El Mundo al revés

 

Remedios Copa

Colectivo Prometeo

Una acción simbólica, en un contexto que pretendía concienciar a la sociedad y promover la actuación urgente de la Administración para frenar la emergencia climática, toma un giro inesperado.

Ante las múltiples manifestaciones de desastres naturales que evidencian la gravedad de los efectos del cambio climático, más allá de los informes y advertencias del movimiento ecologista, de los científicos y de organismos e instituciones internacionales, cada vez es mayor el número organizaciones civiles que manifiestan en comunicados y protestas la exigencia a los gobiernos para que se tomen en serio la amenaza que supone el calentamiento global y apliquen con urgencia las medidas pertinentes.

En 1997 84 países firmaron el Protocolo de Kioto y 46 lo ratificaron. El resultado fue que de los grandes emisores de gases de efecto invernadero solo la Unión Europea y Japón se adhirieron, mientras que EE UU, China y Australia decidieron quedarse fuera.

El Acuerdo de París fue el primero sobre el Cambio Climático y lo suscribieron 195 de las 197 naciones. Es un tratado internacional legalmente vinculante y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Pero si las naciones más ricas del planeta no se comprometen a reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, nos encaminamos a una catástrofe con una subida de 2,7ºC en el calentamiento global para finales de siglo; si bien actualmente se está comprobando que la subida se está precipitando. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres ya hizo un llamamiento a todos los países en 2021 porque en lugar de reducir el calentamiento global se estaba disparando.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, (IPCC), es el principal órgano internacional para la evaluación del calentamiento global que provoca el cambio climático. Este Grupo planteó a la Cumbre por el Clima la necesidad de tomar medidas serias por parte de todos los países y reducir los combustibles fósiles y los gases de efecto invernadero. Pese a la gravedad de la situación, ni en la COP 26 ni en la última se han logrado avances.

Aunque la atmósfera experimenta una subida sin precedentes de gas metano, uno de los tres gases causantes del cambio climático y que la Organización Meteorológica Mundial detectara ya en 2021 un 149% más de dióxido de carbono, un 124% más de óxido nitroso y hasta un 262% más de metano, la COP 27 celebrada en Egipto en noviembre de 2022 apenas avanzó nada; aunque en ella se aprobó uno de los objetivos, el Fondo de Pérdidas y daños, del que muchos dicen que de no reducirse drásticamente las emisiones y abandonar rápidamente los combustibles fósiles, podría convertirse en un fondo para el fin del mundo.

El metano está considerado por los expertos el segundo gas que más contribuye al cambio climático y se ha convertido en una creciente preocupación porque es el responsable del 25% del aumento de la temperatura global desde 2007 y su concentración a nivel mundial crece a un ritmo acelerado. Un aumento que tiene entre otras causas la explotación ganadera intensiva, la liberación del gas que permanecía atrapado el permafrost y en depósitos submarinos en el Ártico y que el deshielo libera a la atmósfera.

La intentona de la Comisión Europea de calificar las inversiones en nuevas plantas nucleares y el gas natural como energías sostenibles, y aunque se apueste por situarlas en una categoría intermedia, es un error catastrófico que junto con la moratoria a la extracción de carbón, (cuya puesta en marcha en Alemania provoca la deslocalización de un pueblo de 2.000 habitantes), sumando ese tipo de decisiones a los millones de toneladas de metano que el sabotaje de los Nord Stream ha lanzado a la atmósfera, teniendo en cuenta que una tonelada de metano provoca el mismo efecto que 25 toneladas de CO2 y dura un período de 100 años, la situación no es ninguna broma.

A nivel nacional los organismos e instituciones implicadas en la lucha contra el cambio climático abarcan entre otros los siguientes: Oficina Española de Cambio Climático, Consejo Nacional del Clima, Comisión de Coordinación de políticas de Cambio Climático y Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición energética.

Otra cosa es cómo funcionan, cuánto resuelven y de qué modo, porque solo desde un planteamiento positivo y abierto pueden arbitrarse respuestas eficaces al problema del calentamiento global. La colaboración de los diversos actores sociales, administraciones, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos es indispensable para que todos salgamos ganando y avancemos en la búsqueda de soluciones, tanto desde el punto de vista de la mitigación como desde el ámbito de la adaptación a las causas y efectos del cambio climático. Pero cuando estamos viendo los peligros que nos están acechando, los miles de especies de biodiversidad que se extinguen a diario y sabemos de las advertencias de los científicos al respecto, incluso para nuestra especie, la ciudadanía tiene que tomar conciencia y actuar también.

La primera Asamblea Ciudadana por el Clima celebrada en España en la primavera de 2022 plantea el Decrecimiento como ineludible. Entre sus propuestas está la sensibilización con dicho concepto y así lo recogía un documento con 61 objetivos y 186 propuestas concretas divididas en cinco bloques: consumo, alimentación, trabajo, cuidados y ecosistemas.

Una de las consideraciones que resaltó la Asamblea fue la necesidad de evitar los daños colaterales de la transición y recomendó que las nuevas centrales eólicas y fotovoltaicas se instalaran únicamente en zonas de baja sensibilidad ecológica y ambiental, tanto en tierra como en el mar, para cuya garantía se ha de requerir “un estricto y riguroso proceso de evaluación ambiental realizada por personas independientes”. Lejos de atender a esta exigencia, la Administración está haciendo concesiones sin que se emita dicha valoración ni respetar siquiera los espacios de la Red Natura. Tampoco respeta otros espacios que, aún careciendo de tal reconocimiento, son reserva de varias especies, unas en peligro de extinción y otras que son únicas en el mundo.

La calidad del aire y del agua, la conservación de la biodiversidad y el medioambiente, promover la ganadería extensiva y la diversidad de cultivos que permitan la producción y consumo de proximidad, incentivando las cadenas agroalimentarias cortas con criterios de soberanía alimentaria y justicia social, son puntos básicos en la propuesta de la Asamblea Ciudadana por el Clima, que también demanda “una acción segura y efectiva frente al Cambio Climático, que no dependa de los cambios entre gobiernos”. A decir verdad, de una u otra forma apuntan a los principios de actuación con los que también trabaja la Rede para o Decrecemento Eo-Navia, Galiza, O Bierzo.

Si los Gobiernos del planeta atendieran a los informes de técnicos y científicos y aplicaran a sus políticas los criterios que tanto ellos como las mencionadas instituciones vienen proclamando como urgentes e imprescindibles para salvar el planeta y la vida en él, no se estarían produciendo protestas y acciones de llamamiento a la responsabilidad cada vez mayor número de países y lugares a nivel global. Si nuestros políticos fueran responsables, no sería necesario que se llegara a materializar la Rebelión Científica Global como la que se llevó a cabo en 2022.

¿Recuerdan aquella semana, del 4 al 9 de abril de 2022, en la los expertos hicieron una contundente campaña de divulgación científica sobre la emergencia planteada por el cambio climático debido al calentamiento global, cuyas consecuencias se estaban precipitando con una celeridad inesperada?

Pues bien, aquellas personas que ante los riesgos evidentes para la vida del planeta y para nuestra propia existencia como especie decidieron difundir, por todos los medios y de todos los modos posibles, una información vital que todos deberíamos conocer pero de la que nadie nos hablaba y por tanto no se está propiciando la pedagogía necesaria para llevar a cabo un debate consciente y crítico, con participación social y comunitaria y contando con los debidos análisis de las externalidades de los proyectos a implementar, cómo solventar los impactos medioambientales o las repercusiones económicas y sociales que pueden afectar a las comunidades donde se implanten, cuestiones cuya valoración debe ser imprescindible antes de aprobar cualquier actuación. Pues bien. Por incomprensible que parezca, esas personas se encuentran hoy sometidas a un proceso judicial sin precedentes.

Se trata de 15 personas que con el fin de llamar la atención ante la inacción de los Gobiernos, (lo mismo que el 6 de abril se llevó a cabo en más de 25 países), en nuestro país un grupo de científicos llevó la alarma al Congreso tiñendo la entrada exterior con zumo de remolacha y humo de varios colores, convirtiéndose en el icono identificativo de aquella primera semana de protestas exigiendo medidas urgentes a los responsables políticos y al Gobierno.

Hubo diversas acciones en varias ciudades españolas; actos divulgativos y de reivindicación de futuro. El 5 de abril tuvo lugar una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes para dar a conocer la publicación de la última parte del sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático; el día 9 de abril se celebró una Asamblea Popular en la Plaza de España, todo ello con el objetivo de incrementar la consciencia sobre la emergencia que estamos viviendo y formar e informar para que las instituciones se implique en la investigación y la educación para el cuidado del planeta.

El día 30 de marzo se celebraban los primeros juicios que irán seguidos de los que corresponden al resto de los implicados y está previsto para el día 13 de abril. Son 15 personas que no saben en este momento como puede acabar su situación personal, y todo por informar y tratar de concienciar sobre un peligro real que nos afecta a todos los habitantes del planeta y movilizarse para pedir que se evalúe, informe y actúe antes de que sea demasiado tarde.