Manuel Marrero Morales
Colectivo Prometeo
Miembro de Europa Laica
La anunciada visita del Papa a Cataluña, Madrid y Canarias ha sido presentada por distintas administraciones públicas como un acontecimiento de extraordinaria relevancia institucional, social y cultural. Sin embargo, más allá de las legítimas creencias de millones de personas y del derecho de la Iglesia católica a organizar sus actos religiosos, esta visita vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo que sigue sin resolverse en el Estado español: la persistencia de privilegios incompatibles con un Estado que la propia Constitución define como no confesional.
Resulta especialmente significativo que, en pleno siglo XXI, una visita de carácter esencialmente religioso movilice recursos públicos extraordinarios, altere el funcionamiento ordinario de las administraciones y genere medidas excepcionales que difícilmente se adoptarían para organizaciones de otra naturaleza. Gobiernos autonómicos, ayuntamientos, el Gobierno del Estado e incluso el Congreso de los Diputados parecen competir en atenciones y deferencias institucionales hacia la jerarquía católica, reforzando una imagen de subordinación política impropia de una democracia moderna.
Por ello, conviene preguntar públicamente a los gobiernos de Cataluña, de Canarias, al Gobierno y al Ayuntamiento de Madrid, al Gobierno de España y a las Cortes Generales qué medidas concretas han aprobado con motivo de esta visita y cuál será su coste real para las arcas públicas. La ciudadanía tiene derecho a conocer con transparencia qué recursos humanos, materiales y económicos se destinarán a la organización, seguridad, logística, promoción y apoyo institucional de unos actos que, por su naturaleza, pertenecen al ámbito privado de una confesión religiosa.
