S.O.S por la Sanidad Pública

 

Pepe Aguza

Colectivo Prometeo.

    La Sanidad Pública en España, alardeó durante años de ser una de las más eficientes de Europa, sin embargo las últimas décadas ha venido sufriendo una dejación por parte de las diferentes Administraciones y los partidos que las gobiernan, desde socialistas a populares, así como una falta de liderazgo de los distintos Ministerios de Sanidad, incapaces de afrontar las necesidades que año tras año la vienen deteriorando.

    La falta de recursos, los recortes económicos, deterioro de las condiciones laborales y salariales o la saturación, están haciendo que el Sistema Nacional de Salud se esté hundiendo irremisiblemente.

    La alarmante situación que se viene produciendo en los últimos tiempos, tanto en la Especializada de nuestros Hospitales, como en el principal escudo de la Salud, la Atención Primaria, está llevando a los profesionales a poner el grito en la calle, ante la imposibilidad de atender a la sociedad digna y correctamente, mientras sufren la presión de los ciudadanos injustamente, quienes deberían de apoyarles en sus reivindicaciones ante la Administración, en vez de acosarles e incluso agredirles como ocurre en algunas ocasiones.

    Es una situación que viene de largo en el tiempo y que se agravó hasta límites insospechados, costándoles incluso la vida a muchos de ellos con la aparición de la pandemia del COVID.

    El problema que amenaza a los usuarios a la vuelta de la esquina es enorme, ante la evidente falta de profesionales por jubilaciones, bajas, emigración a otros países con mejores condiciones laborales, económicas y reconocimiento, que está llevando a nuestro país, a que en relativamente poco tiempo no haya profesionales suficientes para cubrir los servicios de nuestras ciudades y entornos rurales, como ya está ocurriendo en muchos lugares.    

   Esto ha llevado a nuestros sanitarios, tanto de Hospitales como de Atención Primaria de todas las especialidades a revelarse y convocar movilizaciones, que bien deberían ser apoyadas por los usuarios, esos ciudadanos que hipócritamente aplaudían desde los balcones en plena pandemia y ahora se olvidan de apoyar a quienes fueron sus salvadores y en la actualidad responsables de su salud y cuidados.

    Es hora de respaldar las reivindicaciones de todos los profesionales sanitarios públicos en sus reclamaciones por el colapso de los centros de Atención Primaria, las Urgencias, la reducción de camas hospitalarias, la falta de personal y tiempo de consulta, en sus condiciones laborales y salariales, refuerzos de plantillas, etc.

La Sanidad Pública está diciendo basta y tras el éxito de la multitudinaria movilización sanitaria y social de Madrid, a la que asistieron más de 650.000 personas (y de la que deberíamos aprender todos) el pasado 13 de noviembre, el colectivo de médicos, trabajadores sanitarios de Atención Primaria y Especializada, vuelven a convocar paros y huelgas durante el mes de enero en varias Comunidades como Madrid, Andalucía, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra o Galicia, para denunciar las precarias condiciones laborales que sufren, reclamando entre otras demandas un máximo de 35 pacientes al día para Médicos de Familia o 25 niños por jornada laboral para la agenda de Pediatría, además de prolongar el concepto de “atención continuada” por las tardes si las necesidades lo aconsejan por saturación de pacientes, lo que reduciría la presión al servicio de Urgencias de los hospitales. Por ello van a exigir una limitación relevante en las cargas de trabajo, con cupos que no sobrepasen los 1500 pacientes en Medicina y 1200 en Pediatría, además de un incremento de los Presupuestos para Atención Primaria, hasta alcanzar el 25% a corto y medio plazo, como recomienda la Organización Mundial de la Salud para una Atención Primaria y una Sanidad fuerte y útil.

Otra de las claves para la mejora de la Sanidad Pública en España, es evitar la fuga de médicos y enfermeras a otros países, además de aumentar el número de plazas en la Facultades de Medicina y Escuelas de Enfermería.

Según la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina en España, se gradúan unos 7000 médicos en sus 41 Facultades de Medicina, un número muy inferior a la media europea, lo que supone que se titulen cada año menos médicos por habitante que en países como Alemania, Reino Unido, Francia o Dinamarca. Además, por otra parte, la proporción de facultativos que acaba trabajando en el Servicio Público de Salud, también es inferior, lo que significa que no suplan las necesidades sanitarias de los españoles, dado que gran parte de ellos emigran a otros países con mejores condiciones económicas y laborales, igual que ocurre con Enfermería, desde donde reivindican que es necesario ofertar al menos un 24% más de plazas para los próximos cursos, alrededor de 3974 plazas más en el conjunto de Escuelas de Enfermería, dado que las necesidades de cuidados sanitarios y a la dependencia, es cada vez mayor, al convertirse España en el país de mayor esperanza de vida de Europa y el segundo del mundo.

La precariedad laboral ha fomentado la emigración forzosa de más de 8000 profesionales en los últimos tiempos, buscando una salida laboral con condiciones más justas y dignas en otros países de nuestro entorno.

El gran problema generalizado, es que se preparan a muchos y con una excelente formación, que luego tienen que emigrar ante la dificultad para conseguir un contrato, cuando las necesidades para cubrir las jubilaciones y bajas laborales de los próximos años son muy superiores.

Es indigno que mientras el Gobierno aumente 14.810 millones de euros los presupuestos militares del Ejército o la participación en la OTAN y sus conflictos, la Sanidad Pública tenga dificultades para financiarse adecuadamente tratándose de la vida de sus ciudadanos.

El gasto de Defensa para 2023, aumentó el 25´8%, lo que significa que su presupuesto aumentara el 6´5% respecto al pasado año, además de incrementar la partida destinada a la OTAN hasta el 2´17% del PIB, lo que supone que el total del gasto militar español llegue a los 26.208´4 millones de euros, lo que representan aproximadamente que de cada 10 euros que invierte el Estado, 3 son para armamento.

Según datos de Amnistía Internacional, en la última década el gasto sanitario público descendió más del 11%, mientras aumentaba el gasto sanitario privado y salía perjudicada la Atención Primaria.

La diferencia de inversión por paciente y año es abrumadora entre Comunidades, siendo Madrid la de menor inversión, con 1300´55 euros, seguida de Andalucía con 1388´86 euros, ambas gobernadas por el Partido Popular, frente al País Vasco, gobernado por una coalición entre PNV y PSOE, con la mayor inversión del país, con 1991´21 euros por paciente, según datos del pasado año 2022.

Una gestión adecuada y unos presupuestos atractivos en Atención Primaria y Especializada evitarían que nuestros profesionales tuvieran que emigrar o estimularía el regreso de los que se marcharon.

No debe escapársenos, que no solo el PP ha realizado recortes y ha permitido la constante privatización de la Sanidad, el PSOE por su parte ha sido el partido que más años ha gobernado desde 1978 y el responsable de las medidas de concertación o privatización de la Salud Pública como denuncia la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad.

Desde 1986 la Ley General de Sanidad de los gobiernos de Felipe González establecía un modelo sanitario inspirado en el sistema británico, intentando años después en 1991 el “Informe Abril” que abría las puertas a externalizaciones, privatizaciones y copagos, aprobando años después en 1997 la Ley15/97 que permitía un marco jurídico para el negocio de la privatización de la salud.

En el caso de Andalucía, donde el PSOE gobernó durante 41 años, no es diferente, cuya política sanitaria mantiene y agudiza el actual gobierno del Partido Popular, comenzó desde la década de los noventa a suprimir servicios de mantenimiento, limpieza, cocinas, lavandería, ambulancias y otros en hospitales o centros de salud, concertándolos con empresas privadas, además de concertar servicios sanitarios con dispositivos y hospitales privados y creando un nuevo modelo de centros públicos de gestión privada, los CHARES, con personal ajeno al Estatutario de la Administración Pública y donde con frecuencia carecían de diversas especialidades, como Psiquiatría por citar alguno.

La actual situación es complicada, tanto para las Comunidades que tienen planteados conflictos por la falta de dialogo y consensos o por los reiterados incumplimientos de acuerdos del pasado, como es el caso de Extremadura, Madrid o Castilla-León, así como por el propio Ministerio de Sanidad y el Gobierno.

Las convocatorias de huelgas indefinidas durante casi todo el mes de enero en Comunidades como Madrid, Andalucía, Valencia o Extremadura, suponen un sacrificio y demora añadida a la lista de espera de las consultas, que algunos Consejeros de Salud o Presidentes de Comunidades, tratan de culpar de la situación de falta de asistencia a los médicos y sindicatos convocantes, que denuncian el colapso y desbordamiento del sistema.

Sin embargo, lo más lamentable de la situación, es la falta de acuerdo y unidad en algunas ocasiones de los propios sindicatos a la hora de plantear sus reivindicaciones, lo que lleva a una falta de presión a la Administración, que por supuesto como es habitual, rebaja siempre la incidencia del seguimiento de las huelgas.

Para sindicatos como CC.OO, la situación a nivel asistencial es tan intolerable para profesionales y ciudadanos, que las medidas no pueden demorarse más, llegando a un deterioro tan brutal, que está llevando a la Atención Primaria en los últimos años a una situación precaria de toda la Sanidad Pública Andaluza, con intolerables listas de usuarios que llegan en ocasiones a los 60 pacientes al día, con casos tan esperpénticos como en el Centro de Salud de Huerta de la Reina de Córdoba, en las pasadas Navidades, en que algún día solo contaron con dos médicos de familia para cubrir el trabajo de siete.

La atención sanitaria para un enfermo de Atención Primaria, que debería ser de uno o dos días, supera con frecuencia los siete días de espera, lo que es totalmente inaceptable, obligando en muchos casos a recurrir a Urgencias o a la sanidad privada, a la que dicho sea de paso, el Gobierno Andaluz del PP otorga conciertos millonarios, aumentándolo solo este año un 25% a clínicas privadas.

Según datos relativos de facultativos y población de 2021, la provincia de Córdoba contaba con 497 Médicos de Familia para atender a 658.457 pacientes y 105 Pediatras para 106.570 niños, lo que supone una enorme presión asistencial, máxime con las últimas jubilaciones, en muchos casos aún sin cubrir.

Todo esto ha llevado a las actuales movilizaciones, con desigual seguimiento, desde los mínimos que declara la Administración, en torno a los 131 profesionales por turno, de los 5.240 en Andalucía, hasta los 2096 que declaran algunos organizadores.

La agenda neoliberal que tanto PP como PSOE ha venido aplicando, es necesario combatirla para destinar todos los recursos necesarios a la Sanidad Pública, bajo el control democrático de comités éticos de trabajadores de la sanidad, de médicos y usuarios, que deroguen conciertos y contratos con la sanidad privada, invirtiendo en recursos sanitarios y de personal sin límites para una mejora y eficacia del Sistema Público.

La falta de una planificación correcta desde hace años, tanto en la Sanidad como en la adecuación de profesionales, ampliando el número de acceso a Medicina y Enfermería en las Facultades es evidente e imprescindible corregir para el futuro de la Salud Pública.

Este año se presentarán miles de aspirantes para cubrir las 11.000 plazas de sanitarios y 8.500 de MIR convocadas, lo que sigue siendo insuficiente para la cobertura del Sistema.

Resumiendo, lo más urgente es mejorar las condiciones laborales, reforzando las plantillas, dotar de mayor tiempo de consulta con cada paciente, recursos hospitalarios y camas de urgencias. Mejoras económicas y reducción de discriminación salarial entre comunidades.

En definitiva es imprescindible mejorar la calidad asistencial, una mayor satisfacción de los usuarios y un fortalecimiento del Sistema Sanitario Público, con la ampliación de plantillas y un mayor acceso a Facultades de Medicina y Escuelas de Enfermería, que eviten la falta de profesionales en las próximas décadas.