La independencia judicial ¿en entredicho?

Jens Galschiot: Justitia

Juan García Ballesteros
Colectivo Prometeo /FCSM

    El artículo 117 de la Constitución dice que:“La justicia emana del pueblo, se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.Si analizamos el texto muchos de los contenidos que recoge son papel mojado en la aplicación de la justicia.

“Emana del pueblo”, sin embargo,lo que sería posible, que en votaciones democráticas se eligieran a las distintas instituciones de la justicia, no es verdad. Son los partidos políticos los que eligen, por tanto controlan, las distintas instituciones judiciales. Con este sistema, está claro que el pueblo español no está representado, sino los intereses, en bastantes jueces y magistrados, de los grupos políticos mayoritarios. Veamos cómo se distribuyen ese poder:
-El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de veintiún miembros, diez son elegidos por el Congreso y diez por el Senado y su Presidente es el Presidente del Tribunal Supremo.
-El Tribunal Supremo: tiene un número indeterminado de Magistrados. Son nombrados por el rey a propuesta del CGPJ.
-ElTribunal Constitucional: tiene12 miembros de los que 10 son elegidos directamente por el poder político y otros 2 por el CGPJ.



Queda claro que, aunque con honrosas excepciones, los nombrados a dedo por los partidos (los mayoritarios controlan), lógicamente busca no al mejor preparado, al más profesional, sino a aquel que defienda mejor sus intereses partidarios. Basta leer algunos dictámenes judiciales para saber que esconden las sentencias y a quién benefician. Aquí queda en entredicho lo que recoge el artículo 117 “independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
     A lo largo de las diferentes legislaturas hemos comprobado como el Fiscal General del Estado, elegido directamente por el Gobierno de turno, controla a bastantes fiscales que obedeciendo las instrucciones de su jefe se han comportado, en ocasiones, como defensores de los acusados cuando éstos pertenece a un estatus político cercano al Gobierno, a la monarquía o al poder económico.
   Para esclarecer esta influencia decisiva del poder político en las decisiones judiciales voy poner algunos ejemplos:
-La Vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, el pasado mes de Diciembre lanzó un discurso alardeando que el PP había descabezado a ERC y Junts per Catalunya Esta señora se convirtió en juez y apartó a políticos elegidos democráticamente antes que ningún juez lo hiciera. Después el juez Llarena le hizo caso y metió en la cárcel a los máximos responsables de ambos partidos con una resolución y argumentación plagada de suposiciones y valoraciones personales.
-El Ministro de Justicia, Rafael Catalá (reprobado por el Congreso), ante las multitudinarias manifestaciones en contra de la sentencia a La Manada, al igual que ha hecho el Gobierno del PP cuando la reivindicación de derechos sale masivamente a la calle (Igualdad y derechos de la Mujer, Pensionistas), ha salido para aprovechar la coyuntura y sumarse a la ola de indignación. El Sr. Catalá ha censurado el voto de absolución de uno de los jueces, afirmando que “tiene algún problema singular”. Grave error, pues un ministro nunca debe dudar públicamente de la capacidad de un juez.   Sin embargo,no ha criticadola sentencia (sólo por abusos sexuales), auténtica barbaridad que refleja el talante de determinados jueces, Ante esta metedura de pata, las asociaciones de jueces y fiscales han pedido la dimisión del ministro, pero ¿han levantado su voz estas asociaciones ante los casos de personas enjuiciadas, y algunas condenadas, que acogiéndose al derecho constitucional de “libertad de expresión”, han manifestado públicamente críticas a las barbaridades que se están cometiendo desde el Gobierno contra los trabajadores, las mujeres, los pensionistas, los jóvenes y la ciudadanía más desfavorecida?
   -Mientras se condena a años de cárcel, como he recogido, a personas pacíficas por ejercer el derecho a la libertad de expresión o de manifestación, determinados jueces, aplicando la represora ley Mordaza que intenta acabar con las críticas y oposición a las desastrosas políticas del Gobierno, utilizan distinto rasero para hacer justicia. La extrema derechavalenciana tiene un largo historial de crímenes (asesinato de Guillén Agulló en 1993) y ataques gravísimos contra ciudadanos, políticos e instituciones. Sin embargo, en un solo caso ha sido condenado un asesino y de todas las tropelías que han cometido han quedado absueltos. Tampoco ha visto delito el juzgado nº 42 de Madrid y archivado la causa ante los gravísimos insultos (desearle la muerte, vejestorio despreciable, comentarios racistas y otras lindezas), que policías municipales de Madrid(funcionarios públicos que deben respeto a las personas y a la institución a la que pertenecen) hicieron contra su alcaldesa, Manuela Carmena ¿Qué hubiera ocurrido si esos WhatsApp los hacen públicos otros ciudadanos? Posiblemente hubiera habido otra sentencia ¿Tendrá algo que ver en la sentencia de La Manada que entre los encausados hay un guardia civil y un soldado profesional?
   La justicia en nuestro país está en entredicho (barómetro de confianza institucional 7-4-13).Los ciudadanos cada vez confían menos en ella y su indignación crece ante determinadas decisiones judiciales que difícilmente se pueden entender en un estado democrático y de derecho. Y no les falta razón.
   El reparto político del CGPJ, cuya función es garantizar la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado, “condiciona su independencia y lleva aparejado que este organismo judicial sea correa de transmisión política. No hay separación de poderes”, como explicó José Antonio Martín Pallín, exfiscal del Tribunal Supremo y Magistrado Emérito del mismo, en su conferencia del pasado 15 de Febrero en Córdoba sobre “La justicia en la Transición”.
    Esto mismo es lo que manifiesta una Asociación de Juristas que defienden los derechos civiles y que han presentado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo una acusación por un presunto delito de prevaricación contra la cúpula judicial del CGPJ por afinidad política con el PP, favoreciendo los casos de corrupción que le afectan y, por tanto, falta de independencia en sus actuaciones (Kaos en la Red, 3-5-18).
   También el Consejo de Europa (formado por 47 estados), cuya función principal es la defensa y protección del Estado de Derecho y los DDHH, ha llamado la atención al Gobierno de Rajoy por la falta de independencia judicial en España. El Presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (perteneciente al Consejo de Europa), MarinMrčela, critica esta falta de independencia y ha señalado que “lo que queremos es eliminar la posibilidad de que la política influencie el sistema judicial” (Insurgente, 4-5-18).
    La situación que viven los dirigentes catalanesencarcelados por el juez Llarena del Tribunal Supremo, para muchos expertos en derecho internacional y DDHH ha supuesto una gran preocupación porque no se puede encarcelar a personas por “ejercer sus derechos de expresión, de opinión y de participación política”.Los argumentos esgrimidos por el juez Llarena para solicitar la extradición de Puigdemont a Alemania han sido rechazados. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein de dejarlo en libertad y no aceptar la petición por “rebelión” supone un varapalo para la justicia española, cuando además añade que “el comportamiento del que se acusa al señor Puigdemont no sería penalmente punible en la República Federal de Alemania según la ley aplicable en Alemania”.
   Está claro que un estado será realmente democrático y de derecho si existe separación de poderes y, por tanto, si la justicia es independiente e igual para todos los ciudadanos. Por desgracia en nuestro país no es así y arrastramos valores y comportamientos heredados del régimen anterior.

    Para el futuro habrá que plantear, para garantizar la independencia de la justicia, que los miembros de las diferentes instituciones de la judicatura sean elegidos democráticamente o bien por los propios miembros o por la ciudadanía, buscando los más preparados y con mejor experiencia.