Desde hace muchos años, los sistemas solidarios de pensiones públicas vienen siendo objeto de ataques de fundamentación neoliberal por parte de los fondos financieros, bancos y aseguradoras, así como por parte de significativos organismos internacionales, como el Banco Mundial1, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)2, el Fondo Monetario Internacional3, la OTAN4 y, por si faltaba alguno, también por la Unión Europea, quien ha redoblado recientemente las arremetidas, asunto en el que nos centraremos más adelante. A estos poderes les acompañan determinados economistas y centros “académicos” vinculados a grupos empresariales, además de los principales medios de comunicación, que están a su servicio o directamente les pertenecen, por vía accionarial.
El resultado es una suerte de arremetida por el método de la “gota china”, con una sucesión ininterrumpida de declaraciones y “noticias” e “informes” varios, en los que a diario se insiste una y otra vez en la supuesta inviabilidad de los sistemas de pensiones públicas, su insostenibilidad, la “probable” quiebra del sistema a medio y largo plazo, etc. Ataques que, por contra, se complementan con el canto por esas mismas fuentes a las supuestas virtudes de los planes privados de pensiones, tanto individuales como de empresa o empleo.5 Hasta hoy, sin embargo, lo único que se ha verificado al respecto es, por un lado, el fallo sistemático de todas las profecías de quiebra de las pensiones públicas formuladas por esos organismos y bancos en sus “estudios e informes” de décadas atrás, una vez alcanzadas y sobrepasadas las fechas que indicaban como punto de quiebra. Y por otra parte, lo que sí se ha producido, al contrario también de lo que señalaban tales informes, es la quiebra – esa sí – o la entrada en pérdidas de una buena parte de los planes de capitalización privada de pensiones.6
