Ayer jueves 5, 8 compañeros y compañeras de la Acampada Dignidad fueron citados a comparecer ante el Juzgado de Instrucción Nº 4 de
Córdoba a fin de recoger un auto judicial a resultas de una denuncia
municipal por un delito de usurpación (ART 245.2 CP) en relación al uso
que la Acampada está haciendo del Colegio Rey Heredia.
En dicho auto, se les cita para declarar
como imputados el próximo 16 de enero. El Ayuntamiento de Córdoba ha
solicitado además al Juzgado el desalojo inmediato del Colegio Rey
Heredia como medida cautelar.
La Acampada Dignidad presentará
alegaciones contra estas medidas y en concreto contra la reclamación
municipal de desalojo, entendiendo que no es necesaria ni proporcional.
Es evidente que el inmueble no solo no
ha sufrido daño alguno, sino que por el contrario ha sido restaurado y
recuperado del estado de abandono en que lo mantenía el Ayuntamiento. De
la propia documentación municipal adjuntada a la denuncia, se deduce
que el Ayuntamiento carece de proyecto concreto de uso para el
edificio, a corto o medio plazo, por lo que el desalojo sólo conduciría a
devolver el inmueble a su estado previo de abandono y desuso.
La decisión de desalojar el Centro
Social Rey Heredia, supondría la interrupción de la iniciativa de Cocina
Abierta, comedor social que visitan cerca de 100 personas diarias.
Imposibilitaría igualmente las clase de apoyo de distintas materias para
niños y adultos sin recursos, además de otras muchas iniciativas en
marcha, como el punto de información y asesoramiento socio-laboral, la
radio y un huerto comunitario, dejando además sin espacio para reunirse y
desarrollar sus actividades a decenas de colectivos que de forma
cotidiana usan el centro desde el 4 de octubre.
Reclamar una medida como esta solo puede
entender desde la voluntad del Alcalde José Antonio Nieto, de acabar
con una iniciativa que, en solo dos meses, se ha consolidado , poniendo
en cuestión su propia incapacidad para dar respuesta a las necesidades y
demandas ciudadanas, evidenciando el abandono de lo bienes públicos y
señalando los efectos de las políticas antisociales y criminales de los
gobiernos del PP.
Las alegaciones del Ayuntamiento ante el
Juzgado, en base a documentación interna, en el sentido de que está
trabajando en la cesión de dicho espacio a colectivos vecinales, no
suenan sino a justificación para el desalojo, y contrastan con la falta
de interlocución real con colectivo vecinal alguno en este sentido y con
la falta de propuestas concretas de uso conocidas, más allá de las
improvisaciones y modificaciones sobre un PGOU, que la propia política
de recortes impulsada por su partido impide llevar a cabo.
Un Ayuntamiento, que es sumiso a los
poderosos y represivo con quienes sufren sus políticas, no admite que
desde la solidaridad y el apoyo mutuo, sin un euro de financiación
institucional y con la colaboración desinteresada de decenas de personas
se organice la respuesta a las políticas contra las personas y los
derechos sociales del gobierno.
Desde la Acampada Dignidad , se tomarán
las medidas legales oportunas para tratar de impedir que el centro
vuelva a quedar abandonado, y para defender a los 8 compañeros y
compañeras imputados, que son sólo una parte de un colectivo mucho más
amplio contra el que el Ayuntamiento no se atreve a actuar porque
tendría que procesar a cientos de personas.
Pero la Acampada Dignidad no se va a
quedar en los juzgados, y prepara ya movilizaciones y acciones para
evidenciar el apoyo popular a la liberación del Rey Heredia, y a las
iniciativas en marcha, tenemos una larga lucha por delante que no ha
hecho nada más que empezar.
ACAMPADA DIGNIDAD CÓRDOBA
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