José Antonio Naz Valverde
Colectivo Prometeo
Presidente de Europa Laica.
Entre el 6 y el 12 de Junio Leon XIV, jefe de la Iglesia católica, realizará en nuestro país una visita “Apostólica”. Según la conferencia episcopal es, ante todo, un acontecimiento de fe. Viene a reforzar la fe de los creyentes y a evangelizar la sociedad española, anunciando a Jesucristo “en las familias, en las parroquias, en la cultura y en el servicio a los más vulnerables”. Según las propias palabras del papa, viene a remover las conciencias de los fieles para que eleven la mirada (el eslogan es “alzad la mirada”) hacia la fe, pero se comprometan en la misión en la tierra, para extender la fe a su alrededor. Se trata de un plan de reconversión al catolicismo de un país que está cada vez más secularizado y el 40% de la población se declara no creyente.
Si esto es así, ¿qué pinta el gobierno y las distintas administraciones de un Estado aconfesional preparando, promoviendo, apoyando por todos los medios este viaje? Y lo que es más sangrante, ¿a cuento de qué la mesa del Congreso y del Senado, por unanimidad, invitan al papa a dar un discurso a congresistas y senadores en sede parlamentaria?.
En pura lógica, se puede deducir que el gobierno español forma parte del proyecto de reforzamiento de la fe y la misión de reconversión del papa. No tiene reparo en proclamar “el intenso trabajo que se ha llevado a cabo desde el Gobierno para asegurar que la visita sea un éxito”.
Algo evidente, con visitas frecuentes al Vaticano del ministro de presidencia en los últimos meses y del propio Presidente del Gobierno recientemente, con entrevistas habituales con la Conferencia episcopal; con un sinfín de medidas, medios y recursos facilitadas por todas las administraciones; organizando dispositivos de seguridad y movilidad que se activarán durante esos días en España, considerados “sin precedentes”; declarando la visita como “evento de especial interés público”, lo que conlleva grandes deducciones fiscales en las donaciones. No repetimos todas las cifras de millones de euros aportados por las distintas administraciones, la cesión de servicios y espacios públicos y la completa disposición de todas las instituciones públicas que se estimen necesarias para el éxito del evento.

















































