David Moscoso
La educación pública ha sido considerada durante décadas una de las piedras angulares del Estado de Bienestar en Andalucía. En una tierra con abruptas desigualdades sociales, en la que el grueso de la población en época franquista se encontraba constreñida por su origen de clase, la educación era considerada un ascensor social para las clases populares. La movilidad social con la que lograr empleos de calidad y mayores niveles de bienestar era y sigue siendo posible en la mayor parte de los casos gracias a la educación pública. Algo que suscita la pregunta de por qué la educación pública experimenta una devaluación tan importante en nuestros días.
Durante mucho tiempo era de quienes pensaba que, en parte, tenía que ver con una rigurosa manipulación informativa de medios de derechas y católicos y grupos de interés (lobbies), que proyectan una mala publicidad del sistema público con el propósito de desprestigiarlo. Unos lobbies que a menudo son, a la vez, propietarios de las empresas educativas y de los medios de comunicación que los amparan.
Pero una mala experiencia personal vivida estos meses de atrás me ha permitido comprender mejor cómo funciona la maquinaria —de puertas hacia adentro— en el ámbito de la gestión del gobierno andaluz, para que desde la propia administración pública se lastre la capacidad del sistema educativo público.
El primer eslabón del engranaje de esta maquinaria es la modificación de las órdenes que regulan el proceso de escolarización en Andalucía, por el que, apelando al ‘derecho’ de la libertad de elección, se ha producido una equiparación de la educación privada a la pública. Y ello se plasma en la práctica estableciendo a efectos de asignación de plazas escolares igual tratamiento a los centros públicos y los privados concertados, razonándose por el hecho de que unos y otros se mantienen con fondos públicos. A este respecto, en Andalucía la educación no universitaria ha recibido una financiación en el curso escolar 2022-2023 de 9.894 millones de euros. De esa cantidad, 7.480 millones se destinaron a los centros públicos y 879 millones a los centros privados concertados (en este último caso, la financiación ha aumentado un 109% desde 2019, año en el que tomó las riendas del gobierno andaluz el Partido Popular).
No hemos de perder de vista, y este es un matiz importante, que los centros públicos tienen la vocación de ofrecer un servicio público a la ciudadanía sin perseguir con ello la rentabilidad económica o el beneficio privado. En cambio, los centros privados concertados tienen una lógica económica, no solo de servicio público, que se maneja por balances de cuentas, por el que los consejos de administración y accionistas quieren recibir beneficios, no pérdidas.
El segundo eslabón del engranaje de esta maquinaria es, supuestamente, dar órdenes informales a través de la cadena de mando de designación política en las delegaciones territoriales para forzar mediante la norma vigente el trasvase de alumnado de la pública a la privada concertada. Y esto se hace formalmente con el cierre de líneas educativas en los centros públicos. Las líneas educativas las representan las promociones de alumnado en las aulas dentro de la ratio que establece la normativa. Pues bien, el mantenimiento de esas líneas, tanto en los centros públicos como privados, depende de que haya alumnado suficiente para cumplir con tales ratio.
La administración ordena el mantenimiento de las líneas si se da esa condición. El quid de la cuestión es que en los centros públicos, si tras un curso escolar el alumnado se encuentra por debajo de la ratio, al siguiente curso la administración no mantiene esa línea, de tal manera que se pierde en posteriores cursos. Se pierde porque la administración educativa andaluza no vuelve a revisar las demandas de matriculación de los centros en cursos posteriores, aun cuando podría recuperarlas de darse el caso de aumentar la demanda. De tal manera que va cercando, menguando y asfixiando, la capacidad de los centros educativos públicos para acoger a más alumnado. Un ejemplo concreto de este hecho, en Córdoba y de cara al próximo curso escolar, se da en el IES Luis de Góngora, centro al que se le ha negado la creación de una nueva línea para primer curso de ESO, aun habiéndolo solicitado, porque existen 25 alumnos inadmitidos en espera por falta de plazas —se puede comprobar en el tablón de anuncios—, ante lo que la Delegación Territorial de Educación se niega a autorizarla.
En cambio, el tratamiento a los centros privados es diferente, porque los conciertos se revisan cada cuatro años, de tal manera que, si en un curso una línea está más floja de alumnado, quizá durante los tres cursos posteriores mejore, disfrutando de una mayor oportunidad con respecto a los centros públicos para que las líneas se mantengan en el futuro. De esta manera, lo que está propiciando la administración andaluza es otorgarle mayor capacidad de sostenibilidad a los centros privados concertados en detrimento de los públicos. Algo que sería fácil de resolver si hubiera voluntad política por salvaguardar la educación pública, pero no es el caso. ¿O es que nadie se ha preguntado cómo es que se cierran todos los años líneas educativas en los centros públicos, e incluso los propios centros, y no se cierran líneas ni centros privados concertados?
El tercer y último eslabón de este engranaje —que está directamente relacionado con el anterior— atañe a la asignación de plazas entre el alumnado no admitido en el proceso ordinario de escolarización. Pero, para entender su alcance, hay que aclarar que en la actualidad existe una baja tasa de natalidad y, por tanto, no hay suficiente alumnado de reemplazo, lo que supone un elevado nivel de presión para los centros educativos, tanto públicos como privados. ¿Cómo se expresa esto en el proceso de escolarización? Pues a la hora de asignar al alumnado que no ha obtenido plaza en su primera elección, se le va trasladando a la privada concertada —con el arreglo normativo de que ambas están mantenidas por fondos públicos— aludiendo que en las públicas no hay líneas suficientes.
De modo que, si se consigue trasladar a un mayor número de alumnado a los centros privados concertados, la probabilidad de que éstos mantengan sus líneas es mayor en la medida en que los hermanos de esos alumnos ya matriculados se ven condicionados en el futuro a acceder al mismo centro educativo privado concertado, suponiendo un círculo vicioso que contribuye a seguir alimentando a estos centros. De esta manera, se va menguando y asfixiando la capacidad de reemplazo de los centros educativos públicos, cerrando líneas y cerrando centros públicos. A la postre, la educación privada concertada se encuentra un terreno fértil gracias a la ineludible colaboración de quienes administran con su decisiones políticas la educación en Andalucía. Un círculo que ya ha extendido sus brazos a la educación secundaria y desde este año también a la Universitaria.
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