Antonio Pintor
Colectivo Prometeo
Las vacunas contra el COVID-19, según lo propagado por la industria y asumido por los gobiernos, son seguras y eficaces. Estas afirmaciones, no exentas de polémica por la falta de transparencia de los estudios, las han convertido en la esperanza para terminar con la pandemia, de ahí la preocupación por parte de algunos países y organizaciones para que todo el mundo, sean ricos o pobres, puedan acceder a ellas.
En este contexto han aparecido voces que intentan cambiar el rumbo marcado, priorizando la protección de la salud y haciendo propuestas para facilitar su producción y distribución de manera equitativa, y no según quién puede pagar más.
Entre ellas, tenemos la propuesta de Sudáfrica e India al Consejo de los ADPIC (Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que se aplicara “una exención sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías contra la COVID-19 mientras dure la pandemia”.
En nuestro país, el Consejo de Ministros aprobó un “Plan para garantizar el acceso a las vacunas contra COVID19”, que incluye la intención de compartir sus excedentes de vacunas y canalizarlos a través de iniciativas como COVAX (Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19) para que lleguen a países de renta baja y renta media-baja, algo que según, Médicos sin Fronteras y Salud por Derecho es positivo pero insuficiente, pues en una situación excepcional y sin precedentes como la que nos encontramos, se requiere de medidas extraordinarias para que todos los países puedan utilizar toda la propiedad intelectual, el conocimiento y los datos relacionados con las tecnologías sanitarias COVID-19 y ampliar la capacidad de producción.
En este contexto han aparecido voces que intentan cambiar el rumbo marcado, priorizando la protección de la salud y haciendo propuestas para facilitar su producción y distribución de manera equitativa, y no según quién puede pagar más.
Entre ellas, tenemos la propuesta de Sudáfrica e India al Consejo de los ADPIC (Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que se aplicara “una exención sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías contra la COVID-19 mientras dure la pandemia”.
En nuestro país, el Consejo de Ministros aprobó un “Plan para garantizar el acceso a las vacunas contra COVID19”, que incluye la intención de compartir sus excedentes de vacunas y canalizarlos a través de iniciativas como COVAX (Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19) para que lleguen a países de renta baja y renta media-baja, algo que según, Médicos sin Fronteras y Salud por Derecho es positivo pero insuficiente, pues en una situación excepcional y sin precedentes como la que nos encontramos, se requiere de medidas extraordinarias para que todos los países puedan utilizar toda la propiedad intelectual, el conocimiento y los datos relacionados con las tecnologías sanitarias COVID-19 y ampliar la capacidad de producción.
