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| "Manifestante" con descapotable y chófer.Siempre hubo clases |
Como el rayo
herido te has marchado, camarada.
Huérfanos
estamos y ya tu ausencia amaga
y ya tu eco
asoma.
Se apagó tu voz:
tu corazón, presente.
Herencia de tu
verbo hoy quiero ser,
vanguardia de la
idea que alumbraste,
afilado futuro
entre tus manos
que hienda los
relieves del presente,
retumbar de
tímpano latente..
De aquí partimos
hoy,
de la imposible
altura que legaste
para impregnar de
honestidad los actos,
para caminar el
porvenir de la utopía.
La razón fue
tuya, compañero,
la razón es
tuya, amigo Julio.
Allí
cabalgaremos junto a ti
hasta hacerla
carne enrojecida
esfera del tiempo
intacto entre los hombres
En memoria de Julio
Anguita.
Jorge Alcázar
Colectivo Prometeo
Algo se está
moviendo en las entrañas de nuestro país cuando la derecha política
y mediática vuelve a empuñar la bandera del derecho a la propiedad
privada. Algo ocurre cuando la blande frente a la izquierda, para
criminalizar a la izquierda. Algo se mueve en las casas palaciegas,
en los edificios de la alta burguesía, entre servicio y servicio en
los magníficos salones de los barrios ricos de España, cuando en la
calle rica se grita contra el gobierno. Algo se mueve entre
bastidores, en las juntas y despachos donde se realiza “la otra
política”. Cuando la élite envía a sus líderes de la derecha
nacional, emisarios de la corte, para inocular el miedo a la gente,
para azuzar este miedo contra la izquierda y provocar la revuelta.
Estos heraldos negros han hablado: Pablo Casado, quien ha señalado
que “el gobierno atenta contra la propiedad privada”1;
Abascal, que incluso va más allá y soflama que “con Iglesias,
la propiedad privada y nuestros ahorros están en peligro”2;
o la moderación descubierta, Inés Arrimadas, acusando al gobierno
de “defender solo lo público y atacar la propiedad privada”3.
Ellos y por extensión esos otros seres minúsculos, se han erigido
en defensores de la propiedad privada y del derecho que todos podemos
ejercer sobre esta. Obviando que este derecho aparece ya blindado por
la Constitución española en su artículo 33, y centrándose solo en
su punto primero (“Se reconoce en España el derecho a la
propiedad privada y a la herencia”, Art. 33.1)4,
los líderes neoliberales se convierten así en la vanguardia
política de la defensa a ultranza que una parte de nuestro país
está llevando a cabo para preservar sus intereses. Y aquí conviene
hacer ya la distinción nítida entre la defensa del derecho a la
propiedad privada y la defensa de los intereses de clase. Indico esto
a estas alturas del escrito porque entiendo que el principal mal al
que nos podemos enfrentar (y ya lo estamos haciendo) es al de la
confusión de términos a la hora de establecer el debate político e
ideológico, confusión que nos impide hacer un análisis crítico de
la actual situación en nuestro país (y por actual no solo me
refiero a este período concreto, sino a un período mucho más
amplio que abarca varias décadas). Conviene, por tanto, empezar con
esta distinción, no solo nominal, sino como pretendo mostrar, real y
sustancial, entre el derecho a la propiedad privada y la defensa de
unos intereses de clase, pues uno y otro tienden a mezclarse como si
fueran parte de un mismo todo, de una forma intencionada que persigue
enturbiar los conceptos para ponernos la camiseta que no nos
corresponde.
Los derechos, más
allá de estar formulados en lo teórico, deben poder ejercerse y
formularse en lo real. Solo un ejercicio constante de los mismos por
parte de la comunidad sobre quien recaen puede garantizar la
efectividad y vigencia de estos; es decir, los derechos han de
practicarse, no solo enunciarse. Así, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos establece que “nadie será sometido a
esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos
están prohibidas en todas sus formas”5,
pero la realidad nos indica que casi 46 millones de personas viven
todavía hoy en condiciones de esclavitud en el mundo6
bajo formas como la esclavitud por deuda perpetua, los matrimonios
forzosos, o las detenciones en contra de la voluntad de las personas
para trabajos domésticos o en burdeles. Y lo anterior solo alude a
la forma más burda de esclavitud, pues el trabajo asalariado actual
se presenta ya en muchos casos como una forma más moderna y
sofisticada de la misma, como vienen a señalar informes como el de
la Organización Internacional del Trabajo7,
que sitúa a más de 40 millones de trabajadores asalariados en el
mundo bajo condiciones de práctica esclavitud, y no todos
precisamente en el Tercer Mundo8.
Y entre medias, hasta disfrutar de unas garantías plenas en materia
de derechos laborales (acaso las hay en un mundo asalariado), nos
encontramos un amplísimo espectro, provocándose, entre otras
consecuencias, lo que en su día Karl Marx definió como “ejército
Industrial de reserva”, que se formula como una ley de presión
interna en forma de competitividad entre iguales en un mercado
laboral saturado.
Lo anterior no es
sino un ejemplo de la ineficacia de la vigencia de los derechos a
ejercer en la medida en que estos no son compartidos por el común de
la colectividad a que se refieren. Pero este ejemplo, rico en
enseñanzas por sí mismo, nos sirve también para introducir la
cuestión del derecho a la propiedad privada formulado al principio
del escrito. Como he indicado, la Constitución española y la
Declaración de los Derechos Humanos garantizan, en lo formal, este
derecho sobre toda la población sobre la que estas cartas tienen
ascendencia, siendo en nuestro caso, el conjunto de residentes en
nuestro país. Siguiendo el mismo modo de razonar que en el ejemplo
anterior, conviene ahora, una vez que hemos establecido la formalidad
del derecho, analizar en qué medida el mismo es participado por esta
colectividad y, en consecuencia, está puesto en peligro y para
quiénes. Y para ello, voy a acudir a las diferentes fuentes que
tenemos a disposición.
En el año 2017,
casi el 54 por ciento de la riqueza nacional en España era
controlado por el decil superior de la población9,
y el 1 por ciento concentraba el 25.1 por ciento de toda la riqueza
nacional. Por el otro lado, el 75 por ciento más pobre de nuestro
país apenas acumulaba el 25 por ciento de la riqueza nacional10.
Y llama la atención especialmente, como he indicado en mi anterior
artículo11,
que el número de millonarios en España se quintuplicó en el
período que va del 2010 al 2019, y las previsiones estimaban, antes
de la crisis del COVID-19, que esta tendencia seguiría a lo largo de
los próximos años. En el otro lado de la moneda, la tasa de pobreza
en nuestro país, según la Tasa Arope12,
se sitúa en el 26.1 por ciento, de tal forma que mientras que el PIB
nacional creció, en el período 2014-2018, un 17 por ciento, los
niveles de pobreza siguen prácticamente estancados13,
lo que nos sitúa como el tercer país de la UE con mayores niveles
de desigualdad, solo superados por Bulgaria y Lituania.
Si nos centramos en
la concentración de la propiedad inmobiliaria en España, lo datos
son mucho más opacos, pues ni el gobierno, ni el INE14,
ni la Dirección general del Notariado, ni Registradores de España,
aportan ningún tipo de datos acerca de la distribución de viviendas
por propietario en el país15.
La oscuridad al respecto es total. Sin embargo, Airbnb reporta que un
tercio de su oferta está en manos de propietarios y empresas con más
de cinco viviendas, mientras que en el sector turístico, el 11 por
ciento de los anunciantes controla el 46 por ciento de la oferta, a
la par que el 75 por ciento de anunciante solo copa el 40 por ciento
de esta. Y a esto hay que añadir la acumulación de parque
inmobiliario por parte de fondos buitre y de la banca que se ha
llevado a cabo, fundamentalmente, en las últimas dos décadas.
En cuanto a la
concentración del terreno agrícola, el informe elaborado de manera
coordinada por la Fundación Mundubat y la revista Soberanía
Alimentaria establece que la agricultura familiar pasó de controlar
un 15 por ciento del terreno agrícola cultivable en 1999, a solo un
7 por ciento en 2009, en un escenario en el que el 2.21 por ciento de
los propietarios controla y explota el 11.4 por ciento de las tierras
cultivables. De la misma forma, el informe manifiesta que 1162
personas físicas controlan explotaciones de más de 500 ha, mientras
que 181 explotan terrenos agrícolas de más de 1000 ha16.
En cuanto al control sobre la tierra cultivable que ejercen las
sociedades mercantiles, estas explotan de media terrenos de más de
650 ha, incluso llegando en algunos casos a cultivar hasta 1200 ha.
El informe concluye que “vivimos en un país con una muy injusta
distribución de la tierra”, con un creciente grado de
concentración de la tierra que “se asemeja al de países como
Sudáfrica o Colombia”17
¿Qué nos enseñan
los datos anteriores? Pues bien a las claras nos dicen que aunque el
derecho a la propiedad privada nos ampara constitucionalmente a
todos, este derecho es ejercido fundamentalmente por una minoría que
acapara una gran concentración de propiedad privada en sus
diferentes formas. El resto de la población residente en nuestro
país ejerce el derecho a duras penas, habida cuenta de sus
posibilidades materiales. Por tanto, y he aquí la importancia del
razonamiento que al principio del escrito he hecho, la discusión no
debe girar alrededor de la defensa al derecho a la propiedad privada,
pues como indico, esta viene blindada por la Constitución española
en el artículo 33.1, sino que más bien debiera orbitar entorno a
los artículos 12818,
13119
y 33.2 y 33.3.
Pero a la derecha
neoliberal no le interesan estos aspectos de la Constitución
española. Azuzando el miedo a la expropiación colectiva para que se
inocule el rechazo entre las clases populares ante cualquier medida
redistributiva, disfraza el debate real en una pantomima que pretende
representar una afrenta al común de la población al objeto de
enturbiar y emponzoñar el debate, cuando de lo que se trata
realmente es de que las políticas redistributivas favorecen a esa
gran mayoría, y perjudican en primera instancia a ese élite
propietarista minoritaria. Se trata pues de defender la propiedad
privada de los que la ostentan, de preservar los intereses de las
clases privilegiadas, que son en última instancia, quienes ven en
riesgo los privilegios hasta aquí ostentados cuando asoma en el
horizonte cualquier tentativa de redistribución y equidad.
¿Y quiénes son
estas élites a las que la derecha tan bien representa? Una muestra
muy representativa de las mismas aparece en estos últimos días en
las noticias de medio mundo, agolpada a ritmo de cacerolas en calles
como la de Núñez de Balboa, del madrileño barrio de Salamanca.
Frente a barrios como los de Puente de Vallecas o Aluche, en los que
la renta media por hogar apenas llega a los 15.000 euros al año, los
vecinos de Núñez de Balboa presumen de unas rentas anuales cercanas
a los 90.000 euros, situándose dentro de ese percentil superior en
cuanto a ingresos nacionales20.
En este sentido, las
enseñanzas que nos están dando nuestros compatriotas de la Milla de
Oro son muy ricas y variadas, y debemos tomar nota y entre ellas
destacar las siguientes:
1. Estas
movilizaciones ponen bien a las claras que se trata de una "revuelta"
de clase, y en ellas lo que en realidad se está defendiendo son los
intereses (privilegios de clase) de una élite propietarista ante un
contexto y unas políticas que pueden poner en riesgo estos
intereses. Es la reacción natural de un sector radicalizado
ideológicamente, como así lo manifiesta la concentración del voto
ultraderechista en el distrito21
(y en los distintos distritos que están siendo el foco de estas
protestas), que lucha con todas sus herramientas (que no son pocas)
para preservar sus intereses de clase, y es una reacción que viene
amplificada por el aparato mediático del que son directamente
financiadoras.
2. La movilización
responde a una acción, que ni siquiera todavía es de facto sino que
aún se ancla en lo nominal, por parte de las intenciones políticas
del gobierno del país. La movilización es una reacción, no contra
el confinamiento o la gestión de la crisis, sino contra un
articulado político que incorpora una amenaza ideológica hacia los
intereses de esta élite. Esto, junto con la movilización a nivel
político institucional de la derecha neoliberal y el gran despliegue
mediático financiado por la clase propietarista, exponen que hay una
alternativa política instalada en el gobierno que puede proponer,
por primera vez en muchos años, unas políticas a implementar en el
presente y el futuro, diferentes a las que se impulsaron en el 2008,
que ponen en consecuencia en riesgo los privilegios e intereses de
esta clase.
3. El barrio de
Salamanca es un ejemplo paradigmatico del proceso llevado a cabo tras
la muerte del dictador. Este proceso, llamado transición española,
loado a izquierda y derecha durante décadas, dejó oculto de manera
intencionada el trasvase de privilegios que se llevó a cabo en favor
de una élite propietarista que próspero tras el golpe de estado del
36 durante todo el periodo franquista, o que bien reconquistó sus
privilegios tras la victoria del bando nacional. Esta élite
privilegiada (el barrio de Salamanca fue considerado por el ejército
franquista como zona neutral durante el sitio a la capital por parte
de los golpistas, de tal forma que fue prácticamente el único lugar
de Madrid que se libró de los bombardeos nacionales22)
participa directamente de los beneficios durante un periodo de
profunda desigualdad e injusticia social y económica (el
franquismo), consolidando su poder y riqueza en este período negro
de la historia de España23,
privilegios que, lejos de ser arbitrados con la llegada de la
democracia al país, se verán legitimados y fortalecidos. Para ver
esto es suficiente con rastrear la genealogía de esta clase
poseedora actual (1 por ciento más rico).
4.- Esta élite,
ejemplificada entre los vecinos del más alto decil, es un sector de
la población que no produce nada en términos económicos, pero que
capitaliza un porcentaje muy amplio de las ganancias nacionales (casi
un 55 por ciento24)
a través del rentismo, los empréstitos, la inversión bursátil, la
expropiación del producto de la mano de obra, o la especulación en
todas sus variantes, y que ha forjado sus fortunas a fuerza de
trasmisiones patrimoniales y herencias ejecutadas en bufetes de
abogados y despachos notariales, pues estas fortunas no conocen ni el
sudor ni la fatiga por más que se hagan llamar emprendedoras. Es
más, ningún problema económico ha supuesto para el país su
confinamiento en términos laborales y materiales. La única
diferencia es que en lugar de visitar sus clubes de campo o sus
segundas residencias, han permanecido confinados, y ahora nos
apremian a regresar a nuestros puestos de trabajo y consumo. A esto
hay que añadir que representan el gran agujero fiscal del país,
pues como nos indican los sucesivos informes de Gestha, el gran
fraude fiscal en la Hacienda Pública se produce entre los grandes
patrimonios (bienes valorados en más de 1 millón de euros),
apreciándose un aumento progresivo en el fraude a medida que la
fortuna es mayor (del el 18 por ciento de fraude, hasta el 86 por
ciento), suponiendo este agujero fiscal alrededor de un 23 por ciento
del PIB nacional25.
5.- Por sí misma,
esta élite privilegiada no constituye un poder efectivo real, dado
el reducido grupo que representan. Solo el control del estado por la
fuerza puede llevar a esta élite propietarista por sí misma al
poder. Sin embargo, en un contexto como el actual, su mayor fuerza
reside en la capacidad de transmisión de su ideológia a la clase
contraria en términos materiales. Su poder de penetracion ideológico
entre las clases trabajadoras es la mayor de las amenazas que
representa. Nuestra victoria, que será su derrota, dependerá en
gran medida de cómo seamos capaces de enfrentar esta dialéctica a
fuerza de desnudar sus falacias y enseñar la mentira venenosa que
oculta para las clases populares. La izquierda movilizada tiene un
reto ante sí de tamaña envergadura: no permitir la penetracion de
esta ideológia en nuestros barrios obreros. No permitir que aquellos
que no participan de los beneficios (materiales y sociales) de la
clase privilegiada participen de sus argumentos ideológicos. No
permitir que asumamos las políticas necesarias del hoy y del mañana
como ataques a nuestros derechos fundamentales, sino como
instrumentos al servicio de las necesidades de la mayoría social. No
permitir que nuestras demandas se confundan con las de esta clase
dominante, porque lejos de estar alineadas, se contraponen en todo
punto a los nuestros. No permitir que quienes visten el mono de
trabajo piensen y defiendan las ideas del patrón. Frente a su
reacción debemos oponer nuestra acción.
Que la derecha
defienda su propiedad privada. Mientras, nosotros, los que apenas
recogemos las migajas que nos dejan, defendamos nuestros intereses
como clase trabajadora, aquello que nos es cada día, cada año, cada
generación, arrebatado. Quien nada o poco material tiene, nada o
poca ha de temer.
4
El punto 2 del artículo establece que “la función social de
estos derechos limitará su contenido, de acuerdo con las leyes”,
mientras que el punto 3 indica que “nadie podrá ser privado de
sus bienes y derechos salvo por causa de utilidad pública o interés
social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad
de lo dispuesto por las leyes”.
5
Artículo 4, DDHH.
8
The Guardian advertía de que en Reino Unido, hasta 17 sectores
laborales practicaban formas de relaciones laborales esclavistas; y
en España, la OCU ha cifrado que un 25 por ciento de las personas
que se encontraban en paro (2018) recibían ofertas por debajo del
salario mínimo interprofesional y sin contrato laboral.
9
El 10 por ciento más rico del país.
12
At Risk of Powerty or Social Exclution, baremo que usa la UE
para medir la desigualdad y las tasas de pobreza entre los países
miembros.
14
Instituto Nacional de Estadística.
16
Como paradigma de concentración se encuentran los casos de Juan
Abelló, la Casa de Alba y Samuel Flores, quienes acaparan más
superficie cultivable que 44000 pequeños agricultores de
Extramadura y Aragón.
18
Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere
su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la
iniciativa pública en la actividad económica.
19
El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica
general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el
crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa
distribución.
23
La bibliografía a este respecto es fecunda, y sin duda, Franquismo
S.A., Antonio Maestre, Ed. Akal, es una
fuente más que interesante para conocer más al respecto.
24
https://www.eldiario.es/economia/trabajador-salario-Espana-necesitaria-igualar_0_732126820.html
25
https://elcorreoweb.es/historico/la-evasion-fiscal-entre-los-mas-ricos-es-generalizada-en-espana-PFEC127888
Querido Jorge te felicito y agradezco por el brillante análisis de las protestas que haces en este artículo. Has hecho un buen diagnóstico ahora necesitamos aplicar el tratamiento necesario que ya mencionas. Las organizaciones politicosociales tienen que ponerse a la tarea urgente de llevarlo a cabo. Un abrazo
ResponderEliminarEstupendo artículo,didactico, muy bien argumentado, muy sencillo de leer;hay mucho que hacer para que esta sociedad dee pasos significatidos de autoestima,de empoderamiento personal y colectivo para poder cambiar positivamente.Existe, en una parte muy considerable de la sociedad española " una mente muy solidamente neoliberal y de sociedad de consumo adictiva";ese es un muro que hay que derruir, para lo cual hace falta una " militancia del cambio" que crea en ella misma.
ResponderEliminarAnimo, mucho animo al Colectivo Prometeo por la inmensa pena que está pasando:! Estamos con vosotros!
Mal estamos pero menos mal que estamos que ha dicho hoy Echenique.
ResponderEliminarTratan de inocular miedo con falacias e ideas trasnochadas para borregos ....no lo van a conseguir!