Juan
García Ballesteros
Presidente
del Colectivo Prometeo
miembro del FCSM
En
un estado que se llame democrático y de derecho no tendría que haber presos
políticos. Pero en esta España nuestra los hay. En las cárceles están recluidas
personas por motivos políticos, debido a una ley antidemocrática que el PP
impuso con su mayoría absoluta. La Ley de Seguridad Ciudadana (Mordaza) está
cumpliendo los objetivos para los que se promulgó: imputar y encarcelar a todo
aquel o aquella que defienda pacíficamente en huelgas, manifestaciones o
concentraciones las libertades y los derechos fundamentales que nos están
quitando. Veamos los derechos que esta ley limita: afecta al derecho de defensa y la
presunción de inocencia, al principio de seguridad jurídica, al derecho
fundamental a la intimidad y a la libertad personal, restringe el
derecho a la información, a la libertad de expresióny manifestación y puede vulnerar
el derecho fundamental a la no discriminación por ideología política.
Esta ley, que atenta contra los
DDHH, supone límites intolerables a las
libertades y derechos constitucionales. En su contenido recoge sanciones leves,
graves y muy graves. Estas últimas contemplan varios años de cárcel y miles de
euros de multa. La gravedad de las imputaciones queda a merced de una fiscalía
controlada por el Fiscal General (nombramiento político) y de unos jueces,
algunos todavía con un pasado franquista. Se debería llamar ley de Inseguridad
Ciudadana, pues quebranta derechos fundamentales que serían inviolables en
cualquier país democrático.Es necesario denunciar la injusta situación que
padecen algunos ciudadanos. Veamos:
-Andrés Bódalo: jornalero del SAT,
concejal de Jaén en Común. Condenado a tres años y medio por “agredir” en 2012
al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jódar, durante una protesta de
jornaleros que reclamaban peonadas para acceder al subsidio agrario. Los vídeos
de la concentración aportados por la Guardia
Civil, así como su testimonio, no contempla ninguna agresión de Andrés,
pero no han sido tomados como pruebas por el juez.
-
Alfonso Fernández, 'Alfon', fue detenido por la policía el 14
de noviembre de 2012 cuando se iba a participar
en un piquete vecinal en el madrileño barrio de Vallecas y condenado a cuatro
años de cárcel por tenencia de explosivos. Su condena es un cúmulo de irregularidades:
contradicciones de los testimonios delos agentes, no admisión de las
declaraciones de los que acompañaban a Alfon, inexistencia de huellas
dactilares en la bolsa y continuas rupturas de la cadena de custodia de los
explosivos. Sólo se tuvo en cuenta la versión policial ¿Pero no ha ocurrido en
ocasiones que la policía ha fabricado pruebas falsas contra personas y
organizaciones? ¿No está pasando con Podemos?
-Raúl y Alfonso, miembros de la Compañía Títeres
desde Abajo, estuvieron en prisión preventiva, impuesta por el juez de la
Audiencia Nacional Ismael Moreno. Esto supone un ataque a lalibertad de expresión, una
agresión a la cultura y una ofensiva contra toda posibilidad de crítica social
y política en una obra de ficción. A los dos se les imputa un delito de
enaltecimiento del terrorismo. Mientras, quedan impunes tantos actos de la
extrema derecha que exaltan al terrorismo franquista y al nazismo.
-Ángel(entonces
estudiante) y un minero asturiano,el 31 de Mayo de 2012, en una manifestación pacífica
en Madrid que pretendía defender los puestos de trabajo de la minería, después
de una fuerte carga policial, fueron detenidos. Le imputaron: atentado a la autoridad,
lesiones y desórdenes públicos. Cuatro años después han sido llamados a juicio
(primero de Junio). El fiscal pide para ellos: 8 años y medio de prisión y
6.400 euros de responsabilidad civil.
- Hay 18 personas
procesadas (con miles de euros de multa), de los Campamentos Dignidad de Extremadura
por reclamar pacíficamente en Televisión una Renta Básica.
- Son varios los
periodistas multados por ejercer su derecho a la información.
- Son casi 300
sindicalistas encauzados por incidentes en huelgas en los últimos años (entre
ellos los 8 de Airbus, ya absueltos).
-En Oviedo, un hombre, que se le iba
a desahuciar, ha fallecido al ser detenido por la policía. Su muerte tendrá que
ser aclarada por la justicia.
Algunos de los detenidos, como 12
personas en Málaga en 2014 por protestar contra la ley Mordaza, han sido
absueltos, otros multados (Jesús Denia de Pamplona). Otros muchos continúan con
juicios pendientes.
Esta antidemocrática ley supone una
criminalización de las protestas sociales y laborales.Ha tenido un amplio
rechazo no sólo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Son ya más
de 100 municipios españoles que se han sumado a la Red de Ciudades Libres de Mordaza, pidiendo su inmediatasupresión.Cientos
de intelectuales, políticosy activistas sociales han firmado un manifiesto (Por las libertades civiles en España y
en Europa),pidiendo la
derogación de la ley. También lo ha hechoGreenpeace
y Amnistia Internacional, así como la asociación Madres contra la
Represión,movimiento que lucha contra la persecución política de personas y
que defiende los derechos políticos y sociales que nos están cercenando. La
prensa internacional clama contra esta ley: TheGuardian, Libération, Le Parisien,
Der Spiegel y New York Times. La propia ONU ha
manifestado su repulsa porque la Ley de Seguridad Ciudadana viola derechos y
libertades fundamentales de los individuos y socava los derechos de
manifestación y expresión en el país.Sin embargo, los medios de
desinformación españoles, no sólo la han defendido, sino que han atacado sin
piedad a las víctimas.
En nuestro país la izquierda real
(Podemos, IU, Equo, Compromis,…) y los partidos autonómicos catalanes y vascos
se han posicionado en contra de la Ley Mordaza, al lado de colectivos sociales,
plataformas y mareas. El reciente pacto del PSOE con Ciudadanos no contemplaba
su derogación, sino sólo un lavado de cara para cubrir las apariencias de
legalidad democrática. El PP, socialistas y C´sestán en el mismo bando.
Mientras se encarcela a inocentes
por defender derechos fundamentales, en España de los actuales tres mil
encausados por corrupción, sólo unos cuántos están encarcelados. La inmensa
mayoría gozan de libertad,saben que sus fechorías
quedarán impunes y que no devolverán el dinero robado al erario público. Como
dice el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial, Carlos Lesmes, la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal está "pensada para el robagallinas, no para
el gran defraudador".
Hay que seguir desde la calle
defendiendo los derechos y libertades que nos están coartando, reclamar la
libertad de los presos políticosy exigir la derogación de la ley Mordaza. Es un
compromiso que debe asumir el próximo gobierno que salga de las urnas el 26J.Es
necesario votar para acabar conesta ley represivae injustaque tanto sufrimiento
está ocasionando a muchas personas.
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