El
Frente Cívico Somos Mayoría tiene vocación de cambiar la sociedad
en beneficio de esa inmensa mayoría de la población que soporta la
situación a la que nos ha abocado un capitalismo sin frenos,
depredador e inhumano, cada vez más poderoso sin contrapesos
viables. Somos ambiciosos: nos proponemos un cambio de paradigma,
para que el poder sea efectivamente democrático, y lo ejerza la
mayoría en beneficio propio, con la conciencia colectiva que se
plasma en los documentos ya creados y aceptados por las distintas
instancias sociales y políticas, incluidos los estados, a los que
esperamos poder obligar a cumplir sus compromisos nominales.
No
pretendemos inventar nada: únicamente que se cumplan los Derechos
Humanos, redactados en 1948 y refrendados por la práctica totalidad
de los estados, y a los que se suman la Carta de la Tierra y la
propia Constitución Española vigente desde 1978, que se esgrime
como espantajo para frenar algunas cuestiones pero que se ignora de
manera muy interesada para obviar otras, de marcado carácter social.
No podemos olvidar que nuestra Constitución ha sido violada con una
reforma perpetrada con nocturnidad y alevosía en beneficio de una
casta de banqueros y especuladores que son los auténticos dueños
del poder, los de arriba, más allá de que haya un partido u otro
ejerciendo el gobierno.
Por
lo tanto, nos proponemos un programa de 16 puntos, que nos sirva como
banderín de enganche de todas aquellas personas que se sientan
afectadas por el actual estado de cosas y que estén empeñadas en
salir adelante, de manera consciente y comprometida. Sabemos que no
va a ser fácil y que las cosas no se hacen solas, que hay que actuar
y que cualquier acción conlleva trabajo, cambio personal y
compromiso.
Nuestra
propuesta no es un programa para elecciones. Va mucho más allá.
Queremos ofrecer a los distintos partidos ya constituidos un
referente de lo que quiere ese 99% que no tiene el poder económico,
que ve recortados sus derechos día a día y que tiene la voluntad de
ejercer la ciudadanía que nos prometen desde todas las instancias,
nacionales e internacionales a la vez que nos la impiden
sistemáticamente.
No
somos, y no seremos en ningún caso, un partido político ni un
sindicato. Ejercemos como ciudadanos, y la persona que se una a
nosotros puede –y debe- seguir conservando su militancia en las
organizaciones que considere oportunas. La coherencia interna de cada
persona será la que determine en qué se compromete, y hasta dónde.
Como organización, estamos abiertos al trabajo colectivo y
asambleario, pero tenemos una línea de acción, de manera que no
seamos “cualquier cosa que decida cualquiera en el momento que se
le ocurra”.
Existe una línea ideológica, la que nos conduce hasta una
ciudadanía global, hasta una humanidad realmente fraternal que viva
en libertad e igualdad. Sin ideología no se puede dar un accionar
político, y sin él no cambia la sociedad. Como decía el maestro
Ferrer i Guardia, si un campo se deja sin cultivar no aparece un
bosque. Se llena de ortigas y abrojos.
Pero la ideología sin praxis es estéril y nos lleva a un divagar
eterno, que únicamente beneficia a aquellos que pretenden que todo
siga igual. Hay quien se beneficia de las discusiones eternas
tratando de convencer a los demás de que nada se puede hacer hasta
que todo el mundo esté de acuerdo en la acción.
Con los puntos que a continuación exponemos no se pretende agotar
los temas de nuestro trabajo, sino encauzarlos de manera que todas
las personas que nos integramos en el Frente Cívico Somos Mayoría
sepamos hacia dónde vamos y obremos en consecuencia. Sirven para que
podamos explicar de manera sencilla qué es lo que pretendemos, y la
ideología que consiste simplemente en vivir sobre un planeta
habitable y que busca la justicia nos guíe para conseguir unos fines
que, como nuestro nombre indica, beneficien a la inmensa mayoría.
- Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.000 euros al mes.
La propuesta de un Salario Mínimo Interprofesional de 1.000 euros al
mes no es una cuestión meramente formal y para contar con números
redondos que se recuerden fácilmente. Es una cifra que se aproxima
al 75% de la media de los países de nuestro entorno, entre los que
los gobernantes que ha habido hasta ahora se empeñan en incluirnos:
Luxemburgo (1610 euros), Irlanda (1.462 euros), Holanda (1.357
euros), Bélgica (1336 euros), Francia (1321 euros), Gran Bretaña
(1.148 euros).
Hace unos años, en pleno boom del ladrillo, se calificaba de
mileurista con un cierto desprecio al que vivía en precario. En la
actualidad, la cantidad de mil euros es un salario casi inalcanzable
para la inmensa mayoría de los trabajadores que engrosan las listas
del paro, estén o no registrados.
Recogiendo las teorías clásicas del salario, las de David Ricardo,
nos encontramos con un salario nominal que es a todas luces muy
escaso, y que no sirve para que vivan con un mínimo de dignidad las
personas que lo cobran. Si tenemos en cuenta el proceso de
endeudamiento personal que se ha dado en los últimos años,
básicamente desde que entramos en el área del euro, y los precios
pagados por las hipotecas –los alquileres no eran mejores, y todo
incitaba a la compra de la vivienda- nos encontramos con una
situación de marasmo familiar e individual, que hace imposible salir
de una pobreza que aumenta día a día, incluso en los casos en los
que se tiene un trabajo más o menos estable.
El SIM sirve también para calcular las pensiones y las distintas
prestaciones sociales, por lo que su elevación redunda en beneficio
de los grupos más desprotegidos de la sociedad. La patronal y sus
acólitos se oponen porque los obliga a repensar la apropiación
privada de beneficios que tratan de imponer -con notable éxito hasta
ahora- y obligaría a anular las reformas laborales que nos han ido
dejando sin derechos poco a poco.
Un salario mínimo que cubra las necesidades básicas de los
trabajadores es el primer paso para recuperar la dignidad y eliminar
la miseria del horizonte de todas las personas que se ganan el
sustento con su propio trabajo. Es decir, despeja el porvenir y el
presente de la inmensa mayoría.
- Ninguna pensión por debajo del SMI.
Una de las prestaciones que están relacionadas con el SIM es la
pensión de jubilación, sobre todo, las no contributivas. Si la
fijación del salario mínimo obedece a que las necesidades básicas
de la población queden cubiertas, la pensión mínima no puede estar
por debajo. Los alimentos, la electricidad o la vivienda valen lo
mismo, cualquiera que sea la edad o la condición social de la
persona. Por lo tanto, una sociedad justa debe proveer las
necesidades de todas las personas que ya han rendido un beneficio
–caso de los jubilados- o que no están en disposición de buscarse
la vida mediante un trabajo –caso de los discapacitados.
El sistema de pensiones de la Seguridad Social que tenemos
actualmente en España obliga a que los productores en activo paguen,
mediante sus cotizaciones, las pensiones de los jubilados. No se
trata de un sistema acumulativo similar a los planes de pensiones
propuestos por los bancos –cada persona guarda para el futuro- sino
de un sistema solidario, por el que cada generación de trabajadores
y de empresarios –productores son los dos- se hace cargo de sus
pensionistas con la regulación del Estado.
Por lo tanto, el principal enemigo de las pensiones es el desempleo y
la política de reformas de los gobiernos que permiten que los
empresarios se desentiendan de sus obligaciones sociales para con los
trabajadores que una vez estuvieron en activo o de las personas que,
de acuerdo con esos artículos de la Constitución de 1978 que nunca
se mencionan, tienen derecho a la protección del Estado y a que sus
necesidades básicas se vean cubiertas con la debida dignidad que
corresponde a su condición humana.
Las medidas de protección a las personas dependientes no son
graciables, como no lo son tampoco las pensiones, ya sean
contributivas o no contributivas. Además, una política económica
inteligente no busca la depauperación de un colectivo social que es
cada vez más amplio por la propia dinámica demográfica, que lleva
a un alargamiento de la vida a la vez que a la reducción de la
natalidad, por lo que las tasas de dependencia se hacen cada vez
mayores.
La crisis económica sirve como excusa para recortar pensiones hasta
límites inhumanos, y la crisis ideológica en la que nos vemos
inmersos nos lleva a escuchar barbaridades como que se está
ampliando hasta límites excesivos e insostenibles la esperanza de
vida de los trabajadores, por lo que hay que aumentar la duración de
la vida laboral.
Las pensiones tienen que tratarse como vinculadas a las reformas
laborales que hacen aumentar la pobreza y la dependencia en grandes
capas de la población.
- Extensión y ampliación de la prestación por desempleo. Todo lo anterior puede servir también para abordar con presupuestos concretos la posibilidad de la Renta Básica.
De la misma forma que las pensiones de jubilación, las prestaciones
por desempleo no son una medida graciable. No se deben a la bondad
infinita de los gobiernos de turno, sino a muchos años de lucha
obrera combinada con la lucidez de economistas y gobernantes, que se
dieron cuenta en su momento de que hacía falta aumentar el estado de
bienestar de la población para evitarse males mayores, como los
procesos revolucionarios que se produjeron en la URSS.
Vivimos en una economía de mercado, y no es posible que ésta
sobreviva aumentando hasta el infinito el ejército de reserva que
supone –en palabras de Marx- el número de parados, que estabiliza
los salarios para mayor beneficio de los empresarios. A partir de un
cierto punto crítico, los parados se convierten en un lastre que
empobrece al conjunto de la sociedad y genera problemas irresolubles.
En el pasado se pudieron trasladar hacia los imperios coloniales, y
de esa manera se aliviaba la tensión en los países industriales,
pero eso ya no es posible. Evidentemente, tampoco es deseable.
Las luchas obreras consiguieron que se reconociera el derecho a
prestaciones por desempleo y que se permitiera a las familias
trabajadoras tener un mínimo de dignidad de vida mientras se
conseguía un trabajo que les permitiera desenvolverse por sus
propios medios. Para ello se cotiza a la Seguridad Social mientras se
está en activo, por el mismo sistema que las pensiones: los
trabajadores y empresarios aportan fondos para pagar estas
prestaciones.
Los enemigos de las prestaciones por desempleo son, una vez más, las
medidas neoliberales que consisten, básicamente, en abandonar a su
suerte a todos aquellos que no resultan útiles de manera inmediata a
los dueños del capital. Un trabajador aterrorizado por un futuro que
se presenta amenazador acepta sin pestañear cualquier situación
laboral, por injusta que sea. Se convierte en un ser dócil y sumiso,
que no reclama nada por miedo a perderlo todo. Las amenazas pueden
adoptar formas diversas: desahucio de una vivienda a medio pagar -que
perderá pero tendrá que seguir pagando- Años de paro sobreviviendo
con una miseria de prestaciones por desempleo, todavía menores como
ayuda familiar y que también termina perdiéndose, sin posibilidades
de conseguir una jubilación hasta la inalcanzable edad laboral de 67
años, pérdida de poder adquisitivo y desprotección por dejación
de funciones de la mayoría de los sindicatos que debieran
protegerlos.
Pedimos que se mantengan las prestaciones por desempleo hasta tanto
sea posible encontrar un puesto de trabajo digno. Como ninguna
persona puede perder el derecho principal, que es el derecho a la
vida, ni la dignidad, el Estado tiene que prevenir los mecanismos
imprescindibles para que exista una renta básica que permita vivir a
todas las personas, independientemente de su historial laboral, dado
que no siempre depende de la propia voluntad. Hasta dónde deba
alcanzar la cobertura de la renta básica, bien sea de inserción o
sin más apellidos, habrá que determinarlo de acuerdo con el devenir
de la sociedad. Tenemos debate abierto, y entre todas las personas
que integramos el Frente Cívico deberemos llegar a un acuerdo para
unificar posturas.
Lo urgente, a día de hoy, es garantizar que la miseria no se lleve
por delante la vida y la dignidad de los más de seis millones de
parados que hay y de sus familias. Esto no puede realizarse sin una
serie de medidas que obliguen a que afloren la cantidad de empleos
sumergidos que existen y que se corrijan las situaciones irregulares
de contratación y cotización. Tampoco pueden permanecer las medidas
que han tomado los distintos gobiernos en relación con las reformas
laborales que benefician a los empresarios a costa de hundir a los
trabajadores, tanto asalariados como autónomos, y a los pequeños
empresarios que son los que, en el fondo, generan más puestos de
trabajo.
Íntimamente relacionado con este punto, el siguiente de nuestro
programa: no se consigue dinero sin una reforma fiscal que se dedique
a hacer que paguen los que tienen y que persiga el fraude fiscal, la
economía sumergida y las estructuras que la hacen posible.
- Reforma Fiscal: progresividad, persecución del fraude fiscal, la economía sumergida y los paraísos fiscales. Revisión de la legislación sobre las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Dotar de infraestructuras de todo tipo a la Inspección de Fiscal de la Hacienda Pública.
Ninguno de los puntos anteriormente expuestos se puede conseguir si
no hay un sistema fiscal que cumpla los dictados de la Constitución,
tantas veces citada como violada o ignorada. El artículo 31 habla de
equidad, impuestos de acuerdo con la capacidad económica,
progresividad y utilidad pública. Todo el capítulo 3º del Título
I, “De los principios rectores de la política social y económica”,
recoge en los artículos 39 al 52, las características que estamos
reclamando aquí que se cumplan.
El principio de eficacia, por el que el Estado es el principal
interesado en poner los medios para que se cumpla el ordenamiento
legal, está recogido en el artículo 103. Sin embargo, se ignora
sistemáticamente o se impide el ejercicio de estos aspectos
constitucionales que afectan directamente al bolsillo de los que se
perfilan como auténticos detentadores del poder.
Mientras que se intenta atajar el pequeño fraude en el cobro de
prestaciones o en la facturación del IVA de pequeñas y medianas
empresas, no se hace nada para controlar la hemorragia de recursos
que salen del país vía paraísos fiscales. Ni siquiera la normativa
europea, invocada en todos aquellos casos en los que se trata de
imponer recortes o sacrificios a la inmensa mayoría de la población,
se preocupa de atajar la huida de recursos hacia estos auténticos
sumideros.
Se trata también de culpabilizar a los consumidores por el recurso a
la economía sumergida –cobro sin IVA, chapuzas de supervivencia en
una sociedad en crisis galopante- pero no se persigue el fraude en
los contratos por horas, en el trabajo sin ningún tipo de cobertura
legal o en todos los subterfugios de que se vale una patronal sin
escrúpulos para aumentar sus beneficios.
Los propios inspectores de Hacienda intentan cumplir bien con su
función, pero no cuentan con los medios necesarios. GESTHA ha hecho
público un informe en el que se queja de su precariedad, y alerta de
que, si se recuperase el dinero que se ha defraudado por parte de las
grandes fortunas, no habrían sido necesarios los recortes que nos
han afectado a todos y han condenado a la precariedad y a la miseria
a una buena cantidad de personas que, por otra parte, no tienen
opción de hacer otra cosa que cumplir religiosamente con el fisco.
Las SICAV son unos mecanismos, perfectamente legales pero
manifiestamente injustos, por los que las grandes fortunas pueden
tributar cantidades irrisorias, mientras que los trabajadores con una
nómina contribuyen con una parte sustancial de su salario. Un
profesor de secundaria, con el 23% de sus ingresos, por poner un
ejemplo.
Por lo tanto, desde el Frente Cívico pedimos que se haga una reforma
fiscal que cumpla con el espíritu y la letra de la Constitución de
1978. Que se desarrolle convenientemente el título VII, que habla de
la economía y la Hacienda pública como bases del bien común y que
se elimine el artículo 135 reformado, que nos ha puesto a los pies
de los caballos de los mandatos de gobiernos extranjeros.
Para
saber más:
5.
Banca
pública como corolario de la nacionalización de la banca privada y
las cajas de ahorros.
La banca ha desempeñado siempre en el funcionamiento del sistema
capitalista un papel central, como catalizadora del ahorro hacia el
crédito. Ese papel elemental se ha ido transformando con el
desarrollo y la globalización financieros en una actividad
desaforada, compleja e hipertrofiada, al punto de que un hundimiento
del sistema bancario de un país lo arrastraría al desastre total.
Esa posición hegemónica y vital es la que han aprovechado los
banqueros y los gobiernos de turno para impedir por todos los medios,
sin límites cuantitativos, cualquier crisis que pudiera poner en
peligro la estabilidad económica, sin perjuicio de que el mundo
financiero ha cobrado tales dimensiones que no siempre ha sido
posible evitar graves acontecimientos y secuelas imponderables, como
ocurrió en el 2008 cuando estalló la crisis financiera
internacional con la quiebra del banco norteamericano de inversiones
Lehman Brothers.
En el caso de nuestro país los compromisos de fondos públicos para
salvar la banca deben superar los 200.000 millones de euros, según
un listado de ayudas directas e indirectas enormes y no precisamente
claras. El gobierno contribuye a ello, y es así como alardea de
haber salvado a nuestro país del rescate cuando justo el Estado se
endeudó al final de 2012 en el exterior por 40.000 millones de euros
para rescatar al sector bancario.
No es admisible que un sector tan estratégico como la banca, del que
deriva su capacidad para chantajear a la sociedad, esté en manos
privadas. Como todo sector vital para la economía y el bienestar
general la banca debe ser nacionalizada. Pero además si como ha
ocurrido que fondos públicos cuantiosos se han comprometido en
salvar al sector bancario, menos admisible aun es que el Estado no
haya tomado posesión de sus derechos y disponga ya de un importante
sector bancario nacionalizado.
Los detalles y la información sobre las relaciones banca/estado son
imprescindibles para desentrañar la situación financiera de cada
institución. Sin embargo esa necesidad para el proyecto del Frente
Cívico se convierte en un argumento más para demandar la
nacionalización de la banca.
El Frente Cívico lucha y reclama la nacionalización de la banca,
para que esa banca pública sea un instrumento crucial para hacer
política económica real, para superar la crisis económica,
impulsar otro modelo productivo, sostener inversiones estratégicas y
dotar de una mayor estabilidad al sistema evitando las actividades
especulativas, depredadoras y abusivas que ha practicado la banca
privada en los últimos tiempo con las consecuencias conocidas. El
problema de los desahucios y él estrangulamiento de las pymes
tienen que recibir una atención singular de una banca pública que
se preocupe de los ciudadanos y el bienestar general en
contraposición a una banca privada sólo pendiente de los beneficios
inmediatos y cubierta de los riesgos y desafueros por la protección
de los fondos públicos.
6.
Nacionalización
de los sectores estratégicos de la economía. Ley sobre la
Obsolescencia Programada.
En
toda economía existen sectores estratégicos que son los que
determinan el modelo productivo que se pueda implementar. El
neoliberalismo ha supeditado la política a la economía, y nosotros,
desde el Frente Cívico, lo que pedimos es recuperar el control
político de la producción. Proponemos una economía al servicio de
las necesidades de la ciudadanía, y no al revés.
En el
punto anterior pedíamos la nacionalización de la banca, como forma
de controlar la fuente de financiación imprescindible para cualquier
actividad, tanto pública como privada o empresarial. Pero hay otros
sectores que son estratégicos para la producción, y el más
importante de ellos es el energético, en todas sus variables. Una
economía dependiente de las ansias especulativas de unos
propietarios que ni siquiera tienen una entidad concreta, a los que
se ha venido identificando como “los mercados”, no puede
contribuir a satisfacer las necesidades de las personas y los
colectivos.
Ya
tenemos experiencia de lo sucedido con la privatización de la
producción eléctrica, el gas natural y los combustibles fósiles.
Sus intereses promueven guerras y están detrás de conflictos
internacionales que nos comprometen a todos y esquilman el planeta.
El sometimiento a los intereses de las multinacionales energéticas
impide el desarrollo de las energías limpias y sostenibles, y nos
aboca a una carrera desenfrenada.
Un
control de la producción de energía permitiría, también, un
desarrollo de políticas de transporte que primaran los más limpios
y efectivos sobre los más contaminantes y menos eficientes.
Permitiría, por ejemplo, potenciar el ferrocarril en los lugares
donde todavía no se ha desmantelado por completo y mejorar las áreas
metropolitanas.
Por
otro lado, el sistema capitalista vigente nos ha abocado a una
espiral de consumo que raya lo absurdo. Como una especie de bicicleta
diabólica, debemos seguir pedaleando para seguir avanzando, aunque
nos dirijamos al precipicio. La industria no se sostiene si no se
renuevan los productos, y para ello, deben hacerse de la menor
calidad posible para que sea imprescindible su sustitución. Las
nuevas tecnologías generan más necesidades de las que satisfacen, y
provocan un vórtice que se apoya, además, en una realidad que, no
por ser negada reiteradamente, es menos cierta: la obsolescencia
programada. Todos los productos tienen una fecha de caducidad
inexorable que convierte en basura elementos que se nos han hecho
necesarios y que no hay forma de reparar, porque resulta mucho más
cara cualquier reparación que la adquisición de un artilugio nuevo,
que además incorpora alguna modificación que se vende como
imprescindible.
Una
ley que impidiera la obsolescencia programada reduciría de manera
muy notable la contaminación y las necesidades de materiales
estratégicos como el coltán, que está detrás de la mayoría de
las guerras africanas.
Para
saber más:
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3997367.pdf
7.
Desarrollo de los contenidos de los Títulos Preliminar y VII de la
Constitución.
Hoy la Constitución aprobada en 1978 presenta graves síntomas de
agotamiento. El frente cívico aún defendiendo todos y cada uno de
los derechos reconocidos en ella y oponiéndose a ningún retroceso,
ni incumplimiento de estos, plantea la necesidad de un proceso de
profunda revisión constitucional. En particular en su título
preliminar y VII.
En el título preliminar el pueblo definido como sujeto del
que emanan los poderes del Estado debe poder decidir sobre la forma
de estado (definido ahora como monarquía parlamentaria, art 1.3), es
el quien debe decidir que territorios componen el estado y cuales se
pueden separar o agregar (limitado en el art. 2), y el Ejercito debe
garantizar la soberanía del territorio del Estado, pero la
definición de este no corresponde al Ejercito sino a la ciudadanía.
Por lo que se refiere al título VII que regula la Economía y
Hacienda el Estado, en una situación tan crítica como la actual
debería desarrollarse las amplias funciones que la Constitución
reconoce en el ámbito de la iniciativa pública en la actividad
económica y la regulación de los monopolios (art. 128); la
participación de la ciudadanía en el control de la seguridad social
y la actividad productiva (art. 129); el estimulo y planificación de
la actividad económica (art. 130 y 131). Por otra parte debería
reversión el artículo 135 a su formulación original. En verano del
2011 de forma urgente y a espaldas de los ciudadanos, que por
supuesto no lo refrendaron, se impuso una modificación desde poderes
no electos nacionales y extranjeros. En esencia, esa alteración
asegura por ley orgánica que el pago la deuda pública pase a ser
prioritario, respecto la cobertura económica de todos los derechos
recogidos en la Constitución. La soberanía reside en el pueblo y
sus representantes, no en la troika ni otros poderes económicos no
democráticos.
Para
saber más:
Articulado afectado en un sentido de reivindicación o de reforma de
la actual Constitución Española
Artículo 1.3- La forma política del Estado español es la
Monarquía parlamentaria.
Artículo 2- La Constitución se fundamenta en la
indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran y la solidaridad entre todas ellas.
Artículo 8.1- Las Fuerzas Armadas, constituidas por el
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como
misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender
su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Artículo 128
1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere
su titularidad está subordinada al interés general.
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.
Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o
servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo
acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el
interés general.
Artículo 129
1. La ley establecerá las formas de participación de los
interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los
organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad
de la vida o al bienestar general.
2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas
de participación en la empresa y fomentarán, mediante una
legislación adecuada, las sociedades cooperativas.
También establecerán los medios que faciliten el acceso de los
trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
Artículo 130
1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo
de todos los sectores económicos y, en particular, de la
agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin
de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.
2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las
zonas de montaña.
Artículo 131
1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica
general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el
crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo
con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades
Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y
otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A
tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se
desarrollarán por ley.
Artículo 135.
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al
principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un
déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su
caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una Ley
Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado
y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior
bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio
presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar
autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda
pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en
el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de
prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda
o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de
emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones
Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá
superar el valor de referencia establecido en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública
sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión
económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al
control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación
financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado,
apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de
los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere
este artículo, así como la participación, en los procedimientos
respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las
Administraciones Públicas en materia de política fiscal y
financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las
distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de
superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las
desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit
estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de
incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos
Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo,
adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación
efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones
presupuestarias.
8.
Control
y democratización de los canales de distribución y comercialización
del sector primario de la economía a fin de evitar situaciones de
oligopolio que inciden negativamente sobre los precios pagados a los
productores y sobre los precios pagados por los consumidores.
Existe
un abismo entre los precios que cobran los productores, sobre todo
los agrarios, y los que pagamos los consumidores y usuarios. En medio
crece toda una fauna de intermediarios cuya principal función es la
de especular y hacer subir los precios de forma artificial y en
beneficio propio.
Aunque
teóricamente están prohibidas las actuaciones monopolísticas, la
concentración de capitales en pocas manos hace que los precios se
fijen por muy pocos empresarios que generan una situación de
oligopolio y quienes terminan pagando, en todos los sentidos de la
palabra, seamos los consumidores, ciudadanos que no podemos hacer
otra cosa que pagar los precios que se nos ponen.
Para
un cambio en el modelo económico, como ya se ha dicho antes, es
imprescindible que haya un cambio en las redes de distribución. Para
ello, el estado debe arbitrar las medidas necesarias, incluso dando
de lado a las tendencias que se nos pretenden imponer desde ese ente
abstracto pero lleno de tentáculos que llamamos mercado, libre
comercio o Unión Europea.
Con
toda probabilidad, para poder implantar este modelo que prime al
productor sobre el especulador y en beneficio del consumidor, habrá
que abandonar la Unión Europea, y eso no es fácil ni a corto plazo,
pero hay actuaciones que podemos llevar a cabo los consumidores en el
día a día, como son dar prioridad a los comercios de proximidad
frente a las grandes cadenas, o la compra directa a los productores.
9.
Efectiva
separación entre las iglesias y el Estado.
No se
puede ser un ciudadano completo si no se separa la esfera más
íntima, la de las creencias, de la esfera pública que impone normas
de interés general para regular la convivencia.
De
acuerdo con los artículos 14 y 16 de nuestra constitución, existe
un estado aconfesional, pero la práctica diaria nos lleva a la
constatación de que hay una subordinación de muchas leyes a una
confesión, la católica, que se privilegia en el último punto del
artículo 16 porque es la de la mayoría de los españoles.
Entendemos
que la religiosidad es un asunto privado, que debe ser protegido en
tanto que el artículo 18 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos así lo proclama expresamente, pero precisamente
esta libertad de conciencia impide que haya estados confesionales o
que traten de imponer normas basadas en creencias.
Asuntos
como los funerales de estado, las visitas de líderes religiosos que
no son tratados por igual, los gestos de sumisión de representantes
públicos ante líderes religiosos que hemos tenido ocasión de ver
en todos los medios de comunicación, la enseñanza de la religión
-ya sea la católica o cualquier otra- en el ámbito escolar, la
supeditación de la vida pública a las expresiones religiosas, y un
largo etcétera, deben regularse de forma que, sin que suponga
persecución o negación objetiva hacia ninguna confesión, no
interfiera en las creencias de los demás, sean éstas las que
fueren.
Pedimos
un exquisito respeto hacia todas las creencias, pero siempre
haciéndolas compatibles con el respeto a los derechos humanos y a la
libertad individual, que se puede manifestar también con la
no-creencia en ninguna religión.
El
primer paso, evidentemente, debe ser la denuncia del Concordato con
el estado Vaticano, seguido de las medidas necesarias para que la
sociedad sea laica: medidas fiscales, separación entre el patrimonio
cultural nacional y el propio de cada confesión, medidas educativas,
etc.
Para
saber más:
10.
Reforma
del Sistema Electoral en el sentido de implantar otro proporcional,
con las CCAA como circunscripción y un colegio nacional de restos.
Tanta legitimidad como pretenden tener PP y PSOE, caso del artículo
135 de la constitución o la abdicación de Juan Carlos, se asienta
en unas leyes electorales fundamentalmente antidemocráticas, de las
que esos partidos son los más beneficiados, según un diseño
consciente para fortalecer el bipartidismo que ha regido la vida
política española desde la transición. Para el Frente Cívico,
cuanto más estricta sea la proporcionalidad de las leyes
electorales, más justo y democrático es el sistema. Por tanto,
reclama una reforma del sistema electoral que corrija las
deformaciones del actual y se aproxime a la proporcionalidad tanto
como sea posible.
Complemento indispensable a un sistema electoral más justo es la
necesaria ley de financiación de los partidos que evite tanta
discriminación entre ellos, por no referirse a los abusos y
corrupciones como se han cometido por parte de los dos partidos
citados.
La concreción y casuística de cómo lograr estos objetivos puede
quedar abierta, pero no por ello sobran algunas indicaciones básicas
como propuestas del Frente Cívico, como el aumento del número de
diputados, mayor peso a la población en la asignación provincial,
eliminación de la Ley de D´Hont, consideración las Comunidades
Autónomas como ámbito electoral, acumulación de restos, etc.
La cuestión de cómo mejorar el sistema electoral suscita muchos
temas, como la composición de listas, carácter de estas (abiertas,
cerradas), derechos inalienables de los representantes elegidos,
revocabilidad, compromisos con el programa, el ya mencionado de la
financiación. El Frente Cívico se compromete moralmente a respaldar
todas aquellas propuestas que permitan avanzar en la democratización
del país e impulsar la participación ciudadana.
11.
Desahucios y vivienda.
El
derecho a una vivienda digna está recogido en el artículo 47 de la
Constitución, donde también se reconoce la primacía del fin social
de la propiedad sobre las finalidades particulares y exclusivamente
de lucro. Por lo tanto, los poderes públicos deben ser garantía de
que no haya personas sin vivienda o que puedan ser expulsadas de las
que ocupan.
La
política estatal condujo a una burbuja inmobiliaria, que potenció
la especulación de los bancos y la subida exagerada de los precios
de las viviendas, en beneficio de unas cuantas grandes empresas. Las
investigaciones posteriores han demostrado hasta qué punto está
imbricada la corrupción política con las malas prácticas de las
constructoras y de los bancos que dieron créditos de manera
irresponsable. Ahora les toca pagar esos desaguisados a personas que
se ven sin trabajo, sin posibilidades de pagar unas hipotecas
demenciales y con deudas a perpetuidad, incluso después de haber
perdido la vivienda.
Desde
el Frente Cívico pedimos una política de vivienda que recupere para
uso público las que ya están construidas, con alquileres sociales y
opción a compra, para que no haya personas que se vean sin un techo
que las cobije mientras hay miles de viviendas que ni se han vendido
ni se podrán vender en muchos años.
Pedimos
que se acaben de manera inmediata los desahucios de personas de
viviendas propiedad de bancos que ni siquiera van a poder seguir
negociando con ellas, y que se adopten políticas positivas de
vivienda y de ordenación del suelo que acaben con la especulación
de un bien al que se tiene derecho por la constitución. Apuntamos
como salida posible los alquileres sociales de viviendas que se
adquieran por las distintas instancias públicas, de manera que
exista un parque de viviendas dignas en alquiler que actúe como
regulador de los precios de mercado.
Para
saber más:
12.
Europa: Unión Europea, Banca y Euro. Es necesaria la recuperación
de la soberanía nacional.
La desoladora crisis económica que padece nuestro país está
originada en gran medida por las consecuencias de la incorporación
al euro. El proyecto de la moneda única, por vincular a países muy
desiguales económicamente, por sus rigideces, como hacer desaparecer
la moneda propia y, por tanto el tipo de cambio, e implantar una
política monetaria general para un conjunto de países y
circunstancias muy diversos, por sus carencias, como la ausencia de
una fiscalidad común, desencadenó desequilibrios exteriores muy
profundos entre los países, y promovió, en consecuencia,
situaciones de endeudamiento insostenible para las economías más
débiles, como es el caso de la española.
Simultáneamente a este desarrollo hay que poner de manifiesto que
todo el proceso de integración europea ha significado una cesión de
las soberanías nacionales a las instancias europeas en cuanto a
instrumentos y recursos de la política económica, sin el traspaso
consecuente de la responsabilidad de esas instancias para afrontar
los problemas de las sociedades que históricamente cubrían los
Estados. Y es así como se anuló las políticas arancelarias, de
control de capitales, de industrias nacionalizadas, y ya, con la
implantación del euro, de la política monetaria, la política
cambiaria y la política fiscal, sometida a las restricciones del
Pacto de estabilidad y la imposibilidad de los estados de recurrir
directamente al Banco Central europeo para financiarse.
La situación resultante es que no sólo hay una crisis pavorosa en
muchos países, incluido el nuestro, sino que los gobiernos están
inermes para resolverla y amortiguar sus consecuencias. Si además se
añade que en el marco del euro, como está suficientemente
demostrado, no cabe la más mínima política progresista, sino que
todo impulsa y favorece la aplicación de ajustes, recortes y
austeridad, un programa de un proyecto como el que representa el
Frente Cívico, de reducir las desigualdad y de procurar el bienestar
general es incompatible con la moneda única.
En una formulación en positivo, el Frente Cívico reivindica la
recuperación de la soberanía económica y monetaria para hacer
posible ejecutar una política que tenga como objetivos superar la
crisis, y combatir las desigualdades, la miseria, la marginación y
el desmantelamiento de los servicios públicos. Proporcionar a la
población, en última instancia, bienestar, protección y
seguridad.
13.
La
participación ciudadana en todos los niveles de la Administración
(local, autonómica y estatal).
La administración del Estado se compone de diversos niveles (local,
autonómica y estatal). El Frente Cívico considera esencial una
distribución de competencias que asegure la máxima cercanía
técnicamente posible a la participación ciudadana, recogiendo el
principio de subsidiaridad. A la vez exigimos que esta distribución
permita al mismo tiempo, la igualdad de derechos y deberes básicos
entre los ciudadanos. En este sentido se entiende que el entramado
institucional de nuestro país debería articularse de forma que:
Aquellos aspectos que para asegurar la igualdad de la ciudadanía
deben ejercerse al nivel más alto, se ejercieran por el Estado. Se
trata de competencias como la presión fiscal, la regulación básica
del trabajo, la igualdad de derechos en sanidad, pensiones, etc. Con
ello se trataría de evitar las presiones que los lobbies
ejercen sobre las administraciones públicas para erosionar derechos
enfrentándolas unas contra otras.
Aquellos aspectos que pueden concretarse de manera cercana a los
ciudadanos y aquellos aspectos de gestión y supervisión en que la
ciudadanía puede participar de manera próxima en su aplicación
deben devolverse a los municipios o entidades más cercanas a la
ciudadanía. Se trata de competencias como la supervisión de la
ejecución de los presupuestos, el control de la obra pública, las
decisiones de ámbito local, etc.
La distribución de competencias entre niveles de la administración
debe ser clara y sin interpretaciones ambiguas, terminando con la
constante intromisión del Tribunal Constitucional en la vida
política del país. Deben suprimirse niveles redundantes o ocultos
al control de la ciudadanía como las Diputaciones.
Los partidos deben dejar de ser los representantes únicos de la
ciudadanía. Es la ciudadanía quien debe decidir cómo se organiza y
quiere ser representada mediante formas que pueden incluir
organizaciones sociales, sindicales, plataformas, coaliciones, etc.
En cualquier caso el Estado debe supervisar la calidad democrática y
la transparencia económica de cualquier forma de representación y
organización ciudadana, dotándose de mecanismos adecuados para
acabar con la corrupción, persiguiendo tanto al corrupto como al
corruptor.
Para
saber más:
Alberich, T. (2004): GUÍA
FÁCIL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Dykinson S.L.
CAPELLA,J.R.
(1993) Los ciudadanos siervos. Madrid: Ed. Trotta.
GAMBIER,
Beltrán, "La acción de amparo en defensa del principio de
legalidad y del interés público: un replanteo en torno a la
legitimación de los ciudadanos", trabajo publicado en la
Revista Jurídica de la Federación Interamericana de Abogados,
www.iaba.org, volumen 1, (2005)
LACLAU,E.
MOUFFE,Ch. (1985) Hegemony and socialist strategy: Toward a Radical
Democratic Politics. London: Verso.
RUBIO
CARRACEDO,J. (1990) ¿Democracia o Representación? Poder y
Legitimidad en Rousseau. Madrid: Centro Estudios Constitucionales.
UNGER
R.M. (1998) Democracy Realized: The Progressive Alternative.
London:Verso
Fernando Salvatierra
(2013) Macabro imperio
14.
La
lucha contra la deuda como mecanismo coercitivo utilizado contra los
pueblos de todo el mundo.
El
discurso dominante es que estamos en crisis y no existe otro modo de
salir de ella que el de recortar y continuar recortando los
presupuestos del Estado destinados a fines sociales. El problema es
el alto nivel de endeudamiento del Estado español. Nuestra reciente
reforma exprés de la Constitución, sin referéndum, aprobada el 30
de agosto de 2011, se fundamenta en esta consigna que los medios no
cesan de mantener.
Han
conseguido prohibir la negociación o repudio de la Deuda Exterior.
Así el dinero de nuestros impuestos no irá destinado
prioritariamente a nuestros servicios sociales sino al pago de la
deuda. Una deuda de la que nos hacen responsables directos y nos
obligan a saldar. Una deuda que obliga a recortar nuestros servicios
públicos y que nos condenará al mayor de los desamparos sociales.
Nosotros
proponemos revertir esta argumentación planteando la necesidad de
auditar el origen de la Deuda para determinar su legitimidad. Porque
en realidad la mayor parte d ella Deuda se originó en el periodo
2007-2009, cuando los gobiernos pasaron a rescatar a los financieros
privados ya sea del sector inmobiliario o la banca. Al primero se le
otorgaron 20.000 millones de euros en los primeros compases de la
crisis. A la banca se aportaron ayudas por parte de las arcas
públicas que, en el caso del Estado español, ascendió a 141.000
millones de euros. El Gobierno, no instauró impuestos para
contrarrestar este gasto en su balance, sino que recurrió al
endeudamiento.
El
galopante aumento del desempleo con el consecuente aumento en el pago
de prestaciones y bajada en la recaudación del IRPF, el aumento del
gasto público para afrontar la crisis y el aumento de la carga del
pago de la deuda por refinanciación contribuyó a que se pasase de
una situación de superávit fiscal del 1’9% del PIB en 2007 a un
déficit del 11’1% a finales de 2009.
En
la actualidad, a nivel mundial,
la deuda agregada es de 158 billones de dólares
(2 veces el PIB mundial, es decir, 2 veces la riqueza que se genera a
nivel mundial). De esta deuda, el 25% es pública y el 75%
privada. La deuda total de los países en desarrollo, incluyendo a
China y Rusia, es el 1% de la deuda total mundial, lo que implica que
el problema lo tienen EEUU, Europa y Japón.
No
habrá recuperación ni económica, ni social, si seguimos en la
espiral del endeudamiento que es empleado para exigir un proceso de
privatización del patrimonio público (recursos, estructuras,
hospitales, tierras, etc.). La salida a esta situación pasa por:
a) bloquear el pago de la
deuda externa
c) auditar su legitimidad,
hoy no se sabe ni quiénes son los acreedores de nuestra deuda
c) establecer un proceso
de renegociación, un plan de retorno de plazos e intereses y una
decisión de repudio de aquella parte que se considere ilegitima por
su origen, por la forma en que se estableció o por haber sido ya
pagada a en forma de rescates, exenciones o compensaciones ocultas al
público.
Para
saber más:
Antonio Sanabria
y Bibiana Medialdea.
Precariedad y Cohesión Social, Fundación FOESSA y Cáritas
Iolanda Fresnillo,
La Deudocracia como Amenaza Global
Plataforma
Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) http://auditoriaciudadana.net
15.-
La defensa de los sectores públicos: sanidad, educación, justicia,
servicios sociales...como garantes de una sociedad más justa e
igualitaria, con igualdad de oportunidades más efectiva.
El
estado del bienestar no se nos dio gracias a la bondad infinita de
nuestros gobernantes, sino que ha sido el producto de años de lucha
obrera por mejorar las condiciones de vida de los sectores
productivos de la sociedad.
La
historia del Movimiento Obrero es la historia de la lucha por mejorar
la vida de los trabajadores, la inmensa mayoría de la población, y
de conseguir salir del marasmo en el que estaban recluidas por obra y
gracia de una burguesía salvaje que busca, antes y ahora, el
beneficio por encima de todas las cosas y tiene como único dios y
meta al dinero.
Fue
el miedo a las revoluciones que se empezaron a dar en Europa tras la
bolchevique de 1917 lo que impulsó las mejoras sociales que estaban
empezando a conseguir algunos trabajadores con su propio esfuerzo.
Las sociedades de socorros mutuos son el germen de una asistencia
sanitaria básica y un plato de comida en caso de desempleo, y las
escuelas nocturnas hicieron que los obreros conscientes –anarquistas
sobre todo, pero también socialistas y comunistas- vieran en la
educación un posible elemento de movilidad social. Para todo esto
hizo falta que los obreros se organizaran, que crearan centros de
reuniones y actividades en los que se dejaban un tanto de lado las
disquisiciones filosóficas de los dirigentes para aterrizar en
solucionar problemas concretos. Esa capacidad de trascender lo
accesorio para ir a lo realmente importante es lo que debemos heredar
de estos obreros olvidados, porque fue lo que los hizo formidables y
obligó a reaccionar a los gobiernos del momento.
Ninguno
de estos logros se puede medir con criterios de rentabilidad
puramente mercantilista. La educación no produce, pero una población
analfabeta, inculta, sin criterio, no se puede integrar en una
sociedad moderna. Igual cabría decir de la sanidad: los hospitales,
la atención primaria a las familias, no producen nada, pero son
imprescindibles para mantener un nivel de bienestar en la población,
una seguridad en que sus vidas, primero y principal de los bienes,
cuentan con la necesaria protección, tal como se recoge en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución.
Unos servicios sociales que no se ocupen de la población que tenga
peores niveles de protección, bien por edad, por enfermedad o por
cualquier otra causa, generan una indefensión en la inmensa mayoría
de las personas, que se enfrentan a los peores momentos con miedo e
incertidumbre.
Por
otro lado, la justicia igual para todos es uno de los pilares del
estado. Los poderes reconocidos desde tiempos de la Ilustración
hacen de la justicia la garantía de que los ciudadanos sean
efectivamente ciudadanos y no súbditos. Por lo tanto, convertir el
acceso a los tribunales en un lujo supone uno de los atentados más
flagrantes contra cualquier modelo de estado que se quiera llamar
democrático.
Pedimos
que se mantengan y se mejoren los servicios que el estado presta a
los ciudadanos a cambio de unos impuestos que ya hemos considerado
como imprescindibles para redistribuir la riqueza y conseguir que los
seres humanos de cualquier origen y condición vivan con la misma
dignidad, en tanto que seres humanos, y no sean tratados y
clasificados en función de origen, renta o cualquier otro sistema
que se quiera. Es decir, exigimos que se cumpla la legislación
vigente, recogida en la Constitución de 1978, artículos 49, 50 y
51, y en el título VI, Del Poder Judicial, especialmente en su
artículo 119.
El
Frente Cívico actuará en consonancia con las diferentes
organizaciones ciudadanas que se propongan unos fines compatibles con
el ideario que asumimos, buscando siempre la amplitud de la acción.
16.-
Límites ecológicos a nuestro sistema de vida: crisis energética y
ecológica. Procesos de transformación personales y colectivos.
Vivimos
en un mundo finito, con recursos limitados y en el que los seres
humanos, como animales de un ecosistema, somos interdependientes unos
de otros y de los demás elementos que forman todo el ecosistema. No
podemos vivir esquilmando nuestros recursos, de cualquier tipo, y
envenenando el biotopo que nos acoge.
El
capitalismo impone un crecimiento continuado, sin tener en cuenta
este hecho incontestable, y con ello condena a la miseria a una buena
parte de la humanidad. Por lo tanto, y partiendo de la base de que lo
que sea de cada uno de los seres humanos será el destino de la
humanidad al completo, se nos impone un proceso de transformación
personal y colectivo que dé origen a una nueva sociedad, que nos
permita sobrevivir.
El
compromiso que se adquiere con el cambio no puede ser únicamente de
carácter político. Debe ser, ante todo, una modificación de
nuestros hábitos más personales y cotidianos, porque la sociedad
está formada por individuos, y no se puede transformar si sus
elementos siguen comportándose de la misma manera. Cada persona
tiene una cuota de responsabilidad en los cambios, que debe valorar y
asumir en la medida de sus posibilidades. Cualquier fundamentalismo,
cualquier exageración, son malos porque excluyen a muchas personas,
y partimos de la idea inicial de buscar la suma, y no la división.
Pero el no-hacer, en aspectos que comprometen la propia
supervivencia, es sencillamente suicida. Como especie, y también
como individuos.
Debemos
abordar cuestiones tales como la soberanía alimentaria, que
tiene una enorme incidencia en el desarrollo de la agricultura local,
generadora de mano de obra y que contribuye a la eliminación de la
desnutrición a escala planetaria –pero también local, como está
poniendo de manifiesto la crisis en la que vivimos- y a la
conservación de la biodiversidad.
Relacionada
con la soberanía alimentaria, la conservación de especies
cultivadas locales sirve para mantener en la superficie de la Tierra
plantas que se han adaptado a las características de los suelos y a
las plagas de cada rincón del planeta, lo que permite desarrollar
una agricultura respetuosa con el medio ambiente, eliminar
contaminación química que envenena los acuíferos y los mares y
empobrece al campesinado mientras alimenta la dependencia hacia las
grandes multinacionales que han propiciado la llamada “Revolución
Verde”.
Por
otra parte, como consumidores debemos comprometernos con los
alimentos de proximidad y de temporada. Si la propuesta del punto 8
pasa por el control de los intermediarios y que los beneficios de la
producción vayan a los productores, y también hemos hecho
referencia al comercio justo, nuestro compromiso para hacer posible
esos cambios pasa, necesariamente, por abandonar malos hábitos,
irresponsables desde un punto de vista ecológico, como son el
consumo de verduras y frutas frescas fuera de temporada y producidas
a miles de kilómetros de distancia. Si partimos de la base de que lo
que no es negocio, simplemente no se hace, la responsabilidad de los
consumidores se debe manifestar en la contribución a que no sea
negocio traer ciruelas desde Chile a España, o consumir uvas
sudafricanas en el mes de marzo. Obligaremos a ahorrar combustible y
contaminación, y estaremos permitiendo que buenas tierras se
dediquen a la producción de alimentos básicos para los habitantes
de los lugares donde se producen. Eso es mucho más efectivo que
cualquier trabajo de colaboración con la mejor de las ONG.
La
crisis energética ocupa páginas de los periódicos y provoca
quebraderos de cabeza a sesudos economistas y a todos los ciudadanos
que tenemos que hacer frente a pagos importantes por este concepto.
Ya planteamos en el punto 6 que es necesario nacionalizar la
producción y potenciar las energías limpias y renovables, pero aquí
estamos planteando que eso no tiene demasiado sentido si no hacemos
un uso más racional de la energía que se produzca.
No se
trata de volver a las cavernas, ni renunciar a ninguno de los logros
que han puesto a nuestro alcance los avances tecnológicos, sino de
utilizarlos en beneficio propio, no de las multinacionales. Debemos
hacer un ejercicio de responsabilidad, analizando nuestras
necesidades, y no las necesidades de vender y aumentar los balances
de beneficios que las distintas multinacionales de la energía
disfrazan de progreso y bienestar a través de las campañas
publicitarias. En resumidas cuentas, tomar las riendas de nuestra
vida y actuar en consecuencia, con todos los medios a nuestro
alcance, y partiendo de la base de la sensatez, el sentido común y
el conocimiento de las consecuencias de nuestros actos. Es la única
manera de actuar libremente y como ciudadanos conscientes.
Para
saber más:
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