No es la amnistía, sino la investidura

 

Fuente: El Roto

Manuel Marrero Morales

Colectivo Prometeo

El pasado 2 de noviembre, el expresidente Aznar, después de enfatizar en que Pedro Sánchez era un peligro contra la democracia, hizo un llamamiento desesperado para hacer fracasar esta investidura, bajo la excusa de parar la amnistía: “Quien pueda hacer que haga, quien pueda contribuir que contribuya”.

Y no se hizo esperar la respuesta coordinada de la derecha salvaje, conformada por el tripartito del PP, VOX y el partido judicial, bendecida por la conferencia episcopal, auspiciada por el poder económico a través del amplificador de los medios de comunicación de su propiedad y apoyada por sectores del ejército y de la policía, a quienes incluso se les ha pedido que incumplan las órdenes que se le dan desde el poder legítimamente establecido. Si esta llamada a la subversión no es una llamada golpista, ¿ cómo podríamos calificarla?

Poderes político, económico y mediático unidos al poder judicial, militar, policial y eclesiástico, todos están unidos señalando la luna de la investidura, pero son tantos dedos a la vez, que la tapan intencionadamente con la punta del dedo de la amnistía.

Están haciendo tanto hincapié con sus actuaciones en la degradación de la democracia, llegando a denominarla dictadura, para así justificar el camino hacia un Estado autoritario, hacia un proceso destituyente, hacia un golpe de Estado, donde para algunos sectores no les sirve el Papa Francisco por muy izquierdista, ni les sirve el rey Felipe VI, por masón, y porque no ha tenido más remedio que proponer a Pedro Sánchez después de haberlo intentado con Feijoo, a pesar de saber que era una investidura imposible.

Y ahora dan un nuevo salto cualitativo: han pasado de considerar ilegítimo al futuro gobierno que salga de la investidura, para considerarlo ilegal. Y tienen mucha confianza en que el brazo judicial, el partido judicial, así lo declare. Por eso, han comenzado a gritar “Sánchez a prisión”.

No les sirve ningún gobierno democrático donde ellos no estén. Tienen una concepción patrimonial del poder, porque consideran que les tiene que pasar lo mismo que al dictador Franco, que fue “caudillo de España por la gracia de Dios” y por un golpe de Estado. Y muchos de ellos alzan su voz, diciendo “Sánchez a prisión” o amenazan con graves perjuicios a la propia Mesa del Parlamento, si se atreviera a admitir a trámite la ley de amnistía, o están siendo capaces de retorcer el reglamento del Senado, con su mayoría absoluta, para dilatar al máximo el procedimiento legal y que la bulla que ahora están montando dure mucho más tiempo; porque a la derecha salvaje no le interesa la solución de los problemas: se disgustaron cuando ETA se disolvió y, a pesar de ello, la siguen resucitando en cada elección; no les interesa resolver el problema catalán sino judicializarlo y reprimirlo. No entienden de diálogo, ni de consenso, ni de estar en política para solucionar los problemas de la ciudadanía. Solo quieren detentar el poder para servirse de él y para que le sea útil para los suyos, que no son quienes les votan sino quienes los financian y los apoyan.

Contra el fascismo, solo vale conquistar más derechos. Y que luego, como sociedad, nos resistamos a perderlos; porque nada se nos regala y nada de lo conquistado es para siempre. Lo podemos perder de un plumazo, como pasó con la reforma laboral de Rajoy en 2012, que aún tenemos pendiente de recuperar en su totalidad.

Los acuerdos que se están firmando para la investidura de Pedro Sánchez, pretenden ser de legislatura, aunque algunos se resistan a que solo sea de investidura. En ese amplio grupo de apoyos aritméticos para conformar un futuro gobierno de coalición entre el PSOE y SUMAR, se introduce una variable nueva: crece la presencia de la derecha nacionalista, pues antes era el PNV y ahora se suman Junts y CC. Por tanto, va a ser más difícil conseguir apoyos para desarrollar políticas progresistas para la mayoría social, para la defensa de lo público, para exigir una política fiscal justa y que cada cual contribuya en función de lo que tiene o para que la vivienda sea un derecho y no un bien de mercado.

Frente a la mirada cortoplacista y neoliberal de las derechas periféricas, un gobierno de coalición tiene que convencer a estos socios de investidura y de legislatura de que la única manera de combatir este “fascismo de la España una, grande y libre”, del “viva Franco” brazo en alto, es avanzar en derechos para la mayoría social, es avanzar en valores republicanos, es avanzar en la consolidación de un Estado Plurinacional.

Por tanto, apostemos por un gobierno de coalición al que exigimos que nos sea útil para conquistar derechos y frenar al creciente fascismo, un peligro para el sistema democrático.