La peligrosa trampa de la “neutralidad” en la escuela pública

Manuel Marrero Morales

Colectivo Prometeo

La Resolución 73/2026 sobre organización y funcionamiento de los centros educativos de Canarias incorpora una disposición que debería preocupar a cualquier persona comprometida con la educación democrática. En su apartado 3.4 se establece que no podrán autorizarse actividades impulsadas por colectivos “caracterizados por una determinada opción ideológica que no sea neutral”. A primera vista, la medida podría parecer razonable. ¿Quién podría oponerse a la neutralidad? Sin embargo, basta detenerse unos instantes en el significado de esa palabra para comprender la gravedad de lo que se pretende introducir.

La primera pregunta es tan sencilla como decisiva: ¿qué significa exactamente ser neutral? ¿Quién determina qué organizaciones son neutrales y cuáles no lo son? ¿Con arreglo a qué criterios? La resolución no ofrece respuestas. Y precisamente ahí reside el problema.

La neutralidad absoluta es, en buena medida, una ficción. Toda institución, toda organización social e incluso toda política pública se fundamenta en determinados valores, principios y concepciones del mundo. Defender la igualdad entre hombres y mujeres, promover la inclusión de las personas con discapacidad, impulsar la sostenibilidad ambiental o reivindicar los derechos laborales implica asumir posiciones éticas y sociales concretas. También las administraciones públicas actúan desde determinados marcos ideológicos cuando priorizan unas políticas sobre otras.

Por ello, la apelación a la neutralidad suele esconder una paradoja: quienes se presentan como neutrales no dejan de defender una determinada visión de la realidad; simplemente la presentan como si fuera la única legítima o como si estuviera por encima de cualquier debate. La neutralidad, utilizada de esta manera, deja de ser una garantía de imparcialidad para convertirse en un mecanismo de exclusión y abrir la puerta a dinámicas incompatibles con una cultura democrática pluralista.

Desde la filosofía política y la teoría democrática se ha señalado reiteradamente que no existen espacios completamente ajenos a los valores. Las propias constituciones democráticas no son neutrales: defienden la libertad, la igualdad, la dignidad humana, el pluralismo político y los derechos fundamentales. La escuela pública tampoco es neutral en ese sentido. Está comprometida con la formación de una ciudadanía libre, crítica y democrática. Lo que debe ser neutral no son los valores constitucionales que la sustentan, sino el trato que reciben las distintas opciones legítimas presentes en la sociedad.

La historia demuestra que el concepto de neutralidad ha sido utilizado en numerosas ocasiones para limitar la participación social y restringir el debate público. Bajo la apariencia de evitar conflictos o controversias, se termina excluyendo a aquellas voces que cuestionan el orden establecido. Lo que se presenta como una protección frente al adoctrinamiento acaba convirtiéndose en una forma de censura.

Resulta además llamativo que quienes reivindican esta supuesta neutralidad para restringir la presencia de organizaciones sociales en los centros educativos no cuestionen, con la misma intensidad, la presencia de la enseñanza confesional en la escuela pública o la existencia de idearios particulares en centros sostenidos con fondos públicos. La neutralidad parece exigirse selectivamente a unos actores mientras se considera perfectamente compatible con otros espacios donde también se transmiten valores, creencias y visiones específicas del mundo.

La cuestión de esta forma de censura resulta especialmente preocupante cuando se traslada al ámbito educativo. La escuela pública no existe para proteger al alumnado de la diversidad de ideas presentes en la sociedad. Su función es precisamente la contraria: proporcionar herramientas para comprender esa diversidad, analizarla críticamente y participar en ella de manera libre y responsable. Una educación democrática no se construye aislando a los estudiantes de los debates sociales, sino enseñándoles a enfrentarse a ellos con conocimiento, criterio y respeto.

La escuela no es una burbuja separada de la realidad social. Es un espacio donde confluyen problemas, conflictos, aspiraciones y debates que atraviesan a toda la ciudadanía. Negar esa realidad en nombre de una supuesta neutralidad equivale a empobrecer la experiencia educativa y a reducir la capacidad del alumnado para comprender el mundo en el que vive.

Por eso resulta inquietante que una administración educativa pretenda reservarse la facultad de decidir qué organizaciones pueden entrar en los centros y cuáles deben quedar excluidas por no ajustarse a una supuesta neutralidad. La arbitrariedad es inevitable cuando los criterios son vagos e indeterminados. ¿Podría considerarse ideológico un sindicato? Evidentemente sí. ¿Y una organización ecologista? También. ¿Una asociación feminista? ¿Una entidad de memoria histórica? ¿Una organización empresarial? ¿Una asociación religiosa? Todas ellas defienden determinadas ideas y valores. El problema es que, con una redacción como la aprobada, la decisión sobre quién puede participar y quién no queda sometida a la interpretación subjetiva de la Administración o de los equipos directivos.

Y cuando la libertad depende de interpretaciones subjetivas del poder, la libertad deja de estar garantizada.

No se trata únicamente de una cuestión administrativa. Estamos ante un debate que afecta directamente a derechos fundamentales. La libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad de asociación y el pluralismo político constituyen pilares esenciales de cualquier sociedad democrática. El Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones que el pluralismo no es un elemento accesorio del sistema democrático, sino una de sus condiciones básicas de existencia.

La educación pública tiene además una responsabilidad específica: formar ciudadanos capaces de convivir en sociedades complejas y diversas. Esa tarea exige exponer al alumnado a perspectivas diferentes, contrastar argumentos y aprender a convivir con el desacuerdo. Una escuela que selecciona las voces autorizadas en función de su supuesto grado de neutralidad no educa para la democracia; educa para la conformidad y la obediencia acrítica.

La experiencia demuestra que las democracias no se debilitan por el exceso de pluralismo, sino por su ausencia. Los sistemas democráticos se fortalecen cuando permiten la confrontación pacífica de ideas, garantizan el derecho a disentir y generan espacios donde las diferencias pueden expresarse sin miedo. Lo contrario conduce a sociedades más uniformes, menos críticas y más vulnerables frente a las tentaciones autoritarias.

La escuela pública debe ser un reflejo de ese pluralismo. Evidentemente, existen límites. No tienen cabida discursos que promuevan la violencia, el racismo, la xenofobia, el machismo, la LGTBIfobia, la discriminación o la vulneración de los derechos humanos. Pero esos límites ya están establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Existen mecanismos legales suficientes para impedir la difusión de mensajes incompatibles con los principios democráticos. No es necesario introducir categorías ambiguas como la de “opción ideológica no neutral”, cuya principal consecuencia será generar incertidumbre, autocensura y discrecionalidad.

Porque ese es otro de los riesgos de este tipo de medidas: el miedo. Cuando las reglas son imprecisas, los equipos directivos pueden optar por evitar cualquier actividad susceptible de generar controversia. La consecuencia no es una escuela más neutral, sino una escuela más silenciosa. Una escuela donde se reducen los espacios de debate y participación por temor a posibles conflictos administrativos. Una escuela menos democrática.

Y quizá ese sea el verdadero peligro de esta disposición: que no produzca una censura abierta y visible, sino una censura preventiva. Que sean los propios centros quienes renuncien a determinadas actividades, invitaciones o proyectos por miedo a que alguien cuestione posteriormente su encaje dentro de ese difuso concepto de neutralidad. La autocensura es una de las formas más eficaces de limitar la libertad porque no necesita prohibiciones explícitas; basta con generar incertidumbre.

La educación pública canaria necesita justamente lo contrario. Necesita abrirse a la sociedad, fomentar el pensamiento crítico, fortalecer la participación y promover el encuentro entre perspectivas diversas. Necesita alumnado capaz de escuchar, debatir, argumentar y construir sus propias opiniones. Necesita ciudadanía democrática, no obediencia intelectual.

La democracia no consiste en escuchar únicamente a quienes piensan igual. Consiste, precisamente, en garantizar que las distintas voces puedan expresarse en condiciones de libertad e igualdad, siempre dentro del respeto a los derechos fundamentales y a las normas de convivencia democrática. La pluralidad de ideas no es una amenaza para la escuela; es una de sus mayores riquezas.

Por eso resulta imprescindible rechazar cualquier intento de utilizar la neutralidad como una herramienta de control ideológico. La verdadera neutralidad de los poderes públicos no consiste en excluir ideas del espacio educativo, sino en garantizar que ninguna opción legítima sea discriminada por razones ideológicas. No consiste en silenciar voces, sino en asegurar que todas puedan ser escuchadas.

Defender la escuela pública es defender el pluralismo. Defender la educación democrática es defender la libertad. Y defender la libertad exige oponerse a cualquier norma que, bajo la apariencia de neutralidad, otorgue a la Administración o a otros órganos de decisión la capacidad de determinar qué ideas merecen ser escuchadas y cuáles deben quedar fuera de las aulas.

Porque cuando el poder se arroga el derecho de definir qué es neutral y qué no lo es, la neutralidad deja de ser un principio democrático para convertirse en un instrumento de control. Y cuando eso ocurre, lo que está en juego ya no es únicamente una disposición administrativa: es la propia calidad de nuestra democracia.

Esta concepción de la educación hunde sus raíces en una larga tradición pedagógica democrática. Desde la Institución Libre de Enseñanza hasta pensadores como John Dewey y Paulo Freire, la educación ha sido entendida como un proceso de formación de ciudadanos libres, críticos y capaces de participar activamente en la vida pública. Lejos de concebir la escuela como un espacio de aislamiento frente a los conflictos y debates de la sociedad, estos referentes defendieron una educación abierta al mundo, al diálogo y a la confrontación razonada de ideas. La democracia no se aprende mediante el silencio ni mediante la exclusión de las voces discrepantes; se aprende practicando la libertad, el pensamiento crítico y la participación.

La sociedad canaria tiene la responsabilidad de defender la autonomía de los centros educativos y la capacidad de decisión de las comunidades educativas frente a cualquier intento de imponer criterios arbitrarios que limiten el pluralismo. Una escuela abierta, crítica y participativa constituye una de las mejores garantías para preservar una democracia viva. Por eso, la defensa de la libertad en las aulas no es una cuestión corporativa ni sectorial: es una causa profundamente democrática que concierne al conjunto de la ciudadanía.