De Circos y Carnavales católicos

Mirador de la Memoria.El Torno ( Cáceres)

Pepe Aguza
Colectivo Prometeo

A diferencia del esperpéntico circo mediático ofrecido por el espectáculo de la beatificación de 127 “mártires” cordobeses el pasado 16 de octubre en la Mezquita-Catedral, a la que asistieron tres mil acólitos, familiares, alrededor de veinte obispos, el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos y casi doscientos sacerdotes, todos “convenientemente vestidos con sus disfraces” para el momento, en el próximo Día de los Difuntos, ninguno de éstos hará acto de presencia a las otras víctimas de la represión franquista, en las fosas de los cementerios cordobeses, en las que no cesan de aparecer restos de fusilados y maniatados, como recientemente ha ocurrido en el Cementerio de la Salud (ironía cordobesa para el nombre de un cementerio).

Los muros de la Memoria de los Cementerios de la Salud y San Rafael, recogen los nombres de 4629 víctimas del genocidio fascista de Franco y sus sediciosos en Córdoba capital, además de 6953 víctimas republicanas más en los pueblos cordobeses, sin contar los desaparecidos en fosas y cunetas de los que aún se desconocen su paradero.

En Andalucía hubo 47.399 víctimas republicanas, frente a las 8377 de los franquistas. Además hay que recordar la crueldad, vejaciones y torturas sufridas por los millares de presos en los campos de concentración y de trabajos forzados de todo el territorio. Entre setecientas mil y un millón de personas pasaron o murieron en dichos centros carcelarios. En Andalucía sufrieron esta pena más de sesenta mil presos, repartidos en multitud de recintos y solamente en la provincia de Córdoba se han contabilizado trece campos, desde el Valle del Guadiato a la Subbética (Los Blázquez, Valsequillo, La Granjuela, Fuente Obejuna, Peñarroya, Cerro Muriano, Montilla, Aguilar de la Frontera o Cabra, por citar algunos), aunque tampoco podemos olvidar otros siniestros lugares como la mayor fosa de España, en el Valle de Cuelgamuros (El Valle de los Caídos), donde están enterrados 33.833 combatientes de ambos bandos, los sepultados en el Pozo de la Fortuna en Asturias, o los de Aranga en La Coruña.

A la Iglesia Católica, tan proclive hipócritamente al amor fraternal, al perdón y a la piedad, no se le cae la cara de vergüenza, al consentir estos espectáculos y ser insensible al dolor y sufrimiento de las familias, que cuarenta y cuatro años después del final de la Dictadura y sus hordas nacional-catolicistas, siguen sin saber donde fueron enterrados sus seres queridos.

Son más que reprobables las afirmaciones del delegado pontificio, cardenal Marcello Semeraro, al hablar “del sufrimiento, ultraje y condenas injustas de sus hermanos hasta el derramamiento de su sangre en la República y durante la Guerra Civil”. ¿Qué fue entonces lo que ocurrió con las otras víctimas republicanas? ¿Acaso no fueron torturadas, rapadas, violadas y humilladas antes de masacrarles y hacerles desaparecer vilmente?

Por otra parte, cuando la Iglesia habla de reconciliación, habría que preguntarle qué entiende por dicha expresión, cuando sigue negando el reconocimiento a las víctimas de sus creencias o la libertad de conciencia de quienes no comulgan con su ideología e incluso los propios miembros religiosos que no aceptaron el golpe y fueron asesinados por los golpistas.

A lo largo de la Historia, las religiones siempre se han encargado de infundir miedo al ser humano con el castigo divino y la condenación eterna, viviendo sus representantes (sacerdotes, clérigos, santones, hechiceros, gurús, etc.) de la ignorancia, incultura y el analfabetismo del pueblo y apoyando a gobernantes, reyes, dictadores y demás fauna para gozar de sus privilegios, a los que aconsejaban para mayor represión y sometimiento.

Cuando el pueblo se sublevaba, causando víctimas en el entorno clerical, la jerarquía religiosa se encargaba de magnificar las virtudes y bondades de sus mártires, convirtiéndoles en celebridades a quien adorar y de las que en muchos casos lograr cuantiosos donativos económicos (algo habitual en la organización).


El catolicismo es de las pocas confesiones que acogen y representan figuras divinizándolas, lo que representa una contradicción bíblica. La idolatría es más que evidente con los millares de imágenes de santos, diversidad de vírgenes, cristos, beatos y demás representaciones plásticas y que los diferentes jefes supremos (Papas, Cardenales y Obispos) han elevado a los altares a miles de santos y beatos.

Por recordar algunos de éstos últimos, decir que Juan Pablo II nombró nada menos que a 1345 beatos y 482 santos, Benedicto XVI canonizó a otros 862 más y el actual Papa Francisco, con su “aire progresista” lleva ya 1301 beatificaciones. ¡Si el santoral actual tuviera que llevarse a los calendarios, sería necesario poco menos que un archivo bibliotecario para recogerlos a todos!

Únicamente Pablo VI, puso cierta cordura a la escandalosa escalada de nombramientos beateriles y en quince años de gobierno, solamente autorizó la beatificación de 64 individuos.

Independientemente de creencias, considero que estos espectáculos son más propios de circos y carnavales, de desfiles y disfraces que de un acto de reconciliación, que solo producen malestar y aumento del distanciamiento de la sociedad, sin arrepentirse de su apoyo y participación en la Dictadura.

La jerarquía católica en España, se convirtió en colaboradora del régimen, impulsando la política penitenciaria y la afección al Estado (recordar que incluso en 1968 llegó a crear una prisión “concordatoria” en Zamora para sacerdotes, de extrema crueldad en la que llegaron incluso a suicidarse religiosos, para reprimir sus miembros “díscolos” o izquierdosos). Las motivaciones en estos centros eran tan pueriles como no acudir a misa o actos religiosos, no confesar y comulgar, blasfemar, ayudar a los más pobres y míseros, manifestar cualquier comentario o crítica política o social, etc. y la realización de trabajos forzosos, el trato denigrante a las personas y las torturas eran habituales.

Personajes nefastos como el obispo de Córdoba, Adolfo Pérez Muñoz que apoyó a los sediciosos, llegando a financiar económicamente al Ejército, que alababa la “Cruzada” contra la República y cuyo nombre figuró en el callejero de la ciudad como Avenida de Obispo Pérez Muñoz por méritos faccioso-católicos, hasta el año 1981 que se cambiaría por Avenida de las Ollerías, o al Carnicero de Córdoba, el coronel Ciríaco Cascajo, al que admiraba como el salvador popular del alzamiento.

Sin embargo, para ser honestos, también hubo algunas excepciones en el ámbito religioso como Antonio Sáez Morón, capellán del Hospital de San Lázaro fusilado por Queipo de Llano, Francisco González Fernández, cura republicano de Mijas también fusilado por las hordas fascistas, los sacerdotes ejecutados de la cárcel de Carmona, Mateo Múgica, obispo de Vitoria que fue expulsado de España por denunciar ante el Vaticano el bombardeo de Guernica y José Iturri o Martín Lekuona, cura de Rentaría y catorce sacerdotes más vascos ejecutados por los franquistas por negarse a reconocer el golpe y ponerse de parte de la población y de la República y de los que algunos incluso se desconoce donde descansan sus huesos, Celestino de Onaindía, sacerdote de Elgoibar, José Joaquín de Arín, arcipreste de Mondragón y tantos otros como Martín Usero, fusilado por dejar escapar a republicanos mallorquines, Jerónimo Alomar o Joan Baldú. Misma suerte correrían José Pascual Duaso, párroco de Loscorrales en Huesca, acribillado a balazos por conocidos falangistas, enterrado sin lápida en su tumba hasta mediados de los años cincuenta, o Ignacio Muiño, capellán del Hospital de Toledo, masacrado a machetazos antes de degollar al resto de heridos del citado hospital. ¿Acaso éstos no eran miembros de su organización y según sus méritos deberían tener los mismos derechos que otros igualmente asesinados y elevado a los altares?

A pesar del tiempo transcurrido desde el final de la Dictadura, en España sigue existiendo una falta de tutela con las víctimas del franquismo o la tortura y a pesar de que en Argentina la jueza María Servini de Cubría presentara una querella para investigar los delitos de lesa humanidad y genocidio, no prosperó, por lo que en muchos casos sus protagonistas han ido muriendo sin ninguna responsabilidad ni sanción.

La ONU ha advertido en diversas ocasiones a España para atender a las víctimas del franquismos y sus desapariciones, así como dotar de medidas y presupuestos suficientes para localizar los miles de fusilados, exhumando las fosas comunes donde permanecen enterrados.

La Ley de Memoria Histórica sigue teniendo dificultades para acometer actuaciones de exhumación de represaliados de muchas fosas, retirar restos de militares golpistas de catedrales e iglesias, así como la desacralización del Valle de los Caídos y convertirlo en un cementerio civil o expulsar a los monjes benedictinos que disfrutan del lugar.

El estado español es incapaz de acometer una serie de reformas para desligar Estado de Iglesia. No tiene valor para anular los Acuerdos con la Santa Sede que se ratificaron en 1979 y que tan pingües beneficios reportan a las arcas eclesiásticas, ni es capaz de retraer o expropiar los miles de edificios inmatriculados, ni cobrar los impuestos de bienes inmuebles a sus posesiones.

En España y especialmente Andalucía, a diferencia de otras comunidades y Estados, la iglesia católica sigue gozando de un gran reconocimiento y arraigo, con una escenografía que lejos de reducirse, en los últimos años sigue aumentando, lamentablemente con el apoyo de las propias instituciones políticas, incluidas las de izquierdas que no limitan su protagonismo, cuando no lo apoyan y participan.

Las autorizaciones para el continuo uso religioso del espacio público, calles y plazas para sus actos, causan molestias, suciedad y ruidos que el resto de ciudadanos no tiene por qué compartir, suponiendo la utilización de recursos públicos y gastos que la Administración no debe asumir.

El respeto al derecho de confesionalidad y a la libertad religiosa individual, debe rechazar sin embargo el adoctrinamiento e imposición de creencias.

La función de la Iglesia debe ser totalmente diferente, social, solidaria y humana, si de verdad cree lo que supuestamente predicaba su enviado.