Manuel Marrero Morales
Colectivo Prometeo
Durante décadas, un proceso legal opaco y profundamente injusto ha permitido a la Iglesia Católica apropiarse de bienes que, por historia, uso y financiación, pertenecen a la ciudadanía. Se trata de las inmatriculaciones, un mecanismo que, amparado por leyes preconstitucionales y un decreto de Aznar en 1998, ha convertido a la Iglesia en la mayor inmobiliaria de España y posiblemente de toda la UE, y también ha dejado una profunda huella en Canarias.
Entre 1998 y 2015, la Iglesia inmatriculó en nuestro archipiélago 532 propiedades. La cifra, de por sí significativa, es aún más grave cuando se analiza su procedencia: el 76% de estos bienes —es decir, 407— carecían de certificación que acreditara su propiedad. La Iglesia simplemente declaraba, sin mostrar documentos, que esos bienes le pertenecían "desde tiempo inmemorial", y el Registro de la Propiedad lo aceptaba.
Por apenas 25 euros por propiedad, se adueñó de inmuebles cuyo valor real asciende a muchos millones. Ese 76% de las propiedades que la Iglesia inmatriculó en las Islas de 1998 a 2015 y que no tiene documentación acreditativa de propiedad, se distribuye así por islas: la totalidad de las 21 en La Gomera; 53 de 56 en La Palma; 17 de 19 en El Hierro; 110 de 136 en Gran Canaria; 34 de 38 en Lanzarote; 117 de 161 en Tenerife y 53 de 102 en Fuerteventura.