Ladrillo geriátrico y Capitalismo en tiempos de Pandemia

Remedios Copa

Colectivo Prometeo

Vivimos una situación caótica provocada por la pandemia que merma la población de nuestros ancianos porque son el segmento de edad más sensible y en el que se ceba con especial virulencia. 

Si analizamos esa escandalosa incidencia en la población de más edad, encontramos en primer lugar que la mayoría de los fallecidos vivía en residencias de gestión privada en las que sus condiciones de vida ya eran de por sí deficitarias y eso contribuye a que los ancianos tengan pocas defensas. Sin una buena alimentación acompañada de cuidados físicos y emocionales adecuados, sus defensas frente a cualquier agente infeccioso están mermadas, independientemente de las patologías propias de la edad que puedan tener. 

Cuando a lo anterior añadimos que pocas de esas residencias tienen algún tipo de personal sanitario que supervise o controle habitualmente la salud de los residentes y que se trata de instituciones con un número excesivamente grande de plazas, los contagios entre pacientes, e incluso en el personal que trabaja en ellas, campó a sus anchas. 

La situación, ya de por sí grave, se convirtió en un auténtico infierno cuando las instrucciones sanitarias emanadas de distintos responsables de Comunidades Autónomas, restringieron a esos ancianos su derecho de asistencia sanitaria, la exclusión de recibir tratamiento en los hospitales y de ocupar cama en la UCI, todo ello por razón de edad. A esos “responsables políticos” se les olvidaron muchas cosas que tienen que ver con la dignidad y los valores humanos, pero también se les olvidó que la Constitución Española prohíbe la discriminación por razón de edad. 

La situación creada en las residencias de ancianos llegó a constituir un escándalo sin precedentes que traspasó nuestras fronteras y motivó cientos de denuncias a los responsables de las residencias por parte de familiares, seguidas de protestas y múltiples movilizaciones sociales exigiendo cuidados sanitarios para nuestros mayores, terminar con la exclusión de su tratamiento en hospitales y la relegación del acceso a las UCIs por razón de la edad, la dotación de residencias públicas suficientes y exigencia de responsabilidades administrativas y penales por las aberraciones detectadas. 

El vídeo en el que un jefe médico trata de instruir al personal sanitario para que lleven a cabo la discriminación de los ancianos a la hora de recibir tratamiento, sin que su actuación afecte a los sanitarios psicológicamente, pone los pelos de punta a cualquier ser que conserve un mínimo de humanidad. 

No se está hablando de las secuelas que tales actuaciones han dejado en los profesionales que se vieron obligados a llevarlas a la práctica, pero muchos están necesitando tratamiento psicológico porque han quedado muy tocados. Otros se han contagiado y muchos han fallecido a causa del contagio. El premio a esos trabajadores sanitarios ha sido el despido, tan pronto cedió la curva de la pandemia. 

Contagios, muertes y traumas también ocurrieron entre los trabajadores de las residencias de ancianos. Algunos son incapaces de superar la indefensión en la que vieron agonizar a ancianos sin asistencia o que, pese a las insistencia de llamadas, no les fuesen a retirar los cadáveres de los fallecidos que permanecían en la habitación, compartida incluso con otro anciano vivo. Hay ancianos y familiar que lo han relatado como algo espeluznante. ¿Y qué se les está ofreciendo ahora?. 

Pero no nos engañemos, las deficiencias vienen de atrás y nada se hizo por corregirlas. El Defensor del Pueblo, en su informe de 2019 ya incidía en la necesidad que tenía España de “modificar la situación de las residencias”; la situación ya no era nueva y tanto en Cataluña como en Madrid y en otros puntos de España había denuncias formuladas contra esas residencias por la situación inhumana detectada en varios casos, sin que nada cambiara pese a que algunas acumulaban sanciones. 

No se puede argumentar ante estos hechos que los responsables de Bienestar Social de las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen las competencias, no tuvieran conocimiento del lamentable estado en que malvivían nuestros mayores y dependientes en muchas residencias; lo que ocurre es que la pandemia destapó de forma imparable las consecuencias de las graves deficiencias evidentes convirtiéndolas, como decía Anatolio Díaz Merino (UGT-UJP) durante su comparecencia en el Grupo de Trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, “en espacios de muerte, en gigantescos ataúdes” por la negligencia de algunos gobernantes. 

Pablo Iglesias, que considera lo ocurrido en las residencias de Madrid es “un escándalo, si no un crimen”, propone explorar varios modelos de bienestar social, apostando por sistemas de atención domiciliaria que pueden ser más eficaces y también “más adecuados para proteger tanto el deseo como las condiciones de bienestar de los mayores” y si preguntásemos a nuestros mayores, seguro que la inmensa mayoría respondería que prefiere estar en su casa que en una residencia. Para esta alternativa, la gerontóloga Mayte Sancho y Josep de Martí, conocedores del modelo nórdico, coinciden en señalar que para implementar ese modelo en España es necesario revisar completamente nuestro modelo actual, empezando por desechar grandes residencias, crear grupos de convivencia reducidos en los que los usuarios puedan conservar autonomía, con personal fijo y servicios comunes, y destinar mayor cantidad de dinero por plaza que la dotación actual. 

Para que la situación cambie es necesario destinar recursos a los Servicios Sociales y a la Dependencia. España dedica únicamente el 0,7% del PIB a estos menesteres, según datos de la OCDE, mientras que Francia dedica el 1,34%, Alemania el 1,28%, Bélgica el 2%, y Suecia el 2,6%. Tampoco en ratios de plazas de residencia por cada 1000 habitantes alcanza nuestro país la media europea, con el agravante de que al déficit estructural se añade la privatización realizada durante los últimos años. 

Y entre tanto, la sociedad se mueve y reivindica cambios. 

Las movilizaciones que se están llevando a cabo por parte de familiares, asociaciones de trabajadores de las residencias, movimiento en defensa de las pensiones públicas, y otras organizaciones sociales, se suceden en distintos puntos de España y se hacen eco en los medios de comunicación, aunque muchos las ignoren y silencien. 

La semana pasada, pensionistas se manifestaron frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid contra la “masacre” en las residencias de mayores; y 315 ancianos abandonaron voluntariamente las residencias concertadas y de gestión indirecta, debido a la situación terrible que habían vivido. “Está habiendo una masacre en Madrid que es insoportable”, declaraba también Gerardo Ruiz a Europa Press en una de las habituales concentraciones de la Plataforma en defensa de una pensión digna. 

Entre las reivindicaciones todas las movilizaciones coinciden en una serie de puntos en los que la pandemia puso de manifiesto deficiencias y fisuras graves. Exigen residencias públicas 100%; inspecciones periódicas exhaustivas por parte de los responsables de la Administración; formación y remuneración digna a los profesionales que trabajan en las residencias; prohibición de que los propietarios de residencias privadas que operan en paraísos fiscales reciban dinero de las Administraciones públicas. También demandan que se dote del presupuesto necesario para resolver las demandas de ayudas a la Dependencia. En lo que va de año, murieron en Galicia 395 personas en lista de espera para la ayuda a la Dependencia. 

En Santiago de Compostela se celebró el pasado miércoles, día 24 de junio, una manifestación en protesta por las muertes ocurridas en las residencias privadas a causa del coronavirus y por la exclusión de la asistencia sanitaria a los mayores y las indignas condiciones de la atención en las residencias dónde quedaron abandonados a su suerte. Las reivindicaciones formuladas son coincidentes con las señaladas anteriormente, y las consignas “Feixoo, escoita, o pobo está en loita” y “Goberne quen goberne, o público deféndese” fueron coreadas de principio a fin de la marcha. En esta ocasión el objetivo de la manifestación convocada por MODEPEN, Trega y Vellez Digna y apoyada por PSdeG, BNG, Galicia en Común y Marea Galeguista, es lograr que los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas del 12 de julio lleven en sus programas la defensa de las reivindicaciones planteadas y unos servicios sociales que sean 100% públicos y de gestión directa. 

Independientemente de cuál sea el modelo de los servicios de bienestar social que se implemente en España para la atención a los mayores, hay dos condiciones que deben desaparecer de inmediato porque están orientas al lucro empresarial a costa de los ancianos y han provocado la situación actual: 

En primer lugar que desaparezcan las macro residencias y se fomenten las de tamaño reducido que permitan relaciones humanizadas dónde los usuarios puedan socializar entre ellos sin perder su autonomía, su individualidad como ser social y su dignidad como persona; esto evitaría entre otras cosas situaciones de contagios masivos como las vividas. 

En segundo lugar revertir la situación actual creando plazas públicas suficientes para cubrir la demanda y cuya gestión sea pública únicamente y, como reivindican las movilizaciones sociales, que cese de inmediato el flujo de dinero público a empresas que operan en paraísos fiscales. 

Actualmente en España, 6 de las principales empresas privadas que gestionan 395 geriátricos están configuradas del siguiente modo: 4 están en manos de fondos de inversión con un papel cada vez más preponderante en el sector; dos de estos fondos operan desde las islas Jersey que es un territorio fiscalmente opaco, son las empresas Colisee y Vitalia Home. Otra empresa es la denominada Domus-Vi que opera desde un fondo inglés. La cuarta es la denominada Orpea, que tiene como principal accionista a un fondo de pensiones de Canadá. 

Vitalia Home, que pertenece a un fondo societario que opera en las islas Jersey, dispone de un entramado societario que empieza en España, pasa por Holanda y Luxemburgo y termina en las islas Jersey. Es decir, que estamos ante entramados de fondos buitre que obtienen dinero público de los españoles por tratar pésimamente, cuando no de forma claramente delictiva –denegación de asistencia, desnutrición, malos tratos, etc.- a nuestros mayores y cuyos beneficios empresariales generados en nuestro país “emigran” a paraísos fiscales. 

Existe un entramado financiero, denominado “el ladrillo geriátrico”, que lleva movidos según algunos informes más de 500 millones de euros en 70 operaciones inmobiliarias desde 2017 y está vinculado a la creación de residencias cuya gestión está privatizada aunque vivan del dinero público. 

Un ejemplo paradigmático del entramado es la empresa Domus-Vi, líder del sector con 138 residencias en España que reciben dinero de diversas Administraciones Públicas: Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos; en total computan 82 las Administraciones que pagan a Domus-Vi. 

Esta empresa cuyas residencias Domus-Vi de Vigo y Domus-Vi Cangas tuvieron que ser intervenidas por la Xunta de Galicia durante el estado de alarma; 227 casos de los 554 positivos por coronavirus registrados en las residencias gallegas se dieron en las dos residencias mencionadas. 

En la residencia Domus-Vi San Lázaro, dónde la Xunta tardó 4 días en autorizar la hospitalización de residentes desde que se detectaron los 5 positivos, de las 150 personas residentes se infectaron 116. Dice la Asociación de Familiares que aunque la Xunta le computa 22 fallecidos, en realidad fallecieron 53 “porque no contaron a los que dejaron morir en la residencia”. Según esta Asociación el 44% de las personas fallecidas con Covid-19 en Galicia están relacionadas con residencias cuyas instalaciones son de titularidad privada. Las cifras de fallecidos por el Covid-19 en las residencias en España alcanzó las 20.000 personas, según datos de la investigación de InfoLibre. 

La situación es bastante parecida en todo el país, lo cual no es sorprendente porque los gestores son los mismos fondos buitre en casi todas. Pero habrá que estar preparados para hacer frente a todo tipo de presiones y patrañas cuando a esos fondos buitres se les empiece a detraer la presa. 

En este caos pandémico se avecinan tiempos difíciles porque si se desarrollan los aspectos sociales de la Constitución, los poderes económicos son capaces de reventar la economía con tal de mantener sus privilegios y, sobre todo, lucharán por impedir que el sistema proteja de sus garras a aquellos que necesitan explotar para continuar con su lucro, 

Como quiera que el gato escaldado del agua fría huye, no solo los mayores temen que tras la pandemia vuelvan las prácticas del neoliberalismo salvaje al que no le importa que caiga quien caiga y se vuelva a la situación anterior al Covid-19, empeorándola incluso si fuese posible. La única esperanza se esboza en las declaraciones y propuestas que están surgiendo de diversos colectivos ante la actitud agresiva y hostil de los posicionamientos de la patronal, (tanto en sus declaraciones públicas como en foros de la U E y en las negociaciones con el Gobierno), en detrimento de los derechos de los trabajadores y los colectivos más desfavorecidos y exigiendo mantener sus privilegios intactos. 

A juzgar por los pocos asuntos de interés general que los políticos se avendrían a considerar, solamente los que mueven la calle parecen importar. Por eso, del mismo modo que los gallegos le gritaban a Feijoo en Santiago, Compostela no será el único lugar dónde el pueblo alce la voz. Y no será solamente por la sanidad y los servicios sociales públicos y de calidad, sin exclusión de nadie. Si se callan las voces…Ya lo decía Cafrune.