Es un magistrado
que habla de política. Y habla claro. Forma parte de un estamento –el de
las Togas- esencialmente conservador, corporativista y con poca
querencia por la igualdad económica y social. Sin embargo, Joaquim
Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, pergeña razonamientos como
éste: “Los poderes financieros han roto el consenso, el contrato
social, y lo han hecho con el consentimiento del poder político; el
poder financiero ya no admite la igualdad de partida de todos los
ciudadanos; éste es el modelo del Tea Party: el que no tenga recursos,
que viva en la calle, en una tienda de campaña”.
El jurista ha
participado en un acto del Frente Cívico-Somos Mayoría de Valencia,
titulado “El desmantelamiento del estado de derecho”, en el Paraninfo de
la Universitat de Valéncia.
En el acto se ha presentado la
propuesta de actuación jurídica del Frente Cívico (“Justicia, derechos y
rebeldía”). En la misma se plantea -además de la necesidad de la
desobediencia civil, el deber de rebeldía y el ejercicio de los derechos
y libertades ciudadanas (entre otros, el voto consciente)- la apelación
a jueces concretos exigiendo el cumplimiento de las leyes. Se propone,
para cumplir con este último punto, la creación de un Frente Jurídico,
que coordine los esfuerzos que diariamente realizan numerosos abogados,
jueces y fiscales en el conjunto del estado; también, el diseño de un
“banco” de recursos y herramientas jurídicas; Por último, se avanza la
posibilidad de personarse en casos penales abiertos y la interposición
de querellas y acciones judiciales.
Además, el miembro del
Frente Cívico de Valencia, Héctor Illueca, ha procedido a la lectura del
Manifiesto Jurídico de la organización, en el que se afirma que la
situación que atraviesa el país “no es conforme con el espíritu y la
letra de la Constitución de 1978”. Es el momento, se afirma, de “hacer
pedagogía y sentirnos muy unidos a los ciudadanos” y de “poner a su
servicio todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance: abogados,
procuradores, jueces, fiscales, colegios y también desde el ámbito
académico”. Se incluye en el manifiesto esta paladina declaración de
principios: “La ley no puede ser aplicada con todo su rigor a la mayoría
y pisoteada cuando sus destinatarios están situados en las más altas
instancias”.
La reforma del Código Penal anunciada por el
gobierno prevé supuestos que anteriormente no existían. Por ejemplo, la
posibilidad de prisión por la ocupación pacífica de una sede bancaria
(imagínese una acción de los yayoflautas); lo que realmente se
está haciendo, a juicio de Joaquim Bosch, “es criminalizar la libertad
de expresión”. También se establece la posibilidad de pena de prisión
para los casos en que se comparta en las redes sociales la convocatoria de manifestaciones que pudieran “alterar el orden público”. “Estas reformas
no tienen nada de inocentes”, afirma el magistrado. “Todo ello responde
a que el desgaste del gobierno y del poder financiero viene por obra de
los ciudadanos y de los activistas, no de la oposición parlamentaria; y
son muy conscientes de ello”, apunta el jurista. Es decir, en el punto
de mira se encuentran el 15-M, la PAH o las “mareas”, a las que se trata
de sofrenar.
“Es una manera de blindarse de las críticas y del
desgaste por parte de los movimientos sociales”, insiste el portavoz de
Jueces para la Democracia. Es el sentido que tienen, en la Ley de
Seguridad Ciudadana, las multas de hasta 600.000 euros por manifestarse
pacíficamente frente a edificios públicos como el Congreso de los
Diputados. Jueces como Santiago Pedraz resolvieron en su día que la
convocatoria del 25-S “Rodea el Congreso” no constituía un delito si se
hacía de modo pacífico; ni tampoco lo eran las acciones de protesta
contra las desahucios organizadas por la PAH. Ha ocurrido entonces que
el gobierno, “ante el fracaso de castigar estas acciones por la vía
penal, las ha llevado a la vía administrativa, buscando exclusivamente
un efecto intimidatorio”, explica el jurista. En un contexto de aguda
crisis, se adicionan varios factores disuasorios: el incremento de las
cuantía de las multas (y la posibilidad de embargo de los bienes si no
se abonan) y el aumento de las tasas judiciales. Un aviso para la
ciudadanía crítica.
Lo mismo ocurre con la grabación y difusión
de imágenes de agentes de la policía que se extralimiten en el curso de
una manifestación, lo que se sanciona con una multa de hasta 600.000
euros en la nueva legislación. “Esto es claramente inconstitucional
–afirma Bosch-, porque vulnera el derecho a la información; se graba a
un funcionario público en el ejercicio de sus funciones en la vía
pública”. Por ello, explica el magistrado, “han sido muy cuidadosos y
ambiguos en la redacción”, al añadir esta coda: “si se atenta contra el
honor y se pone en riesgo la seguridad de los agentes”. Además, por
desobediencia o resistencia a la autoridad (a un policía en el ejercicio
de sus funciones), el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la
Seguridad Ciudadana promueve sanciones de hasta 30.000 euros
(actualmente, la cantidad oscila entre los 100 y 300 euros después de
que tenga lugar un juicio de faltas).
El goteo de recortes en
materia de derechos y libertades daría para horas de análisis y sesudas
disquisiciones entre juristas. Pero Joaquim Bosch da una visión general
que contribuye a aquilatar los efectos de la ofensiva. “Todo lo que está
ocurriendo desde finales de 2007 tiene mucho que ver con la dignidad
humana”, afirma. Esto se pierde de vista dada la familiaridad con que
todos los viernes los ciudadanos asisten, inermes, a un nuevo tajo en
sus derechos. Sin embargo, recuerda el magistrado, “hay un núcleo
esencial de cada persona, del que emanan sus derechos fundamentales, y
que recoge de manera positiva la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948”.`
Parecía que en Europa, tras la segunda
guerra mundial, se había llegado en cierto modo a lo que el sociólogo
danés Esping-Andersen denominaba “desmercantilización” del ser humano.
Un cierto freno al capitalismo salvaje y a la idea de que la persona es
una mera “cosa” al albur del mercado. Se entendía, por tanto, que el ser
humano requiere unos recursos básicos para desarrollarse. De ahí se
deriva el principio de igualdad y el de dignidad de la persona, que se
incluye en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en constituciones
como la española que, en el artículo 10.2, establece que la dignidad
personal y los derechos inviolables que le son inherentes, constituyen
fundamento del orden político y de la paz social. La “Teoría de la
justicia” de John Rawls y su idea de la “justicia distributiva” en la
que se maximice lo básico, con la lógica secuencia de un estado
intervencionista, aportaba argamasa teórica al llamado “estado del
bienestar”. “Hasta hace unos pocos años, todo esto no era discutido”,
apunta Joaquim Bosch.
Pero con el triunfo del neoliberalismo se
dinamitó, se reventó, se estragaron las costuras del andamiaje. Señala
el jurista que, “con la caída del bloque soviético, se refuerza la
embestida neoliberal contra el estado social, que llega a uno de sus
puntos culminantes con la desregulación financiera en Estados Unidos”.
La falta de controles, el desdén hacia toda intervención estatal y la
jungla financiera son factores sin los que no se explica la crisis
actual. Que también afecta al estado español. Según Bosch, “el desastre
económico no ha sido inocente; banqueros, intermediarios financieros y
gestores de las entidades, que se han enriquecido, actuaron de manera
negligente”. Sin embargo, no se miró en esa dirección a la hora de
pechar con las responsabilidades. Se eligió otra opción: “Toda la
sociedad ha de poner el dinero para equilibrar los balances de la
banca”. ¿Había alternativas, más o menos moderadas? “En Islandia se dejó
caer a los bancos y se persiguió a los responsables”, apunta el
portavoz de Jueces para la Democracia.
Joaquim Bosch sigue
hablando claro: “Se ha aprobado una reforma laboral que dispara las
tasas de paro, precariza notablemente el empleo y, al final, también
feminiza la pobreza”. Matiza asimismo el magistrado la idea
generalizada, consensuada y universalmente asumida de crisis económica:
“Las empresas del IBEX-35 baten récords de beneficios, nunca se han
matriculado tantos coches de lujo como ahora y continúa el trasvase de
rentas de la clase media y trabajadora, a las clases altas y grandes
empresas”.
Todos estos procesos tienen lugar sin que el estado
disponga de mecanismos de intervención (para regular) ni fiscales (para
equilibrar): “El sistema tributario del estado español, el implantado en
la transición, lleva a que un trabajador pague los mismos impuestos que
en los países escandinavos, mientras que las empresas pagan bastante
menos que en Suecia”. Ataques a la dependencia, sanidad, educación,
servicios públicos de justicia… “Los neoliberales están aprovechando la
crisis para ir cada vez más a un estado mínimo”. Uno de los presentes en
el auditorio formula entonces la pregunta más pertinente: “¿Por qué un
gobierno ha de gestionar un estado cuando realmente pretende que éste
desaparezca?” O, en otras palabras, ejerce de “enterrador”.
Si
la crisis económica en el estado español es devastadora, y ha disparado
las tasas de pobreza, paro y exclusión (también la de millonarios), no
menos decisiva es la crisis de régimen (político). Joaquim Bosch sitúa
en el frontispicio de su argumentación una idea del jurista y politólogo
Norberto Bobbio: “La crisis de la mediación representativa”. ¿Cómo se
aplica esta idea en el contexto de la política española? “Contamos con
un sistema de partidos donde todo lo controlan las cúpulas; ejemplo de
este déficit democrático es cómo dos personas se reunieron y decidieron
modificar la inviolable constitución, el artículo 135, sin
consultar a nadie; se trata, además, de fuerzas políticas muchas veces
cómplices de los agentes económicos, cuyos beneficios se anteponen al
interés general; tampoco se convocan referendos ni consultas populares,
todo se reduce a votar cada cuatro años”, explica el magistrado. Toda
esta opacidad y política de corte oscurantista (se ha visto en el “caso
Bárcenas”: sólo cuatro o cinco personas de la dirección del PP conocen
las cuentas del partido) “es el perfecto caldo de cultivo para la
corrupción”.
Tampoco el funcionamiento del aparato judicial
permite abrigar demasiadas esperanzas. La imputación de la infanta ha
aireado muchas de las vergüenzas del sistema. Recuerda Joaquim Bosch que
antes de que el juez Castro dictase el auto de imputación, el fiscal
–“que se alinea descaradamente con las tesis de la defensa”- ya afirmaba
estar en contra de que la imputación se produjera. Otra cuestión en la
que el gobierno de Rajoy ha dado un “salto” cualitativo es el de los
indultos, señala el magistrado. Políticos corruptos, policías que
torturan, banqueros… “A una persona con poder, dinero e influencia es
difícil que la condenen (por los medios de defensa de que disponen),
pero sí la condena se produce, después puede recurrirse a la vía del
indulto”. El portavoz de Jueces para la Democracia recuerda cómo en una
reunión, el ministro Ruiz Gallardón le dijo que el indulto debía ser
“discrecional”, es decir, no debía explicarse ni razonarse. España.
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