Kamchatka
- El primer asesinato
A José Couso le mataron el 8 de abril de 2003 en Bagdad.
A primera hora de la mañana se produjo un intenso intercambio de fuego en la capital iraquí, muy cerca del puente de Al Jumhuriya, en la zona oeste del río Tigris. Desde el Hotel Palestina, situado al otro lado del río, los periodistas pudieron grabar todo lo que sucedía. Pasadas más de cinco horas de combate, cuando la situación retornaba a la calma, un tanque del ejército de los Estados Unidos, apostado en el puente, se adelantó unos metros y dirigió su cañón hacia el hotel, teniendo pleno conocimiento de que allí se alojaba el contingente de la prensa internacional.
Tras una orden de Philip Wolford, capitán de la unidad de blindados 4-64 Armor, que fue autorizada por el teniente coronel Philip de Camp, el sargento Thomas Gibson disparó una granada hueca contra la planta número 15 del establecimiento, provocando heridas que resultaron mortales al cámara español de Telecinco y a su colega ucraniano Taras Protsyuk, de la agencia Reuters.
- El segundo asesinato
El gobierno de José María Aznar cumplía por entonces el tercer año de su segunda legislatura. Fue uno de los grandes apoyos de la administración Bush en la planificación de la invasión de Irak, una operación militar que se produjo fuera del consenso de la comunidad internacional, basada en la mentira de las armas de destrucción masiva, y que dejó un país derruido hasta las cenizas con más de 200.000 civiles inocentes asesinados.
En la historia de la infamia quedará para siempre la Imagen de Aznar, en el rancho tejano de Bush, con los pies sobre la mesa, mientras que el mandatario estadounidense se esforzaba en pronunciar su nombre: "Mi amico José María Anzar". O la reunión en la isla de las Azores, donde junto a Tony Blair, primer ministro del Reino Unido, y Durão Barroso, su homólogo portugués, escenificaron con una sonrisa en la boca y un apretón de manos el acuerdo para la ejecución de una masacre.
Otro instantánea de la ignominia sucedió el 10 de abril de 2003. Aznar comparecía por primera vez en el Congreso tras el asesinato de Couso, ocurrido dos días antes. Los fotógrafos que cubren la información parlamentaria se colocaron frente a su escaño, dejaron las cámaras en el suelo y le dieron la espalda. El presidente permaneció sentado, impertérrito, con esa actitud que le caracteriza, entre la soberbia de los borrachos de poder y el despotismo de los tiranos que observan con desdén el dolor ajeno.
En la historia de la infamia quedará para siempre la Imagen de Aznar, en el rancho tejano de Bush, con los pies sobre la mesa, mientras que el mandatario estadounidense se esforzaba en pronunciar su nombre: "Mi amico José María Anzar". O la reunión en la isla de las Azores, donde junto a Tony Blair, primer ministro del Reino Unido, y Durão Barroso, su homólogo portugués, escenificaron con una sonrisa en la boca y un apretón de manos el acuerdo para la ejecución de una masacre.
Otro instantánea de la ignominia sucedió el 10 de abril de 2003. Aznar comparecía por primera vez en el Congreso tras el asesinato de Couso, ocurrido dos días antes. Los fotógrafos que cubren la información parlamentaria se colocaron frente a su escaño, dejaron las cámaras en el suelo y le dieron la espalda. El presidente permaneció sentado, impertérrito, con esa actitud que le caracteriza, entre la soberbia de los borrachos de poder y el despotismo de los tiranos que observan con desdén el dolor ajeno.
Aquel día, el PP se negó a condenar el crimen y Aznar calificó lo sucedido como un "gravísimo error", mientras exoneraba de cualquier responsabilidad al ejército estadounidense. "Despreciamos las disculpas de ese señor de la guerra, al que en su día calificamos como terrorista internacional", aseguraba David Couso, hermano de José, en una entrevista con este medio en el año 2018. "Durante las primeras 48 horas recibimos llamadas de Federico Trillo, el Ministro de Defensa, el ministrillo como yo le llamo, para decirnos que iban a montar un operativo especial para repatriar el cuerpo de mi hermano, y al final fueron los compañeros de José los que tuvieron que cruzar Bagdad, jugándose la vida, para comprobar que el cadáver seguía estando en la morgue. Ese fue el único contacto que tuvimos con el Gobierno", recuerda.
- El tercer asesinato.
El Partido Socialista, por entonces en la oposición y con José Luis Rodríguez Zapatero en la Secretaría General, tildó el asesinato de "crimen de guerra". Durante la campaña electoral que le aupó a la presidencia, apeló en repetidas ocasiones al deber de hacer justicia, pero la actitud de los socialistas cambió diametralmente tras su llegada a la Moncloa. En noviembre de 2010, la organización Wikileaks hizo públicos unos 3.000 cables diplomáticos confidenciales entre Washington y Madrid, donde quedaba constancia de la presión que el ejecutivo había ejercido sobre la justicia para que diera carpetazo al asesinato del cámara español.
El por entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, asesoró al Embajador de Estados Unidos en España, Eduardo Aguirre, para responder adecuadamente a la comisión rogatoria presentada por el juez Santiago Pedraz contra los tres soldados responsables del crimen. El Embajador contó también con la estrecha colaboración de María Teresa Fernández de la Vega, por entonces Vicepresidenta del Gobierno, y de los Ministros de Justicia y Asuntos Exteriores, Juan Fernando López Aguilar y Miguel Ángel Moratinos.
En un telegrama fechado el 1 de de junio de 2007, dirigido a Condoleezza Rice, Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Aguirre aseguraba que el Gobierno de España había "ayudado entre bastidores a que la fiscalía apelara" las decisiones del Juez Pedraz. Además, resaltaba que aunque en público mostraban "respeto por la independencia del sistema judicial español" y por “la trágica muerte” de Couso, entre bastidores, "peleaban con uñas y dientes para hacer desaparecer los cargos".
En otra comunicación del 26 de enero, el Embajador relata sus impresiones tras un encuentro con Conde-Pumpido: "Aunque no hay nada que el Gobierno español pueda hacer para controlar las acciones de los jueces, los fiscales de la Audiencia Nacional continuarán oponiéndose a las órdenes de detención de los tres militares, así como los intentos de embargar bienes norteamericanos conectados con el proceso". Aguirre asegura tener la "sensación" de que el Gobierno "buscaría una vía para acabar el caso de forma silenciosa apelando a argumentos técnicos mientras confiaban en evitar cualquier enfrentamiento directo con la familia Couso".
El proceso judicial fue dilatándose en el tiempo, ante la falta de colaboración del gobierno de Washington y el sabotaje de las autoridades españolas, hasta que en marzo de 2014, las esperanzas de la familia Couso parecían diluirse después de que el gobierno de Mariano Rajoy aprobase la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la jurisdicción universal. La nueva legislación limita a los magistrados a abrir diligencias en materia de crímenes internacionales solo cuando el acusado sea español o resida en España y únicamente en lo referente a crímenes de terrorismo o de torturas.
La reforma provocó que en junio de 2015, el juez Santiago Pedraz se viera obligado a archivar la causa lamentando que "el flexo no pueda mantenerse encendido".
En otra comunicación del 26 de enero, el Embajador relata sus impresiones tras un encuentro con Conde-Pumpido: "Aunque no hay nada que el Gobierno español pueda hacer para controlar las acciones de los jueces, los fiscales de la Audiencia Nacional continuarán oponiéndose a las órdenes de detención de los tres militares, así como los intentos de embargar bienes norteamericanos conectados con el proceso". Aguirre asegura tener la "sensación" de que el Gobierno "buscaría una vía para acabar el caso de forma silenciosa apelando a argumentos técnicos mientras confiaban en evitar cualquier enfrentamiento directo con la familia Couso".
El proceso judicial fue dilatándose en el tiempo, ante la falta de colaboración del gobierno de Washington y el sabotaje de las autoridades españolas, hasta que en marzo de 2014, las esperanzas de la familia Couso parecían diluirse después de que el gobierno de Mariano Rajoy aprobase la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la jurisdicción universal. La nueva legislación limita a los magistrados a abrir diligencias en materia de crímenes internacionales solo cuando el acusado sea español o resida en España y únicamente en lo referente a crímenes de terrorismo o de torturas.
La reforma provocó que en junio de 2015, el juez Santiago Pedraz se viera obligado a archivar la causa lamentando que "el flexo no pueda mantenerse encendido".
- El cuarto asesinato.
Después de que las autoridades españolas bloqueasen el trabajo de los tribunales nacionales, no quedó otra salida que trasladar la contienda al escenario de la justicia internacional, mediante la presentación de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). Sin embargo, el ejecutivo no ceja en su empeño de sabotear cualquier intento por esclarecer el crimen, y ahora, con el poder de la Moncloa compartido entre PSOE y Unidas Podemos, ha solicitado al TEDH que rechace la demanda presentada por la familia de José Couso.
Así lo ha revelado el diario El País, que ha tenido acceso a un escrito de la Abogacía General del Estado, dependiente del Gobierno, en el que asegura que "no ha existido violación alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del Reino de España", además de defender que se realizó "una investigación judicial plena" hasta que la legislación lo permitía, en referencia a la reforma legislativa aprobada durante el mandato de Rajoy.
La Abogacía, o lo que es lo mismo, el Gobierno, mantiene que carece de jurisdicción "por tratarse de hechos cometidos fuera de su territorio, en el que no ejercía un control efectivo, y por agentes de un tercer Estado” y esgrime que no existe "un consenso entre los Estados miembros del Consejo de Europa sobre la viabilidad de una jurisdicción universal".
En los próximos meses, el Tribunal tendrá que decidir sobre el archivo del caso del cámara español. La familia tiene a su favor, además de las evidencias que respaldan la hipótesis del homicidio, una sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al estado a indemnizar con 182.000 euros a la viuda y a los dos hijos de Couso, al considerar que no prestaron la ayuda necesaria para que Estados Unidos "reparase el daño causado" y que se limitaron a ‘"aceptar las explicaciones" ofrecidas desde Washington.
"Llegados a este punto, después de 17 años y 9 meses de abandono, traiciones, zancadillas, desprecio y mentiras, observamos que los diferentes gobiernos torpedean el proceso judicial y violan la separación de poderes, base del estado de derecho", asegura la Asociación de Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso en su cuenta de Twitter.
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