¡Es hora de los vientos del pueblo!

Vientos del pueblo me llevan, 

vientos del pueblo me arrastran, 

me esparcen el corazón 

y me aventan la garganta. 

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Miguel Hernández 

Juan García Ballesteros
Presidente del Colectivo Prometeo 

   España ha entrado en la UE, pero la UE no ha entrado en España. Estamos lejos de ser un estado equiparable a los más avanzados de la Unión como nos correspondería por nuestra situación económica (cuarta potencia de la UE). No somos iguales ni en democracia, ni en justicia, ni en derechos fundamentales, ni en cultura social. 

   Hemos llegado tarde a formalizar una comunidad realmente democrática, comprometida con los valores de libertad, igualdad, responsabilidad, respeto, austeridad. La salida de la dictadura ha marcado a una sociedad acostumbrada a obedecer, a resignarse por el miedo impuesto desde los poderes políticos y económicos, a preocuparse poco de los asuntos públicos, a una apatía desmesurada, incluso cuando los políticos actúan contra los intereses de la mayoría. Tenemos una democracia débil, sin compromiso social en defensa de unos valores plenos de convivencia e igualdad, sin separación real de poderes, sin el cumplimiento, por parte de los sucesivos gobiernos, de los apartados más avanzados de la Constitución. 

  En cuanto a nuestra justicia, España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hasta en ocho ocasiones: por malos tratos a presos, por vulnerar la libertad de expresión y la protección de datos, por violación del derecho a un juicio justo y a un tribunal independiente e imparcial. En el caso del “procés”, varios tribunales europeos (belga y alemán) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han rectificado sentencias de nuestro Tribunal Supremo. 

   Pero hay más más. En esta democracia nuestra, tenemos una justicia que hace oídos sordos de los ataques de odio a personas de izquierdas, emigrantes, mujeres y miembros de LGTBI por parte de VOX, que acuden a reventar y agredir a personas en manifestaciones legales y que permite que un partido de extrema derecha, financiado por un grupo terrorista iraní, siga legalizado. Pero nuestra derecha “civilizada” (PP y C´s) acepta, comparte y asume para gobernar las propuestas más rancias y radicales de esta derecha franquista. Estas formas “democráticas” de gobernar sin escrúpulos, contrastan con el comportamiento de las derechas alemanas en las elecciones de Turingia (ganó el partido de izquierdas, Die Linke, con el 31 %), en las que el candidato liberal fue elegido presidente con los votos de su partido, la CDU (partido de Merkel) y la ultraderechista AfD. Inmediatamente saltaron todas las alarmas y la clase política se opuso a este gobierno. El Presidente elegido tuvo que dimitir. Merkel manifestó: "Este evento es inexcusable y por lo tanto el resultado debe ser revertido", y agregó que "fue un mal día para la democracia".

Nuestro sistema social y democrático de derecho hace aguas. Nuestra Constitución, tan “venerada y reivindicada” por la derecha conservadora está siendo pisoteada en todos sus artículos relacionados con los derechos fundamentales de la ciudadanía. Está muy claro y no es nada sospechoso. El informe de Philip Alston, relator para la Extrema Pobreza de la ONU, es demoledor. Las conclusiones que ha expuesto son tan graves que los Gobernantes de los últimos años (especialmente la etapa del PP) deberían sentir tal vergüenza (que no la tienen) y, por dignidad (que tampoco) dimitir de todos sus cargos políticos. Este informe será presentado en Junio al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

Los datos que recoge el relator ya se han publicado en muchos medios, pero por su representatividad y por la forma en que los ha obtenido (ha recorrido el país) le dan un valor extraordinario. Alston ha denunciado directamente a los políticos de su ineficacia, del hundimiento de estado social, de favorecer a los poderosos, de acrecentar la miseria, el hambre y la exclusión social de millones de personas. Recoge, como nuestro querido Machado, que hay dos Españas: la que vive en la opulencia (Ricos, grandes terratenientes, , banqueros, grandes empresarios) y la inmensa mayoría que no llega a fin de mes. Algunos datos: más de la cuarta parte de la ciudadanía está en riesgo de exclusión social (casi un tercio de los niños), más de la mitad de los españoles tiene dificultades para llegar a fin de mes (un 5,4 % con privación material severa), la vivienda de bajo coste es inexistente, las empresas pagan la mitad de impuestos que antes de la crisis, a una gran mayoría de las personas con discapacidad no se les atiende, las empleadas domésticas trabajan en precario, grandes zonas rurales están desatendidas, se margina a los inmigrantes y en los extrarradios de algunas ciudades las familias viven en condiciones infrahumanas. 

En el informe, Alston, denuncia una pobreza generalizada, un elevado nivel de desempleo que afecta mucho más a las mujeres, una gran disminución de la protección social, barrios pobres sin agua corriente, sin electricidad, ni saneamientos, sin clínicas de salud, ni carreteras asfaltadas, un sistema educativo segregado y elitista y un sistema fiscal que beneficia a los ricos. 

Ante la situación tan difícil que se vive en nuestro país, la única solución para mejorarlo tiene que ser protagonizada por un Gobierno valiente que sea capaz de obviar los duros ataques de la derecha extrema y de los mass-media controlados por los poderes económicos. El programa del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y UP es realista, posible y necesario. No pretende una transformación profunda, ni un cambio de sistema político, ni económico. Sólo se ajusta a cambios imprescindibles que nuestra injusta sociedad necesita. Reivindica mejoras que puedan paliar, en lo posible, los desastres ocasionados (pérdidas derechos democráticos, sociales y laborales), sobre todo, en la última década. 

Este nuevo Gobierno cuenta con todas las posibilidades y recursos para acometer reformas sociales de envergadura que, como recoge su programa, afecten a cambios profundos relacionados con: empleos dignos, la regeneración democrática, la lucha contra el cambio climático, la recuperación y el desarrollo de los derechos sociales, el desarrollo del sector primario, las PYMES, los autónomos y las cooperativas, un nuevo desarrollo legal y afianzamiento de la lucha contra la violencia de género, una reforma fiscal justa, progresiva, unas políticas de inversiones públicas importantes en Educación, Sanidad, Viviendas, Dependencia e Investigación, una garantía para las pensiones públicas y la derogación de leyes lesivas que van contra los derechos fundamentales de la ciudadanía. 

La derecha intenta hacer saltar el pacto de PSOE-UP, utilizando la mentira, la crispación, la confrontación y la deslegitimación de un Gobierno, elegido democráticamente, que representa cerca de diez millones de ciudadanos. Pero estos furibundos ataques deben ser un revulsivo para afianzarse más en los cambios necesarios y que este enorme reto que tiene el Gobierno por delante lo afronte con decisión, porque esta desigual sociedad lo necesita. Hay que acabar con la esclavitud en el empleo, con la brecha salarial y la violencia contra las mujeres. Hay que transformar nuestra economía, modernizar nuestra industria para crear un nuevo modelo productivo y dignificar el campo. Se tiene que invertir dinero publico para mejorar las prestaciones sociales y mantener el estado de bienestar. Se deben regular y acrecentar las inversiones en energías limpias y luchar contra el cambio climático. Hay que acabar con tanta desigualdad, tanta exclusión social, tanta pobreza. Y también, es imprescindible una política de vivienda pública, el control de los alquileres y la nacionalización de bancos rescatados con fondos públicos. 

Ante un enemigo tan poderoso (la derecha extrema y los poderes fácticos) que está planteando un nivel de confrontación sin parangón, perverso y desconocido, contra el Gobierno, se necesita más que nunca una articulación de la sociedad civil, una confluencia de todos los sujetos sociales (Colectivos, Asociaciones, Sindicatos, Partidos,…) que están implicados en las luchas sectoriales, una organización amplia que, sin desatender sus propias reivindicaciones, sea capaz, buscando un objetivo común, de contrarrestar esta acometida reaccionaria y defender los avances sociales que se vayan desarrollando de acuerdo con el programa de Gobierno firmado. Sin este apoyo, será muy difícil lograr cambios sustanciales que ilusionen a la población y mejoren la calidad de vida de la inmensa mayoría de la ciudadanía.