Colectivo Prometeo
Morirán en paz, se extinguirán dulcemente, pensando en tí. Y en el más allá solo encontraran la muerte (...) Pero nosotros los mantendremos en la ignorancia sobre este punto, los arrullaremos prometiéndoles, para su felicidad, una recompensa eterna en el cielo".
El gran inquisidor a su "salvador" en Los hermanos Karamazov de F. Dostoyevski
De las tres causas en las que se apoya la denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya por “Crimen contra la humanidad”, la que alude a las víctimas de abusos sexuales cometidos por el clero es la que afecta más directamente al Papa Ratzinger.
En el texto de la denuncia se dice: “Existe la sospecha fundada de que J. Ratzinger, como Prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe de su Iglesia y como Papa, ha encubierto de forma sistemática el abuso sexual cometido a niños y a jóvenes, protegiendo a los autores de los delitos y con ello ha favorecido más actos de violencia sexual…”
El secreto papal
Antes de ser elegido Papa en el año 2005, el Dr. Joseph Ratzinger era desde 1981 el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En este organismo, el “Departamento de disciplina” se ocupa de delitos contra la moral y desde 1962 se basa en un decreto papal con el título “Crimen solicitationis”, que obligaba a los sacerdotes que los cometían, a cada víctima y a cada testigo a guardar absoluta discreción, bajo amenaza de ser excomulgado.
En 2001, el Papa Juan Pablo II sustituyó con un “motu proprio” titulado “Sacramentorum sanctitatis tutela” las disposiciones de “Crimen solitationis”. Estas nuevas reglamentaciones fueron comunicadas por el entonces presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Joseph Ratzinger a todos los Obispos de la Iglesia Católica. En él, entre otras cosas se dice: “delitos contra el sexto precepto del Decálogo con un menor de dieciocho años cometido por un clérigo (…) se reservan al Tribunal Apostólico de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Cada vez que un Ordinario o Superior tenga noticia al menos verosímil de un delito reservado, una vez realizada una investigación previa, comuníquelo a la Congregación para la Doctrina de la Fe (…) Terminada la instancia de cualquier modo en el Tribunal, todas las actas de la causa se deben transmitir de oficio cuanto antes a la Congregación para la Doctrina de la Fe (…) Todas estas causas están sometidas al secreto pontificio”.
A la vista de esta normativa de derecho eclesial, el presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe siempre estuvo informado de todos los delitos sexuales que habían sido cometidos por sacerdotes católicos en todo el mundo y del manejo de las investigaciones a través de los obispos locales.
Además sabía que, en general, la Iglesia no informaba a la policía y que con ello el castigo de los autores de los hechos quedaba siendo un asunto interno de la Iglesia. Siendo la pena máxima, en caso del más grave delito sexual, solamente “la excomunión y el despido del servicio sacerdotal”. Un castigo que, aunque pudiese considerarse muy grave para un creyente sincero de la doctrina católica al implicar la condenación al infierno, resulta injusto por insuficiente desde una óptica civil. Por otro lado, es poco creíble que los miembros del clero autores de estos delitos sexuales crean en la doctrina que representan y predican.
Guardar el secreto era el deber máximo, no sólo ante la ley, como se formula en la carta mencionada, sino que de hecho el encubrimiento esta a la orden del día y se premia.
Cuando la Conferencia Episcopal norteamericana propuso una estrategia de tolerancia-cero a raíz de los escándalos crecientes de abusos de niños y quiso denunciar a los culpables ante la policía y exigió que se suspendiera más menudo de su cargo a los sacerdotes culpables, llegó de Roma un veto de efecto duradero.
El representante del cardenal Ratzinger en la presidencia de la Congregación para la doctrina de la fe declaró en Febrero de 2002: “Según mi opinión, la exigencia de que un obispo esté obligado a tomar contacto con la policía para denunciar a un sacerdote que ha cometido pedofilia, es injustificada. La sociedad civil tiene naturalmente la obligación de proteger a sus ciudadanos. Pero del mismo modo debe ser respetado el ‘secreto profesional’ de los sacerdotes […] Si un sacerdote no puede confiar más en su obispo porque tiene miedo de ser denunciado, no habría ninguna libertad de conciencia más”. Y el presidente de la congregación de sacerdotes, Castrillón Hoyos, dijo que la Iglesia prefiere “mantener las cosas dentro de la familia”. Situación similar a la ley del silencio u Omertá de la mafia siciliana. No importan los crímenes que se cometan, lo que importa es el silencio y la lealtad a la institución.
Los crímenes sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica se dieron a conocer en el 2002 por el periódico estadounidense Boston Globe. El cardenal competente era Bernard Law, que tuvo conocimiento de los cientos de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes y su reacción fue protegerlos, trasladando a los implicados a otras parroquias tras pagar 100 millones en indemnizaciones. Cuando el escándalo se hizo público, la reacción del Vaticano fue acogerlo en su sede con un cargo honorifico. La película “Spotlight” recoge estos hechos. El entonces cardenal Ratzinger cifraba los sacerdotes pederastas en el 1% del presbiterado, cuando según los datos denunciados era del 4,3% y el Papa Juan Pablo II, convertido en una máquina de hacer santos gracias a su “sensibilidad” para verlos por todas partes al tiempo que padecía una importante ceguera para los abusos que los limitaba a EE. UU. El más abominable de todos fue el del sacerdote Lawrence Murphy, que durante 20 años abusó de 200 sordomudos en Wisconsin.
En Portland, su obispo William Levada, conocía desde 1985 el peligro de sacerdotes pederastas en su diócesis, pero no hizo nada para proteger a las víctimas y sancionar a los sacerdotes criminales. Este personaje fue el que sucedió a Ratzinger como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Esta historia se repitió por todo EE.UU y cuando se terminaron los posibles destinos para los autores de estos crímenes, en lugar de enviarlos a la cárcel los enviaron a otros países, sobre todo de África y Sudamérica, para que pudiesen continuar su “labor pastoral”. Se enviaron sacerdotes pederastas de Alemania, Italia, Irlanda y Norteamérica a Nigeria, África del Sur, Mozambique y el Congo. El presidente de la Conferencia Episcopal sudafricana, se quejó de que al continente africano se estaban enviando sacerdotes que eran “lobos en piel de oveja”.
En Irlanda se creó una comisión presidida por el juez del Tribunal Supremo, Sean Ryan, para regular las reparaciones a las víctimas. En 2009, en el informe redactado por la “Comisión para aclarar los abusos a menores”, el juez Ryan califica el abuso sexual en los centros católicos de “endémico” y afirma: “Es imposible determinar la dimensión completa de los abusos sexuales que fueron cometidos en estos colegios para niños varones…Los casos de abusos sexuales fueron tratados desde el punto de vista del riesgo y el daño que suponía para la Institución y la Congregación si salían a la luz pública. El efecto de esta política fue la protección de los autores de los crímenes. (…) Los documentos mostraron que los agresores sexuales a menudo habían abusado repetidamente y durante largo tiempo de los niños… Aunque de los casos documentados resulta obvio que la Congregación era consciente de la tendencia a recaer de los autores de los abusos, sin embargo antepuso la protección de su reputación ante el escándalo a la de los niños”.
En noviembre de 2009, bajo la presidencia de la juez Yvonne Murphy se publicó un informe de la situación en Dublín desde 1975 a 2004. Se constataron 14.500 víctimas y concluyó lo siguiente: “La comisión no tiene duda alguna de que el abuso sexual clerical fue encubierto por la archidiócesis de Dublín y otras autoridades de la Iglesia” (…)
“Las autoridades del Estado no han cumplido con sus obligaciones de asegurar que la ley se aplique a todos por igual, lo que ha permitido a las instituciones de la Iglesia mantenerse fuera del alcance del proceso legislativo normal. Con ello ha favorecido el encubrimiento. El bienestar de los niños, que debía haber sido lo absolutamente prioritario, en primera instancia no fue tenido en cuenta…”
Casos similares de ocultamiento ocurrieron en muchos otros países. En Alemania, solo en Baviera se descubrieron más de 280 autores de crímenes sexuales. Uno de estos sacerdotes, finalmente condenado, fue protegido por el entonces cardenal en funciones de Múnich, Joseph Ratzinger que en 1980 negó haber participado en este hecho para recientemente, tras la publicación de un informe con las actas de la reunión en las que aparecía su firma, confesar que si lo hizo.
En Australia fueron sentenciados 90 sacerdotes por abusos sexuales, aunque muchos más se libraron de la justicia, porque la Iglesia mantuvo secretas muchas acusaciones e hizo acuerdos confidenciales con las víctimas.
Los escándalos sexuales no se limitan a los sacerdotes sino que están implicados altos cargos de la jerarquía católica como obispos, arzobispos y cardenales: el obispo de Brujas (Bélgica) renunció a su cargo al descubrirse que había abusado sexualmente de su sobrino. En Noruega, el arzobispo Mueller tras prescribir el delito, confesó haber abusado de un monaguillo. En Austria, el cardenal Hans-Hermann Groer cuando era profesor de religión en los primeros años de su carrera, a pesar de haber violado a un elevado número de niños nunca fue procesado, sino que Juan Pablo II le permitió su retiro a un convento sin ser molestado. Estos hechos se produjeron en los años 80 y 90 siendo Joseph Ratzinger prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En Polonia, el arzobispo Julius Paetz abusó de seminaristas, hechos que se comunicaron tanto al Papa como al prefecto, que ignoraron la denuncia.
En Latinoamérica, tenemos el escándalo del amigo del Papa Juan Pablo II, el Padre Marcial Maciel fundador en México de la Orden Los legionarios de Cristo. En audiencia papal en 2004 el Papa agradeció a este personaje por “un servicio sacerdotal pleno de los dones del Espíritu Santo”. Los dones que el Espíritu Santo otorgó consistían en el abuso de entre 20 a 100 niños, su inclinación por las drogas y procrear hijos con dos mujeres. Aunque estas “virtudes espirituales” eran conocidas en el Vaticano solo cuando Juan Pablo II estaba moribundo se abrió una investigación por Ratzinger y ante los terribles testimonios de las víctimas de Maciel, Roma impuso el “terrible castigo” de “una vida retirada de oración y penitencia”. Falleció en Norteamérica a los 87 años sin ser molestado.
En Argentina, el Arzobispo de Santa Fe de la Veracruz, fue denunciado por 47 seminaristas de los que abusó sexualmente. En 1995 consiguió que Juan Pablo II suspendiera la investigación y lo confirmara en el puesto. La denuncia de la periodista argentina Olga Wornat en su libro “Nuestra santa madre” y la de un antiguo seminarista hizo que renunciara. En 2009 fue condenado a 8 años de prisión, que cumplió en arresto domiciliario.
En línea con lo anterior, en España se ha publicado en los medios que la Conferencia Episcopal no ve “muy correcto” participar en la investigación del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales a menores. En declaraciones del secretario general de este organismo Luis Argüello, uno de los motivos para no participar es que “solo se investigue a la Iglesia”. Dice este señor: “No nos parece muy correcto que se haya puesto solo la mirada en los casos de abusos de la Iglesia”. No solo miente, sino que muestra estar más preocupado por los abusos que puedan cometerse en otros entornos que interés por limpiar de pedófilos la organización a la que representa.
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