Manolo Cañada
En agosto de 2012 los compañeros del SAT irrumpieron en el Mercadona de dos ciudades andaluzas para denunciar, mediante una expropiación de alimentos, la pobreza y precariedad que estaban provocando las políticas antisociales del gobierno y que oprimía a miles de familias. Una semana más tarde, 70 personas de la Plataforma por la Renta Básica replicábamos la acción, entrando en el Carrefour de Mérida.
Las compañeras y compañeros del SAT no necesitaron que viniera de la ONU ningún Relator Especial sobre la pobreza para conocer la brutal exclusión social que estaba en marcha. Y con coraje, hace ya más de 7 años, pusieron el cuerpo, a sabiendas de que podría caer sobre ellos una campaña de desprestigio y la represión de unas leyes hechas a la medida del rico.
La quiebra social continúa. Solo en Extremadura son más de 90.000 personas las que se ven obligadas a acudir regularmente a los bancos de alimentos. Y casi dos millones en toda España. Pero de esto no entiende la Administración de Justicia. Sólo entiende, al parecer, de perseguir a jornaleros y militantes dignos. A 20 de ellos le piden mañana 30 años de cárcel, por aquellas acciones.
Toda la solidaridad con nuestros hermanos de Andalucía. ¡La lucha es el único camino!
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