Juan García Ballesteros
Colectivo Prometeo
La privatización de la salud de los ciudadanos pasó, en muchos casos, de ser un servicio fundamental, un derecho, totalmente público, universal y gratuito a convertirse en un negocio que controlan grandes empresas y fondos de inversión.
El origen de todo el entramado empresarial sanitario fue la aprobación de la ley 15/97, redactada por Feijoo en el Gobierno de Aznar y que fue apoyada por PP, PSOE, PNV y CyU.
En su artículo único, apartado 2, recoge lo siguiente:
“La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”.
Esta ley 15/97 desarrolla la Ley General de Sanidad 14/1986, aprobada por el PSOE y que en su art. 90 dice:
“Las administraciones públicas sanitarias en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellos”.
Pero la ley del 86 tenía límites. Decía que se harán conciertos privados cuando las administraciones públicas prioricen “la utilización optima de sus recursos sanitarios propios” y “cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes a los establecimientos, centros y servicios sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo”. Estas condiciones se rompen con la ley 15/97 y ya se puede privatizar la sanidad, aunque tenga un carácter lucrativo, como está ocurriendo.
¿Qué repercusión ha tenido esta ley del 97 en la estructura y funcionamiento del sistema sanitario público? Veamos.
Esta ley llamada "Habilitación de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud" abrió las puertas de par en par para que entidades privadas (grandes empresas y fondos de inversión), que, a través de acuerdos y concesiones, podrán gestionar con fondos propios o utilizando los públicos, el sistema sanitario, ya fuera a través de hospitales privados subvencionados con fondos públicos o participando con un canon en la gestión de hospitales públicos.
Con la ley a su favor, la Comunidad de Madrid se lanzó de forma desaforada a la privatización, siendo el laboratorio de pruebas para que otras comunidades gobernadas por el PP siguieran su camino (Galicia, Andalucía, Valencia, Murcia, Castilla y León, …). Este modelo neoliberal salvaje ha supuesto el desvío de miles de millones públicos a los bolsillos de grandes tenedores de concesiones y contratos, lógicamente en detrimento de inversiones totalmente necesarias (en equipos técnicos, modernización y ampliación de infraestructuras y contratación de personal sanitario y de servicios) para los centros públicos. Como se verá después esta brutal privatización ha elevado el gasto en sanidad, no ha mejorado la eficacia ni la eficiencia y ha empeorado a atención a los ciudadanos con largas listas de espera, tanto en atención primaria como hospitalaria.
