Paz y dialogo, ni DUI ni 155, que la ciudadanía tome la palabra.
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Barcelona 5 de octubre 2017.  
    La ciudadanía de Cataluña y de toda España estamos viviendo una escalada de tensión y confrontación, que está llevando a todos por una peligrosa pendiente de irracionalidad y fractura.
    El gobierno y las instituciones del Estado tienen una enorme responsabilidad de haber llegado hasta aquí a causa de una absoluta falta de diálogo e iniciativa política durante 6 años. El gobierno español y en particular su presidente Mariano Rajoy, se han escudado detrás de los jueces y policías para encubrir su negativa a dialogar con los representantes del pueblo de Cataluña y con la misma sociedad catalana. Mientras que la ciudadanía de Cataluña mostraba de manera creciente su resistencia a seguir sometida a las agresiones de un PP recentralizador, el gobierno del Estado no ha mostrado ni una sola iniciativa real para revertir la espiral iniciada con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que debemos recordar que fue impulsada por el PP al quedar en minoría política en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de Diputados. Las últimas acciones contra una parte del pueblo de Cataluña que ejercía su derecho a opinar y expresarse el pasado 1 de octubre, en una consulta que no tenía garantías democráticas y por tanto ninguna validez jurídica, han dado un salto cualitativo en la fractura social y emocional en Cataluña en desatar una violencia desproporcionada, gratuita e inútil sobre una parte de la ciudadanía de Cataluña que quería reclamar su derecho a votar y que en las jornadas posteriores ha expresado una justa indignación.
    El gobierno de la Generalitat, encabezado por Puigdemont, que no fue candidato a Presidente en las últimas elecciones planteadas como plebiscitarias, y no obtuvo la mayoría absoluta de votos, se está amparando en la llamada a la soberanía popular para encubrir su corrupción, sus continuos recortes y su sometimiento a la lógica de la Comisión Europea de destrucción de derechos sociales y laborales. Su gobierno ha buscado la escalada del conflicto, renunciando a una acción amplia en el Parlamento de Cataluña por el derecho a decidir y al Estatut, que requiere para su cambio de una mayoría cualificada de ⅔. Con este propósito han empleado la televisión y radios públicas de Cataluña para promover su proyecto independentista sin permitir un debate democrático con otras posiciones y han promovido desde ellos una movilización que los protegiese de sus responsabilidades penales.