¿Medicina o Rezos?

José Antonio Naz Valverde

Colectivo Prometeo 

Presidente de Europa Laica 

"- ¿El paciente de la 40 tiene cura?

- Cura sí, lo que no tiene es médico."

Este minidiálogo, que ha circulado en redes después de conocerse el Convenio del SAS con los Arzobispados andaluces para el pago de capellanes hospitalarios, refleja con simpleza y fuerza la realidad de nuestro sistema sanitario andaluz. Reducción de recursos, recortes en los cuidados y atención sanitaria y gastos inexplicables y sin sentido como los 7 millones de euros de ese convenio.

Este convenio que se firmó el 29 de mayo de este año, es continuación del existente desde diciembre de 1986, que responde al acuerdo marco estatal de 1985 y que desarrolla los acuerdos con el Vaticano de 1979. Existen otros similares en las distintas comunidades del Estado español, aunque no es un asunto muy conocido por la ciudadanía.

Sin embargo durante todo este tiempo hemos venido encontrando sacerdotes deambulando por las salas de los hospitales públicos como cualquier otro personal sanitario. Se podían considerar como tal, toda vez que recibían hasta hace poco la nómica directamente de la gerencia. Esto ha cambiado desde 2021, tras una sentencia del tribunal superior de Justicia de Galicia que deja claro que estos capellanes no pueden ser considerados personal del servicio de salud. Desde entonces el Servicio de salud transfiere la cantidad convenida a los obispados para que ellos paguen a los capellanes, sin que nada cambie. En el ejército los capellanes forman parte de la estructura, como un cuerpo más, con sus grados, sus ascensos, etc.

Centrándonos en el mencionado reciente convenio, el texto pretende justificar el acuerdo como casi una obligación de las distintas normativas jurídicas. Se utiliza como coartada la libertad religiosa que se garantiza en el artículo 16 de la Constitución, los famosos acuerdos de 1979 y la ley de libertad religiosa de 1980.

En ninguno de esos textos se deduce que garantizar la libertad religiosa obligue a pagar un cuerpo de capellanes en los hospitales con su correspondiente infraestructura, como si de una unidad sanitaria más se tratara. Y , precisamente, la libertad religiosa casa poco con que todo esto sea privilegio exclusivo de la religión católica. Aunque ya en varias Comunidades Autónomas se están firmando convenios con Evangélicos, sin ningún coste económico para los servicios sanitarios.

Más absurdo es justificar que los curas católicos prediquen en los hospitales para cumplir con el objetivo de “convivencia y respeto, fomentando las relaciones interculturales” que propone el Estatuto de Andalucía. Confundiendo religión con cultura, adoctrinamiento católico con convivencia y respeto con invasión espiritual.

La concreción de los acuerdos, explícitos en las estipulaciones del convenio, nos hace pensar que seguimos en un Estado confesional católico. La función de los capellanes será atender a pacientes (católicos o no), a familiares, personal…No se dice que deban pedirlo expresamente, por lo que podemos verlos deambulando por las salas dirigiéndose indiscriminadamente a quien les dé la gana. Su estatus es como el de cualquier médico, con credencial que le permite acceder a cualquier hora a cualquier sitio, incluso al parking de médicos y perteneciente a un servicio especial coordinado por la Gerencia. Existe una plantilla específica que determina el número de capellanes según el acuerdo de 1985, el mismo sin actualizar, sin tener en cuenta el descenso vertiginoso de creyentes y practicantes católicos en estos 40 años. Los hospitales deben asumir los gastos de infraestructura que exige el convenio: espacio para rezar, para recibir visitas, para dormir. La lógica de hospitales públicos católicos en un estado católico. Y este convenio tiene intencionalidad de continuidad, de momento 4 años, prorrogable indefinidamente.

Europa Laica junto con las Mareas Blancas de Andalucía ha difundido un comunicado de rechazo a este convenio por anticonstitucional, contrario a la libertad de conciencia y anacrónico, más propio de regímenes teocráticos que de democracias modernas. De acuerdo con el principio de libertad de conciencia, defendemos el derecho de cada persona a tener su espiritualidad y a recibir, si lo demanda, asistencia.

En situación hospitalaria, ese derecho puede ser garantizado poniendo en práctica la propuesta que hace años hizo Europa Laica al ministerio de Sanidad: facilitar a los pacientes información de contactos para que quien quiera asistencia religiosa o espiritual la solicite a sus predicadores o sacerdotes respectivos y que los asistan puntualmente, sin ningún coste público. Y la sanidad pública ofrece o debe ofrecer un servicio de ayuda psicológica general, sin connotaciones religiosas, para toda persona que lo solicite.

EL considera escandaloso que se derive dinero del Servicio andaluz de Salud para seguir consolidando e incrementando los privilegios con la Iglesia Católica.