JUSTICIA, DERECHOS Y REBELDÍA (Borrador sobre propuesta de actuación jurídica coordinada dentro de una estrategia global)

   

 

Manuel Delgado Milán

Colectivo Prometeo-FCSM          

 

    El propósito de este escrito es hacer una breve e incompleta auditoria del funcionamiento de las instituciones en las que se configuran los poderes del Estado, poniendo en la balanza los hechos concretos, la respuesta institucional que sería normal y esperable en garantía de los derechos y, poner a disposición de la sociedad las respuestas que el propio ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición para corregirlas.

La realidad social, económica y política evidencian una profunda descomposición, frustración y alarma que ha penetrado en la mayoría de  la sociedad y se traduce en la vida de cada uno de nosotros/as.

Hay voces que dan por muerto el Estado de Derecho, ante su incapacidad para dar respuesta a la corrupción  que cuestiona el sistema institucional, al desmantelamiento de los derechos sociales, al deterioro de los servicios públicos, atacados por los recortes y la privatización, a los escandalosos índices de desempleo, de desahucios. En definitiva, que los ciudadanos estamos inermes para pedir la protección de los más elementales Derechos Humanos, mientras campa la impunidad de hecho, y la desigualdad de trato ante la ley, de los que son, más que presuntamente, responsables de esta situación.              

        

          CORRUPCIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA

             Los casos concretos son sólo síntomas de una enfermad grave y letal para la sociedad, para la democracia, su sistema institucional, para los partidos y sindicatos y, lo que es más importante, para la garantía de los derechos de la ciudadanía y de la convivencia. Urge por tanto abordarlos, TODOS Y CADA UNO de ellos, con ejemplaridad y con todas las consecuencias, pero sin perder de vista el conjunto y el origen que los ha hecho posibles.

             Casa Real, Fiscalía, Agencia Tributaria.- 

           Tirando del hilo, en cada uno de los casos de corrupción, es posible llegar al mismo ovillo, pero es el caso Noos, con la implicación del yerno y la hija del Rey, el que está suponiendo la prueba de mayor desviación del cumplimiento de las funciones y de sus estatutos legales, de instituciones esenciales para una correcta e igualitaria aplicación de la ley como la Fiscalía o la Agencia Tributaria. Es un caso penal ordinario, por un delito normal, sin embargo es por la sigularidad de los presuntos delincuentes, frente al normal cumplimiento de sus responsabilidades del juez instructor, por lo que este caso es muy interesante para evidenciar, los males de raíz que nos aquejan y han dado muestras de irregularidades e ilegalidades en otros casos.  

           

           Estas anormalidades deben ser depuradas y corregidas, más allá de que el juez Castro llegue hasta el final en la instrucción, y posteriormente el juez de lo Penal dicte lo que proceda, sobre las responsabilidades penales de los ahora imputados.

Estas debieran ser las preguntas que deben ser respondidas: ¿Están el fiscal del caso y la superioridad de la Agencia Tributaria al servicio de la defensa de una imputada?. En caso afirmativo, ¿qué relación tiene esa conducta con su condición de hija del rey?. Si es así, habrá perseguir penalmente los delitos de obstrucción a la justicia, prevaricación y otros contra los peritos de Hacienda y contra la Fiscalía. Al estar el fiscal del caso bajo dependencia jerárquica, quienes hayan podido condicionar su imparcial actuación deben ser el objetivo. ¿Podemos llegar a los minitros Gallardón y Montoro?. Si ha habido contactos de éstos con la casa real para influir en su actuación, tenemos derecho a saberlo.  

Los hechos que se imputan son muy concretos y de naturaleza objetiva. No estamos ante delitos en los que influyan los elementos subjetivos e interpretables del tipo penal, como el conocimiento o la intención (por ejemplo el “a sabiendas de su injusticia” en el delito de prevaricación). Por este motivo hay que depurar las responsabilidades de la Fiscalía en todas sus implicaciones o instancias jerárquicas. ¿Qué instrucciones ha recibido ese fiscal para estar siendo un obstáculo a la aplicación de la ley al caso concreto como se desprende del prolijo y sólido Auto de imputación del juez Castro?.

          

        La prueba pericial emanada de la Agencia Tributaria choca con la realidad contrastada por informes anteriores y con la práctica habitual del trato a cualquier ciudadano/a. Si el juez evidencia la ilegalidad de facturas y basa en las mismas la imputación, ¿qué privilegio tiene esta ciudadana para convertir en legal lo objetivamente ilegal?. ¿Incurre dicho informe en una conducta incardinable en el Código penal?.

Urge que se concrete un acusación popular que llegue al tuétano de la gravedad del asunto.

¿Ocurre lo mismo en otros casos como en el que han cesado a una inspectora y ha dimitido su superior, por desestimar un recurso de la multinacional PEMEX?. En caso afirmativo ¿tiene este anormal funcionamiento relación con que más del 70% del fraude fiscal, que la el sindicato GESTHA calcula en más 89.000 millones de euros, se concentre en los grandes (no) contribuyentes?.  

         

           No hace falta ser un lince para deducir las gravísimas consecuencias que tiene que el Estado no cuente con los más de 50.000 millones de euros defraudados, que ya supone más de un 5% del PIB, que para unos ayudaría a resolver el problema del déficit anual del Estado, disminuiría el incremento de la deuda pública, lo que hay que pedir de más cada año a los mercados (a los mismos que presuntamente defraudan); para otros evitaría someter a durísimos recortes en el gasto social, ese que hace efectivos los derechos esenciales de los ciudadanos, o aumentar la carga fiscal a las capas medias y populares con impuestos indirectos como el IVA, que no discriminan según los ingresos del contribuyente, aumentando la desigualdad, empobreciendo a los pobres y restringiendo el consumo hasta de lo más esencial. Hasta los medicamentos se han visto afectados por el tipo máximo del 21% de IVA.

             

           Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Partidos Políticos y Cajas de Ahorros. 

           El pueblo español, (la Iglesia Católica en algunos casos) era propietario, usuario y beneficiario de las Cajas de Ahorros. Su nivel de negocio, sus activos, la obra social que realizaban y, sobre todo, la financiación de la economía real, de la pequeña y mediana empresa, autónomos y de las familias, competía y estorbaba a la gran banca nacional y extranjera.  

           

          La inmensa mayoría de las Cajas de Ahorro ha desaparecido dejando un rastro de nepotismo y la corrupción de sus gestores, promovidos desde los aparatos de los partidos políticos, en recíproco beneficio: unos disfrutaban de sueldos y privilegios escandalosos, y otros se han financiado, llegando se perdonados sus créditos.  Las consecuencias no han podido ser más graves. En lo concreto, muchos ahorradores han sido presuntamente estafados, los deudores hipotecarios han sido sometidos a cláusulas abusivas en sus contratos para compra de vivienda habitual. En lo general, la vivienda llegó a unos precios astronómicos fruto de la especulación galopante incentivada por los entes locales, las cajas de ahorro y el sistema financiero internacional. Entre todos, de forma planificada, convirtieron un bien de interés social, garantía de un derecho humano, esencial en sí mismo e instrumento de protección del derecho a la salud, la intimidad y la protección a la familia y la infancia, en un bien de inversión especulativa. Por último, el Gobierno ha socializado la ruina acumulada y los contribuyentes, con el dinero de todos, pero sin contar con nuestro consentimiento, estamos pagando con mayores impuestos, todas esas tropelías. Casi nadie ha respondido de este crimen. Nadie ha pagado por ello como debiera.

  

            El poder judicial se ha visto sobrecargado de trabajo con las ejecuciones hipotecarias, los concursos de acreedores, o las reclamaciones por impagos en todo el entramado productivo de la construcción o sectores dependientes de él, que, de la noche a la mañana se han visto en la ruina total. En el ámbito penal, son muchos los casos de corrupción de la administración local, pero ni mucho menos son todos. Muchos menos, ante la inactividad de la fiscalía, son los gestores de Cajas de Ahorros imputados, y nadie entre los organismos reguladores CNMV y Banco de España.

            De esta manera llegamos a los dos grandes partidos políticos, a los casos de financiación ilegal de sus campañas y a los sobresueldos pagados a sus altos cargos. Llegamos al tráfico de influencias en la contratación de obra pública y en los servicios públicos. De ahí al dinero negro, a las cuentas en suiza y en paraísos fiscales. Lo público y lo privado se confunden en un círculo vicioso, en una puerta giratoria, en una noria de fango que el pueblo, durante años ciego y confiado, pero ya exhausto, pesadamente, está haciendo girar.

            

     La justicia, instada por los ciudadanos ante la ausencia de iniciativa de la Fiscalía, tiene que retratarse ante estos hechos de tan enorme trascendencia y sus criminales consecuencias.

       Los Gobiernos, las Cortes Generales, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, y más abajo los gobiernos y parlamentos autonómicos y los ayuntamientos.

     Todas estas instituciones han fallado porque son un todo con los partidos políticos de los que emanan. Todas las instituciones, de manera directa o indirecta, están sometidas al control de los dos grandes partidos para que nunca puedan controlarse entre ellas; para que se muy complicado restaurar la legalidad, depurar los incumplimientos, y mucho menos, satisfacer las necesidades de la sociedad cumpliendo los mandatos constitucionales. Todo ello está ocurriendo, en su propio beneficio y por obediencia a los que, fuera de las instituciones, fuera incluso de nuestras fronteras, ejercen un PODER arbitrario y opresor. Estamos hablando de Alta Traición a los intereses del pueblo español. 

           

   Hasta tal punto es así que, puestos de acuerdo los dos grandes partidos en esa OBEDIENCIA A UN PODER EXTRAÑO A LA SOBERANÍA NACIONAL DEL PUEBLO ESPAÑOL, la Constitución tenía que ser devaluada, derogada de hecho sin consultar al pueblo y CONTRA EL PUEBLO Y LOS DERECHOS que la misma reconoce.  

             

        

            Los jueces

            

          Ante tan alta traición, no cabe apelar a los mismos que, debiendo ser garantes de la legalidad, la traicionan. No obstante, son encomiables los ejemplos de cientos de jueces que, en el cumplimiento de su deber ejercen uno de los poderes del Estado. La justicia, la aplicación de la ley se concreta en la actuación independiente de cada juez ante cada caso. Con todas las dificultades del mundo, a pesar de todo, los jueces -muchos de ellos- cumplen y hacen cumplir las leyes aplicables al caso concreto. Pero ya sabemos que ni todos lo intentan, ni mucho menos lo consiguen, pero sólo son cuestionados y pagan por su osadía los que se topan con el único Poder hoy realmente efectivo. Ante los casos “comprometidos”  sufren la presión de los poderosos y de los medios de comunicación a su servicio. Sabemos el precio que están pagando y como algunos ya han sido expulsados de manera indigna por tener que decidir entre la ley y la obediencia, precisamente, a quien más la vulnera.   

  

     No los hemos apoyado suficientemente. Los hemos metido muchas veces a todos en el mismo saco, cuando en ellos, en que alimentemos con nuestro apoyo la dignidad y grandeza de su labor, en obligarlos con masivas acciones populares, tenemos que depositar los ciudadanos nuestra confianza en la ley y la aplicación de la justicia.

   Nuestras omisiones son las que nos condenan. Todo esto ha llegado en ausencia de una ciudadanía empoderada, de ese pueblo que se siente como tal. España es hoy el sufrimiento de los/as españoles/as y el conjunto de la ciudadanía  no puede permanecer más tiempo en silencio, sin comprometerse con el destino de nuestro país y el futuro de las nuevas generaciones.

El Rey.- 

El precio a pagar por el monarca para que los españoles renunciaran en 1978  a tener como máximo exponente y Jefe del Estado a una persona elegido entre el pueblo y por el pueblo, era el acatamiento de la Constitución. Ese comprimo, recogido en su artículo 61, de “prestar juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas”, nunca cumplió ni siquiera formalmente. El solemne juramento fue incluso pedido, pero los más no lo exigieron con la excusa de que la Constitución fue sancionada por Juan Carlos, como una más de las leyes, anteriores a la ella, y posteriores a ser proclamado rey previo juramento de la legalidad franquista, ante las Cortes de Franco. Aquel juramento y el exigido por la ley, no sólo son distintos, son incompatibles, y la actuación del monarca toda una declaración de intenciones. 

Ateniéndonos a los hechos, la actuación del monarca, aunque sólo sea en relación a su familia, ha caído bajo la sospecha de que no guarda ni ha hecho guardar las leyes. Si así fuera hubiese prevenido los comportamientos que ahora se juzgan y, producidos, habría reclamado, expresa y públicamente, un trato igual a su hija, al que se dispensa a cualquier ciudadano, de la Fiscalía y de otras instancias del Estado. Hasta el juez se ha apartado de ese trato igualitario para compensar la evidente desviación de otros, porque nunca antes un juez ha justificado tanto una simple imputación, para responder y prevenirse ante la inquina de un fiscal. 

Sólo el desprestigio de la monarquía ante la ciudadanía que reflejan los estudios de opinión han motivado a llamar a la ejemplaridad de los representantes públicos y a sostener formalmente la igualdad de todos ante la ley. Pero lo ha hecho en general, en su intrascendente discurso navideño, y tras otras actuaciones que hoy desconocemos en detalle, pero que nos han hecho sospechar una intervención en su favor. 

Habla de ejemplaridad quien es el único declarado irresponsable e inmune ante la ley y su aplicación en un tribunal, quien hace norma de la opacidad del origen de su fortuna y del gasto real de su casa. ¿Podría ser que sea reo de encubrimiento o tácita complicidad con el estado de corrupción que vivimos?, ¿del  progresivo desconocimiento y vulneración  de los derechos y libertades a los que se nos están sometiendo los gobiernos?; ¿de las imposiciones de poderes extraños y antidemocráticos que hipotecan la vida de los españoles/as?.

  

¿Qué ha hecho y cómo se legitima en el cumplimiento de sus funciones como árbitro y moderador “del funcionamiento regular de las instituciones"?. Esas mismas instituciones que tan irregularmente actúan, que son hoy más cuestionadas que nunca desde que se instauraron. ya sabemos que los responsables son quienes las encarnan, pero entonces, si nada puede hacer, ¿para qué sirve?, ¿para qué nos sirve?. Los que dicen que se legitimó por el golpe de estado el 23F, tratan a los españoles como menores de edad y al rey como salvador, cuando quizá fue su reinado lo único que era necesario salvar. 

Los ciudadanos

Nada de lo dicho disculpa completamente a cada ciudadano y al pueblo que conformamos es siempre soberano, siempre el supremo juez. 

Una mayoría de ciudadanos, de funcionarios, de empleados públicos y no digamos los trabajadores de empresas privadas, cumplen con sus obligaciones individuales. Mucho más discutible es que ejerzan su derecho a pensar y a expresarse. A impedirlo ayudan el desconocimiento de nuestra historia y la interiorización del miedo a protagonizarla. La dignidad del ciudadano, en el subconsciente colectivo, está más asociada a cumplir el deber que a imponer los derechos. Pero ¿de qué sirve un trabajo sin salario digno para sustentar la dignidad humana?, ¿un estudio que no se puede aplicar en tu país?, ¿toda una vida de trabajo sin garantía de una pensión y una asistencia en la vejez y en la enfermedad?.  

La dignidad es la propia autoestima del ser humano que se siente libre y responsable, ante sí mismo y ante los demás, porque ayuda a construir la convivencia pacífica en una sociedad libre y justa.

En España son dignos hoy los jueces que se enfrenta con la dura realidad y se crecen ante ella cumpliendo la ley; los policías que investigan, los inspectores de hacienda que denuncian las tropelías de los poderosos; todos esos que son apartados o sancionados. Son dignos los profesores que enseñan a sus alumnos a tener hambre de saber, enseñan a pensar por ellos mismos, a ser solidarios y a rebelarse ante las injusticias. Todos los funcionarios y empleados públicos que realizan con diligencia su trabajo a pesar de las dificultades y escasez de medios, pero denuncian la situación y luchan por la sanidad, la educación, la justicia o la asistencia en situaciones de dependencia, que sean públicas, gratuitas y universales.

La dignidad está en los ciudadanos que trabajan, pagan sus impuestos y obedecen las leyes, pero igualmente exigen con fuerza sus derechos, ante quien los cuestione. Son dignos los que no toleran que se hagan leyes represoras de las libertades y derechos, que los opriman con ellas los que casi siempre las vulneran; que, los que dicen representarlos, los traicionen, malversen el dinero público, incrementen la deuda ilegítima, y se vendan al poder globalizado del dinero.

        

           La mayoría de los ciudadanos queremos hacer valer que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, como ampara el artículo 1.2 de la Constitución. Queremos que, según su artículo 9, los poderes públicos estén “sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, promuevan que “las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”; remuevan “los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud” y faciliten “la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Porque “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Para conseguirlo es necesario que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpreten de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” (artículo 10.2 C.E).

Es la solemne declaración de Derechos Humanos la que, en su preámbulo,  considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN COLECTIVA

Como pueblo podemos usar todas las armas a nuestra disposición con la conciencia tranquila de que, la actuación mayoritaria, convierte en ley lo que ampara la soberanía popular. Antes de que la ignominia se convierta en leyes represoras, como la ley contra el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, y las transversales contra todos los derechos que han supuesto las tasa judiciales, la ley de inseguridad ciudadana, la ley de seguridad privada, pero sobre todo, la reforma del Código penal represor de derechos y de la Enjuiciamiento Criminal (que va a eliminar a los jueces instructores dejando en manos de los Fiscales y del gobierno a quien y porque persigue la ley) el pueblo tendrá que expresar su voluntad, y, si quiere, hacer efectivo su poder, de tres maneras:

1.- Apelando al juez concreto (interno e internacional) exigiendo cumplimiento, tanto las leyes que son directamente aplicables, como invocando los principios jurídicos y derechos conquistados por la Humanidad, que están recogidos en la solemne Declaración de Derechos Humanos y los Tratados, Pactos y Convenios que la desarrollan.

2.- Ejerciendo los mecanismos formales de expresión democrática mediante el ejercicio de los derechos y libertades civiles y, especialmente, cuidando que el derecho voto sirva para expresar colectivamente el rechazo a todos quienes traicionan al pueblo.

3.- Ejerciendo la desobediencia civil, el sagrado deber de la rebeldía ante las leyes manifiestamente contrarias a los derechos y libertades y por tanto a la Dignidad Humana.  

Si bien no podemos dejar de extender el uso de las dos primeras, (es el objeto de este escrito profundizar en la primera, organizando la acción coordinada del mundo del derecho para el uso efectivo de todas las herramientas a nuestro servicio) el éxito en nuestros propósitos ya exige desde hace tiempo, la rebeldía pacífica y la desobediencia activa.

ACTUACIONES CONCRETAS.-

1.- Creación de un Frente Jurídico por las libertades y los derechos.

2.- Diseño de banco de herramientas y recursos jurídicos de aplicación a cada caso o situación de hecho de trascendencia para la ciudadanía.

3.- Acciones inmediatas:

a) Personación en los casos penales abiertos.

b) Estudio de interposición de querellas y acciones en otras jurisdicciones.

            Ahora falta concretar, difundir y ACTUAR.