coste mínimo, de
una parte significativa del sistema crediticio, haciendo realidad lo
que en muchos programas políticos se anuncia de reconstruir una banca
pública. Es tal el retroceso ideológico de la sociedad y de la izquierda
con el neoliberalismo que ni cuando surgen conmociones de este tipo se
recuerda que históricamente la aspiración de una banca pública poderosa
ha sido una reivindicación, incluso una práctica, común en otros tiempos.
Desde luego, el tema del Popular no está cerrado, aunque se pretenda por parte del gobierno darle carpetazo formalmente, por los perjuicios causados a unos 300.000 accionistas, y las irregularidades que de nuevo se han cometido, permitiendo
o facilitando ampliaciones de capital con informaciones falsas sobre la
situación financiera real del banco, incluidos los famosos análisis de
estrés europeos. Las
instituciones reguladoras y de control no sólo es que miran para otro
lado haciendo caso omiso de sus responsabilidades, sino que alimentan
las estafas financieras que se fraguan al amparo de la ignorancia y
opacidad que cubren el mundo financiero.
Crisis pasada o futura
Desde
el punto de vista político general, la cuestión clave que plantea el
caso singular del banco Popular es si se debe inscribir en la estela de
la gran crisis financiera padecida desde 2008 o si, por el contrario, es
un relámpago anunciador de otras peligrosas tormentas por llegar. Mi
opinión es que están pendientes enormes convulsiones y episodios de emergencia, a partir de tener en cuenta la situación de nuestro país como la más general de la situación financiera mundial.
Toda
la seguridad propagandista que emite el gobierno sobre la solidez y
solvencia del sistema financiero queda en entredicho por lo que ha
ocurrido con el Popular, que ya se extiende a otras entidades, como es
el caso de Liberbank. Los datos son imprecisos, pero se sigue
reconociendo que los bancos siguen ocultando en sus balances decenas de
miles de millones de activos tóxicos inmobiliarios, quizás algunos
centenares de miles, que aún
no han digerido a pesar del entramado institucional que se ha creado
para aliviarlos de la carga destructiva que representan.
Por otra parte, todo
el sistema bancario ha gozado en los últimos años de una evolución
excepcional determinada por ser el canal fundamental por el que el
Estado se ha financiado emitiendo cientos de miles de millones de euros
hasta alcanzar la deuda pública el 100% del PIB y por el que el BCE ha
inyectado liquidez a la economía con respaldo de esa deuda. Un circuito
extraño, beneficioso para la banca, generado en un contexto tipos de
interés del BCE mínimos, o nulos, que tarde o temprano tendrá que
acabar. Si la crisis de los bancos ha puesto en jaque al Estado hasta
aquí, será el endeudamiento que ya alcanza el Estado el que ponga en
jaque el equilibrio de los bancos ahora.
Alardear
de que los contribuyentes quedan descargados de los costes de
intervención en el caso del Popular no se compadece con el hecho de que
el Estado ha gastado en el mantenimiento del sistema financiero x
decenas de miles de millones de euros que y es una osadía porque aún no
se sabe cómo acabara esta historia. Por no referirse al endeudamiento
general que padece toda la economía española, incluidos los pasivos
exteriores, por la que se convierte en uno de los países más vulnerables
del mundo.
Convendría no olvidar que al final de 2016, después de 8 años de crisis, quiebras y reajustes financieros, los pasivos
entre las empresas, las instituciones financieras, las Administraciones
Publicas y los Hogares ascendía a 7,8 billones de euros, a los que
sumar otros 2,6 billones de pasivos con el exterior de esos agentes. En
2009, esas cifras eran respectivamente de 7,7 billones y 2,3 billones,
dejando de manifiesto que la carga explosiva del endeudamiento sigue
intacta, e incluso algo más peligrosa por el aumento de los pasivos con
el exterior.
Pero
más importante aún. Destacados y solventes analistas vienen anunciando
la proximidad de otra crisis financiera mundial cuya intensidad, sostienen, superará la que hemos conocido recientemente.
Las
propias instituciones financieras internacionales deslizan sutilmente
su preocupación por la situación existente. Como se sabe, la
práctica de inyectar liquidez en cantidades desorbitadas por parte de
la FED y el BCE ha sido el medio para detener la consecuencia
incontroladas de la crisis.
La liquidez generada ha
detenido su propagación pero al mismo tiempo ha multiplicado los riesgos
de que sobrevengan convulsiones más graves. Si ello ocurre, por los múltiples
factores de inestabilidad existentes, incluidos los políticos, no cabe
pensar que el sistema financiero español quedará indemne, puesto que,
como se ha resaltado, la economía española en términos de su
endeudamiento global no se ha corregido, manteniendo todo el sistema una vulnerabilidad muy elevada.
Después
de todo, se admite que la evolución entre los flujos financieros de la
economía globalizada y los flujos de intercambios reales de bienes y
servicios han cobrado una desproporción
disparatada e insostenible, cualesquiera que sean las comparaciones.
Como la evolución del volumen de los activos y pasivos financieros
mundiales no guarda relación alguna con el crecimiento del PIB real del
mundo. La economía productiva opera dentro una burbuja financiera que
tendrá que desaparecer antes de que el capitalismo pueda normalizarse y
emprender otra fase. Se ha de destruir mucho capital ficticio y
especulativo para sanear economías, pero eso no acaecerá sin grandes
traumas, tensiones y conflictos.
El caso del banco
Popular nos pone un ejemplo perfecto de lo que tendrá que ocurrir: de la
noche a la mañana todos los poseedores de acciones y bonos convertibles
del banco han perdido todo su capital. Generalizar los problemas y
angustias que sufren los afectados por la crisis del Popular nos puede
servir de imagen de lo que está por suceder a otra escala.
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