La necropolítica del PP (y II)

Juan García Ballesteros

Colectivo Prometeo

7.-El 29 de octubre de 2024 comenzaron las inundaciones por una gota fría (DANA) que afectaron mucho más al este de España, a la Comunidad Valenciana, que a otras Comunidades Autónomas. La terrible tormenta provocó lluvias torrenciales que acumularon más de 700 l/m2, lo que produjo el desbordamiento de varios ríos y barrancos en la vertiente mediterránea con una serie de inundaciones relámpago, especialmente catastróficas en la provincia de Valencia. Las localidades situadas al sur de la capital fueron anegadas por el desbordamiento de los barrancos del Poyo, de la Saleta y Picasent, lo que supuso que altas zonas muy urbanizadas quedaran totalmente inundadas y el agua de los torrentes no desaguara en la Albufera.

Las previsiones de lluvias torrenciales en la provincia de Valencia de nivel rojo se habían activado entre las 7,36 y las 9,41 de la mañana del día 29, por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). A las 12,01 la meteoróloga llama al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informándole que lo “peor” de la tormenta llegaría entre las 15,00 y las 18,00 horas, como así acabó ocurriendo. Además, que siguen vigentes los avisos de nivel rojo (máximo) y que las precipitaciones torrenciales iban hacia el norte e interior de la Comunidad. En todo momento AEMET estuvo informando a la unidad de emergencia 112 de la grave situación e incluso, amplió el nivel rojo hasta las 22 horas del día 29.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ante la información publicada por la Generalitat de no haber recibido información sobre el barranco del Poyo por un apagón del sistema, aclaró en un comunicado que en “todo momento el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) estaba funcionando y transmitiendo datos actualizados cada cinco minutos, incluidos datos sobre el caudal de la rambla del Poyo, que cruza algunos de los municipios más afectados, como Paiporta, Catarroja o Picanya. No hubo interrupción alguna en ningún momento", insiste el comunicado. La CHJ explica que envió 18 correos y 330 referencias hidrológicas sobre el barranco del Poyo la tarde de la Dana, por lo tanto, la Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana estuvo recibiendo información continuamente sobre pluviometría y caudales en ríos y barrancos el pasado 29 de octubre.

La consejera y mando único de la emergencia, Salomé Pradas, convocó al Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) a las 17.00 (casi 10 horas después del aviso rojo de Aemet). En la primera hora, cada uno de los organismos participantes de la reunión (Fuerzas Armadas, Delegación del Gobierno, Aemet, CHJ, Protección Civil, entre otras) dieron un informe de la situación. En estas primeras horas de reunión, cuando lo peor estaba pasando el presidente, Sr. Mazón no estaba presente ¿Dónde se encontraba en estos momentos tan críticos en los que estaban muriendo tantas personas? Después de muchas y contradictorias versiones asegura que llegó al CECOPI a las 20,28.

En ausencia del máximo responsable de la Comunidad Valenciana, su presidente, el aviso de emergencia a la población no se envió hasta la 20,11, cuando ya las inundaciones de las cuencas y barrancos, desde poco después de mediodía, había ocasionado una auténtica tragedia con muchos muertos, desaparecidos, pueblos inundados y coches arrastrados por las riadas. Mientras, el Sr, Mazón, comía tranquilamente en el Ventorro con una periodista. Estuvo desaparecido durante cinco horas y ni siquiera su consejera pudo contactar con él durante tres horas, mientras estaba reunido el Comité de Emergencias.

Resulta sorprendente la inacción de los responsables de la Comunidad Valenciana (y del propio gobierno de la Comunidad), cuando la Universidad de Valencia (UV), ese día 29, suspendió las clases para evitar daños a su personal docente y no docente. Justo Herrera, coordinador del Comité de Emergencias de la UV, en el informe que ha remitido a la jueza instructora de la causa, ha asegurado que manejaba la información pública que generaban las “instituciones competentes en las materias objeto de la emergencia” y cita explícitamente los “avisos” de la AEMET y de la propia Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana. “No dispuso de más información que esa” -apostilló. ¿Acaso no disponía los dirigentes de la Comunidad Valenciana de la misma información que la UV y, por lógica, bastante más para haber actuado en tiempo y forma?

¿Cómo es posible tanta insensatez, incompetencia e irresponsabilidad de un presidente, que desaparece en plena catástrofe pluviométrica, mientras sus ciudadanos mueren por las lluvias torrenciales que arrasan con todo? Encima, este “señor” se niega a dimitir a pesar de las multitudinarias manifestaciones de valencianas y valencianos exigiéndolo, porque sienten un profundo dolor por la tragedia y saben que el Sr. Mazón no quiso o no fue capaz de ponerse al frente del Comité de Emergencias, avisar a tiempo a la ciudadanía de la grave situación que se avecinaba y, por ello, la posibilidad de salvar vidas.

El acuerdo sobre los presupuestos de la Generalitat entre el PP y VOX ha supuesto para el Sr. Mazón un balón de oxígeno ante la dura realidad que vive y la exigencia de la población para que dimita. El señor presidente se ha rendido a las exigencias de la ultraderecha. Este vergonzoso pacto le va a salir muy caro, porque VOX le ha impuesto todas sus condiciones: un ataque frontal al valenciano, a las políticas de memoria democrática, a los sindicatos, a las ONG, retirar las subvenciones a la agenda de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde y la participación de la extrema derecha en el Plan para la reconstrucción de las zonas afectadas. No quiere perderse este pastel.

La jueza de Catarroja, instructora de la causa, está haciendo una admirable labor de investigación, con recopilación de datos, entrevistas y vídeos sobre la catástrofe a todos los organismo e instituciones intervinientes, así como a personas particulares que han vivido la tragedia. Por ahora ha citado como investigada a la exconsejera de Interior, Salomé Pradas que declarará el 11 de abril, así como Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias. Esperemos que estos altos cargos digan la verdad e indiquen las responsabilidades de todos los miembros del Gobierno, comenzando por el presidente. Es imprescindible que se haga justicia para que situaciones tan trágicas se atajen desde el principio y que los culpables máximos paguen por su negligencia e incapacidad ante la muerte de 227 personas, algunas de las cuales se podían haber salvado si la alerta hubiera llegado a tiempo.

De toda esta exposición voy a extraer algunas conclusiones que me parecen relevantes por los resultados que tuvieron los hechos:

1.- La contratación irregular de un avión que no reunía las condiciones seguras para volar ocasionó el accidente del YAK-42 que se estrelló en Turquía y provocó la muerte de 62 militares y 13 personas de la tripulación.

2.- El presidente J. M. Aznar nos metió en la Guerra de Irak, mintiendo que su gobierno tenía “armas de destrucción masiva”. Se demostró que era falso, pero esa guerra ocasionó la destrucción del país. Fue la ciudadanía española la que en 2004 expulsó del gobierno al PP.

3.- El atentado de Atocha fue el ataque terrorista más grave en suelo español, protagonizado por un grupo yihadista, previsiblemente como represalia por la intervención del gobierno del PP en la Guerra de Irak. Murieron 192 personas y provocaron heridas a 2084.

4.- Al accidente de Metrovalencia causó la muerte a 43 personas y otras 47 resultaron heridas. El sistema de Frenado Automático Puntual (FAP) que avisa al conductor e incluso detiene el tren si es necesario no estaba activado en el lugar del accidente, porque sólo está presente en puntos críticos, como cambios de agujas. No obstante, si hubiera estado activo o se hubiera tenido en cuenta a los empleados que ya había reclamado el Sistema de Seguridad ATP (Protección Automática de Trenes), que el gobierno del PP no quiso instalar, se habría evitado el accidente.

5.- En el descarrilamiento del tren Alvia fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas. El accidente se produjo en la curva de Angrois (antes había ocurrido aquí mismo otro accidente). El tren iba a 191 km/h y el maquinista no reparó en la señal de límite de velocidad. Cuando él accionó el freno de emergencia (Sistema de Seguridad ASFA) el tren continuó a gran velocidad y descarriló. Se culpó al maquinista, pero lo grave es que el director de seguridad y circulación de ADIF había desactivado en esa zona el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) que habría detenido automáticamente el tren al detectar exceso de velocidad.

6.- Los “Protocolos de la vergüenza” que puso en marcha la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 (plena pandemia) prohibía a las residencias de ancianos derivar enfermos a los hospitales. Fallecieron 7291 personas. De los 6300 enfermos con seguro privado que sí pudieron abandonar sus residencias sólo murieron 2179. Según la Comisión Ciudadana por la Verdad, si se hubieran derivado a los enfermos, se podrían haber salvados más de 4000 personas. Esperemos que la justicia condene a los responsables como exigen los familiares de las víctimas.

7.- Las inundaciones por una gota fría (DANA) en la Comunidad Valenciana tuvo unos efectos catastróficos con 227 fallecidos, destrozo en viviendas, en infraestructuras y arrastrados cientos de vehículos. La negligencia e irresponsabilidad del gobierno de la comunidad (con su máximo representante a la cabeza, el Sr. Mazón) por su tardía comunicación a la ciudadanía de los desastres que se avecinaban, cuando tenía pleno conocimiento con tiempo de lo que podía suceder, originó una auténtica tragedia de muertes y daños materiales. Muchas de estas personas que fallecieron se podían haber salvado si la alerta a la población hubiera llegado a mediodía, antes de los desastres de la tarde. Esperemos que se haga justicia y que los máximos responsables políticos paguen por su incompetencia e irresponsabilidad en la gestión de una catástrofe de esta envergadura.