martes, 19 de septiembre de 2017

Cataluña: La larga lucha por la Renta Garantizada de Ciudadanía

Fuente: Xarxa Socialisme 21

[El pasado Julio fue aprobada en el Parlamento de Cataluña  la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Nuestr@s compañer@s del Front Civic han jugado un papel esencial en el proceso, siendo de hecho la segunda organización que más firmas aportó para que la idea se hiciese realidad.Os dejamos el exhaustivo relato de la exitosa movilización cidadana]
 
   Por fin, la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía se hizo realidad. El pasado 12 de julio el Parlamento de Catalunya votó a favor de la propuesta de ley por unanimidad. El pasado 15 de septiembre se inició el plazo oficial para cursar las solicitudes. La ley se desplegará durante 30,5 meses, hasta alcanzar el 1 de abril de 2020 el máximo de la cuantía de las prestaciones para todas las personas y familias beneficiarias.
    Atrás queda un largo proceso de construcción de una amplia unidad social y ciudadana, de numerosas actividades para ganar la opinión pública a favor de la proposición de ley durante cerca de seis años, superando los obstáculos de todo tipo que puso el gobierno presidido por Artur Mas en la X legislatura, también las dificultades durante el actual gobierno presidido por el Sr. Carles Puigdemont, hasta la apertura de una difícil negociación que finalizó con un acuerdo satisfactorio.
   Todo empezó en agosto de 2011, cuando el gobierno de la Generalitat presidido por Artur Mas, en plena vorágine de recortes sociales, puso la diana contra la población más vulnerable que percibía la Renta Mínima de Inserción, una prestación insuficiente de 423 euros al mes para el titular de la prestación, que se ampliaba con diversos complementos por familiares a cargo hasta un tope de 650 euros al mes.
   Tras una brutal campaña de criminalización de la pobreza, con la excusa del fraude de los más pobres, los consejeros del gobierno de la Generalitat de Bienestar y Familia Sr. Josep Lluis Cleríes y el de Empresa y ocupación Sr. Xavier Mena, impusieron medidas de exclusión y aplicaron una contrarreforma con el decreto ley de 30 de agosto 2011. Este Decreto eliminó el carácter de derecho subjetivo, vinculando el cobro de las prestaciones a la disponibilidad presupuestaria. Un tercio de las 32 000 familias beneficiarias de la RMI quedaron excluidas.
La Asamblea de trabajadores/as en paro de Barcelona, movimiento social que organizó la II marcha contra el paro en Catalunya en octubre de 2010, también apoyó el llamamiento a la manifestación de los indignados del 15 de mayo de 2011, participó en la ocupación de la plaza de Cataluña, estuvo presente en las movilizaciones contra los recortes sociales, y promovió las protestas en pleno mes de agosto, al lado de las personas desposeídas de la RMI, compartiendo su rabia y dolor (Fotos 1 y 2).
   
Foto 1. Concentración delante Palacio Generalitat 18/08/2011
Foto2. Concentración delante Parlament 26/08/2011
   En el contexto estimulante del año de la indignación, organizó la respuesta a este nuevo recorte social pasando a la ofensiva, convocando a entidades sociales, cívicas y políticas a una reunión el 14 de septiembre de 2011 para proponer una Iniciativa legislativa Popular sobre una proposición de ley que desarrollara el artº 24.3 del Estatuto de Autonomía de Catalunya. Dicho artículo establece “que las personas y familias que se encuentren en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establezcan”.  Allí empezó la larga lucha por un derecho social que ampara a la ciudadanía, que protege y empodera a los sectores más vulnerables, a los desposeídos por la crisis del capitalismo, víctimas de los despidos masivos y del recorte de los derechos laborales.
BREVE HISTORIA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR POR UNA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA
Durante más de nueve meses, en el local cedido por Justicia i Pau, en un proceso asambleario, con debate democrático, rigor y fraternidad, se elaboró la proposición de ley de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía (ILP RGC). Ver contenido de la proposición de ley en la web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/files/ley.pdf
El 11 de julio de 2012 con arreglo a las normas que regían las ILP,s, se levantaba acta de la Comisión Promotora de la ILPRGC y se aprobaba el contenido de Ley.  La composición de la Comisión Promotora, a título personal, era un reflejo de la amplia diversidad de entidades sociales, cívicas y políticas que apoyaban (1).
El siguiente paso era presentar en la Mesa del Parlamento de Cataluña la ILP RGC para su admisión a trámite, sin embargo, la convocatoria de elecciones anticipadas obligó a esperar a la celebración de las elecciones el 25 de noviembre de 2012, y que se constituyera la Mesa del nuevo Parlamento.
1.- X Legislatura, superando bloqueos y maniobras parlamentarias
El 25 de enero de 2013 se presenta la ILP de la RGC ante la Mesa del Parlamento recién constituido. Los primeros contactos con la nueva consejería de Bienestar social para tratar del contenido de la ILP enviaron los primeros avisos de las dificultades que nos íbamos a encontrar, especialmente ante el Informe de oposición a la ILP de la RGC que preparaba el gobierno de Artur Mas.
En previsión de tales problemas, se impulsó con el apoyo unitario de organizaciones sindicales y sociales una marcha de personas en paro desde Sant Vicençs dels Horts hasta el Parlamento en apoyo de la ILP RGC para el 28 de febrero (Ver foto 3). 
 Foto 3. Pancarta cabecera de la Marcha 01/03/2013
Esta marcha fue un éxito de participación, resistiendo la lluvia y el granizo que cayó durante el recorrido. Cuando llegó a la entrada del Parlamento, la delegación de la marcha entregó la Carta reivindicativa que incluía la Renta Garantizada de Ciudadanía, a los representantes de los grupos parlamentarios.
El 12 de marzo el Gobierno de la Generalitat registraba ante la Mesa del Parlamento el Informe de oposición a la ILP RGC. Entre los motivos para fundamentar tal oposición destacamos el cálculo del impacto presupuestario de 3.659 millones de euros, cifra deliberadamente exagerada que contrasta con el cálculo realizado por profesores de economía de la Universidad que hicieron una estimación más realista de algo más de 2.000 millones de euros anuales, otra de las consideraciones negativas era la cercanía de la cuantía de la prestación de la RGC con el salario mínimo interprofesional que podía desincentivar la búsqueda activa de empleo, otro de los motivos era que la existencia de la RGC podía estimular el incremento del salario medio de la economía y reducir la competitividad…
Como se puede apreciar, dichos motivos, combinaban el prejuicio ideológico de un gobierno neoliberal conservador que criminalizaba la pobreza, que solo veía vagos entre las gentes sin empleo, junto a una aplicación rigurosa de las políticas de devaluación salarial para salir de la crisis. Esta posición político-ideológica condujo al grupo parlamentario de CiU en el Congreso de Diputados el 8 de marzo de 2012, a votar a favor de la convalidación del Real Decreto-Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral impulsada por el gobierno del PP. Contra-reforma que eliminó importantes derechos laborales y aceleró la destrucción de más de 1 millón de empleos a través del abaratamiento del despido. Dicha contra-reforma, también aumentó la precariedad laboral, facilitó los recortes salariales y extendió la pobreza laboral.
A pesar de la presión ejercida por el Informe de oposición del gobierno, el 13 de marzo la Mesa del Parlamento daba “luz verde” a la tramitación de la ILP RGC. Sin duda, la marcha del movimiento de parados, junto a otras gestiones ante los grupos parlamentarios, tuvieron el efecto deseado.  Pero, la voluntad de bloqueo a la ILP RGC que inspiraba dicho Informe continuó a lo largo de toda la legislatura.
1.1.- La campaña de recogida de firmas culmina con la presentación de la proposición de Ley ante el Pleno del Parlamento el 26 de marzo de 2014
El cinco de abril tiene lugar en centro cívico de Fort Pienc, en una sala abarrotada que dejaron a muchas personas en el exterior, el acto inicial de la campaña de la ILP RGC, con la participación de Ada Colau, de los representantes de la Comisión Promotora Sixte y Diosdado, y las intervenciones de representantes de las diversas entidades que apoyaban (Ver fotos 4 y 5). También se proyectó el video de la campaña (Ver https://www.youtube.com/watch?v=3GDe9VGWAog).
 
 Foto 4. Presentación ILP RGC 6/04/2013  Foto 5. Vista general sala presentación ILP RGC 6/04/2013
Los días 8 y 9 de abril, las 272 personas fedatarias hicieron la correspondiente promesa en el Parlamento. Una vez estuvieron listos y numerados los pliegos, se inició la campaña de recogida de firmas por toda Cataluña, que contó con la colaboración de más de 70 entidades cívicas, sociales y políticas (2), de miles de personas voluntarias. Durante aquellos meses cerca de 50 ayuntamientos aprobaron mociones de apoyo a la ILP RGC (3) y se hicieron numerosos actos de presentación por todas las localidades de Cataluña. Todo ello ayudó a contrarrestar la campaña de prejuicios y tópicos que desarrolló el gobierno contra la ILP RGC. La publicación por la Editorial Icaria del librito “Rescatem les persones” y su amplia distribución, aportó consistencia a la argumentación en favor de la firma a la ILP RGC, venciendo prejuicios y dudas de sectores de la ciudadanía a la hora de recoger su firma.
En la recta final de esta campaña, se organizó una acampada, con huelga de hambre incluida, en la Plaza de Cataluña del 13 a 15 de septiembre. Durante esta acción, se desarrollaron unas jornadas de debate sobre un conjunto de temas sociales, y finalizaron con agradables veladas musicales (Ver fotos 6 y 7).
 
Foto 6. Acampada ayuno Pza Cataluña 13-15/09/2013 Foto 7. Mesa debate acampada-ayuno 15/15/2013
Una vez finalizado el plazo de recogida de firmas, contadas, revisadas y ordenadas en cajas, se entregaron 121.191 firmas (4) para su validación en las oficinas de IDESCAT (Ver foto 8). Fue un primer éxito, se había superado ampliamente el mínimo de 50.000 firmas exigidas para que la proposición de ley iniciase su tramitación y debate en el Parlamento.
Foto 8. Entrega firmas para validar a IDESCAT 25/10/2013
1.2.- Tras las comparecencias y las enmiendas de los grupos parlamentarios, la ponencia finaliza con un nuevo adelanto electoral
Una vez validadas por IDESCAT, las cajas con los pliegos de firmas fueron llevadas a sede parlamentaria para su segunda validación, en este caso, por la comisión de juristas constituida para la ocasión. 
La movilización social en defensa de la ILP RGC no decae y vuelve a la carga con las marchas del movimiento de las asambleas de personas en paro que salen el 22 de febrero desde el Baix Llobregat y que tras recorrer diversas localidades de la provincia de Barcelona llegan al Parlamento el día 27.
Una vez obtenida esta segunda validación, la proposición de ley fue presentada por los representantes de la Comisión Promotora, Sixte Garganté y Diosdado Toledano, en el pleno del Parlament de 26 de marzo 2014 (Ver en Canal Parlament. https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=7016042&p_cp3=7018183).
Ante la previsión de las dificultades y bloqueos que sufriría la tramitación de la ILP RGC, la Comisión Promotora junto a numerosas entidades sociales, cívicas y políticas organiza la “Semana de la dignidad” del 23 al 28 de junio de 2014 en Barcelona. Las diversas e imaginativas acciones que se desarrollaron tuvieron un efecto de sensibilización de la opinión pública sobre la tramitación de la RGC, y culminaron con el Parlamento Ciudadano en la Plaza del Rey, que para la ocasión fue rebautizada como Plaza de la República (Ver fotos 9, 10, 11 y 12).
Foto 9. Pancartas en ayuntamientos 23/06/2014 Foto 10. Concentración oficina UE 25/06/2014


Foto 11. Cadena humana semana dignidad 27/06/2014 Foto 12.  Parlamento ciudadano Plaza del Rey 28/06/2014
Si bien la proposición de ley se tramitó por vía de urgencia, la realidad fue muy distinta. La primera fase de la tramitación consistía en las comparecencias ante la Comisión del Parlamento de una lista de más de 70 personas, integrada por representantes de movimientos sociales, sindicatos, patronal, especialistas, economistas, etc. La primera comparecencia se atrasó más de tres meses hasta el 8 de julio de 2014. Sin duda, la presión de las acciones de la Semana de la Dignidad forzó el inicio de las comparecencias, pero, en la fecha del 6 de marzo de 2015 solo habían comparecido 31 y estaban pendientes de intervenir 44 más….
El 14 de enero de 2015, el presidente de la Generalitat Artur Mas, anunciaba nuevas elecciones anticipadas, con carácter plebiscitario, para el 23 de septiembre. La Legislatura se agotaría antes de agosto. Si la ILPRGC no se aprobaba en esta legislatura, se aplazaría su tramitación a la XI Legislatura.
Ante la evidencia de la táctica filibustera del partido del gobierno, para atrasar la tramitación de la proposición de ley, se impulsó una primera iniciativa de protesta a través de un Manifiesto que denunciaba dicha maniobra. Dicho Manifiesto firmado por 121 intelectuales, artistas, profesores, etc., se presentó el 4 de marzo en rueda de prensa delante del Parlamento, donde también se anunció la celebración del “Forum de alternativas al paro, la pobreza y la desigualdad” los días 24, 25 y 26 de abril en el recinto de la Universidad Pompeu Fabra.
El efecto de la iniciativa de denuncia y el anuncio del Forum cortó radicalmente las maniobras dilatorias. ¡¡En menos de dos semanas, entre el 8 y 21 de abril de 2015 se realizaron 31 comparecencias, y el resto desistió de comparecer!! El 21 de abril cerraban las comparecencias los miembros de la Comisión Promotora Sixte y Diosdado.
Se abre el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas (Ver Tabla comparativa: Anexo I). Solamente ICV-EUiA y la CUP desisten de presentarlas por estar de acuerdo con la proposición de la ILP RGC. El resto presenta enmiendas. Tras finalizar este trámite se inicia la fase de Ponencia, con su constitución oficial el 30 de junio.
El 6 de julio inicia su andadura la III Marcha en Cataluña contra el paro y en defensa de la RGC, tras recorrer varias comarcas y localidades finaliza el 9 de julio en Barcelona ciudad, donde es recibida por la alcaldesa Ada Colau, y concluye delante del Parlamento.
El 23 de julio el Parlamento aprueba por unanimidad la ILP de emergencia habitacional y pobreza energética. Esta ILP, que contó con el apoyo del movimiento de parados de Catalunya, la Alianza contra la pobreza energética, la PAH, el DESC había sido admitida a trámite el 15 de octubre de 2014. Es una evidencia más, de la actitud de bloqueo del gobierno de Artur Mas hacia la ILP RGC.
Tras celebrar colectivamente el éxito de la ILP contra la emergencia habitacional y la pobreza energética, la Comisión Promotora de la ILP RGC se reafirma en su voluntad de defender su tramitación en la próxima legislatura. El 23 de julio en una Declaración firmada por Barcelona en Comú, CUP, EUiA, ICV, Podem, Procés Constituent y PSC, estas organizaciones se comprometen a promover y defender la propuesta de Ley de la RGC, y que sea la primera ley que apruebe el Parlamento surgido de las elecciones del 27 de septiembre.
2.- XI Legislatura
La participación de nuevas coaliciones electorales en las elecciones al Parlamento, Junts pel Si y Catalunya si que es Pot, introduce algunos cambios en la composición del Parlamento en la XI Legislatura.  A diferencia de la anterior, donde CIU y ERC sumaban 71 escaños, la coalición Junts pel Sí solo obtuvo 62 escaños, 9 menos y lejos de la mayoría absoluta. Este cambio en el mapa del Parlamento de Cataluña tendrá importantes consecuencias en la tramitación de la proposición de ley de la RGC.
Al formarse nuevos grupos parlamentarios respecto de la anterior legislatura, se abrió un nuevo plazo para presentación de enmiendas. La enmienda más significativa es la que presenta “Junts pel Si” que expresa una síntesis entre las anteriores enmiendas de CiU y ERC, particularmente sobre el modelo de la RGC. El Grupo Ciudadano,s sustituye el índice estatal IPREM por el IRSC que mejora el cálculo de las prestaciones, y la CUP presenta dos enmiendas. El resto de grupos no modifica sus anteriores enmiendas o introduce ligeras modificaciones que no alteran sustancialmente su posición. El grupo “Catalunya si que es Pot” mantiene su apoyo a la totalidad de la proposición de ley de la ILP RGC.
Sin embargo, la tramitación de la RGC no será un “camino de rosas”. Una primera dificultad aparece en ocasión del Pleno monográfico sobre emergencia social los días 9 y 10 de marzo de 2016.  La resolución presentada por los grupos Cataluña si que es Pot y PSC en apoyo de la Renta Garantizada de Ciudadanía es rechazada al votar negativamente Junts pel Si, PP y la CUP.
Una vez se constituye la ponencia, las enmiendas de Junts pel Sí relativas a la cuantía de las prestaciones económicas (Ver Tabla Anexo II), y la obstinación de dicho grupo en mantenerlas, provocó el alineamiento del resto de grupos entorno a las posiciones defendidas por los representantes de la Comisión Promotora. Sobre esta importante cuestión se alcanzó un acuerdo entre los representantes de la Comisión Promotora y los representantes de Cataluña si que es pot, Ciudadanos, CUP, PP y PSC.
En cambio, sobre el modelo de la RGC, la enmienda de Junts pel Sí, que dividía la Renta Garantizada de Ciudadanía en dos tramos, una Renta Mínima Garantizada sin más condicionamientos, y una Renta de inserción condicionada a suscribir y realizar planes de inclusión social y laboral, abrió un serio debate en el interior de la ponencia al encontrar una predisposición favorable en otros grupos. Sobre esta cuestión, la representación de la Comisión Promotora flexibilizó su posición, admitiendo este segundo tramo con los correspondientes límites y garantías, de modo que no se desvirtuara la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Sobre otros contenidos de la propuesta de ley en la ponencia se produjeron importantes avances y consensos sobre la complementariedad con las prestaciones sociales del estado, los requisitos y condiciones de acceso, sobre la gestión de las solicitudes y el silencio administrativo positivo, etc.
Pero las diferencias sobre las cuantías y la duración de la transitoriedad en la aplicación de la ley, 5 años para Junts pel sí, y 2 años para el resto, bloqueaban la posibilidad de un consenso global.
2.1.- La última etapa: Huelga de hambre en diciembre 2016, negociación y acuerdo con el gobierno
Nuevamente, tuvieron que relanzarse las iniciativas de presión y sensibilización de la opinión pública para superar el bloqueo de los principales contenidos de la proposición de ley. 
El 29 de mayo de 2016 tiene lugar una importante manifestación en Barcelona con el lema “Los derechos no se suspenden: Trabajo digno, derechos sociales y democracia real” donde la reivindicación de apoyo a la RGC tuvo un papel destacado, tanto en el curso de la manifestación, como en el acto final (Ver foto 13).
Dos días más tarde, el 31 de Mayo, se presentaba en un acto público la Declaración firmada por numerosas alcaldesas y alcaldes, entre ellos Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, L´Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Prat de Llobregat, Castelldefels, etc., que denunciaba el incumplimiento de la Vía de Urgencia en la tramitación de la RGC y exigían la aprobación e implementación de la ley en 2016 (Ver foto 14)
Foto 13. Mani “Els Drets NO se suspenen“ 29/05/2016 Foto 14.  Acto con representantes ayuntamientos 31/05/2016
Los efectos positivos de la presión social se expresaron en la votación unánime en el Pleno del Parlamento de Cataluña a la resolución presentada, la cual queda recogida en el apartado VIII.5 sobre lucha contra las desigualdades, que en el punto 79 establece que “El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a hacer efectiva la renta garantizada de ciudadanía durante el 2017, una vez se hayan terminado los trabajos de la ponencia de la proposición de ley correspondiente, y en el punto 80 que “El Parlamento de Cataluña se compromete a adoptar todas las decisiones necesarias para que durante el año 2017 se ponga en marcha de forma efectiva la prestación de la renta garantizada de ciudadanía”.
Sin embargo, en el marco de la ponencia, los avances en el redactado de la propuesta de ley seguían encontrando la oposición del grupo de Junts pel Si en temas fundamentales, como la cuantía de las prestaciones y la transitoriedad.
En los últimos meses del año, el retraso en la presentación del proyecto presupuestario para 2017 disparó todas las alarmas en las organizaciones sociales y en la Comisión Promotora de la RGC. Para presionar en favor de unos presupuestos sociales se convocó una gran manifestación unitaria el 19 de noviembre, la defensa de la Renta Garantizada de Ciudadanía estuvo presente en dicha movilización (Ver foto 15).
Foto 15. Pancarta cabeza de la manifestación “Es pot fer ara” 19/11/2016
Sin embargo, una vez que se registra el proyecto de presupuestos, se constata la inexistencia de partida presupuestaria para la implementación de la RGC en 2017. La voluntad del Parlamento es burlada por el gobierno de Carles Puigdemont, y la implementación de la RGC queda en el aire.
En respuesta, al incumplimiento del gobierno y en defensa de la RGC se realiza una acampada con huelga de hambre en la misma Plaza de Sant Jaume del 18 al 20 de diciembre. A lo largo de esos días se realizan acciones reivindicativas, foros de debate, actuaciones musicales, y se levanta la huelga de hambre el 20 a las 18 horas para marchar hacia el Parlamento en una manifestación que confluía con la convocatoria de la Marea Pensionista (Ver fotos 16 y 17). La llegada al Parlamento coincidió con el debate en el Pleno sobre el proyecto de presupuestos, y la gran mayoría de grupos parlamentarios aprovechó la ocasión para exigir la incorporación de la correspondiente partida presupuestaria para aplicar la RGC en 2017
Foto 16. Presentación ayuno Pza. Sant Jaume 18/12/2016 Foto 17. Manifestación final ayuno 20/12/2016
Esta importante movilización, y el riesgo del gobierno de quedar en minoría sobre la proposición de ley de la RGC, abrió la vía para una negociación entre la representación del gobierno de la Generalitat y los representantes de la Comisión Promotora con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre los aspectos esenciales de la proposición de ley. Esta primera reunión de negociación se produjo el 19 de enero de 2017.
Las características de una proposición de ley a través de una Iniciativa Legislativa Popular confieren a la Comisión Promotora y sus representantes un papel decisivo en su tramitación, que tienen la capacidad legal de retirar la proposición de Ley si estiman que esta puede quedar desnaturalizada en su votación final.
Una vez se inició la negociación, consciente de las dificultades que habría que superar, la Comisión Promotora siempre mantuvo una relación de transparencia con los grupos parlamentarios en la ponencia con los cuales había articulado acuerdos, particularmente sobre las cuantías de la RGC. Reuniéndose con todos ellos, juntos o por separado, informando y escuchando sus opiniones, buscando siempre su apoyo y complicidad.
En la negociación, participó en representación del gobierno de la Generalitat la Consejera del Departamento de Trabajo, asuntos sociales y familias, Sra. Dolors Bassa, acompañada por su equipo más próximo, y por la Comisión Promotora sus representantes Sixte Garganté y Diosdado Toledano, a cuyo equipo negociador se incorporó Nuria Carrera Decana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña.
A lo largo de cuatro meses se sucedieron 13 reuniones de negociación. En estas, se produjeron avances, retrocesos, bloqueos y desbloqueos sobre los diferentes aspectos del contenido de la proposición de ley: Cuantías de la prestación, compatibilidad con las rentas de trabajo a tiempo parcial cuyos ingresos fueran inferiores a los 664 euros/mes del IRSC, sobre la complementariedad con las prestaciones sociales del estado, los plazos de respuesta de la administración a las solicitudes, y sobre los efectos del silencio administrativo, etc.
Esta negociación fue supervisada por la Comisión Promotora, y estuvo acompañada de numerosas reuniones informativas y de consulta con las principales entidades que daban apoyo a la RGC, y con los grupos parlamentarios.
Un nuevo desencuentro bloqueó la negociación al oponerse la representación del gobierno a la compatibilidad de la RGC con las rentas de trabajo a tiempo parcial. En respuesta a la actitud del gobierno se realizaron importantes declaraciones firmadas por la totalidad de los principales sindicatos, por el ámbito de Cáritas, Manos Unidas, Justicia i Pau, etc., y por gran parte del movimiento feminista. Dichas iniciativas sirvieron para desbloquear esta cuestión, aunque no se pudo alcanzar plenamente el objetivo. La negociación estuvo al borde de la ruptura, pero finalmente se encontró un punto de consenso al fijar la meta de la generalización de la compatibilidad con las rentas de trabajo a tiempo parcial en la proposición de ley, pero sin marcar un plazo.
Una vez alcanzado el preacuerdo en la reunión de negociación de 10 de mayo, y superar los últimos escollos en su redacción, la Comisión Promotora reunida los días 11 y 12 de mayo, tras recibir la información, realizar las oportunas aclaraciones y valorar los términos del preacuerdo, decidió por unanimidad validarlo. 
El lunes 15 de mayo se rubricaba el Documento de acuerdo entre la representación del gobierno y de la Comisión Promotora, al finalizar el acto informativo ante los medios de comunicación y numerosas entidades sociales, económicas, cívicas y políticas (Ver fotos 18 y 19 y Comunicado sobre el acuerdo firmado: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/354-firma-acuerdo-renda-garantida-de-ciutadania-15-de-mayo-2017).
Foto 18. Firma del acuerdo de la RGC 15/05/2017 Foto 19. Foto colectiva tras rueda prensa 15/05/2017
A partir de la firma del acuerdo se trabajó en la redacción de la proposición de ley entre los representantes del gobierno y de la Comisión Promotora para ubicar, en el documento redactado por la ponencia sobre el conjunto de la proposición de ley, los términos del acuerdo.  Al mismo tiempo, en la Ponencia se siguió trabajando para consensuar los últimos detalles y finalizar dicho redactado.
En plena recta final de la redacción de la proposición de ley de la RGC, la representación del gobierno reabrió varios problemas que afectaban a temas importantes del acuerdo: sobre la complementariedad con las prestaciones sociales del estado a las que la representación del gobierno de la Generalitat quería disminuir en 150 euros mensuales, y el artº 25 sobre el efecto positivo del silencio administrativo que, además, contaba con el apoyo unánime de la ponencia, y que el gobierno quería hacer retroceder al  silencio negativo. 
Ante este último escollo, que podía hacer dinamitar el acuerdo, se realizaron gestiones a nivel de la Consejería del Departamento de trabajo, asuntos sociales y familias, al mismo tiempo se daban los pasos para realizar de inmediato una huelga de hambre con carácter indefinido. 
Pero, no fue necesaria. El sentido de responsabilidad se impuso en el gobierno, con una fórmula donde el grupo parlamentario Junts pel Si se abstendría en esos dos puntos, pero votaría finalmente a favor del conjunto de la proposición de ley.
En la reunión de la Ponencia de 20 de junio se finaliza la redacción de la proposición de ley, y se acuerda por consenso el pre-dictamen. Este, queda listo, para su traslado a la reunión de la Comisión de Trabajo que ha de tomar la última decisión al respecto, y presentarlo en el Pleno del Parlamento para su debate y votación.
Reunida la Comisión de Trabajo el 28 de junio, presidida por el Sr. Bernat Solé, con la presencia de representantes de todos los grupos parlamentarios, y del representante de la Comisión Promotora Diosdado Toledano en calidad de invitado, al no presentarse ninguna enmienda ni texto alternativo al Dictamen de la ley de la RGC, se pasa a votación, con un resultado positivo por unanimidad.
El 12 de julio por la tarde, en sesión plenaria del Parlamento de Cataluña, ante más de un centenar de personas invitadas que representaban un amplio abanico de entidades sociales, cívicas y políticas, así como de personas colaboradoras con la ILP, los representantes de la Comisión Promotora Diosdado Toledano y Sixte Garganté presentan la proposición de ley en sendos discursos:
Lectura intervención de Sixte: http://www.rendagarantidaciutadana.net/
Acto seguido, intervienen los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, y finalmente se somete a votación, siendo aprobada la proposición de Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía por unanimidad (Ver Canal Parlament: https://www.parlament.cat/
Es un día histórico para la ciudadanía de Catalunya, especialmente para su población más vulnerable. Un largo aplauso de los diputados y diputadas puestos en pie, dirigiéndose hacia la tribuna, en plena fusión de alegría y aplausos con las personas invitadas, cierra un día memorable tras cerca de seis años, de esfuerzos y perseverancia, para hacer realidad un gran derecho social (Ver fotos 20 y 21). 
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Foto 20. Aplausos a la tribuna de invitados tras aprobarse por unanimidad la ley de la RGC 12/07/2017


       Foto 21. Foto de cortesía en la escalinata del Parlament de Cataluña al final de la sesión 12/07/2017
Ver ley Renta Garantizada de Ciudadanía:
http://dogc.gencat.cat/es/Ver DOGC núm. 7418 (24/07/2017). Seleccionar: Ley 14-2017_20Juliol_RGC_cast.pdf
3.- ¿Qué establece la ley, cual es la población beneficiaria, cuánto cuesta?
De manera resumida, la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, establece un derecho subjetivo para las personas y familias que no tienen ingresos, o son inferiores al IRSC, en los porcentajes establecidos a lo largo de la transitoriedad que se inicia el 15 de septiembre de 2017 con el 85% del IRSC para la primera persona, y finaliza el 1 de abril 2020 con el 100% del IRSC para esta, o el tope del 182% del IRSC en el caso de una unidad familiar o de convivencia de cinco miembros. Var Tabla:
Tabla transitoriedad cuantías prestaciones de la Ley Renta Garantizada de Ciudadanía:

La Prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía consta de dos tramos, uno de carácter incondicional (salvo la obligación de no rechazar una oferta de trabajo adecuada) y un tramo de 150 euros/mes vinculado a suscribir y realizar planes de inserción social y/o laboral. La totalidad de la prestación se percibe desde el inicio. La realización del plan de inserción social /laboral solo es exigible a una persona de la unidad familiar o de convivencia. Es evaluable y revisable anualmente por los servicios correspondientes de la administración.
La prestación de la RGC es compatible con las rentas de trabajo a tiempo parcial inferiores al IRSC (en su porcentaje anual durante los años de transitoriedad) y se inicia con las familias monoparentales con hijos a cargo a partir del 15 de septiembre 2017. Posteriormente, de manera progresiva, se generalizará dicha compatibilidad a todas las personas o unidades familiares que tengan contrato a tiempo parcial y cuyo salario sea inferior al IRSC.
Las personas y familias que soliciten la RGC deberán demostrar que no tienen ingresos, o son inferiores al IRSC, seis meses antes de la solicitud. Tras la correspondiente resolución positiva de la administración, sus efectos económicos serán desde la fecha de la solicitud.
La Ley de la RGC establece en la Disposición adicional tercera, su carácter de prestación complementaria a las ayudas, pensiones y prestaciones estatales: Pensiones no contributivas de jubilación, invalidez, pensiones de viudedad, pensiones del SOVI, prestaciones y subsidios de paro, RAI, Plan Prepara, etc.
Una vez hecha la solicitud, la administración tendrá cuatro meses para dictar la Resolución (cinco meses en la fase inicial). El silencio administrativo a la solicitud tendrá efecto positivo, salvo en la tramitación de los complementos de pensiones no contributivas que se rigen por la ley 13/2006.
Las personas y familias que en la actualidad perciben la Renta Mínima de Inserción (PIRMI), y quienes ya perciben una pensión contributiva con complemento, pasan automáticamente a recibir las cuantías de las prestaciones de la RGC.
Se establece el derecho de las personas refugiadas a la RGC en los términos que establece la ley.
3.1.- Población potencialmente beneficiaría de la Renta Garantizada de Ciudadanía
El requisito general para percibir la RGC, no disponer de ingresos o en cantidad inferior al IRSC permite hacer estimaciones sobre la población potencialmente beneficiaria.
Para hacer dichas estimaciones hay que tener en cuenta los datos de la pobreza en Cataluña:
Según el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), en su informe de 2017, el 6,7% de la población en Cataluña sufre privación material severa, y el 19,9% se encuentra en riesgo de pobreza.
Si tenemos en cuenta el informe de Save The Children (con datos de 2015), la pobreza infantil severa se ha incrementado en Cataluña hasta alcanzar la cifra de 261.970 niños y niñas. Se considera situación de pobreza severa, cuando las personas o familias tienen ingresos inferiores a 6.444 euros anuales, o el 40% de la mediana del conjunto de rentas.
Según datos denunciados por la Mesa de entidades del Tercer Sector Social en abril de 2017, más de 90.000 hogares no disponían de ingresos, y 170.000 familias tenían todos sus miembros en paro.
Según la última Encuesta de Calidad de vida 192.000 hogares en Cataluña se vieron obligados a recurrir a entidades sociales, amigos o familiares, para acceder a bienes básicos como comida o ropa.
En el informe de CCOO publicado en 2017 “Una aproximación a la pobreza en el trabajo” la cifra de hogares sin ingresos laborales es de 196.396 (+58,8% respecto a 2008), y la tasa de desempleo sin cobertura de prestación de desempleo o subsidio alcanza el 69,9%, lo que refleja la gravedad de la cronificación de la pobreza entre las personas desempleadas.
Los contratos a tiempo parcial en Cataluña supera la cifra de 400.000, donde más del 70% son mujeres, y un importante porcentaje de dichos contratos tienen ingresos laborales inferiores al IRSC.
El número de pensiones no contributivas con ingresos medios inferiores al IRSC es de 32.127 personas en abril 2017, la cifra de pensiones de invalidez es de 26.543, las pensiones de viudedad con ingresos inferiores al 100% IRSC es de 36.660 , de las cuales 3700 al 85% del IRSC, el número de pensiones del SOVI es de 6.124, la cifra de subsidios de paro es de 24.085, de Renta Activa de Inserción 4.657, y aquellas prestaciones de desempleo contributivas para trabajadores que perdieron el contrato a tiempo parcial, con cantidades inferiores al IRSC. Si sumamos estos colectivos la cifra de la población que podría tener derecho al complemento de la RGC podría superar las 100.000 personas.
En diciembre de 2016 los expedientes de la Renta Mínima de Inserción superaban la cifra de 29.000, con 72.553 personas beneficiarias (las cuales pasarán automáticamente a percibir la RGC).
Este conjunto de datos y referencias, sumando las poblaciones que no tienen ingresos, o son inferiores al IRSC, con las debidas correcciones en función de los requisitos exigidos en la ley, permiten hacer a una estimación de las personas que potencialmente pueden beneficiarse de la RGC o de sus complementos, en varios cientos de miles.
3.2.- La RGC: ¿Gasto o inversión social?
El debate sobre el coste económico de la Renta Garantizada de Ciudadanía ha discurrido por todo el proceso de la tramitación de esta Iniciativa Legislativa popular.
La Renta Garantizada de Ciudadanía no puede valorarse como un simple gasto económico, es también una inversión social de gran impacto en el bienestar de la población más vulnerable. Al reducirse los efectos negativos de la pobreza sobre la salud, la educación, el consumo, se produce un ahorro de futuros gastos en salud, etc., y se estimula la demanda de productos básicos que mejoran el estado general de la economía.
La cuantía económica de la RGC ha tenido cálculos dispares desde su inicio. Mientras el gobierno estimaba la aplicación original de la ILP RGC en 3.659 millones de euros, el profesor Jordi Arcarons con los datos del paro registrado en Cataluña de 646.956 personas en diciembre 2012, así como de posibles personas beneficiarias, estimaba el coste económico de su implantación en 2.027 millones de euros anuales, equivalentes al 0.97% del PIB de 2012 y el 5,47% del presupuesto del sector público en Cataluña.
Conforme avanzaron los trabajos de la ponencia se produjeron nuevos estudios que dieron lugar a nuevas estimaciones. Dichos estudios realizados por profesores y economistas de reconocida solvencia recalcularon el coste de la RGC, teniendo en cuenta las modificaciones sobre el contenido del proyecto inicial de la ILP RGC, al pasar la prestación de la segunda persona del 70% al 50% del IRSC, etc., así como los microdatos de la Encuesta de condiciones de vida de 2015 (sobre los ingresos de 2014). Este nuevo cálculo dió un resultado estimativo de 1.436 millones de euros anuales.
De momento, tenemos algunos datos de partida, el coste en 2016 de aplicación de la RMI fue de 173 millones de euros (ver: http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_proteccio_social/)
Una nueva estimación del coste, que tenga en cuenta el contenido de la ley, la cuantía de las prestaciones y su transitoriedad, y los datos actualizados de las condiciones de desempleo y de vida de la población, está pendiente.
Este conjunto de datos, serán modificados, a mejor o a peor, en función de la evolución de la actividad económica y de las políticas que se impulsen para crear empleo. El dato preocupante de la cronificación de la pobreza entre las personas mayores de 50 años, donde quedan excluidos en su gran mayoría de la posibilidad de encontrar trabajo, debe ser considerado en la estimación del coste económico de la RGC.
En cualquier caso, el gobierno de la Generalitat deberá proveer los recursos económicos necesarios para la implementación de la RGC entre la población que tiene derecho a percibir dicha prestación. Su carácter de derecho subjetivo, y por tanto no condicionado a disponibilidad presupuestaria, así lo establece.
4.- ¿Cómo ha sido posible conseguir este derecho social histórico en Cataluña?
La historia abreviada de la lucha para conseguir la aprobación de la Ley de la RGC muestra las dificultades y obstáculos que han debido superarse.
Esta Iniciativa Legislativa Popular se impulsa en plena ofensiva de las políticas neoliberales de ajuste y austeridad impuestas por las instituciones de la Unión Europea, la Comisión Europea, el BCE y el Eurogrupo. Estas políticas, compartidas por los gobiernos del estado español y Cataluña, tenían como objetivo garantizar el retorno de la deuda exterior, para lo cual había que reducir a toda costa el déficit público, e incrementar las exportaciones para corregir el déficit de la balanza de pagos a través de medidas que impusieran la devaluación salarial.
La contra-reforma de la Constitución española con el artº 135, los tratados europeos de estabilidad presupuestaria, las contra-reformas laborales y de pensiones, los recortes en salud y educación, el Decreto-Ley de la Renta Mínima de Inserción en Cataluña, eran la concreción de las políticas neoliberales imperantes. El presidente de la Generalitat Artur Mas y su gobierno defendieron y justificaron sin pudor dichas políticas.
La Iniciativa Legislativa Popular de la RGC chocaba de plano con esa orientación dominante. En efecto, si se garantizaba los mínimos de una vida digna a las personas, la clase trabajadora podía afrontar en mejores condiciones la defensa de sus condiciones laborales. El temor, a quedar sin ingresos y recursos en un desierto de oferta de trabajo, tras agotar las prestaciones y subsidios en el caso de despido en el conflicto laboral, quedaba en gran parte neutralizado al disponer de un derecho social que aseguraba un mínimo para vivir.
El Informe de oposición del gobierno de Artur Mas a la ILP RGC expresaba su contrariedad ante un derecho social que choca con su apuesta neoliberal.  La campaña gubernamental y conservadora contra la ILP RGC, incidía perversamente con sus prejuicios, tópicos y mentiras sobre la opinión pública.
Una de ellas, era la confusión interesada del gobierno entre la Renta Garantizada de Ciudadanía y la Renta básica universal incondicional (RBU), difundiendo que se pagaría una Renta a quien no quisiera trabajar, cuando la ILP RGC  establecía como obligación del titular de la prestación de la RGC en su artº 9, apartado e) “no rechazar una oferta de trabajo adecuada, que habrá de adecuase a la profesión y a las titulaciones académicas o profesionales del titular de la RGC, y tendrá que respetar su dignidad, siempre que la retribución no se vea reducida como consecuencia de los gastos en movilidad o de otra naturaleza que supongan la aceptación de la oferta de trabajo”.
4.1.- Algunas reflexiones y conclusiones sobre la victoria de la RGC
La ILP de la RGC se inspiró en su inicio en la Renta de Garantía de ingresos del País Vasco. Si consideramos la cuantía de las prestaciones que son equiparables (en Cataluña hay otras ayudas sociales finalistas, algunas de las cuales serán compatibles y no computables) podemos concluir que la RGC significa un gran paso social, y será un gran estímulo para mejorar las políticas de Rentas Mínimas (básicas, garantizadas, etc.) en el conjunto de comunidades del estado español. Ver último Informe sobre Rentas mínimas de Inserción publicado por EAPN (5).
- La RGC ha sido posible, porque el contenido de la proposición de ley que desarrollaba un derecho reconocido en el Estatuto de autonomía ha permitido construir un amplísimo consenso social y desmontar las campañas negativas del gobierno. Otras ILP,s sobre proyectos que no concitaron tal grado de consenso, en la UE y en el estado español, terminaron en sendos fracasos.
- La elección del Indicador de Renta de Suficiencia en Cataluña (664 euros/mes) para establecer la prestación de la RGC fue un acierto en el proceso inicial de elaboración del contenido de la ILP. El escaso salario mínimo interprofesional, 641 euros/mes por 14 pagas en 2012, era una barrera que la prestación de la RGC no podía superar, ya que no hubiera sido comprendido socialmente, con el riesgo de abocar al aislamiento y fracaso de la propia ILP.
- La construcción sistemática de una amplia unidad, de organizaciones sociales, cívicas, municipales. Incorporando el apoyo y complicidad de numerosos ayuntamientos, ha sido fundamental.
- El funcionamiento por consenso y fraternal de la Comisión Promotora, asegurando un protagonismo colectivo, y la labor de relaciones y consultas con las principales entidades, ha sido decisiva para fortalecer la unidad en los momentos decisivos, especialmente durante la última fase de negociación.
- El papel del conjunto de acciones de movilización, desde las marchas del movimiento de parados, a las huelgas de hambre, pasando por la realización de foros de debate, etc., ha facilitado mantener encendida la antorcha de esta lucha, superando el lógico cansancio, incorporando nuevas gentes, hasta llegar a la Meta de una auténtica Maratón social.
- Esta Iniciativa legislativa popular, demuestra que se puede ir más allá de lo que refleja la matemática parlamentaria. En efecto, si consideramos las diversas enmiendas de los grupos parlamentarios a la proposición de ley de la ILP sobre la cuantía de las prestaciones económicas, podemos apreciar que la mayoría de ellos defendían cantidades que han sido superadas en el trabajo de la ponencia y la negociación. En este sentido, el papel de la participación de la ciudadanía a través de instrumentos con evidentes limitaciones como es el caso de las ILP,s,  ha demostrado su potencialidad.
4.2.- Construyendo un amplio compromiso social en defensa de la Ley de la Renta garantizada de Ciudadanía
En el sistema capitalista, ningún derecho está garantizado indefinidamente. Es una lección fundamental que nos ofrece la historia, y que hemos podido comprobar en estos años de crisis económica. Las políticas de ajuste y austeridad no han sido superadas, la deuda privada del estado español y Cataluña con el exterior no deja de crecer, la balanza de pagos sigue acumulando déficit, y cualquier suceso que haga explotar las nuevas burbujas financieras, puede ser el inicio de un nuevo ciclo recesivo. En ese caso, las maniobras del sistema para imponer nuevos recortes estarán al orden del día.
De modo, que estar alerta y consolidar una amplia unidad social es una condición imprescindible para defender todo derecho y conquista social.
Sin esperar, a que aparezcan nuevas tormentas económicas, la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía debe ser defendida desde el día siguiente de su aprobación, tanto para su plena implementación a los largo de los 30,5 meses de transitoriedad, como para responder a las diversos problemas que pueden aparecer en su aplicación, para afrontar al peligro de interpretaciones gubernamentales de la ley en un sentido restrictivo que pueden materializarse en la elaboración del reglamento, o a futuras amenazas de todo tipo.
Además, la perspectiva de incremento del Índice de Precios de Consumos (IPC), hace necesaria la actualización periódica de las prestaciones de la RGC. Para empezar, la actualización del propio IRSC que está congelado desde 2010.
Con el objetivo de consolidar la amplia alianza cívica, social y política para defender la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía se celebró el 14 de julio en Barcelona un Acto de reconocimiento y compromiso, donde 74 organizaciones sociales, cívicas, sindicales y políticas suscribían públicamente los siguientes compromisos:
1.- La implementación de la totalidad de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, y en consecuencia, la generalización de la compatibilidad con las rentas de trabajo a tiempo parcial cuyos ingresos sean inferiores al IRSC.
2.- Promover la actualización en el plazo más breve posible del IRSC, el cual está congelado desde 2010.
3.- Informar a la ciudadanía para que todas las personas y familias que tienen derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía puedan solicitarla.
4.- Defender la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía frente a cualquier amenaza o recorte en el futuro.
Ver acto de celebración y compromiso: https://www.youtube.com/watch?v=FQTJ9Dea37A

Conclusión: La acción contra la pobreza y para asegurar el mínimo vital de personas y familias que facilite su empoderamiento, dispone de un buen instrumento en Cataluña. Pero debemos seguir luchando por la superación las causas de la pobreza y desigualdad.
Durante estos seis años, en actos informativos y de debate, hemos explicado que la primera reivindicación de la Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as  en paro de Cataluña es  el pleno empleo, con trabajo estable y digno, que para hacerlo efectivo debe repartirse la riqueza y el trabajo avanzando hacia la semana laboral de 30 horas sin disminución de salario, que hay que derogar las reformas laborales que han destruido empleo, eliminado derechos, con la finalidad de imponer los bajos salarios y la pobreza laboral, que debe incrementarse el salario mínimo a 1200 euros mensuales, pero que mientras dichos objetivos no se consigan, el estado debía garantizar una prestación suficiente para vivir a todas las personas que carezcan de ingresos, o bien sean inferiores al IRSC.
Ante las especulaciones de quienes justifican en los avances de la robótica la imposibilidad del pleno empleo, y defienden otras medidas que conducen a una sociedad dual, donde la desigualdad impere y los más ricos sigan enriqueciéndose, debemos recuperar las reivindicaciones y tareas históricas del movimiento obrero, de superar un sistema económico injusto y violento, y avanzar hacia una sociedad libre de explotación de los seres humanos, donde estén garantizados los derechos sociales, con igualdad, democracia, paz y solidaridad.
Barcelona, septiembre 2017
Diosdado Toledano González
Notas:
(1)   Relación miembros Comisión Promotora constituida el 11 de julio 2012: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/miembros-comision
(2)   Relación entidades adheridas a la ILP RGC:
(3)   Relación de los 52 ayuntamientos más el Consell General Vall d’Aran que aprobaron mociones de apoyo a la ILP RGC:
Abrera, Argentona, Badalona, Badia del Vallès, Banyeres del Penedès, Barberá del Vallés, Blanes, Cambrils, Cardedeu, Castelldefels, Castelló d’Empuries, Celrà, Cerdanyola del Vallès, Consell General Vall d’Aran, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Girona, Igualada, La Llagosta, L’Hospitalet del Llobregat, La Sénia, Les Franqueses del Vallés, Lleida, Manlleu, Molins de Rei, Mollet, Montcada i Reixach, Olesa de Montserrat, Palau Solità i Plegamans, Piera, Polinyá, Prat de Llobregat, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Adrià del Besós, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Fruitós del Bages, Santa Coloma de Farners, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpetua de la Moguda, Tarragona, Terrassa, Vic, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Mar. Declaració de SUPORT Institucional: Barcelona
Distribución de la recogida de firmas según entidades y personas

(1)   Tabla comparativa Rentas mínimas en España. Informe 2015.
(Este informe no recoge los cambios más recientes, particularmente en País Valencià, donde el anteproyecto de ley de la nueva Renta valenciana de Inclusión, aprobado por el Pleno del Consell en marzo 2017, establece para una persona 532 e/mes, pero en caso de renunciar voluntariamente al plan de inserción social se reduce hasta 266 e/mes)









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