La pauperización de la inmensa mayoría: movilización y lucha

Juan García Ballesteros

Una inmensa mayoría de españoles estamos hartos, cabreados, indignados. Tenemos razones más que suficientes para plantar cara, desafiar a este vergonzoso Gobierno que está llevando el deterioro social, económico, político y moral a las cotas más altas jamás conocidas. Por supuesto que los miembros del Ejecutivo y el partido que lo sustenta saben perfectamente lo que hacen y a quién deben servir. No están cometiendo errores. No están jugando a la gallina ciega, saben a quienes hay que dar los palos, dónde hay que golpear y cómo hay que hacerlo para hacer el máximo daño posible. No es un juego, es la voluntaria pauperización de los trabajadores en la búsqueda de una sacrosanta competitividad, que en lugar de sacarnos del hoyo ha disminuido la recaudación y los ingresos del estado, lo que les sirve para justificar los recortes y arruinar lo poco que queda (que ha costado mucha sangre conseguir) de un escaso estado de bienestar, la destrucción de los servicios públicos (sanidad, educación, I+D, dependencia…) y los derechos sociales fundamentales (vivienda, empleo, justicia,…) y que está rompiendo el difícil equilibrio social que se mantenía. Ha sido este Gobierno (sin olvidar el pasado) el que está devastando las condiciones de vida de los ciudadanos de manera que, si se quiere cambiar la situación, no nos queda otra opción que rebelarnos ante tanta injusticia, tanta corrupción (PP y Bárcenas, EREs en la Junta, CiU, Gürtel) y tanto engaño.

Si repasamos el año transcurrido, podemos comprender que ha sido sobre las espaldas de la inmensa mayoría de la población sobre quienes se han cargado los duros recortes y la pérdida de derechos sociales. A este Gobierno no se le cae la cara de vergüenza, porque no la tiene, se ríen (esa risa irónica del consciente especulador) ante las drásticas medidas que toman, se sienten orgullosos por destruir la hacienda y la vida de los ciudadanos, obedecen con la cabeza gacha y los pantalones bajados las recomendaciones de la troika europea, de los banqueros ladrones, sin escrúpulos, de los neoliberales organismos internacionales, de las grandes empresas y enormes fortunas que se enriquecen más a costa del sufrimiento y la pobreza de los de abajo.

Por ello, las subida del IVA al 21 % y del IRPF, la bajada de salarios y pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, el copago sanitario y las tasas judiciales, los recortes en educación (7.000 millones €), los desahucios de miles de familias, los despidos baratos, la privatización de empresas públicas…, forman parte de la hoja de ruta que esta derecha española, católica y reaccionaria, tiene marcada (machacando lo poco que prometió hacer en campaña electoral) y que, lejos de rectificar, se atreve a continuar en 2013 con la misma nefasta política de recortes y plantean una nueva reforma laboral (mucho más dura y sangrante para los trabajadores) y acabar con el sistema público de pensiones.

Nos hacen creer que no hay otra salida a la crisis, sólo la que ellos plantean, pero no es así. Muchas voces críticas, de todo el espectro político, incluso algunas cercanas a la derecha más consecuente, llevan mucho tiempo planteando alternativas, de subidas de impuestos progresivos, de lucha contra el fraude y los paraísos fiscales, para poder facilitar inversiones públicas en el campo de la creación de empleo y así salir de esta espiral de desánimo y miedo al futuro.

Ante esta dura situación en la que nos encontramos, con un partido gobernante ilegítimo que conculca continuamente la Constitución y los acuerdos internacionales, que utiliza a las fuerzas de orden público para amedrentar a los ciudadanos, para pisotear y reprimir a la población pacífica que utiliza su derecho a manifestarse contra tanto atropello, tanta arbitrariedad y tanto dolor, no nos queda otra opción que la rebeldía social. Las medidas antisociales afectan a una gran mayoría de la gente, porque muchos, hasta hace poco inamovibles por su estatus social y sus condiciones económicas, se sienten amenazados. Nuestro país no puede soportar los más de cinco millones y medio de parados, los cerca de 1,8 millones de hogares sin ingresos y más de la mitad de nuestros jóvenes sin futuro. No sólo es la enorme lacra del paro, la pérdida de poder adquisitivo o de derechos sociales lo que está minando los cimientos de la estabilidad social, sino la enorme brecha abierta en cuanto a estado de bienestar, riqueza y, por tanto, acceso a bienes de consumo, entre la clase poderosa (económica, empresarial y, en la mayoría de los casos, política) y la gran mayoría de los ciudadanos.

Esta rebeldía social debe ser secundada por esa inmensa cantidad de personas que están sufriendo en sus carnes una crisis que ellos no han generado. Por ello, es el momento (estamos escasos de tiempo) para que la gente se organice, se involucre, se comprometa, luche. Hay muchas posibilidades de participación, muchos grupos sociales luchando por mejorar la situación. Lo importante es la toma de conciencia de cada uno para comprender que si no lo hacemos los de abajo, organizados, nos ahogarán, nos hundirán en el cieno. Entre ellos y desde hace unos meses está implantado en todo el estado el Frente Cívico-Somos Mayoría (FCSM) que tiene como referente a Julio Anguita. Un proyecto cívico-social que se fundamenta en la propia Constitución, en la Declaración Universal de los DDHH y los contenidos medioambientales recogidos en la llamada Carta de la Tierra. Es una propuesta colectiva, abierta a todos los ciudadanos que de forma individual deseen organizarse, sin tener en cuenta su adscripción política, sindical, religiosa o de otra índole y que sean capaces desde la base, en asamblea, de forma democrática, de elaborar un programa concreto, aplicable, perfectamente factible, desarrollable y legal, elaborado colectivamente y planteando una alternativa fundamentada. Un programa que por su incidencia en la actualidad, atraiga inmediatamente los apoyos necesarios no sólo para su elaboración sino para una movilización ciudadana consecuente, seria, decisiva y decisoria.

El FCSM, como proyecto colectivo, trata de constituir un poder ciudadano (contrapoder democrático) que induzca de manera creciente a los poderes públicos a legislar y gobernar en beneficio exclusivo de la mayoría, exigiendo una economía al servicio de las necesidades básicas de la gente y en armonía con el medio natural, acabando con tanta corrupción, tanto engaño, tanta desigualdad y restituyendo los derechos sociales, laborales y económicos que les han desvalijado a la mayoría de las personas en estos últimos años.

Quiero terminar con un párrafo que recoge el profesor Manuel Monereo en su reciente artículo "Frente Cívico: La emergencia de un Nuevo Espacio Público”, publicado en diferentes medios digitales, “El derecho y el deber de resistencia frente a la tiranía de los mercados, la desobediencia civil ejercida pacíficamente y sin violencia es un derecho humano fundamental. La libertad se defiende ejerciéndola”.