Juan Francisco Martín Seco
Desde hace tiempo, la izquierda, bien fuese la política, la sindical o la mediática, venía reclamando la derogación de la reforma laboral del PP de 2012. El PSOE, desde la oposición, prometió que la derogaría una vez llegase al poder. La izquierda a la izquierda del PSOE iba más allá, exigía que se derogase también la de Rodríguez Zapatero de 2010. Y el sanchismo, ya en el gobierno, pactó con Bildu su derogación.
La ministra de Trabajo, tras entrar en loor de multitudes en el congreso de CC. OO. y al grito de presidenta, presidenta…, ya en la tribuna y con cierto tono mitinero gritó “derogación sí o sí”, aunque más tarde en una emisora de radio afirmó que la derogación era un fetiche de la izquierda. No se sabe muy bien qué quiso decir, ¿quizás que era una simple consigna electoral? Después añadió que técnicamente eso no era posible. Aseveración que es -y que me perdone la señora ministra- una estupidez. Todas las leyes al final de su articulado derogan parcial o totalmente otras leyes. Eso sí, conviene dejar claro antes qué preceptos las van a sustituir.
Lo que, sin embargo, sí puede ser cierto es que la derogación no sea viable políticamente, porque nos guste o no estamos en Europa, no solo en la Unión Europea sino también en la Moneda Única, y nuestro ámbito de decisión económico y político queda por ello sensiblemente reducido. Económico, porque cuando no es posible devaluar la moneda, para sobrevivir hay que practicar la devaluación interna, es decir, la depreciación de precios y salarios. Político, porque en muchas materias estamos al albur de lo que decidan las autoridades europeas, especialmente cuando esperamos la llegada de recursos, aunque, cualquiera que sea el procedimiento, haya que devolverlos más tarde.
