Ayuntamientos y Laicidad

Antonio Pintor
Colectivo Prometeo

En nuestro entorno, la (in) “corrección política” llega al extremo de excluir del debate, y no digamos de la práctica, la necesidad de separar la religión de las instituciones públicas tal como se “insinúa” en la Constitución española, es lo propio en una sociedad moderna y democrática y se propugna desde el laicismo.

Por ello desde Europa Laica seguimos recordando la necesidad de la laicidad como un pilar imprescindible a la hora de construir un Estado Democrático.

Uno de los obstáculos con los que nos encontramos es el desconocimiento, cuando no tergiversación intencionada, del significado de los términos y objetivos relacionados con la laicidad, asociándola con estar en contra de lo religioso en general y, en nuestro medio, de la iglesia católica.

Este mensaje formó parte de la propaganda del régimen teocrático que se impuso durante los cuarenta años de dictadura franquista. Recordemos que, según la narrativa de la época, “el caudillo Franco” llegó a la jefatura del Estado “por la gracia de Dios”. Nada que ver con la guerra civil tras el golpe de estado contra el gobierno elegido democráticamente.

Durante este periodo de nuestra historia la simbiosis Iglesia-Estado alcanzó tal intensidad que resultaba difícil discernir donde terminaba una y empezaba otro.

Esta situación  ha continuado durante más de cuarenta años en democracia en los que instituciones y representantes políticos, de todos los colores, han soslayado esta cuestión. De manera que hemos vivido, y seguimos viviendo, en un estado definido como aconfesional en la Constitución pero que, en la realidad, es “criptoconfesional” cuando no explícitamente clerical, pues los tentáculos de la iglesia católica siguen penetrando en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el Estado. Situación que se pone de manifiesto con la frecuente presencia de cargos públicos en manifestaciones religiosas de toda índole en ostentación del cargo que ocupan.

Ante este panorama consideramos necesario realizar una labor pedagógica al respecto, aclarando conceptos y demandando a los representantes políticos en las instituciones que no solo se proclamen demócratas, sino que actúen como tales. Siendo de especial importancia la labor que puede realizarse desde los ayuntamientos por ser la manifestación del Estado más cercana a la población.

Aunque en otros idiomas, como el francés, laicidad y laicismo se utilizan indistintamente por entender que son sinónimos, en nuestra lengua castellana, tan rica en matices, resulta conveniente hacer una distinción:

-          Entendemos por laicidad un principio que establece la separación entre la sociedad civil y la religiosa. Se trataría de establecer un régimen social de convivencia, en el que las instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos. Con ello se pretende un orden político que esté al servicio de los ciudadanos, en su condición de tales y no de sus identidades étnicas, nacionales, religiosas, etc.

Aplicada al Estado, la “Laicidad del Estado”, hace referencia a la condición de emancipación, es decir, de la liberación de la subordinación o dependencia del Estado de las organizaciones religiosas.

Si consideramos que el Estado no debe inmiscuirse en las conciencias de las personas, la laicidad es un requisito y una garantía de que se cumpla.                                                                            

En lo referente a “Laicidad y Democracia”, si bien es cierto que “Estado democrático” lleva implícita la necesidad de laicidad como principio esencial, la laicidad por sí misma no garantiza la democracia, como podemos observar en algunos regímenes, tanto del pasado como actuales.

Los tres pilares sobre los que descansa la laicidad son:

1.- La libertad de conciencia, lo que significa que la religión es libre pero solo compromete a los creyentes, y el ateísmo es, igualmente, libre pero solo compromete a los ateos.

2.- La igualdad de derechos, que impide todo privilegio público de la religión o del ateísmo. Con ello nos encontramos un valor ético consistente en “la igualdad ciudadana en el ámbito de lo público”, con lo que se intenta garantizar “el derecho a la diferencia sin diferencia de derechos”.

3.- La Universalidad de la acción pública, es decir, sin discriminación de ningún tipo.

Si la laicidad, como principio, designa la situación ideal de emancipación mutua de las instituciones religiosas y el Estado, el laicismo evoca el movimiento histórico de reivindicación de esta emancipación laica, en el que se recogen el cuerpo de ideas que conforman el pensamiento y las actuaciones orientadas a la consecución y defensa del Estado Laico, de la laicidad de sus instituciones y de la actuación consecuente de los cargos públicos en el ejercicio de sus funciones. Ello supone un posicionamiento político de exigencia al Estado democrático del cumplimiento de la laicidad, posicionamiento en el que se deberían situar todos los representantes políticos que se postulen como demócratas al margen de sus creencias religiosas o no.

Es lo opuesto al “clericalismo” consistente en las influencias excesiva del clero en los asuntos políticos, tan ampliamente practicado en España mediante posturas “criptoconfesionales” o abiertamente confesionales, ambas contrarias a los principios democráticos.

El otro término que nos queda por aclarar es el de “laicista”, que hace referencia, o bien, a las personas partidarias del principio de la laicidad y del laicismo como movimiento para conseguirla, o al modelo de organización, en el que se aplican los principios de la laicidad en su estructura u organización.

Para terminar, recordar lo que nos dice Andrè Comte-Sponville en su Diccionario Filosófico: “La laicidad nos permite vivir juntos, a pesar de nuestras diferencias de opinión y de creencia. Por eso es buena. Por eso es necesaria. No es lo contrario de la religión. Es, indisociablemente, lo contrario del clericalismo (que querría someter el Estado a la Iglesia) y del totalitarismo (que pretendería someter las Iglesias al Estado)”.