Manuel Delgado Milán
Las leyes penales las aplican los
Juzgados y Tribunales de lo Penal. El Estado de Derecho se sostiene
en el cumplimiento de las normas. Las sentencias penales
condenatorias no se cumplen hasta que no son firmes, porque hasta
entonces los acusados se presumen inocentes. Mientras hay derecho a
un recurso, nadie puede ejecutar una sentencia provisional que
todavía puede ser de inocencia.
Cuando sea firme una sentencia,
corresponde ejecutarla al órgano que la ha dictado. Esa es la ley.
Torra no está condenado en sentencia
firme, por no quitar a tiempo una pancarta pidiendo la libertad de
sus presos, en campaña electoral. Esa sentencia ha sido objeto de
recurso, ejerciendo el derecho constitucional a la tutela judicial
efectiva y a la presunción de inocencia, que tiene el ciudadano
Torra, "a pesar de ser independentista". Eso dice el
artículo 24 de la Constitución.
Ayer un organismo administrativo, con
competencias en los procesos electorales ha decidido ejecutar una
sentencia que no es definitiva, vulnerando las leyes y enmendado el
principio democrático y de soberanía nacional, por el que lo que el
pueblo ha elegido democráticamente, solo puede ser revocado por
causas muy tasadas, de acuerdo a procesos muy rígidos, por decisión
del órgano judicial competente, previo del acuerdo emitido por el
resto de representantes elegidos por el pueblo, sobre un suplicatorio
pedido al parlamento por un tribunal que lo juzgará si le es
concedido. Es la inmunidad parlamentaria un derecho de los electores
a elegir y a ser representados por quienes ellos decidan. No es un
privilegio sino una protección de un poder democrático, de amparo
ante un poder que se debe a la ley, en prevención de excesos para
que los jueces no puedan cambiar sin motivos la composición del
órgano que representa la voluntad popular, la soberanía nacional.
Por encima de lo que ha decidido el
pueblo en procesos electorales, hay ya un cúmulo de decisiones de
órganos con competencias subalternas, que han modificado e incluso
derogado lo que decidió la ciudadanía por medio de votaciones
democráticas. Incluso decisiones adoptadas en un referéndum legal,
tras acuerdos del Congreso de los Diputados, y del Parlamento
Catalán, han sido inválidas por decisión de un Tribunal
Constitucional que, por diversos motivos, carecía de la legitimidad
democrática y legal para ese fin.
Fue esa primera decisión de anular un
Estatuto votado un golpe a la Constitución y a la democracia. Fue la
causa de la desafección primera que, no siendo enmendada, de forma
progresiva, ha echado a ciudadanos catalanes en manos del
independismo.
Por graves errores propios, del Estado
a través de sus gobiernos, de sus altos tribunales, de la Fiscalía
y la Junta Electoral, no solo se ha alimentado al separatismo desde
las instituciones, sino que se nos ha puesto en evidencia en Europa
como una nación sin garantía de derechos, sin una Justicia
imparcial e independiente, sometida a las leyes internas y europeas,
que nunca se someta a utilizaciones partidarias, políticas, o de los
poderes económicos.
Ayer se ha decidido la última
barbaridad antidemocrática para fomentar la rebelión de cualquier
persona amante del respeto a la ley y a la voluntad expresada de un
pueblo que se siente hoy herido con razón, por siete personas que
votaron lo que no es legal, que no son nadie para enmendar su mandato
popular. Seis se opusieron, pero no pudieron evitar que, finalmente,
se nos avergüence mañana de nuevo en Europa, si el Tribunal Supremo
no enmienda de inmediato la ilegalidad, la invasión de sus
competencias, la vulneración de las leyes precesales como garantía
de los derechos constitucionales.
No sólo agrede a Torra quien lo
convierte en víctima de un anormal funcionamiento de las
instituciones. Quien pervierte las instituciones nos agrede a toda la
sociedad, y alienta a quienes ya hemos denunciado que han elegido
caminos prohibidos para sus fines de separación, división de la
ciudadanía catalana, y aliento en el resto del Estado a la
emergencia de las fuerzas del odio al diferente, a quienes
identifican España con su sangriento pasado y la barbarie.
En la estrategia de rompernos como
sociedad democrática, la decisión táctica de ayer busca que las
fuerzas separatistas se crean víctimas de los separadores que hoy
ostentan puestos claves del Estado, y reaccionen apoyándolos en
contra del primer gobierno que une a quienes hoy pensamos que una
España Nueva, de convivencia, de justicia social, de democracia
real, tengamos una mínima oportunidad de afrontar los retos enormes
de su presente y su futuro.
Hablando claro, España vale lo que
valen nuestros esfuerzos, nuestra voluntad de futuro, nuestro sentido
común por mejorar lo común. Vale lo que valen los lazos afectivos
que construimos entre las personas y los pueblos que la forman. Es
buen español, construye más comunidad, más Cataluña, más
Andalucía, y más España, quien es mejor ciudadano/a, quien,
mediante la verdad de las palabras y la coherencia de los hechos,
tiende lazos fuertes con otros desde la lealtad y el respeto mutuo.
Quienes mienten, quienes traicionan con sus hechos sus palabras,
quienes ofenden a los que no se someten a sus dictados, quien usa lo
común como botín, no es patriota de nada. Es un maldito pirata.
Hoy como ayer, muchos caines confunden
el patriotismo con un derecho de conquista. Es la patria de gente que
tiene a Millán Astray en su santoral o al Faro o a Torrente como sus
mejores devotos. Antonio Machado fue un gran patriota que murió sin
España, expulsado de su casa por la España madrastra, que dijo para
su tiempo una frase tremenda:
"En España lo mejor es el pueblo.
Es siempre lo mismo. En los trances duros los señoritos nombran la
patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera pero la compra
con su sangre, y la salva".
Hoy no hay más que dos opciones, y no
son entre separatistas catalanes y separadores en Madrid. Es entre
ser demócrata, ser un buen ciudadano, ser un buen catalán, un
español decente, para hablar de hacer lo mejor para cada persona y
nuestras gentes. O ser esa escoria que tapa sus vergüenzas bajo
banderas falsas que exhiben para arrebatarle sentido colectivo,
engaño de incautos, cuando por sus actos solo la enseña negra con
una calavera es la que les hace justicia.
1 comentario:
El autor de esta larguísima parrafada, que a la primera de cambio se sale del tema y se va de excursión por los cerros de Úbeda afirma: “Torra no puede ser inhabilitado como diputado pues no hay sentencia firme, al haber sido ésta objeto de recurso”.
Mire, señor mío, esto no es así en el caso de Delitos Electorales, desde que se modificó la ley. Y debería saber lo que dice hoy el artículo 6.2.b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: “No podrán ser elegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”.
Todo lo demás que nos cuenta acerca del odio, los señoritos, Machado, etc. son paja.
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