Pepe Aguza
Colectivo Prometeo
La ambición de la Iglesia católica y el Obispado de Córdoba no tiene límites en su afán de apropiación de iglesias y edificios públicos, a través de inmatriculaciones y otros subterfugios legales.
En esta ocasión, es el caso de la Iglesia de la Diputación Provincial, cuya cesión temporal fue establecida, según parece, hasta diciembre de 2023 y que había sido denunciada por el prestigioso abogado Carlos Baquerín Alonso, ex-diputado provincial de Unión Cordobesa, quien consideraba el hecho como una ilegalidad por abrir al culto dicho espacio y defendía que la Iglesia de la Merced formaba parte inseparable de un edificio público y que es propiedad integra de la Diputación Provincial, lo que contradice el espíritu constitucional de cesión permanente de un espacio público para fines religiosos y privados en favor de una confesión determinada, llevando el asunto hasta el Defensor del Pueblo, sin consecuencias.
La Iglesia de la Merced, es un edificio que se encuentra en un espacio público del Palacio del mismo nombre, donde se ubicaba el antiguo Convento de la Merced Calzada, de cuya época no quedan restos en la actualidad y actualmente sede de la Diputación Provincial, declarada Bien de Interés Cultural desde el año 2008.
La iglesia es un edificio religioso, construida a partir de 1716, en el centro del antiguo convento.
En el año 1835, el edificio pasó a acoger una institución benéfica como Hospicio Provincial.
Durante la presidencia en la Diputación Provincial de Antonio Cruz Conde, se traslada dicho hospicio y se adapta el edificio público en 1960 como sede provincial de la Diputación en 1967, quedando todo el palacio, incluida la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced como propiedad de la Administración Provincial. Sin embargo, el Gobierno del PP en la Diputación en el año 2014, tras la reconstrucción total de la iglesia, cuyo coste superó los diez millones de euros, tras el incendio provocado en 1978, cedió al Obispado de Córdoba el uso de la Iglesia durante dos horas al día, a partir de las siete de la tarde, aunque lo más lamentable del asunto fuera que dicha cesión se prorrogara en 2020 por el desde entonces gobierno del PSOE e IU, donde se reconoce la titularidad del edificio por parte de la Diputación para el culto, compatibilizándolo con otros usos de interés público.
La iglesia tuvo que ser reconstruida tras el pavoroso incendio provocado en el altar mayor en la madrugada del 29 de enero de 1978 por Miguel López Toledano, un antiguo asilado del Hospicio, que le prendió fuego en venganza por intereses personales, destruyendo el retablo mayor y obras de gran valor artístico.
La reconstrucción del edificio, como ya se ha dicho, ha supuesto a las arcas de la Hacienda Pública, que no de la Iglesia, la friolera cantidad de más de diez millones de euros, a través del Proyecto dirigido por Eduardo Corona Franco en 1988, con la creación de la Escuela Taller la Merced I, que comenzó la completa restauración del edificio con trabajos que se alargaron hasta su culminación definitiva en 2014, bajo la coordinación artística de Francisco Mellado Calderón y del arquitecto provincial Joaquín Gómez de Hita, con la recuperación y reubicación de los bienes repartidos por diferentes dependencias de la Casa Palacio.
El edificio decorado con hermosos medallones policromados y altares laterales de gran valor artístico, podrá acoger actos culturales, conciertos, conferencias y todo tipo de actos religiosos, según convenio de cesión firmado por el Presidente de la Diputación Antonio Ruiz Cruz del PSOE.
Recientemente, dando por hecha la titularidad del edificio religioso, el prepotente y codicioso Obispo de la Diócesis cordobesa, Demetrio Fernández González, desde marzo de 2010, acostumbrado a tomar decisiones arbitrarias de espaldas al resto de la ciudadanía, ha nombrado nuevo párroco a cargo de dicha Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, como si dicho edificio religioso fuese una parroquia propiedad del Obispado, hecho que ha sido criticado por Andalucía Laica, quien preguntó al Presidente de la Diputación si ésta ha prestado su consentimiento en algún momento para que la iglesia sea una parroquia del Obispado de Córdoba, así como si ha tenido conocimiento previo del nombramiento del citado párroco que gestiona el uso religioso del templo y en el caso de no ser así, qué actuaciones tomaría en defensa de los intereses públicos de la Diputación.
La sociedad debería tomar conciencia de estas situaciones y lejos de acudir y apoyar estos actos idólatras, deberían meditar, cuando se aproximan procesos electorales, los programas que ofrecen y sus propuestas de servicios públicos o de posturas respecto a creencias religiosas, para replantearse seriamente su voto.
Pepe como siempre das en clavo con los asuntos que tratas. Es vergonzoso la apropiación de inmuebles por la cara de la Iglesia. Si su fundador levantase la cabeza se volvía a morir de pena de ver lo que han hecho con su Iglesia.
ResponderEliminarEstupendo artículo, Pepe.
Cómo bien dices, el nombramiento del párroco no es una cuestión baladí. El siguiente paso, si no se procede legalmente con rapidez, será la inmatriculación como bien de la Iglesia. Sería un robo de patrimonio público imperdonable.
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