Jorge Alcázar
Colectivo Prometeo
Han transcurrido
apenas 24 horas desde que el gobierno endureciera las medidas de
confinamiento y la paralización de amplios sectores de la economía
nacional. Ha transcurrido algo más de un día, y las críticas por
parte de la derecha española y sus medios, por un lado, y de la
patronal, por otro, han empezado a desarrollarse de forma fulgurante.
Estas dos caras de una misma moneda están sacando toda su artillería
para atacar las medidas adoptadas por el gobierno de la nación, y no
les va a doler en prendas a la hora se socavar la credibilidad del
mismo, como así estamos empezando a ver ya desde determinados
sectores1,
a fin de preservar el status quo que ostentan.
No es objetivo de
estas líneas justificar tales medidas. Tampoco lo es aplaudir o
censurar la posición del gobierno y sus actuaciones durante esta
crisis sin precedentes. Ante lo desconocido y sobre lo que se es un
ignorante, es mejor desarrollar prudencia y escuchar, para luego, con
argumentos de peso y experiencia, valorar. El objetivo de este
artículo es el de corregir, o más bien desnudar, las mentiras que
desde el poder económico y sus secuaces políticos y mediáticos se
han vertido acerca de unas cuantas cosas que se han dicho.
Durante el día del
lunes 29 de marzo, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi,
recibió audiencia por parte de los grandes medios de comunicación
del país. En una entrevista concedida a TVE exhibió su profundo
malestar por el decreto que el gobierno acababa de aprobar horas
antes, indicando que la paralización de la economía (en sectores no
esenciales para la situación del momento) era un error de magnitudes
incalculables. A la par, se aprestó a decir que la empresa española
es la que genera la riqueza nacional, y que desde el momento cero,
esta estaba al servicio del país, así como de la salud de los
españoles.
Vayamos por partes
para desmontar este discurso y tomemos como ejemplo lo que
actualmente está ocurriendo, no solo en España, sino en muchos
países del mundo: la paralización de la economía. Esta, se debe al
confinamiento de la población decretado por el Gobierno bajo
recomendación de las organizaciones sanitarias2
nacionales e internacionales. Y el confinamiento se debe a su vez a
que el coronavirus no entiende de las diferentes representaciones en
las que el sistema capitalista nos dibuja: consumidor, trabajador,
desempleado, jubilado, etc. Al producirse el confinamiento, cesa la
mano de obra, cesa la producción industrial, comercial y económica
en definitiva, por lo que la economía real, para. Si la economía se
para, la generación de riqueza se estanca como consecuencia de lo
anterior. Esto, que parece una obviedad, escapa del discurso oficial,
que pretende mostrar al capital como el generador de riqueza. Luego
aquí tenemos la primera de las falacias en las que incurre el
discurso de la patronal, en boca del sr. Garamendi: el capital no
genera riqueza. La riqueza es generada por el trabajador que,
a lo largo de su jornada laboral, produce una plusvalía que en parte
se convierte en plus capital y en parte se convierte en su salario.
Desde la patronal se
confunde, intencionadamente, generación de riqueza con capital y
medios de producción. Veamos esto: en un estado de alarma como el
actual, el Estado posee los mecanismos legales para nacionalizar las
empresas y extraer de manos privadas el capital y los medios de
producción necesarios para redirigir la producción industrial y
económica hacia las necesidades del interés general del país, o
bien, una vez superado este estado de alarma, para reorientar la
economía hacia otros fines distintos a los amparados bajo el actual
paradigma económico. Ni siquiera sería necesario legislar en este
sentido, pues ya nuestra Constitución3,
que con tanto celo se ha exigido que se cumpla en algunos otros
aspectos, contempla dentro del marco legal dicha posibilidad. Sin
embargo, lo opuesto es imposible: en un estado de alarma como el
actual o dentro de una normalidad, el capital por sí mismo, con su
iniciativa privada y sus medios de producción, es imposible que
vuelva a poner en marcha la economía o desarrolle la misma sin
disponer de la mano de obra necesaria para que este, en relación
directa con el trabajo asalariado, entendido este no sólo como el
que recibe un sueldo a fin de mes, sino también con el que se
autoemplea y financia reproduciendo esta misma forma de producción
capitalista, establezca el proceso mediante el cual, capital, medios
de producción y mano de obra generan aquello que el dogma liberal
acuñó como riqueza en términos de producción capitalista, pero
que nos es otra cosa que extracción de plustrabajo del asalariado
que se trasvasa a medios de producción y dividendos, aspectos estos
intrínsecamente ligados al capital. Si el trabajo no se enajena
plusvalorizándose en términos capitalistas, el sistema reproductivo
de riqueza al que apela el sr. Garamendi es de todo punto
ineficiente. Por tanto, la economía de una colectividad,
entendida esta como sociedad, región o país, puede perfectamente
funcionar sin necesidad del capital y los medios de producción
privados. Por el contrario, es de todo punto imposible que esta misma
economía pueda funcionar con la sola participación del capital y
los medios de producción privados. En su esencia va ligada a la
mano de obra asalariada de una manera íntima e indisoluble. La
cuestión aquí es que desde la patronal pretenden establecer el
sistema de producción capitalista como un dogma de fe. Dogma que se
desmorona una vez más de un plumazo cuando, en momentos como los
actuales, se requiere urgentemente de la intervención del estado y
la inversión y el endeudamiento públicos.
Vayamos a la segunda
falacia transmitida y publicitada por los voceros del sistema. Decía
el sr. Garamendi que el capital español se pone a disposición del
país y sus gentes, lo cual no casa con lo que ya en estos momentos
se está produciendo en la economía y la sociedad española. Una
nube tóxica nos impide ver todavía qué papel está desarrollando
el capital que controla un amplio sector de la industria sanitaria
del país en forma de hospitales y clínicas privadas, así como de
farmacéuticas y laboratorios de investigación, pero los pocos datos
que tenemos4,
a tenor del apagón informativo en este sentido, no son precisamente
favorables al argumentario del presidente de la patronal. Por otro
lado, grandes empresas españolas como las del IBEX 35, con fabulosos
beneficios y estipendios para sus directivos y accionistas, que en el
año 2019 obtuvieron un beneficio neto de casi 30.000 millones de
euros5,
se han apresurado a quitarse el lastre salarial que les produce su
excedente de mano de obra en una situación como la actual
(recordando a fechas recientes). Así, Inditex ha establecido un ERTE
para 25.000 trabajadores6,
Burguer King lo ha hecho con 14.000, El Corte Inglés a casi 30.000
empleados, el sector de las aerolíneas lo ha abierto para más de
50.000 trabajadores, los grandes holdings empresariales de la
hostelería y el turismo se han llevado por delante a casi 100.000
trabajadores; y la lista continua infinita7,
hasta acumular un grueso nada desdeñable del total de trabajadores
que, desde que se firmó el decreto por parte del gobierno, engrosan
las listas de subsidiarios del Estado y de su propio trabajo. Sí,
señor Garamendi, porque en esta nueva situación, la gran
patronal, es decir, el capital privado que empleaba a esta mano
de obra para obtener su rédito en forma de plusvalía, se ha
desprendido del fardo que le supondría asumir la totalidad o
parcialidad de estos salarios, recurriendo al Estado, aquel que
no debe de intervenir en una economía de libre mercado como la
nuestra, según el credo que ustedes defienden, para que ahora
responda con las cotizaciones de los trabajadores al objeto de que
estos y sus familias puedan seguir comiendo, vistiendo o pagar una
hipoteca. Ahora, cuando vienen mal dadas, la gran patronal, el gran
capital español, hace lo mismo que hizo en experiencias pasadas:
socializar las pérdidas8.
Si tras la crisis financiera del 2008 aprovecharon la coyuntura para
aligerar el gasto en salarios, enviando a trabajadores al paro o
estableciendo recortes nada desdeñables en las nóminas y derechos
de estos, para sanear las cuentas de una banca que apestaba a desmán
y burbuja inmobiliaria, al calor de las políticas que las
instituciones desarrollaron al abrigo de sus intereses, y sin
importar las consecuencias de estas sobre la mayoría social9
10,
hoy y mañana no harán menos. La crisis para el capital es una
ventana de oportunidad para mejorar sus balances y posición de
dominio, y es ahí donde aplican la capitalización de las ganancias.
Así, la mal entendida recuperación económica que en España se
produjo a consecuencia de medidas draconianas, que afectaron directa
y exclusivamente a la clase trabajadora de este país11,
fue absorbida por las ganancias empresariales en detrimento de los
salarios12,
generando así las mayores brechas de desigualdad vistas en España
en los últimos cuarenta años13
14
15.
La gran empresa española, el gran capital, no se puso del lado de
los trabajadores, del pequeño empresario o del autónomo, que al fin
y al cabo y a la hora de las verdades, es el gran capital de la
patria. Todo lo contrario, aprovechó la coyuntura y los vientos
legislativos favorables para acaparar más mercado, precarizar mano
de obra y condiciones y derechos laborales, a fin de reforzar su
posición dominante en la economía del país y acrecentar sus cotas
de poder. Se puso del lado de la única patria que conoce: el
capital. Así, no dudaron en externalizar la producción16,
cerrar fábricas nacionales17,
permitir la entrada de capitales extranjeros que, en connivencia con
el capital de aquí, forman oligopolios en múltiples sectores18
19,
desarrollaron lobbies que desde Bruselas propalaron una economía de
servicios20
orientada hacia el turismo, y que posibilitaron de facto la asfixia
del campo español21,
mientras se ensanchaban los bolsillos de los grandes tenedores de
tierra22,
y la desaparición de la industria manufacturera23,
a la par que desde el gobierno de la nación y de las distintas
comunidades autónomas y ayuntamientos abrían la espita de la
privatización de servicios básicos y esenciales para la población24,
como el energético, la educación, el cuidado de mayores o la
sanidad (pública), ese patito feo durante décadas25
que ha sido denostado y maltratado, pero que ahora es la principal
herramienta al servicio de los españoles. Ustedes, señor Garamendi,
han convenido con el poder financiero y político para mercantilizar
derechos básicos26
como las pensiones, para socavar estándares de bienestar que los
españoles/as y los residentes en este país habíamos adquirido con
sangre, sudor y lágrimas27.
Cual buitres carroñeros se aferraron a las sucesivas desgracias y
fomentaron el aturdimiento generalizado para crear sus fortunas28
y hacer más grande su única patria: el dinero.
Son falaces sus argumentos y son falaces sus declaraciones, sr.
Garamendi. Haría bien, por tanto, en no mentir, guardarse su patria
y sus actos de caridad para sus conciliábulos y comenzar por cumplir
con sus obligaciones fiscales a nivel empresarial29
30
31y
a nivel individual32
33
34.
Dejen de hacer retórica barata, pedagogía de la demagogia,
patrioterismo chusquero, y den gracias a que haya un gobierno
timorato que todavía los ve con buenos ojos y no les mete mano, como
en rigor, justicia, legitimidad y legalidad debiera hacer.
3
Artículo 128 de la Constitución Española. 1. Toda la riqueza del
país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está
subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa
pública en la actividad económica.
28
A este respecto, léase Franquismo S.A, ed. Akal, 2019.
No hay comentarios:
Publicar un comentario